Las personas y colectivos abajo firmantes queremos solidarizarnos con las y los jóvenes de 'Preguntar No Es Delito' que serán juzgados el próximo 25 de octubre por el mero hecho de haber defendido la Educación Pública en el evento ‘Tengo una pregunta para usted’.

A partir de las declaraciones judiciales del entonces presidente autonómico Ignacio Diego Palacios, su chófer, jefe de gabinete y escolta, pusieron en marcha un proceso judicial que sólo unos vídeos aparecidos posteriormente han permitido contrastar con la realidad. Ante la incredulidad de aquellos que hemos podido visionarlos, casi cuatro años después, estos jóvenes se siguen enfrentando a penas de 35.000 euros de multa y un año de prisión e inhabilitación.

Nos encontramos ante uno de los atropellos más graves y flagrantes contra las libertades y derechos ocurridos en los últimos años en Cantabria, cuyas consecuencias trascienden dictámenes judiciales e incluso perjuicios laborales personales, afectando seriamente a amigos y familia. Nos preocupa enormemente que:
- Se pueda impedir arbitrariamente el acceso en la Universidad pública.
- Si el acto propagandístico no sale como estaba planeado, la clase política reaccione criminalizando una protesta legítima y pacífica.
- Ciertos medios de comunicación sirvan intereses alejados del de informar.
- Los acusados hayan ido conociendo los sucesivos pasos del proceso a través de las filtraciones a la prensa y no de comunicaciones formales del Juzgado.
- Nuestros jóvenes se sientan indefensos ante un Poder Judicial que no se ha comportado con neutralidad.
- Se hayan aceptado como pruebas acusatorias facturas injustificables y sin peritar.
- Algunos policías puedan abusar de la presunción de veracidad que se les otorga para inculpar gravemente, a través de testimonios que las imágenes han demostrado simplemente falsos.

Estas realidades, que el caso ha sacado a la luz, únicamente generan inseguridad: la arbitrariedad conlleva que mañana podamos ser cualquiera de nosotras quienes enfrentemos algo así de forma injusta. Por la excepcionalidad de haber aparecido posteriormente unos vídeos clarificadores que desmontan una a una todas las acusaciones, consideramos la resolución de este caso, que se montó con una intención ejemplarizante, fundamental para avanzar hacia una Justicia digna de tal nombre.

Por todo ello, exigimos la total absolución de todas las personas juzgadas y la toma de medidas en el ámbito judicial para que un montaje así no pueda volver a ocurrir.

Finalmente, hacemos un llamamiento a toda la sociedad cántabra para que acuda al juicio que se celebrará el 25 de Octubre de 2017 a las 8:30 en el juzgado número 3 de la Calle Alta de Santander. Es nuestro deber tomar partido en la defensa de derechos que nos asisten, entendiendo que apoyarnos solidariamente es parte imprescindible de la única solución posible.

FIRMAN colectivos en defensa de la Educación Pública y las Libertades de Cantabria:
+ Colectivo de Estudiantes de Cantabria
+ Frente de Estudiantes - Cantabria
+ Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC)
+ Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Cantabria
+ Comité Antirrepresivo del Besaya
+ Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES)