Inseguridad
A unos meses de que concluya el gobierno de Rafael Moreno Valle, el saldo que deja tras de sí, en contraste con las toneladas de concreto que son la impronta de su administración, es el de un grave deterioro de la seguridad pública. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública señala que el 52.1 por ciento de la población adulta considera la “inseguridad” como el problema más importante por encima del desempleo. El crecimiento de dicha inseguridad está ubicado en el indicador de 6.9 puntos porcentuales, más del doble de lo que creció a nivel nacional en donde el repunte fue de 2.9 puntos.
Los datos duros de las denuncias de homicidios de alto impacto social, como el homicidio, el secuestro y el robo con violencia, que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ponen de manifiesto que hay razones para la negativa percepción ciudadana sobre el trabajo realizado, al atender una de las principales razones del Estado la seguridad de los ciudadanos.
El secuestro en este sexenio creció en una tasa del 186 por ciento, el robo con violencia en 167 por ciento y el homicidio doloso en un 22.8 por ciento. Esto, sin considerar que Puebla se ubica por encima de la media nacional en su cifra negra; según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2014), sólo se denunció el 12.3% de los delitos.
El deterioro, más allá de las cifras duras, tiene mucho que ver con la irrupción del crimen organizado en la entidad. El repunte en el robo de combustible en este sexenio es de casi mil 600 por ciento de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos hasta 2015, y el problema lejos de detenerse sigue en aumento.
En 2015 se registraron 825 tomas clandestinas, mientras que tan sólo en el primer trimestre de este año sumaron 304 tomas, poco menos de la mitad del año previo.
Y de la mano con la instalación de grupos del crimen organizado en la franja central del estado, nombrado mediáticamente como el triángulo rojo, también han llegado grupos policiales y militares que lejos de contener el delito coadyuvan el incremento en los delitos en los que el objeto de la agresión es el cuerpo de la mujer.
El rompimiento del tejido social que el crimen organizado trae visiblemente consigo no sólo impacta en los actos delictivos en sí, sino que apuntala un clima de impunidad que se suma al que ya de por sí cargan consigo las múltiples modalidades y tipos de violencia hacia las mujeres.
Las cifras oficiales que el INEGI tiene a consulta reportan un total de 416 homicidios de mujeres entre 2001 y 2015. Es claro que no todos son feminicidios, pero sí el total de mujeres asesinadas en el estado.
La violencia feminicida, descrita como la forma extrema de violencia contra las mujeres tanto en el espacio público como privado, no sólo incluye la privación de la vida, sino que acarrea conductas misóginas que pueden incluir la impunidad social y estatal. El feminicidio atenta especialmente contra la dignidad, la integridad, la seguridad. Encuentra sus raíces en la discriminación, la marginación, la inferioridad; está enraizado en una desigualdad estructural y una cultura machista. Marcela Lagarde ha definido a estas conductas como crímenes de Estado: “una fractura de derecho que favorece la impunidad” (2006:20) [1].
Con base en los datos consultados, lo que se observa entre el sexenio de Mario Marín y el que encabeza Rafael Moreno Valle es un incremento del 63.8 por ciento en el homicidio de mujeres. En la anterior administración, la cifra entre 2005 y 2009 (es decir es un periodo de cinco años similar al que refleja el INEGI) se contabilizaron 254 casos.
De acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, se cometieron 389 homicidios dolosos de mujeres del 2011 al 2015, siendo justamente ese año el que registra mayor número de casos con 94, y le sigue 2013, con 83.
Según la Fiscalía, en 2013 se cometieron 12 feminicidios, en 2014 fueron 8 y en 2015, 37; lo que significa un aumento del 208 por ciento desde que se tipificó el delito en noviembre de 2012. 2016 está siendo el año más violento, pues registra hasta los primeros días de octubre 42 casos, lo que da una sumatoria general de 99 casos del 2013 a la fecha.
El seguimiento de casos desde las organizaciones civiles
Las cifras recabadas por las organizaciones civiles (Odesyr y Observatorio de Violencia Sexual y Género–Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ) plantean sin embargo una realidad más sombría en la comisión de delitos de odio contra las mujeres: en 2013 el registro es de 50 a 54 casos, en 2014 de 57 a 60 y en 2015 de 50 hasta 72 casos, lo que da una sumatoria de entre 157 y 186 casos. Una cifra que es desestimada por la autoridad por basarse en registros hemerográficos, aunque ha sido la única vía, dada la omisión del gobierno de contar con un registro estadístico de violencia de género, como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde su aprobación en el 2007 y la sentencia de Campo Algodonero del 2009.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado como condiciones negativas para acceder a la justicia en los casos de violencia contra las mujeres: una mala investigación, y la falta de información pública sobre el funcionamiento de la administración de justicia, incluidos arrestos, condenas, órdenes de protección y sentencias.
El registro de casos hecho por las organizaciones civiles se halla fundamentado metodológicamente en múltiples recomendaciones que organismos internacionales han señalado: “dado que las relaciones de género se configuran socialmente, la característica distintiva del feminicidio reside en la influencia de condiciones socioculturales en las que ocurren este tipo de crímenes, por lo que deben ser interpretados en contextos más amplios que el individual”. Esto, a todas luces, obliga a realizar investigaciones orientadas con una perspectiva de género: “Se aconseja aplicar las directrices del Modelo de Protocolo de manera sistemática frente a todos los casos de muerte violentas de mujeres, puesto que detrás de cada muerte puede existir un feminicidio, aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad”. [2]
Contrario a las recomendaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministerios Públicos en Puebla inician todas las investigaciones como homicidio doloso, nunca como feminicidio, según ha reconocido la propia Fiscalía.
La indiferencia del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas hacia la violencia de género se constata en el retraso de cuatro años que hay en la actualización del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tendría que dar las pautas de acción para que de manera integral se combata la violencia contra las mujeres y se diseñen políticas preventivas. Si tan solo se consideran las cifras que arrojan las Encuestas de Relaciones en los Hogares (2006 y 2011), Puebla se halla entre los diez estados con mayores índices de violencia familiar a nivel nacional. Sin embargo, hasta la fecha no existe un diagnóstico amplio e integral que dé cuenta de la situación actual y preocupante que viven las mujeres poblanas.
Esta ausencia de una estrategia integral se refleja en las precarias condiciones de prevención y atención de la violencia.
La primera vez que su novio la golpeó, Karen (nombre cambiado para proteger a la víctima) acudió a denunciar, pero el Ministerio Público la convenció de no hacerlo, la segunda vez la mandó al hospital, ahí le tomaron la primera declaración, al acudir a ratificarla solicitó la orden de protección, pero el Ministerio Público le recomendó no hacerlo, reconociendo que en realidad no servía de nada pues sólo es por 72 horas, al cabo de las cuales ella debe hacer nuevamente la solicitud para que se la extiendan por otras 72 horas. Aun así, Karen insistió, pero la orden no ha podido ser entregada al agresor, pues cuando fueron a notificarle en su casa dijeron que ahí no vivía, mintieron, pero el Ministerio Público dijo que no podía hacer nada. Karen ha desistido del proceso.
En un estado en el que se registran dos llamadas cada hora al Centro de Control, Comando, Comunicaciones (C4) del Consejo Estatal de Seguridad Pública para denunciar violencia familiar, sería ideal que los mecanismos de prevención funcionaran. De 2013 a julio del 2016, sólo se han otorgado 381 órdenes de protección.
Las cifras dan cuenta de la ineficiente labor preventiva del Estado: de 2011 a 2015 el acoso sexual y las lesiones se triplicaron, el hostigamiento sexual subió 137.5 por ciento, la violencia familiar 123.7, y la violación tumultuaria 100 por ciento. El estupro aumentó 70 por ciento, la violación equiparada 29.4 y la violación, 14.2, de acuerdo con cifras de la Fiscalía.
A ello se suma la impunidad y el nulo acceso a la justicia.
Araceli Vázquez Barranco recibió cinco puñaladas, una le perforó el corazón, y fue degollada por su ex novio Javier Mauricio Díaz el 13 de noviembre del 2013. A su madre, Amada Barranco, los agentes ministeriales le han delegado la responsabilidad de investigar el paradero del feminicida, de oficio albañil, pues temen que esté armado.
A la Fiscalía General de Justicia de Puebla le tomó 1 año y 5 meses emitir la alerta internacional (a la Interpol) para la localización del asesino, y solicitar la cooperación de los estados del país le llevó casi un año porque debía sacar 35 juegos de fotocopias. El feminicidio continúa impune.
Algunas de las voces de familiares y madres de mujeres asesinadas confirman los obstáculos que las víctimas de esta tragedia enfrentan al iniciar la búsqueda de sus familiares o hijas, y luego, la falta de respuesta de las autoridades:
“No me han entregado los restos porque sigue la investigación”.
“Los agentes nos mandan a nosotros, nos mandan a buscar a mi chiquita”.
“Nos dijeron que buscáramos por nuestro propio pie porque se había ido con un susodicho”.
De hecho, al menos hasta marzo de este año, no había ninguna sentencia firme por feminicidio, y de los 99 casos que oficialmente reconocen las autoridades sólo 33 estaban en proceso.
Esta situación deliberadamente ignorada por el gobierno de Rafael Moreno Valle ha tenido que ser reconocida sólo después de que dos organizaciones de la sociedad civil solicitaran la declaración de Alerta de Violencia de Género.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia (LGAMVLV), señala en su artículo 22 que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales “de emergencia” para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Aunado a ello, este mecanismo tiene como objetivo fundamental “garantizar la seguridad de las mujeres, cesar la violencia en su contra y eliminar las desigualdades por una legislación que agravia sus derechos humanos” (artículo 23). En su oportunidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en su Informe Especial sobre la investigación para solicitar una Alerta de violencia de género contra las mujeres, concluyó que no existían elementos objetivos para solicitarla, además de mencionar que sería “respetuosa del derecho de solicitar la alerta de violencia de género, que pueden ejercer las organizaciones de la sociedad civil”. Esto demostró una práctica discrecional y falta de autonomía; hasta la fecha no ha habido un solo posicionamiento público de este organismo que tiene el deber de señalar la falta de actuación con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra las mujeres ante los hechos diversos que han violado su derecho a la vida, integridad, dignidad.
Once recomendaciones.
El Grupo de trabajo conformado para analizar la solicitud de emitir (o no) la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado de Puebla, el pasado 28 de junio, realizó 11 recomendaciones que el gobierno del estado aceptó cumplir en el transcurso de los próximos seis meses.
Las recomendaciones, sin embargo, no son acciones diseñadas ex profeso para la situación actual, todas se desprenden de alguna omisión del gobierno, sobre todo de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que desde 2007 establece acciones de prevención y atención que nunca fueron atendidas. Es importante hacer notar al gobierno que la prevención debe garantizar los derechos de las mujeres, y que independientemente de la declaración de la Alerta de Género, se deben implementar de forma urgente aquellas medidas de orden jurídico, administrativo, político y cultural con el fin de establecer protección estatal reforzada. Por ejemplo, se debe cuestionar y terminar con los estereotipos de género que prevalecen en los operarios de justicia cuando familiares de las víctimas se acercan a buscarlas. Además de los prejuicios latentes en el Poder Judicial, que marcan precedentes para otras actuaciones.
Cuando al Poder Judicial se le ha preguntado por los casos presentados por el Ministerio Público como feminicidios y que se han recalificado en el proceso, responde que no cuenta con esa información, ni con las sentencias, absolutorias o condenatorias, en las que el sujeto del homicidio haya sido una mujer, pues no tiene ese “nivel de desagregación”. Sin esa información es imposible conocer el nivel de impunidad que el feminicidio presenta en la entidad.
Si bien, la obligación estatal es mucho más amplia, es importante que la sociedad conozca cuáles han sido las medidas que se han decretado por parte de este Grupo de Trabajo y que exigimos se cumplan de forma amplia, integral y bajo estándares internacionales en derechos humanos:
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Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la definición que se hace en la Ley General de Acceso, que busque identificar las problemáticas particulares de cada región.
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Garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos (CEDA), para que todas las instancias y dependencias de la administración pública estatal obligadas por ley, suministren información en tiempo y forma sobre la situación de violencia contra las mujeres en la entidad. Así como que la información se alimente de forma mensual y se actualice de forma trimestral.
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Implementar y diseñar campañas permanentes con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interculturalidad, dirigidas a la sociedad en su conjunto, con el propósito de visibilizar los tipos y modalidades de violencia de género y prevenir la violencia contra las mujeres considerando que ésta constituye un delito de manera externa e interna. Además de elaborar sus respectivos marcos de seguimiento, medición y evaluación.
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Realizar las acciones necesarias para sensibilizar a los medios de comunicación del estado en materia de género, derechos humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres. Asimismo, es necesario promover a través de las universidades la creación de un observatorio de medios de comunicación locales con el fin de eliminar visiones sexistas y estereotipadas, prevenir la violencia de género e impulsar el respeto de los derechos humanos de las mujeres.
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Realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia de derechos humanos y perspectiva de género para todo el personal de las instituciones encargadas de la atención, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, que les permita fortalecer sus capacidades, brindando la mayor protección a las mujeres víctimas de violencia y sus familiares con sus respectivos mecanismos de seguimiento y evaluación.
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Impulsar modificaciones legislativas urgentes a leyes y los Códigos civil y penal.
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Implementar una estrategia de vinculación con instituciones de educación superior para la prevención y detección de casos de violencia contra las mujeres, así como deberán implementarse acciones para la prevención y detección de casos de violencia contra las mujeres.
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Modificar el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio y, además, otro de Trata de Personas conforme a los más altos estándares en la materia y a las necesidades del sistema penal acusatorio, el cual debe contener como mínimo el estudio del tipo penal en la entidad, las herramientas de actuación para acreditar las razones de género, el establecimiento de un plan de investigación, el contenido mínimo de la acusación, la formulación de la teoría del caso y la solicitud de la reparación integral del daño.
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Fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres, que incluya la distribución clara de competencias de tales instituciones conforme a la Ley de Acceso Local. Otorgar al Instituto Poblano de la Mujer recursos materiales y humanos suficientes, mejorar la infraestructura y personal de los MP y la creación de una unidad especializada para la atención de la violencia de género.
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Realizar programas de capacitación efectivos en la aplicación de la NOM-046, en materia de derechos humanos y no discriminación, con un enfoque de género e interculturalidad, dirigido al personal de servicios de salud, a fin de que desarrollen las habilidades y competencias necesarias para la aplicación de la norma y asegure un trato respetuoso, competente y apegado a los derechos de las y los pacientes. Dichos programas deben especificar los mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del personal.
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Garantizar el conocimiento y dominio de este protocolo por parte de los responsables de su aplicación. Incluir esquemas para valorar el riesgo a fin de que las medidas de protección ordenadas sean adecuadas. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de seguimiento y evaluación periódica de las medidas adoptadas y llevar con precisión un registro administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes en la entidad federativa.
Aunque el titular de la Secretaría General de Gobierno ha declarado recientemente que nueve de estas 11 recomendaciones han sido cumplidas, no se conocen los indicadores que así lo avalen; lo que se ve es que la violencia feminicida ha aumentado de manera alarmante en las últimas semanas y no hay acciones que reflejen claramente la respuesta gubernamental ante la situación utilizando las recomendaciones del grupo de personas expertas de Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
La emisión de la Alerta de Violencia de Género se hace imperante ante la situación en Puebla, el grupo de Conavim no puede aceptar que el cumplimiento de las recomendaciones se ha dado cuando sólo han sido acciones de forma pero sin fondo.
¿Y con la Alerta de Violencia de Género basta?
No somos ingenuos; la emisión de la Alerta de Violencia de Género por sí sola no resolverá el gravísimo problema de la violencia contra las mujeres en Puebla.
Hace falta el concurso de la sociedad en su conjunto: un pacto por la vida de las mujeres que involucre a las universidades en acciones concretas contra el acoso a sus alumnas y maestras; al sector privado en hacer valer los derechos laborales y condiciones de protección para mujeres que permitan la igualdad sustantiva; a los gobiernos municipales para que construyan respuestas institucionales en sus ámbitos de acción referente al espacio urbano; al gobernador electo, para que se manifieste y dialogue ampliamente con los sectores de la sociedad que trabajan este tema desde hace años y le plante la cara al problema desde antes de asumir el poder, que demuestre real independencia y compromiso frente a la situación; a los medios de comunicación, para que ejerzan prácticas comunicativas sin discriminaciones sexistas; a los varones en general, para que dejen de perpetuar prácticas cotidianas de violencia física, de violencia simbólica, económica, verbal, emocional contra las mujeres de su entorno.
Y por supuesto, a las mujeres, para que sigan organizándose y desnormalizando cualquier práctica violenta en su contra.
La respuesta nos involucra a todas las personas en diferentes niveles, sin embargo la responsabilidad de que ésta funcione y se traduzca en una estrategia integral es de los tres poderes del Estado, que sólo han mostrado una política reactiva frente a una costosísima cuota de sangre por cada nueva reforma o acción.
Demandas expuestas en la marcha del 18 de octubre de 2016.
Al gobierno federal, que emita con urgencia la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para los municipios con mayor riesgo en el estado de Puebla.
Al gobierno de Puebla:
* Brindar a las familias de las víctimas de feminicidio certeza jurídica, aplicación del estándar internacional de debida diligencia, acceso a la justicia de forma pronta, expedita, gratuita y la reparación integral a todas las víctimas. La impunidad favorece la repetición de estos crímenes y emite un mensaje de tolerancia del Estado.
* La puesta en marcha de acciones encaminadas a la prevención del feminicidio, involucrando a todas las instituciones, incluyendo la obligación estatal de modificar y trasformar la aplicación injustificada de estereotipos negativos de género. Esto conlleva capacitación a los medios de comunicación que, lejos de informar, estigmatizan y discriminan.
* Exigimos un mensaje contundente para proveer justicia en cada uno de los casos, a través del esclarecimiento de los hechos y el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas, así como sentencias condenatorias a los feminicidas y la aplicación de las medidas necesarias en las que haya colusión estatal, de tal suerte que haya una reparación justa y eficaz.
¡Ni una más, ni una menos! ¡Vivas nos queremos!
Octubre de 2016.
Citas
1 Lagarde, Marcela. “El feminicidio, delito contra la humanidad”. En: Feminicidio, justicia y derecho. Editorlas. Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios. Editado por Banco de Datos de Feminicidio, agosto de 2009.
2 Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).
Colectivos y grupos de trabajo:
Odesyr
Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ciudad de Puebla, Programa de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ.
http://www.iberopuebla.mx/microSitios/observatorioViolencia/index.html