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Ya era hora

A quienes no reconocen el derecho de los demás de morir con dignidad, que practiquen su propia ley.

Hace 38 años, gracias a una ponencia del inolvidable magistrado Carlos Gaviria, a quien el país y los colombianos tanto le debemos, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia, practicada por un médico a pacientes que con enormes sufrimientos soportan una enfermedad incurable. La Corte, además, recomendó que el Congreso reglamentara ese procedimiento.
Por tratarse de un tema que es bastante delicado, pues la Iglesia católica lo objeta, porque para los católicos solo Dios puede disponer de la vida humana, la reglamentación en el Congreso de una sentencia tan de avanzada tenía que embolatarse. Y estuvo embolatada durante 38 años, no obstante la insistencia del congresista Armando Benedetti, quien cada tanto desempolva la sentencia, sin lograr hasta ahora que sus colegas se hayan dignado discutirla.
Sin tener en cuenta que la Constitución del 91 estableció que Colombia es un Estado social de derecho que “reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas” y garantiza la libertad de conciencia y la libertad de cultos, el hecho de que la Corte Constitucional hubiera aprobado la Ley 1733 del 2014, “mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles”, desató controversias de tinte religioso en particular, más las obvias objeciones del procurador Alejandro Ordóñez, quien sigue convencido de que por el cargo que ocupa, y por ser quien es, tiene derecho de intervenir hasta en la vida privada de los colombianos.
La Ley 1733/2014 se llama Consuelo Devis Saavedra, en memoria de la señora que después de un trágico accidente quedó en coma. Y en coma vivió durante 14 años. Al cabo del tiempo, su esposo, Jaime Arrubla, magistrado de la Corte Suprema, entrevistado por una periodista, reveló la conmovedora historia que le abrió el camino a la Ley 1733, aprobada hace poco por la Corte Constitucional. Luego, por mandato de la misma Corte, el Ministerio de Salud, con un grupo de expertos, elaboró normas sobre cómo aplicar la eutanasia. Pero tanto esa regulación como la propia sentencia enardecieron a quienes se empeñan en no reconocer los derechos de los demás. Arreciaron sus críticas al Ministerio de Salud y al ministro Alejandro Gaviria, y un concejal de Bogotá demandó la sentencia.
Entre tanto, el neurólogo Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia de Medicina y también de la Fundación DMD –única entidad cívica en América Latina dedicada a promover el derecho a morir con dignidad–, considera que la Ley 1733 es un paso adelante en el respeto por la persona y por sus derechos humanos fundamentales. Y agrega: “Si para nuestra vida reclamamos dignidad y autonomía, es apenas lógico que tal reclamo se mantenga para la muerte y el proceso de morir, que son parte inevitable, e ineludible, de esta vida”.
Es importante saber que uno puede decidir con anticipación que, de llegar a padecer una enfermedad incurable, puede no aceptar tratamientos terapéuticos innecesarios. Y, de llegar a sufrir situaciones físicamente indignas y con dolores intolerables, se puede solicitar la eutanasia. Cabe anotar, a propósito, que el teólogo católico Hans Küng, aquejado del mal de Parkinson, declaró que ante la progresión de su enfermedad recurrirá a la eutanasia.
A quienes no reconocen el derecho de los demás de morir con dignidad, habría que decirles que muy bien, que practiquen su propia ley, pero que no tienen derecho de exigir que los demás los imiten. Morir con dignidad no es obligatorio: es optativo. Entonces, quien tenga el valor de sufrir puede hacerlo, sin pretender que la humanidad entera lo imite. Y que quien así lo desee y así lo decida pueda morir con dignidad. Como le oí decir ayer a un médico: “Es como ver la luz aun en el ocaso de la vida”.
Lucy Nieto de Samper
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