l pleito entre los empresarios y aún esposos Jorge Carlos Vergara Madrigal (JVM) y Angélica Fuentes Téllez (AFT) ha ganado explicable atención en revistas del corazón (fiestas y viajes de la pareja han dado material abundante para las notas de sociales), en la prensa deportiva (entre los activos en disputa por su control está el equipo de futbol profesional Chivas, considerado parte de la identidad nacional mexicana) y en el ámbito de los negocios (ella, directora del Grupo Imperial Corporativo, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, llamada La reina del gas, y él un emprendedor que de vender carnitas en una avenida de Guadalajara se convirtió en uno de los hombres más ricos del país).

El choque de intereses (Vergara dijo destituir a Angélica, y ésta ha convocado a asambleas para sostenerse en el cargo y, luego, para exigir cuentas a los directores deportivos de Chivas) cuenta con una arista determinante: la señora Fuentes Téllez es la omnipotente directora general de Omnilife, Chivas y Consorcio VAV, no en razón de una cuantía accionaria, sino de una peculiar cláusula que en cada una de esas firmas establece que ella sólo podrá ser removida de ese cargo si así lo determina… 100 por ciento de las acciones de la empresa en cuestión.

A pesar de que el fundador de Omnilife lo blande como punto definitorio, en realidad el factor de 51 por ciento de las acciones en su favor, y 49 a nombre de AFV (sólo en el caso de Omnilife), es irrelevante en cuanto a la dirección general, conforme a los acuerdos celebrados el 6 de febrero del presente año por Vergara y Fuentes, que fueron ratificados en asambleas generales de accionistas realizadas un mes después.

A la vista de esta columna están las actas correspondientes, formalizadas ante la abogada Verónica Torres Torres, corredor público número ocho del estado de Chihuahua, con la póliza 4049, en el libro de registro siete, presentados los documentos por Ramón García Hernández como delegado especial de la asamblea general extraordinaria de accionistas de Grupo Omnilife SA de CV. En esa acta se asienta que Omnilife es propiedad de Vergara en 51 por ciento de las acciones, valoradas en 523 millones 822 mil pesos, frente a 49 por ciento en propiedad de Fuentes, valoradas en 503 millones 280 mil pesos.

Pero se estableció también, por ejemplo, en una modificación a la cláusula vigésimo octava, fracción tercera, de los estatutos sociales de la sociedad de Omnilife, que cualquier designación o remoción del director general de la sociedad y de sus subsidiarias requerirá la previa aprobación de la asamblea general extraordinaria de accionistas con el voto favorable del número de acciones que representa la totalidad del capital social. Cualquier modificación al presente inciso requerirá el voto favorable del número de acciones que represente la totalidad del capital social. Y en la cláusula trigésimo segunda bis se asienta que ... la asamblea general extraordinaria de accionistas, con el voto favorable del número de acciones que represente la totalidad del capital social tendrá, en todo momento, la facultad de destituir al director general. Es decir, sólo que Angélica Fuentes lo quiera podría ser destituida.

Lo mismo sucede en la empresa denominada Grupo Chivas SA de CV (póliza 4050), donde Vergara y Fuentes tienen cada uno 50 por ciento de la totalidad de las acciones, correspondientes en cada caso a 936 millones 571 mil 500 pesos (el valor total de Chivas es de mil 873 millones 143 mil pesos, con acciones nominales de 500 pesos cada una). Y en Consorcio VAV (póliza 4051) también los (todavía) esposos van por partes iguales, con 239 millones 70 mil 429 pesos cada cual. En las tres empresas (Omnilife, Grupo Chivas y Consorcio VAV), los consejos de administración tienen a Vergara como presidente y a Fuentes como secretaria y a la misma Fuentes como directora general virtualmente inamovible, omnipotente según los acuerdos firmados el pasado seis de febrero. Y sin embargo, el pleito jurídico, empresarial, futbolero y de la prensa del corazón seguirá adelante.

El consulado general de México en Chicago, a cargo de Carlos Jiménez Macías, considera que es un asunto entre particulares el entablado (sin llegar aún a una demanda formal) por un despacho estadunidense de abogados contra un empresario de aquella ciudad que es acusado de haber grabado una conversación sobre recaudación de fondos para la celebración de las fiestas patrias del año pasado y que luego fue difundida en el programa Sin Censura, conducido por el periodista Vicente Serrano. Sin que haya una postura oficial sobre el tema, funcionarios consulares aseguraron a esta columna que no hay ninguna intención de afectar al programa radiofónico ni el ejercicio periodístico, sino el ejercicio de los derechos de empleados de ese consulado que sufrieron afectación en su honor y reputación a causa de audiograbaciones que, afirman, fueron editadas y cuya obtención sin consentimiento de la otra parte constituye un acto delictivo conforme a las normas jurídicas del país vecino.

El fondo del asunto, según esa versión extraoficial que se presenta aquí luego que el viernes anterior se difundió el tema del amago de demanda contra el empresario cuya voz aparece en la grabación mencionada, está en la recomposición de las formas de participación de la comunidad de mexicanos en el financiamiento de las ceremonias del Día de la Independencia (tema que preocupa y genera críticas en diversas ciudades del extranjero, en las que también se organizan esos festejos mediante recolección de fondos a cargo de organizaciones privadas pero con apoyo de las embajadas o los consulados). En Chicago, en específico, de acuerdo con la versión hecha llegar a estas líneas, el año pasado se tuvo una amplia participación de liderazgos, con el director del Museo Nacional de Arte Mexicano, Carlos Tortolero, al frente, con la aprobación de las cuentas públicas por parte de esas organizaciones y liderazgos. ¡Hasta mañana!

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