En la foto, Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial, en el centro, acompañado de familiares de víctimas. En los extremas de la mesa, los fiscales de Badajoz, Diego Yebra y Rosa Pérez, fiscal del Área Técnica.
Los fiscales denuncian que las últimas reformas legales provocan indefensión a las víctimas de tráfico
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24/1/2017 05:58
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Actualizado: 23/1/2017 19:19
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“Espero que nunca sufran un accidente de tráfico. El rosario de problemas que se acumulan a las víctimas de orden económico, personal son importantes y generan en ellas una doble victimización”, apuntaba Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial en estos diez últimos años ante los periodistas que cubre las Jornadas de Seguridad Vial.
“Por desgracia, en esta última década se ha avanzado poco. Las víctimas siguen estando en el olvido y desprotegidas”, apunto.
Vargas, acompañado por familiares de víctimas de accidentes tráfico, lanzó al auditorium un mensaje de preocupación ante el porvenir de los más de 120.00 heridos anuales existentes en nuestro país, solo en este año pasado 1680 muertos y más de 9000 heridos graves a causa del repunte de accidentes de tráfico “Las propias Oficinas de Atención a las Víctimas no las atienden, con lo cual en muchas ocasiones nadie las atiende y no conocen sus derechos a nivel judicial. Da la sensación que la delincuencia vial está devaluada en nuestra sociedad”.
El fiscal coordinador en Seguridad Vial a pregunta de esta periodista no cree que sea necesario por el momento crear juzgados en seguridad vial “aunque es evidente que se debe buscar una mejor coordinación entre todos los operadores, guardia de tráfico, fiscalía, jueces para evitar la demora judicial. Habría que hacer un estudio de posibles necesidades pero creemos que de momento no es necesario si articulamos mejor los recursos que tenemos y la colaboración entre entidades y operadores”:
Desde su punto de vista esta desprotección se acentúa con las dos últimas reformas legales “ la Ley Orgánica 1/2015 que reforma la imprudencia, los conceptos de imprudencia grave y menos grave los artículos 142 y 152 del Código Penal y la ley 35/2015 que reforma el nuevo baremo indemnizatorio para las víctimas de esos accidentes. De hecho se están produciendo situaciones de indefesión. Las víctimas no tienen información y no conocen cuáles son sus derechos. Hay un olvido alrededor de ellas”, aclaró.
A su juicio parece evidente que tras el Estatuto de la Víctima su acceso al proceso penal ha mejorado jurídicamente “pero en la realidad no saben qué hacer ni que escritos tienen que presentar”. Al mismo tiempo recordó que la reforma de la imprudencia desde su punto de vista práctico está generando una despenalización de los accidentes “nos preocupa el concepto privatizador de la administración penal donde la infracción vial es ahora privativa de las compañías de seguros”.
Para el propio Bartolomé Vargas hay principios que cambiar, sobre todo desde la sociedad “ hay ahora menos proceso penal y por ello menos protección a las víctimas con lo que nos encontramos que muchos procedimientos se archivan y no se investiga. En muchos casos no se toma declaración a la víctima ni se instruye ningún proceso, de ahí que antes aludiera a la situación de desamparo y desprotección de las propias víctimas de tráfico”.
Desde esta Fiscalía de Seguridad Vial se insiste en que consumada ya la tragedia de un accidente de tráfico con heridos graves “las victimas deben tener todo el apoyo y afecto de las instituciones ante esta tragedia que han sufrido. Hay que seguir las directivas europeas donde se indica que deben ser oídas, lo desean y no tienen a quién contárselo. Tienen que ver que las instituciones están a su lado”.
Sobre el nuevo baremo del seguro recordó que establece mejores jurídicas y sistemáticas respecto al de hace veinte años que aún estaba en vigor hasta que éste nuevo se puso en marcha hace ahora un año. “Al mismo tiempo es un baremo complejo en el que todos hemos tenido que ponernos al dia. De hecho las víctimas se pierden en estos conceptos porque viven una situación compleja de depresiones y problemas económicos porque se tardan en pagar las indemnizaciones“.
Deficiencias en el Baremo: la víctima no está en condiciones de negociar con la aseguradora
Ante esta situación de indefensión comentada Vargas recordó que el Ministerio Fiscal no llega a todo desgraciadamente. “En la llamada oferta motivada que incluye como novedad dicho baremo, hay una situación de gran desigualdad. La víctima que no puede costearse un abogado está a merced de la compañía de seguros. No tiene una posición de igual a igual para negociar porque no hay igualdad. Este baremo ha incrementado dicha desigualdad”.
Y como dato anecdótico recordó que uno de sus fiscales coordinadores había diseñado una herramienta de cálculo simple en una hoja Excel porque aún las aseguradoras no nos han pasado el que han hecho ellas más sofisticado
Sobre el espíritu de las jornadas se buscan mecanismo que ayuden a mejorar la situación actual de las víctimas “estableceremos instrucciones a las policías de tráfico para que instruyan a las víctimas de sus derechos. Ya hay indicaciones a los fiscales sobre esta cuestión para procurar que no surjan estas situaciones de indefensión de desprotección de las victimas”.
Al mismo tiempo espera que tras estos debates se logre una mejor coordinación con las instituciones como Ministerio de Justicia, CCAA con competencias transferidas, policías judiciales de tráfico y toda la sociedad. “ es fundamental una mayor concienciación en lo que suponen los accidentes de tráfico, verdaderas tragedias para muchas familias. Ni las instituciones ni la sociedad pueden quedarse al margen”, destacó.
En la rueda de prensa han participado varias víctimas de accidentes de tráfico. Es el caso de Anna González, viuda de un aficionado al ciclismo arrollado por un camión el 21 de octubre de 2013 y que se dio a la fuga tras el atropello. Ahora ha logrado que se reabra el procedimiento y está pendiente de juicio tras tres años de lucha.
Anna, con el apoyo de change.org #porunaleyjusta, es su campaña en redes, está a punto de recoger 200.000 firmas que respaldan su idea se entrevistó con el Ministro Catalá y le pidió apoyo para modificar el homicidio imprudente y que se crease un nuevo tipo por la omisión de socorro.
Finalmente, intervino el fiscal encargado del caso del accidente de autobús de Castuera en 2014, Diego Yebra, quien defendió el papel de los fiscales especiales a la hora de «ayudar» a las víctimas ante procedimientos que se «alargan». Yebra recordó que no es plato de buen gusto acudir a los juzgados y escuchar a las víctimas, algunas de ellas con situaciones muy complicadas por los propios accidentes de tráfico “ Cualquier resarcimiento económico es insuficiente por desgracia”, recordó.
Y denunció además que la sociedad está «poco concienciada» y la propia normativa “obsoleta pese a la reforma no la protege bien al extraerlas del procedimiento penal”. Al mismo tiempo subrayo que los procesos judiciales son muy lentos, con escasa participación de las víctimas “ y llega el dia de juicio donde pueden hablar y no se les deja. Eso hace que su victimización sea importante porque no pueden expresar lo que sienten y lo que va a pasar con ellos y sus familias”.
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