CADHAC LLAMA A EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ASEGURAR JUSTICIA Y VERDAD A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS
30 de agosto de 2018
Boletín 1808/20
El día 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Este día fue declarado así en diciembre de 2010, cuando la Organización de las Naciones Unidas advirtió un aumento del fenómeno de desaparición forzada en diferentes regiones y países del mundo.
En el caso de México, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), Nuevo León es el quinto estado con mayor número de desapariciones en el país. Entre 2009 y 2018, CADHAC tiene registro de 1431 personas desaparecidas. El 47% de ellas caen en la tipificación de desaparición forzada.
Junto con las familias de personas desaparecidas y en colaboración con las instituciones públicas, CADHAC logró que el tema de desapariciones se atendiera con la diligencia necesaria. Entre 2009 y 2018, se localizaron a 172 personas, 78 de ellas vivas y 94 a través de muestras de ADN.
Sin embargo, la efectividad en la labor de búsqueda ha venido a la baja, pasando de 69 personas entre 2013 y 2015, a solo 20 personas entre 2016 y 2018. De igual forma, las consignaciones en procesos judiciales contra las personas responsables de las desapariciones cayeron de 28 entre 2013 y 2015, hasta solo 2 entre 2016 y 2018.
En coordinación con el legislativo, las familias y la sociedad civil, CADHAC ha logrado posicionar en la agenda pública la necesidad de responder con urgencia ante la realidad de violencia que los enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad provocaron en Nuevo León y la mayor parte del país. La Ley de Declaratoria de Ausencia por Desaparición y la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León son dos muestras de los logros que se concretaron.
Sin embargo, estas Leyes no aseguran automáticamente mejoras en el desempeño institucional ni en el acceso de las víctimas a sus derechos. Aunque el trabajo de las familias y de organizaciones civiles ha resultado en avances concretos, las autoridades responsables de investigar e impartir justicia no han estado a la altura.
Hacemos una exigencia al Gobierno del Estado y a las autoridades de investigación, procuración e impartición de justicia para que la atención a víctimas no se estanque. Necesitamos que las investigaciones sigan su curso y que los casos no queden archivados.
Hemos comprobado que una búsqueda exitosa y la consignación de los culpables es posible al trabajar de forma coordinada las instituciones públicas, las familias y la sociedad civil organizada. Por esto, no aceptamos la baja en la efectividad de las instituciones y les urgimos que aseguren a las familias su derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
