No se sabe hasta cuando estarán detenidos en sus casas ocho concejales de la ciudad, luego de la medida de aseguramiento que les impuso el juez Segundo Municipal con Control de Garantías, Marvin Ayos, mientras termina la investigación abierta por la Fiscalía que busca probar que habrían incurrido en varios delitos, cuando fue elegida Nubia Fontalvo como contralora en 2016.
Uno de ellos, el delito de cohecho “por haber recibido dineros para votar por la mujer”, según la Fiscalía.
Lo que sí es cierto es que no estarán en la plenaria del Concejo, por un tiempo que se presume largo y fatal para la ciudad, los concejales Édgar Mendoza Saleme, del Partido Conservador; Antonio Salim Guerra y Luis Javier Cassiani, de Cambio Radical; William Pérez y Duvinia Torres Cohen, del Partido de La U; Lewis Montero, de Opción Ciudadana; Américo Mendoza Quessep, de ASI; y Erich Piña del Partido Liberal; todos cobijados con la medida por tiempo indefinido.
Así quedaron las bancadas
Pero el sábado y el domingo concurrieron a sesionar a un reducido Concejo, los concejales César Pión de La U, Rodrigo Reyes, Rafael Meza y David Caballero, del Partido Conservador; David Dáger y Javier Curi, del Partido Liberal; y Vicente Blel y el presidente de la corporación Wilson Toncel, ambos de Cambio Radical.
Es así que una bancada, la del Partido Conservador, quedó con tres concejales; Cambio Radical, y el Partido Liberal quedaron cada una con dos y el Partido de La U quedó con un concejal.
En la bancada liberal el concejal Javier Curi, quien está vinculado a la investigación, pero que no ha sido imputado ni recibido una medida de aseguramiento, sigue asistiendo a las sesiones. Algunos analistas políticos aseguran que podría ser llamado para que cumpla con la diligencia lo que terminaría cercenando más al Concejo. Curi presentó una excusa médica, y no acudió a las sesiones que terminaron con una medida de aseguramiento para sus colegas, consistente en la casa por cárcel.
Es así que Cartagena tendrá en adelante un pequeño Concejo por un largo periodo.
A sillas vacías, no proceden reemplazos
Por su parte, en la primera sesión que le tocó con un mínimo de miembros, el presidente del Concejo Wilson Toncel Ochoa reiteró que “después de realizar las consultas jurídicas del caso, la corporación seguirá sesionando y velando por los intereses de la ciudad con ocho concejales”.
Explicó que el artículo 134 de la Constitución Política de Colombia establece: “Para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación, con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas”.
Toncel Ochoa manifestó que la norma constitucional no busca sancionar al Concejo, ni mucho menos impedir el funcionamiento de las corporaciones públicas: “Y por esa razón a pesar de la preocupación y la nostalgia que nos acompaña por la situación que hoy enfrentan nuestros compañeros, estamos llamados a continuar trabajando por y para la comunidad cartagenera, debatiendo los asuntos de ciudad, como nos compete”.
Indicó además que lo harán los ocho cabildantes que están activos, tal y como lo establece la norma constitucional y como lo explicó el Consejo de Estado a través de la Sala de Servicio y consulta civil en concepto del 6 de diciembre de 2017.
Consejo de Estado
"Para los efectos de esta consulta, la Sala se permite precisar de entrada que cuando se aplique la sanción consagrada en el artículo 134 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015 (situación conocida como “la silla vacía”) se genera forzosamente la reducción del número de integrantes de la respectiva Comisión, o Corporación (Senado o Cámara) o Congreso en pleno, según el caso”.
Comentarios ()