El pasado 9 de octubre, en una publicitada rueda de prensa en la Casa de Nariño, el presidente Álvaro Uribe Vélez anunció la declaratoria de la conmoción interior, entre otras razones porque estaba a las puertas de la libertad el confeso narcotraficante y ahora procesado por lavado de activos Luis Enrique Ramírez Murillo, alias Micky, un hombre que durante dos décadas ha capoteado hábilmente la mano de la justicia y ha sido protagonista en la interminable guerra del Estado contra el narcoterrorismo.
La verdad es que 24 horas antes, por vencimiento de términos, un juez de la República ya le había concedido la libertad provisional. Y lo hizo con una sólida argumentación. Pasaron 12 meses sin que el juicio que afrontaba Ramírez por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público, fraude procesal y testaferrato hubiera terminado, como lo señala la ley, y el 1º de octubre era la fecha límite para dictar sentencia.
El proceso está relacionado con la extraña negociación ocurrida en 2006 en el Fondo Ganadero del Caquetá, al constatarse que buena parte de las razones por las cuales la Superintendencia Financiera ordenó la intervención y liquidación del referido fondo, obedecieron a que a través de una entidad bancaria se otorgaron múltiples créditos por más de $29 mil millones que debían favorecer a los campesinos del departamento, pero que realmente fueron a parar inexplicablemente a las empresas del controvertido Micky Ramírez.
No se trata de un ‘narco’ cualquiera en la ya larga historia del hampa colombiana. El nombre de Luis Enrique Ramírez Murillo, aunque pasó de agache ante la opinión pública, sí quedó referenciado por la justicia desde julio de 1993, cuando al amparo del Decreto 1833 de 1992, que extendió beneficios a quienes prestaran colaboración eficaz en la lucha contra el capo de capos Pablo Escobar Gaviria, fue exento de investigaciones penales y pasó a convertirse en uno de los principales ‘sapos’ para desvertebrar el cartel de Medellín.
Ramírez Murillo les informó a las autoridades que se había reunido en la cárcel La Catedral con Pablo Escobar y que había acordado con el capo que seguiría colaborando con el cartel consiguiendo pilotos y aviones para el embarque de cocaína. Además, admitió que Escobar le dijo que tenía que trabajar con José Fernando Posada para mandar alijos de droga a Puerto Rico y que debía encargarse de administrar rutas y pistas clandestinas y el pago de los vuelos ilegales.
Micky Ramírez confesó entonces que siguió delinquiendo a órdenes de Escobar enviando toneladas de coca en la ruta Bahamas-México-Estados Unidos. En cada viaje se movilizaban entre 400 y 600 kilos y durante tres años lo hizo con Fernando Galeano. En su delación no sólo señaló a Escobar, sino que dio 15 nombres de los colaboradores del capo en oficinas de cobro asociadas a la práctica del sicariato. De esta manera, Micky se sumó al famoso grupo de Los Pepes y, fruto de sus confesiones, fue amnistiado por el Gobierno Gaviria.
El confeso ‘narco’ desapareció del mapa. Pero no por mucho tiempo. El 11 de junio de 1996, tres años después de hacerle un esguince a la justicia, fue capturado en desarrollo de la ‘Operación Frutales II’. En concreto, la Policía lo acusó de que utilizó su empresa Frutas Tropicales de Colombia como una fachada para transportar droga en sus propias aeronaves y que el tráfico lo hacía a través de una ruta que partía del Caquetá, se conectaba con el Guaviare y el Meta, pasaba por Medellín, llegaba a La Guajira y terminaba en México.
A principios de 1997, sin salirse del problema judicial, y con crecientes rumores de que planeaba fugarse de la cárcel La Picota, de Bogotá, a Micky Ramírez le apareció otro lío. La justicia lo acusó de promover grupos de autodefensa en Zambrano (Bolívar) en los alrededores de la finca denominada “El Hacha”, de su propiedad. Entonces se vio abocado a enfrentar otro largo proceso que sólo vino a saldarse el año pasado.
Sin embargo, antes de un año, Micky Ramírez estaba de nuevo en líos judiciales por los millonarios créditos de los que fue beneficiario a través del Fondo Ganadero del Caquetá. Cayó detenido en febrero pasado en Puerto Carreño (Vichada) junto a siete personas más. La Fiscalía lo acusó de lavar dinero y asociarse con particulares para defraudar al Estado y limpiar su capital ilícito. Nuevamente volvió a la cárcel y completó 15 años de estar huyéndole a la justicia desde que decidió ser uno de los colaboradores de la Fiscalía en contra de Pablo Escobar.
Ahora vuelve al ruedo. Y, paradójicamente, según la propia justicia, terminó siendo el gran favorecido del paro judicial que durante 44 días entorpeció la aplicación de justicia. El juez Elkin Alfaro lo describió en los siguientes términos: “Si no fuera por el cese de actividades, se hubiera terminado con holgura la diligencia de audiencia pública”. Pero los tiempos legales se cumplieron y, por vencimiento de términos, Micky Ramírez volverá en los próximos días a la libertad.
Hoy permanece detenido en la cárcel de Girón (Santander), a la espera de que el fallo judicial le sea notificado. En otras palabras, pese a su historial criminal y a la acusación que emitió la Fiscalía el 15 de noviembre del año pasado, en la que lo sindicó de casi medio Código Penal, sus horas en prisión están contadas por cuenta de un formalismo legal. Es el epílogo de un ‘narco’ con suerte. El Presidente invocó una medida excepcional como la conmoción interior supuestamente para evitar su salida, pero ésta parece inminente. ¿Cuántos otros capos o delincuentes salieron o están a punto de hacerlo por la misma ruta?