El equipo liquidador de Saludcoop dio a conocer ayer los valores definitivos que la malograda EPS estatal les reconoció a los agentes del sistema de salud como deuda. Se trata de una noticia que muchos esperaban con inquietud, en especial las clínicas y hospitales, que fueron los mayores reclamantes, pues de ello depende no solo el monto para cada una, sino el orden en que se buscará honrar los compromisos.
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En marzo pasado había salido el dato, pero los acreedores inconformes interpusieron 1.768 recursos de reposición y estos apenas fueron resueltos. Muchos fueron aceptados, de manera que el monto total pasó de $2,045 billones a 3,6 billones, incluidos $1,46 billones que la Contraloría General reclama de una multa que le impuso a la administración de Carlos Palacino por la malversación de fondos estatales y $628.000 millones que reclama la Superintendencia de Salud.
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Legalmente, en casos de liquidación empresarial que tengan que ver con el sector salud, el pago a los prestadores de servicios ocupa el segundo lugar en prioridad, después de las deudas laborales. En tercer puesto van las carteras fiscal y parafiscal. Siguen las acreencias hipotecarias, los proveedores estratégicos y, en quinto y último lugar, las acreencias quirografarias, es decir las que no están respaldadas por facturas.
El dilema que ahora tiene en jaque a Saludcoop y que pondría también en aprietos a las IPS del país –a las cuales la EPS les debe plata– es la insistencia de la Contraloría en que la pasen del quinto lugar de prioridad en que está (dentro de los quirografarios) a un nivel especial que le dé precedencia sobre el resto de acreedores.
CON GUANTES DE SEDA
Como están las cosas actualmente, las clínicas y hospitales con los que Saludcoop quedó ‘enculebrada’ serían los primeros –debido a que ya se pagaron a los trabajadores– y tienen muchas posibilidades de recuperar la mayor parte de los $1,3 billones. Pero si la agente liquidadora, Ángela María Echeverry, le hace caso a la Contraloría, esa probabilidad queda casi en cero.
Uno de los principales argumentos del organismo de control fiscal es que los instrumentos para ejercer su misión, como la medida cautelar que dictó sobre los recursos de la EPS en liquidación, están respaldados por un mandato constitucional, lo que le da preeminencia sobre las normas que rigen las insolvencias societarias.
“Los procesos de reorganización empresarial ni de liquidación judicial no puede (sic) convertir a la misión constitucional de control fiscal en ‘Rey de burlas’, suprimiendo poderes supralegales de los organismos de control, lo que equivaldría a que en nuestro ordenamiento jurídico se le diera mayor jerarquía normativa a los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006 sobre el artículo 268 numeral 5 de nuestra Constitución”, dice el director de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, Néstor Fabián Castillo en una carta que radicó el 29 de julio pasado en los despachos de Echeverry y del superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz.
También sugiere que podría tornarse en “un mecanismo para que los particulares eludan las consecuencias de su actuar reprochable, constitutivo de responsabilidad fiscal”.
El tema es tan delicado que en la resolución 1974 –fechada el 14 de julio (viernes pasado), pero que solo fue publicada ayer en la página web de Saludcoop en Liquidación (www.saludcoop.coop)– fueron calificadas y graduadas las demás acreencias, y no se resolvieron los recursos de reposición que interpusieron la Contraloría y la Supersalud ante la calificación inicial que les dieron a sus acreencias.
El fin es darse el tiempo y tomar ‘con guantes de seda’ los argumentos antes de definir el valor reconocido y la clase donde las meterían.
Una fuente ligada con la liquidación le dijo a Portafolio que, por lo pronto, queda en vilo también la continuación del proceso de enajenación de otros bienes, con el fin de asegurar la mayor cantidad de dinero para honrar las acreencias.
La más próxima es la subasta de Cruz Blanca y el laboratorio Bioimagen, en la cual actualmente los posibles proponentes están en etapa de análisis de la información y deberán entregar sus propuestas el 16 de agosto, para que el ganador se anuncie el 25 del mismo mes.
En mayo, la liquidación tuvo otro tropiezo cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenó temporalmente la venta que se hizo de Cafesalud y Esimed al consorcio Prestasalud. Sin embargo, el 22 de junio pasado levantó una medida cautelar que había decretado sobre estos bienes y el trámite siguió su marcha.
Néstor Alonso López
@nesperiodista
