El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo fue detenido hace casi un año en Panamá, y se encuentra recluido en Centro Federal de Rehabilitación Social (Ceferepsi), en Ayala, Morelos, acusado de delitos federales.
Sin embargo, el exmandatario no ha saldado sus cuentas en el estado que gobernó, donde también tiene acusaciones en el ámbito estatal. Se le acusa a él y a sus funcionarios de un desfalco de más de 14 mil millones de pesos al erario público.
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De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), Borge Angulo tampoco ha pagado al gobierno de Quintana Roo la garantía o fianza impuesta por el juez, de 85 millones de pesos por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
“La Fiscalía de Combate a la Corrupción no tiene todavía noticias y el fiscal general tampoco que esto haya ocurrido (pago de la garantía) ante el tribunal respectivo, no hay plazo (de vencimiento para pagarlo) la garantía deberá ser depositada en los tiempos que se precisa. Directamente ante las autoridades tanto el Ceferepsi como el Juez Federal que ve la carpeta administrativa federal donde se les hace ver que por parte de Quintana Roo que fue integrante del convenio de extradición existen tres carpetas administrativas pendientes de ejecutar”, dijo el fiscal Miguel Ángel Pech Cen.
El titular de la FGE detalló que incluso existen dos carpetas administrativas que preparan con nuevos delitos del fuero común, sin embargo omitió dar detalles de los delitos con los que será imputado Roberto Borge, además de mantener estricta comunicación entre Panamá y México sobre el tema, ya que para el gobierno de Quintana Roo es de suma importancia que comparezca ante las autoridades estatales.
“Con base a la cláusula que específicamente existe entre ambas naciones Panamá y México, existe esta cláusula y con base a esta cláusula estamos trabajando dos más pero eso lo tendrá que ver primero la cancillería y posteriormente la propia república de Panamá”.
El fiscal de Quintana Roo agregó que les han ofrecido otras opciones, entre ellas, audiencias a través de medios electrónicos y exhortos, pero al tomar opiniones de autoridades federales que han concedido los amparos por violación al debido proceso no le conviene esta opción a Quintana Roo por lo que se busca que a través de las medidas necesarias –que cuiden la salud de Roberto Borge, como lo ha solicitado- sea trasladado a la entidad para comparecer ante las autoridades.
Roberto Borge Angulo, fue detenido el 5 de junio de 2017, mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, cuando intentaba abordar un avión con dirección a París, Francia.
El ex mandatario fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control Federal, por su probable responsabilidad en la operación de recursos de procedencia ilícita, lo que provocó que la cancillería mexicana y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaran el procedimiento de extradición a México parar ser procesado. Borge Angulo entro a prisión preventiva en enero de 2018 y la Fiscalía de Quintana Roo busca traerlo para que comparezca ante las autoridades estatales.
Exfuncionarios borgistas ‘se salvan’ por vencimiento de plazos
Exservidores públicos de Quintana Roo durante el mandato Roberto Borge, tenían en curso procesos de responsabilidad de orden administrativo ante la Contraloría de Quintana Roo. Pero, ya no se continuará con ellos por vencimiento de plazos.
El titular de la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo (Secoes), Rafael del Pozo Dergal, funcionario que presentó las denuncias en contra del ex mandatario quintanarroense por la venta irregular de terrenos que eran patrimonio del estado en noviembre de 2016, explicó que concluyeron las auditorías y la etapa de investigación de las cuentas públicas de 2016 y 2017 de las cuales derivaron 50 denuncias en contra de más de 80 ex funcionarios públicos.
Las denuncias colocadas en la Fiscalía de Quintana Roo y la Procuraduría General de la República (PGR) son equivalentes a desvíos por 14 mil millones de pesos.
El funcionario dijo que de las 50 denuncias ya presentadas, aún están por preparar un último paquete con 14 denuncias, aunque omitió dar detalles de los delitos a perseguir y nombre de los funcionarios por secrecía de los casos.
Del Pozo Dergal explicó que en el caso de los expedientes por responsabilidades administrativas en contra de ex funcionarios borgistas muchas vencieron incluso antes de que llegara el gobierno que encabeza Carlos Joaquín González en septiembre de 2016, esto debido a que algunos expedientes tenían vigencia de un año, mientras que las más largas vencen dentro de tres años.
Sin embargo, las nuevas reglas de prescripción son más amplias y tienen duración de tres a siete años a partir de que el funcionario abandona el cargo y permite que el margen de impunidad sea más limitado, ya que existe más plazos en años para investigar y designar responsabilidades.
Algunas de las dependencias involucradas tanto en el más reciente paquete de 14 denuncias y las 50 ya presentadas ante las autoridades estatales y federales se encuentra VIP Saesa, los Servicios Estatales de Salud (Sesa), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpe), la Universidad Politécnica, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).
mvf