Miles de familias, con ejecuciones hipotecarias pendientes, a la espera que el TJUE resuelva dos cuestiones prejudiciales
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27/9/2017 06:00
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Actualizado: 26/9/2017 21:27
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Miles de familias en toda España, metidas en procedimientos de ejecución hipotecaria, están pendientes de dos cuestiones prejudiciales que debe resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); una sobre los intereses de demora y otra sobre el impacto de la cláusula de vencimiento hipotecario.
Mientras tanto, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), organización a nivel nacional que celebra su Asamblea Estatal este sábado en Cartagena (Murcia), se aprovecha dicha tregua para negociar con los bancos.
Paco Morote es el coordinador de la PAH en la región de Murcia. Sobre los datos del INE publicados referidos al segundo trimestre del pasado año señala un descenso del 56,8 % ficticio de las ejecuciones hipotecarias: “La estrategia de los bancos es aguantar las ejecuciones porque hay dos cuestiones del TJUE sobre vencimiento hipotecario pendientes”.
Morote recuerda como este tribunal ubicado en Luxemburgo dictó en enero un fallo sobre el vencimiento hipotecario importante. “Se entendía que esta cláusula era abusiva y que por un solo impago el banco te pide el préstamo total con los recargos correspondientes más las costas judiciales”.
Para Morote si esa cláusula es abusiva no ha lugar a la ejecución hipotecaria “ante esa sentencia el Tribunal Supremo plantea cuestión prejudicial ante el TJUE preguntándole si a pesar de ser abusiva procede el continuar con el procedimiento de ejecución hipotecaria, o si hay que ir a un procedimiento ordinario de reclamación de deuda”.
Ante esa disyuntiva y en un contexto en el que se han archivado muchas ejecuciones por esta cláusula que es consideraba abusiva anteriores a la cuestión prejudicial del Supremo “esa es la causa del descenso de ejecuciones hipotecarias numéricamente hablando”, indica Morote.
El coordinador de la PAH de Murcia llama la atención sobre otra cuestión prejudicial planteada. La que versa sobre los intereses de demora que el Gobierno de España en la Ley 1/2013 “consciente que esos intereses eran abusivos y en unos casos usuarios, lo que metió una disposición dentro de citada ley donde se indicaba que los jueces tendrían que aplicar como máximo el triple del interés legal como interés de demora”.
Sin embargo poco antes el TJUE había dicho que los jueces no estaban para reconfigurar cláusulas sino “que una cláusula es abusiva se tiene que dar por nula en el contrato. Sobre este tema hay otra cuestión prejudicial”.
Por esto, Morote señala que los bancos “aguantan las ejecuciones para evitar archivos y que les condenen en costas. Por eso es un descenso de la litigiosidad tramposo. Veremos que pasa tras los fallos del TJUE”.
Paco Morote es el coordinador de la PAH en la región de Murcia.
Aprovechar la tregua
Según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadistica y que coteja la PAH, Comunidades Autónomas como Valencia y Murcia siguen a la cabeza de dichas ejecuciones hipotecarias.
“Como consecuencia de las cuestiones prejudiciales comentadas todos los juzgados en cascada fueron paralizando los procedimientos desde finales de febrero. Solo en una comunidad como la murciana se han paralizado 40.000 procedimientos. Pese a ello se han producido 4.000 nuevas ejecuciones”.
Desde esta PAH, con cobertura nacional, se nos indica que se está utilizando esta tregua dada por los bancos para negociar los casos más sangrantes.
“Hay mucho pequeño empresario que le ha ido mal en su negocio y ya no puede más. Empieza a no pagar la hipoteca de su casa. En todas estas situaciones intentamos darles consejos jurídicos y ayudarles en su relación con la entidad bancaria”, explica.
Las negociaciones que mantiene esta plataforma de afectados por la hipoteca, formada por doscientas treinta entidades repartida por todo el territorio nacional, con las entidades bancarias parecen más fluidas que si el afectado fuera a título individual. “Buscamos que la negociación funcione y se encuentre una solución a cada caso en particular, lo cual no quiere decir que siempre sea el resultado positivo en todos los casos”.
Las ejecuciones hipotecarias que ahora se realizan corresponden a hipotecas que se firmaron en vísperas de la gran crisis económica, años de 2006 a 2008.
“Era una época en la que el Euribor se disparó y entonces gente que tenía unas cuotas sobre 500 euros se les disparaba a 800 y 900 euros, totalmente impagables. Resistieron como pudieron pero al final cayeron”, cuenta.
Otro dato que revela nuestro entrevistado es la gran pérdida de poder adquisitivo de estos últimos años “no ha ayudado a pagar las hipotecas”.
Una normativa hipotecaria parcheada
La PAH recuerda que en el año 2012 presento una Iniciativa Legislativa Popular, única forma que los ciudadanos tienen capacidad de proponer una ley si se recogen medio millón de firmas. “En nuestro caso recogimos millón y medio pero el Gobierno aún no quería admitirla a trámite. Sin embargo, ese día sucedió un hecho lamentable que sirvió para que la ILP se admitiera: aparecieron en Palma de Mallorca los cadáveres de dos ancianos que se habían suicidado con una nota que decía que iban a ser desahuciados».
Los ciudadanos son víctimas tanto de la banca como de sus cooperadores necesarios, los poderes públicos que les han permitido hacer los contratos hipotecarios como quisieran
El Gobierno de Rajoy admite a trámite la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH, pero la desnaturaliza.
Así surge la Ley 1/2013, una norma debatida y con sentencias sobre esa ley del TJUE en ocho ocasiones. En todas y cada una de ellas el Tribunal Europeo ha llegado a decir que esa ley no tiene los mínimos para defender los derechos de los consumidores.
“Se basa en la directiva 93/13 de 5 de abril que establece como deben ser los contratos entre profesionales y particulares… La sentencia del TJUE de 26 de enero de 2017, trece o catorce años después, se basa en la mala aplicación de dicha directiva por parte del Gobierno español. Es muy posible que si se hubiera seguido la misma muchos de los desahucios de nuestro país no hubieran tenido lugar”, afirma Morote.
Judicialización hipotecaria
Desde la PAH de Murcia advierten que ocho de los diez pleitos que llegan a los juzgados son bancarios.
“Es una aberración la creación de 54 juzgados de cláusulas suelo tal y como han sido concebidos. Da la sensación que es un nuevo favor del Gobierno a la banca”, señala.
Morote recuerda la sentencia que el TJUE dicto en diciembre sobre cláusulas suelo que revocaba la del Supremo de mayo del 2013 que afectaba a tres bancos BBVA, Cajamar y NovaCaixa Galicia. Se decía que las cláusulas eran abusivas “que no tendrían que devolver dinero solo no seguir cobrando”.
Ahora el fallo del TJUE indica que hay que modificarlo.
Para Morote, la respuesta del Gobierno no ha sido muy certera. “Se aprueba un real decreto con tres meses de tregua para las entidades bancarias de cara a que respondan a las demandas de los consumidores, vía extrajudicial, en lugar de obligar a los bancos a que devolviesen ese dinero cobrado de más”.
En esta tregua, la mayor parte de las solicitudes de los bancos han sido ignoradas.
Tras el fracaso anunciado de la vía extrajudicial el Consejo General del Poder Judicial y e. Ministerio de Justicia ponen en marcha 54 juzgados uniprovinciales de cláusulas suelo.
“Hay más de 50.000 procedimientos y escasas sentencias hasta la fecha. No llega a las cien realmente”, dice.
Otro nuevo retraso que subraya, nuestro interlocutor, para que los bancos sigan sin pagar lo que deben.
“Además los ciudadanos que no viven en capitales de provincial tienen el coste añadido de tener que desplazarse”, aclara.
El consumidor necesita más protección
Para Morote es mejor volver al sistema antiguo de juzgados de instrucción. “Están más próximos al ciudadano y han demostrado hasta el momento que funcionaba bien. Los juzgados especializados no se les puede liberar, además de los procedimientos que ya tenían. Tratan los casos que ya llevaban que tienen que resolver, más los que les entran ahora. Esto hace que se ralentiza de forma muy notable”.
Para este experto de la PAH es lógico que se hable ahora de juzgados especializados en consumo.
“Esta es una actividad abandonada en estos años y que las CCAA no han sabido gestionar. El problema está en que las directivas europeas en materia de consumo que deberían haberse traspuesto se ha hecho mal y tarde”, subraya.
Desde su punto de vista, quizás sería el momento de crear un organismo independiente de consumo que gestionase estos temas y protegiera más al consumidor.
«El derecho a la vivienda no está en la Constitución pero si en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Debería por ello tener rango de derecho fundamental subjetivo”, puntualiza.
¿Pueden recurrir los ciudadanos desahuciados con los fallos del TJUE?
En estos años ha habido mucha gente desahuciada en los años de la crisis, “sin embargo según el TJUE se ha hecho conforme a una legislación ilegal. Hasta que no falló en el 2013 este Tribunal las cláusulas abusivas eran frecuentes en las hipotecas. A esa gente que ha perdido su vivienda no se la ha resarcido. Veremos que sucede en los próximos meses”.
Junto a ellos hay otros ciudadanos afectados por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. «Esa ley que ha sido revocada en ocho ocasiones el TJUE “sin embargo pese a ello no han producido efectos inmediatos”.
Para Morote todas estas personas podrían poder recurrir su situación “tendrían que encontrar abogados dispuestos a batallar este tema, que no será sencillo ni corto en el tiempo. Habría que pedir la nulidad del procedimiento y una indemnización por lo sucedido y los daños recibidos.
Desde la PAH se ha elaborado la Ley Integral del Derecho a la Vivienda que garantiza el realojo en caso de desahucio y modifica en parte la LAU para frenar los desahucios en alquiler
En opinión del coordinador de la PAH en Murcia hay una casuística muy amplia.
“Si ahora se aprueba una nueva legislación tras los fallos que esperamos del TJUE, qué va a pasar con los asuntos que están en trámite. Estamos ante una situación compleja. Sin embargo desde la PAH queremos lanzar el mensaje a los afectados que se acerquen a nosotros que les asesoramos», manifesta.
Mientras tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la normativa autonómica hipotecaria de Cataluña, Murcia, Andalucía, Canarias, Navarra, País Vasco y posiblemente la valenciana.
“Señala el Ejecutivo que los temas de vivienda son competencia de las Comunidades Autónomas, pero cuando legislan recurran al Constitucional porque dicen que invaden sus competencias”, declara.
“Esperamos que a principio de octubre con apoyos parlamentarios se registre en el Congreso y se pueda aprobar lo antes posible”, concluye Morote.
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