Violencia sexual en la guerra y la paz. Género, poder, y justicia posconflicto en el Perú.
Biblioteca Nacional del Perú, 2016.

Jelke Boesten

(Tesis de Licenciatura) Este estudio se pregunta cuáles fueron las estrategias locales de las fuerzas del orden del Estado Peruano en la producción de violaciones sexuales a mujeres, a propósito del caso de la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo durante el período de conflicto armado interno entre 1980 y 1998. Para abordar esta pregunta se plantean tres cuestiones principales. La primera, respecto de los dispositivos formales e informales del Estado Peruano que se utilizaron en las estrategias de las fuerzas del orden durante la lucha contra los grupos subversivos en la zona estudiada. La segunda, sobre los procedimientos que siguieron los miembros de las fuerzas del orden en la producción de violaciones sexuales a mujeres y sobre su obediencia o transgresión a las normas y órdenes establecidas. Finalmente, la tercera, respecto de la estructura de la cadena de mando que acataron o ignoraron los miembros de las fuerzas del orden del Estado Peruano con referencia a la perpetración de violaciones sexuales a mujeres.

A lo largo de la historia, las mujeres de todas las edades han sido sometidas, durante las guerras, los conflictos armados y enfrentamientos violentos, a actos de violencia sexual. Estos hechos han sido invisibilizados por mucho tiempo, tanto a nivel internacional como nacional; por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización de las que son objeto las mujeres afectadas. A pesar de ello, la violencia sexual es una realidad que afecta permanentemente a las mujeres, que en contextos de conflicto armado exacerban patrones de discriminación de género, étnica, sociocultural y económica; donde los cuerpos de las mujeres se convierten en campos de batalla y trofeos de guerra. Es necesario que los Estados y gobiernos de turno garanticen el derecho de las mujeres a acceder a justicia, teniendo en cuenta los estándares jurídicos internacionales. Los que, como se verá en el presente documento, han evolucionado para responder de manera adecuada frente a la complejidad y gravedad de la violencia sexual de las mujeres durante las épocas de conflicto, a fin de evitar la impunidad de sus agresores inmediatos y mediatos.

Resumen: Este artículo reflexiona en torno al tratamiento legal de la violencia sexual en contextos de conflicto armado. ¿Cuáles son las afectaciones físicas y emocionales del uso masivo de la violación como una herramienta de guerra? ¿De qué modo se cosifica a la mujer y cómo se proyectan las implicaciones de ello sobre el grupo social de referencia? A fin de responder a estas preguntas, en primer lugar, se realiza una revisión de los están-dares internacionales de protección jurídica frente a la violencia sexual; a continuación, se analizan dos estudios de caso: Sepur Zarco, en Guatemala, y Manta y Vilca, en Perú. En estos casos, por primera vez, ordenamientos jurídicos nacionales-con base en el derecho internacional humanitario-se fundamentan en razones jurídicas para condenar delitos de violencia sexual en contextos de conflicto armado como delitos de lesa humanidad. Palabras clave: violencia sexual, crímenes de lesa humanidad, derecho internacional humanitario, Perú, Guatemala Abstract: This paper reflects on the significance of the legal treatment of sexual violence in contexts of armed conflict. What are the physical and emotional effects of the widespread use of rape as a weapon of war? In what way are women objectified and how are the implications of this projected into the social reference group? In order to answer these questions, first, a review is made of the international standards of legal protection against sexual violence. Then two case studies are analysed: Sepur Zarco in Guatemala and Manta and Vilca in Peru. In these cases, for the first time, national legal systems, based on international humanitarian law, have established a legal basis to punish sexual violence crimes within armed conflict contexts as crimes against humanity.

Winner of the LASA Peru Flora Tristan Prize

Violencia sexual en guerra y paz. Género, poder, y justicia pos conflicto. Por Jelke Boesten Profesora en King’s College London Jelke.boesten@kcl.ac.uk Traducido con permission de Palgrave. Original: Sexual Violence during War and Peace/ Gender, Power and Postconflict Justice. Palgrave Studies of the Americas Series, 2014. Traductor: Rafael Drinot Silva, 2014. 1 2 Table of Contents Agradecimientos ..................................................................................................................... 4 1: Introducción ............................................................................................................... 7 2: Violencia sexual en el conflicto armado .................................................................... 34 3: La reproducción de las desigualdades ....................................................................... 70 4: Justicia transicional, verdades y narrativas de violencia ...........................................106 5: Impunidad ..............................................................................................................145 6: La violencia en periodos de paz ...............................................................................178 7: Violencia sexual y justicia pos‐conflicto ...................................................................214 Bibliography ........................................................................................................................ 237 3 Agradecimientos Este libro está inspirado en las preguntas de Elizabeth Stanko referidas a los significados de la violencia. La noción de los actos que tienen el mismo grado de violencia pueden diferir bastante en su significado social, en consecuencias y respuestas. Esto me llevó a pensar sobre cómo la violencia sexual en los llamados tiempos de guerra y paz son entendidos de maneras diferentes, y, si es así, cómo significados diferenciados afectan las respuestas estatales y de la sociedad ante esa violencia. Definiciones y entendimientos de que es la violencia cambia con el tiempo, y puede diferenciarse según la geografía y los contextos sociopolíticos y culturales, formando cómo individuos, familias, y comunidades hacen sentido de sus experiencias. Este libro es una reflexión sobre estas preguntas, lamentablemente no hay una respuesta. Lo que sí pretendo es aproximarme a una respuesta a la pregunta qué significa la violencia sexual en términos sociopolíticos en tiempos de paz y de guerra, por medio de una investigación de testimonios de esa violencia, y el vínculo con los procesos de justicia posconflicto. Durante estos años de investigación, muchas personas han sido sumamente pacientes conmigo. Han compartido sus conocimientos, sus documentos y sus ideas en intercambios provechosos, agradables y llenos de esperanza por la lucha de un mundo mejor. En el proceso han surgido muchas amistades. Gloria Cano, cuyo compromiso con la defensa de los derechos humanos sostiene la esperanza en la justicia para muchos peruanos, ha compartido sus conocimientos generosamente y durante muchos años. De igual manera, Julissa Mantilla ha sido honesta, generosa e inspiradora: su dedicación y pasión por la justicia de género es admirable. Narda Henríquez ha sido importante para mi trabajo desde que llegué a Perú para estudiar género y políticas sociales a comienzos del 2000; le agradezco por ser siempre crítica y por mantener la amistad. Muchos otros han compartido su sabiduría y su trabajo, por lo que les estoy sumamente agradecida: Yuber Alarcón, Nélida Baca, Ruth Borja, Gustavo Campo, Rosalía Chauca, Mercedes Crisóstomo, Paula Escribens, Vladimiro Hurtado, Daniel Manrique, Nelson Manrique, Nelly Mejía, Liz Meléndez, Liliana Pañizo Muñoz, Victoria Oviedo, Jairo Rivas, Carlos Rivera, Rocío Silva Santisteban, David Sulmont y Blanca Zanabria. También quiero extender mi gratitud a todas las personas que trabajan en las instituciones estatales y no gubermentales en Huanta, San Miguel, Huamanga y Lima que no menciono aquí, pero que también han compartido conmigo sus ideas y su experiencia profesional en relación a la violencia contra las mujeres. CEPRODEP‐Ayacucho ayudó a entrevistar hombres acusados de violencia doméstica en la región y Betsy Flores Sandoval ayudó a investigar el sistema estatal contra la violencia familiar en Lima. Además de ser una buena investigadora, Betsy es la profesional que cada zona merece. Su preocupación y su práctica va más allá de su trabajo diario como psicóloga forense en los barrios de Lima. Recibí fondos para investigación de la Academia Británica y de la Fundación Nuffield y una beca para escribir del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP). Al USIP de Washington debo agradecer a mis colegas en el programa de becas Jennings Randolph del 2011‐12; a Kathleen Kuehnast, directora del Centro de Género y Paz y a Chantal de Jonge Oudraadt de 4 SIPRI‐América del Norte. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Londres me otorgó una beca de investigación en el verano de 2012 y el Instituto de las Américas en el Colegio Universitario de Londres (UCL) me subvencionó con un semestre para escribir en su instituto. Allí agradezco a Maxine Molyneux por el apoyo profesional y la confianza que ha mostrado a mi trabajo desde hace muchos años. Entre 2007 y 2013, la Escuela de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Leeds me brindó las facilidades necesarias para escribir este libro. Allí, Ray Bush y Mette Wiggen no solo fueron muy buenos colegas sino también los mejores amigos. También quisiera agradecer a Polly Wilding, Gabrielle Lynch y a Ruth Pearson por su amistad e inspiración. En Leeds, junto con las Universidades de Sheffield y York, organizamos la Red de Justicia Transformatoria que nos resultó un paradigma muy productivo. Gracias a Gordon Crawford, Paul Gready, Jean Grugel, Paula Meth, Lars Waldorf y Polly Wilding, organizamos varios eventos constructivos. Varias de las ideas en este libro fueron presentadas y discutidas en conferencias como la de la Sociedad de Estudios de América Latina, la de la Asociación de Estudios de América Latina, la de la Asociación Americana de Antropología y la del Congreso Internacional de Americanistas, además en talleres en universidades de punto a cabo. Tengo que agradecer a todos y todas que en estas ocasiones con sus preguntas a discusiones pertinentes me ayudaron a pensar críticamente. En muchos de estos eventos, Kimberly Theidon ha sido un apoyo e inspiración; te agradezco mucho por eso. Jo‐Marie Burt y Cristina Alcalde comentaron todo el texto antes de su publicación en ingles, por lo cual sin duda mejoró el manuscrito, las agradezco mucho. El premio Flora Tristán de la Asociación de Estudios de América Latina‐ Sección Perú, otorgado en Mayo 2015 en Puerto Rico para este libro, comprueba el apoyo de la comunidad de académicos peruanos y peruanistas para pensar críticamente en lo que ha pasado durante los años del conflicto armado, además de pensar qué hacer para que haya una justicia más transformatoria para las mujeres. Tambien quisiera agradecer a las personas cercanas para su apoyo mental y practica durante estos años que me tomó terminar este proyecto. Yolanda de Echave siempre ha sido lectora agradecida, además de ser abuela de nuestro hijo Seba, y apoyo imperdible para nosotros. Mis padres Henny van Vliet y Arnoud Boesten han sido pacientes con nuestra vida itinerante. Rafael Drinot se ha pasado traduciendo este libro de ingles a castellano. No pude desear mejor traductor profesional, que además supo mejorar el libro con comentarios editoriales sumamente valerosos. Esta versión en castellano existe gracias a ti. No hay manera suficiente para agradecerte. En adición, justo cuando salió el libro en ingles en abril de 2014, conocí a Alejandra Ballón, quien propuso publicar el libro en esta serie de la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias a ella y a Ramón Mujica, director nacional de la Biblioteca Nacional del Perú y editor de la serie, por valorar el tema y el libro. Paulo Drinot ha sido mi fortaleza de siempre: te agradezco por el escepticismo eterno y la precisión crítica que mantienes, y por tu paciencia en leer capítulos y artículos una y otra 5 vez. Tus comentarios han mejorado todo este trabajo. Por suerte, eso solo es una adición a la vida y el amor de cada día. Por último, este libro está dedicado a todas las sobrevivientes de la violencia sexual, sean las que sufrieron esa violencia durante el conflicto armado, antes o después, perpetrado por un soldado, un terrorista o su pareja. Que la justicia, en la forma que usted la desea, algún día sea alcanzada. 6 1: Introducción A inicios de mayo de 1989, los militantes de Sendero Luminoso entraron a una remota comunidad del departamento de Apurímac, en los Andes surcentrales del Perú. Los terroristas capturaron a varios y varias jóvenes, entre ellos a Cecilia y su hermana menor. Los llevaron a un campamento secreto. Varias semanas más tarde, en una confrontación armada entre los militares y Sendero Luminoso, Cecilia y varios otros fueron detenidos y llevados a una base militar. Cecilia insistió en conocer el paradero de su hermana, pero los soldados la ignoraron. Un capitán llevó a Cecilia dentro de la base, en donde le lanzó partes de cuerpos, brazos, cabezas y pies humanos, amenazando con matarla y cortarla en pedazos si no cesaba de hacer preguntas. Le dijo que la cortaría si no se desvestía, lo que hizo inmediatamente. Luego la violó. Más tarde, otro oficial de la misma base, le prometió a Cecilia hallar a su hermana a cambio de sexo. Cecilia sucumbió. Como resultado de esta violación, concibió un bebé, que el soldado reconoció como suyo. Pero nunca le proporcionó información sobre el destino de su hermana. Cecilia escuchó decir que su hermana había sido asesinada y cremada en la base militar de Abancay.1 Cecilia sobrevivió el conflicto armado, y vive con su esposo e hijos en la misma comunidad en Abancay en la que fue capturada por los soldados. Severamente traumatizada y deprimida, apenas come o duerme, el cuerpo le duele constantemente, se mantiene irritada y agresiva, se siente culpable y le resulta difícil pensar o actuar. No muestra lazos afectivos hacia su familia. Vive permanentemente asustada y se siente amenazada incluso por sus propios hijos y su esposo. Como no desea tener relaciones sexuales, su esposo abusa de ella, reproduciendo cotidianamente el trauma pasado. Cecilia, a su vez, golpea y maltrata a sus hijos.2 Cecilia sobrelleva sus miserias APRODEH 13/2002, Resolución varios No 238‐2010‐MP‐1raFPP‐Abancay, p27. Informe Psicológico 6798/6803 cited in APRODEH 13/2002, Resolución varios No 238‐2010‐MP‐ 1raFPP‐Abancay. Investigación llevada a cabo por Paula Escribens también muestra que muchas mujeres que habían tenido hijos como consecuencia de una violación, tuvieron experiencias negativas de maternidad, también en relación con niños concebidos consensualmene después del conflicto 1 2 7 completamente sola. No relaciona sus experiencias con un contexto histórico socio‐ político más amplio. No tiene noción de sus derechos en tanto que persona o ciudadana peruana. Tanto el estado como su familia abusan de ella. Alguna forma de justicia es necesaria para ayudar a Cecilia y a su familia a escapar de este ciclo de violencia, para que retomen la ciudadanía y un sentido de sus derechos.3 Beatriz sufrió abusos similares y perdió a muchos de sus familiares y vecinos en 1983 en el distrito de Cangallo, en el departamento de Ayacucho, cuando dieciocho comuneros fueron asesinados y nueve mujeres fueron capturadas, torturadas y violadas por militares peruanos después que, en una incursión, Sendero Luminoso asesinó a varios y enlistó forzosamente a otros comuneros. Ahora en el Perú post‐conflicto, Beatriz sufre jaquecas y otros dolores físicos, le duelen los ovarios y sangra continuamente. No puede estarse de pie o sentada durante mucho tiempo. Sufre continuamente por la pérdida de sus hijos en los eventos de 1983 y por el abuso sufrido a manos de los militares cuando la encarcelaron. Beatriz dice que sólo le quedaba vivir en el cerro ‘comiendo mis lágrimas’.4 Este libro examina los significados de la violencia sexual en tiempos de guerra y paz, y las respuestas a tal violencia, en el periodo que va del conflicto político en el Perú (1980‐2000) hasta el presente. En 1980, Sendero Luminoso atacó un centro de votación en el pueblo andino de Chuschi, Perú, iniciando una guerra interna que duró unos veinte años. El objetivo, formulado por Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso, era desmantelar el estado y la sociedad y reemplazarlos con una utopía comunista usando las técnicas de la guerrilla inspiradas por las teorías maoístas. Sendero Luminoso encontró apoyo entre los jóvenes provincianos, especialmente en la primera generación de muchachos y muchachas universitarios de origen rural e, armado. Ver Escribens, Afectación del Proyecto de Vida de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado Interno, (Lima: DEMUS, 2011). 3 Cecilia es un seudónimo, como lo son los nombres de otros testimoniantes, a menos que se indique lo contrario. 4 Testimonio 201476, Archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Arch‐TRC en adelante. Las Entrevistas de la Comisión de la Verdad, que grabaron entre 2001 y 2003 los testimonios de las víctimas‐sobrevivientes y testigos de la violencia, siempre preguntaron a los entrevistados cuáles fueron las consecuecias de sus experiencias, y que esperaban de la CVR. Se proporciona la referencia de los testimonios por su número y no por el lugar en el que tuvieron lugar las acciones, salvo que se indique lo contrario. 8 inicialmente, entre campesinos.5 Esta ‘revolución’ peruana destacó entre sus similares de América Latina por la ideología dogmática y la violencia practicada. Sendero Luminoso aplicó el terror en gran partes del Perú, y agredió a todos los grupos sociales. Los métodos extremadamente violentos de Sendero Luminoso fueron combatidos con una política contrainsurgente filtrada por el racismo contra la población andina, en la medida en que los militares casi no recibieron orientación política sobre cómo combatir a Sendero Luminoso.6 Campesinos empobrecidos y marginados se convirtieron tanto en agentes como en víctimas de la terriblemente destructiva espiral de violencia y temor. Históricamente, los Andes y su población no han tenido mayor importancia para el gobierno central y las élites de Lima. Por ello, no sorprende que al estado le tomó dos años antes de tomar en serio las actividades violentas y responder. Cuando el estado finalmente respondió, las consecuencias fueron dramáticas. En diciembre de 1982 varios departamentos andinos fueron declarados en “estado de emergencia”, dándoles libertad a los militares para actuar en amplias zonas del país, en particular en las regiones más empobrecidas y marginadas del Andes Sur Central: Huancavelica, Apurímac y Ayacucho.7 Las fuerzas contrainsurgentes militares y, luego, las paramilitares (compuestas de rondas campesinas o Comités de Autodefensa, CADs) transformaron el conflicto al adoptar estrategias militares que fueron características de los conflictos de Argelia y Vietnam o, más cercano, El Salvador. Estas estrategias (que desde la perspectiva militar predicaba que todo campesino era un potencial terrorista) tuvo varias consecuencias a nivel local, y contribuyó a alienar aún más a la población y a destruir las estructuras sociales, económicas y políticas existentes. Casi inmediatamente después que las Ver Carlos Iván Degregori, El surgimiento de Sendero Luminoso: Ayacucho, 1969‐1979 (Lima: IEP Ediciones,1990). 6 Ver Carlos Iván Degregori, Elecciones 1990: demonios y redentores en el nuevo Perú, una tragedia en dos vueltas. (Lima: IEP Ediciones, 1991); Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Informe Final (Lima, 2003) [en adelante 'Informe CVR']. 7 Sobre los procesos políticos en los primeros años de la incursión militar en los Andes, ver: Dirk Kruijt, “Exercises in State Terrorism: The Counterinsurgency Campaigns in Guatemala and Peru”, en Kees Koonings and Dirk Kruijt eds., Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America (London: Zed Books, 1999), 33‐62. Sobre políticas y la estrategia militar: Informe CVR, Vol III, Capt 1.3; Eduardo Toche Medrano, Guerra y democracia. Los militares Peruanos y la construccion nacional (Lima: DESCO, CLACSO, 2008). 5 9 fuerzas armadas se hicieron cargo, los Andes Sur Centrales se hundieron en un caos caracterizado por la violencia y el temor. Muchas áreas rurales se vieron involucradas en los diversos conflictos, que parecían entrecruzarse: la “guerra popular” como Sendero Luminoso llamaba a sus acciones; la batalla contrainsurgente; la resolución de disputas internas, los crímenes comunes, el abigeato; y las tensiones y los enfrentamientos resultado del desplazamiento y de la presencia de refugiados en localidades existentes en un ambiente donde la confianza iba siendo corroída por el terror.8 Tanto los métodos para disciplinar a la población, y castigar a los soplones, de Sendero Luminoso, como la tardía estrategia de las fuerzas armadas de ganarse el apoyo de los campesinos, dio lugar a cambios de lealtades entre los campesinos, y acusaciones y contra‐acusaciones entre los miembros de las comunidades y los vecinos, lo que fomentó el miedo, la fragmentación y la muerte.9 Esta no era una guerra étnica, es decir, la violencia no tenía objetivos motivados étnicamente como sucedió, por ejemplo, en la ex Yugoslavia y en Rwanda. Sendero Luminoso, en su análisis de los males de la sociedad peruana, se centraba en las clases sociales, lo que no se traducía ideológicamente en un conflicto entre grupos étnicos específicos. Aún así, puesto que las clases están entrelazadas con las percepciones de raza en el Perú, la violencia tenia una dimensión altamente racista.10 Esto se reflejaba claramente en el uso de la violencia sexual durante la guerra y en la respuesta institucional a ello en el posconflicto. El conflicto armado produjo 69,280 muertos y desaparecidos, la gran mayoría (el 80 por ciento), jóvenes indígenas.11 Las mujeres también sufrieron terriblemente como testigos, víctimas, sobrevivientes de violencia, y familiares de torturados y Informe CVR, Vol VIII, Chap 2.2, 114. Kimberly Theidon, Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú, en Estudios de la sociedad rural. (Lima: IEP Ediciones 2004), Kimberly Theidon, Intimate Enemies. Violence and Reconciliation in Peru. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013). 9 Lurgio Gavilán Sánchez, Memorias de un soldado. Autobiografía y antropología de la violencia. (Mexico, Lima: Universidad Iberoamericana and Instituto de Estudios Peruanos 2012). Theidon, Intimate Enemies. 10 Para un análisis sobre cómo alimentan las desigualdades étnicas históricamente formadas la violencia política, a pesar de la etnicidad como una causa motivadora de ese tipo de violencia, ver: Corinne Caumartin et al. Inequality, Ethnicity and Political Violence in Latin America: The Cases of Bolivia, Guatemala and Peru. In: Frances Stewart, ed. Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies (London, New York: Palgrave 2008), 227‐251. 11 Informe CVR, Vol IX, Annex 2. 8 10 desaparecidos.12 Las mujeres también actuaron como pacificadoras y, desde luego, como militantes de Sendero Luminoso.13 La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), establecida en el 2001, que publicó su informe de varios volúmenes en el 2003, realizó grandes esfuerzos para incluir la perspectiva de género en sus investigaciones. Al hacerlo, puso en evidencia la masiva violación de mujeres, especialmente jóvenes mujeres indígenas, perpetrada por militares y policías.14 El perfil de la mayoría de las víctimas de violación coincide con el perfil de las víctimas en general, y muestra en gran medida cómo raza, clase y género están entrelazados en la formación de jerarquías en el Perú. Raza es, desde luego, en gran medida una construcción y en el Perú está fuertemente asociada con el lenguaje (castellano versus las lenguas indígenas, especialmente el quechua), geografía, educación y vestido además de características físicas tales como altura, y el color de la piel, cabellos y ojos. Las características asociadas con clase –educación, profesión, patrones de consumo‐ están fuertemente racializadas: uno no puede ser de clase media e indígena al mismo tiempo, pues tal “aculturación” cambia la raza. La indigeneidad, a su vez, se asocia a la pobreza y marginalización, y tiende a tener una connotación negativa en el Perú. Género, es decir, la manera en que los roles masculinos y femeninos son definidos y entendidos en una sociedad determinada, y sexualidad, es decir, qué comportamiento sexual es considerado aceptable y ‘normal’, ayuda a definir y naturalizar las jerarquías basadas en raza y clase, como veremos en el Capítulo Tres. Las desigualdades que se intersectan de raza, clase y género, influyen fuertemente el perfil‐víctima del conflicto en el Perú, y las fuerzas contrainsurgentes usaron la violencia sexual como instrumento para reforzar esas desigualdades. Informe CVR, Vol. VIII, Chapt 2.1. Hay algunos primeros estudios interesantes sobre las mujeres de Sendero Luminoso. Carol Andreas publicó un libro en 1985 en la cual retrató a las combatientes de Sendero Luminoso como iconos feministas heróicas en When Women Rebel: The Rise of Popular Feminism in Peru (Westport: L. Hill); Robin Kirk escribió una pieza mucho más matizada en 1993: Grabado en piedra: Las mujeres del Sendero Luminoso (Lima: IEP). Sobre mujeres como activistas de paz, ver: Isabel Coral Cordero, “Women in War: Impact and Responses”, en John Tutino and Steve J. Stern, eds., Shining and Other Paths: War and Society in Peru, 1980‐1995 (Durham: Duke University Press, 1998) 345‐375; Maria Elena Moyano y Diana Miloslavich Túpac, María Elena Moyano: en busca de una esperanza (Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 1993). 14 Informe CVR, Vol. VI, Chapt 1.5. 12 13 11 La CVR concluye que el uso de la violencia por parte de Sendero Luminoso, incluida la violencia relativa al género, se asentaba en una ideología diferente a la que informaba la violencia perpetrada por las fuerzas armadas y la policía. Aún así, el uso de la violencia sexual por parte de todos los grupos armados pueden ser visto como una magnificación de la ya existente violencia institucionalizada y normativa contra la mujer. Sendero Luminoso, en su afán por promover una sociedad con una nueva moral, impuso reglas estrictas a las comunidades: adúlteros y violadores, homosexuales, personas transexuales y prostitutas, fueron violentamente y públicamente castigados. Sin embargo, aun cuando Sendero Luminoso prohibió a sus cuadros violar y abusar sexualmente, hay amplia evidencia que la actividad de Sendero Luminoso condujo a matrimonios forzados, embarazos forzados así como a infanticidio, tortura sexual y esclavitud sexual.15 El uso de la violencia sexual por parte de Sendero Luminoso y sus repetidamente contradictorios discursos y prácticas (un discurso sumamente moralizante en lo que se refiere a fidelidad y familia versus la prostitución de muchachas y el asesinato de bebés) merece que se considere y se le analice en sí mismo. Una importante razón para centrar mi análisis en las fuerzas armadas peruanas es que los militantes de Sendero Luminoso fueron castigados y puestos en prisión (aunque no por violencia sexual), en tanto que los miembros de las fuerzas armadas están, aún y en gran medida, exentos de ser enjuiciados. Además, el hecho que las fuerzas armadas fueron las mayores perpetradoras de violencia sexual, refuerza la idea que tal violencia se asienta en, y reproduce, las estructuras institucionalizadas de la violencia y la desigualdad. La impunidad de estos crímenes normaliza aún más tal violencia y perpetúa su persistencia en tiempos de paz. Los distintos resultados de los regímenes de violación perpetrados por las fuerzas armadas y Sendero Luminoso, sugiere que la violación en periodos de guerra generalmente reproduce y refuerza las existentes jerarquías de género, que reflejan bien anclados racismo y sexismo, a pesar de las diferentes misiones morales. Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Warmikuna Yuyariniku: Lecciones para no repetir la historia: Violencia contra la mujer durante el conflicto armado interno (Lima: Asociación Pro Derechos Humanos 2005). 15 12 El ‘descubrimiento’ de la violación sistemática en tiempos de guerra ha generado gran revuelo en algunos círculos (esto es, entre algunos círculos de activistas feministas y de derechos humanos)16, pero no al punto de llevar al poder judicial a actuar. Ninguno de los 538 casos de violación durante tiempo de guerra, documentados por la CVR, para los que se puede hallar evidencias17, ni de los dieciséis casos en los cuales se cuentan ya con las evidencias, ha sido llevado a juicio. Esto no es porque el poder judicial peruano no funciona o porque todas las violaciones quedan impunes: el expresidente Alberto Fujimori (1900‐2000) está cumpliendo una condena de veinticinco años por corrupción y violación de derechos humanos, y muchos otros están esperando juicio por violaciones a los derechos humanos en tiempos de guerra. Mientras que los juicios a las violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas son raros, cuestionados y difíciles de llevar a cabo por una serie de razones políticas18; los casos de violencia sexual son persistentemente ignorados. Esta negligencia judicial y, más ampliamente, política, de la violencia sexual es el resultado de las ideas sociales dominantes sobre la violencia contra las mujeres en general, y la violencia sexual en particular, y no sólo en el Perú. Este libro investiga cómo la violencia sexual en tiempos de guerra refleja los valores de los tiempos de paz en cuanto a género y a violencia de género. Me interesa examinar cómo las percepciones sociales sobre la violencia contra las mujeres se reflejan en las prácticas legales y Debe ponerse énfasis que los activistas de derechos humanos recogieron informes de violencia sexual perpetrada por los militares desde los inicios de los 80'sy 90´s, pero que las organizaciones feministas no lo hicieron. La naturaleza sistemática de tal violencia sólo podía ser motivo de sospecha hasta que lo confirmó el Informe de la CVR. Sin embargo, salvo DEMUS, y aún después de la publicación del informe de la CVR, las organizaciones feministas no han tomado como prioridad la violencia basada en conflictos relacionados al género. Ver : Pascha Bueno Hansen, “Feminicidio: Making the Most of an ‘Empowered’ Term”. En Rosa‐Linda Fregoso and Cynthia Bejarano eds. Terrorizing Women. Feminicide in the Americas (Durham and London: Duke University Press, 2010) 290‐311: 300. 17 La CVR estima que estos 538 casos son sólo el 7% de todos los casos de violación:: Mercedes Chrisostomo Meza, “Las mujeres y la violencia sexual en el conflicto armado interno,” in CVR. Warmikuna Yuyariniku, pp. 11‐30. Los 538 casos registrados se refieren a violación penetrativa en la que la víctima‐sobrevivientes es identifricada con su nombre y su apellido, permitiendo proseguir investigación. 18 Ver Jo‐Marie Burt, “Impunity and Accountability: Human Rights and Transitional Justice Struggles in Latin America”, in Katherine Hite and Mark Ungar, eds. Sustaining Human Rights in the Twenty‐First Century: Strategies from Latin America (Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press, 2013) pp101‐142, y “Accountability After Atrocity in Peru: The Trial of Former President Albert Fujimori in Comparative Perspective”, in Phil Clark et al. eds., Taking Stock of Transitional Justice: Tensions, Trends and Future Directions (Under review at Intersentia Press). 16 13 políticas, si no directamente en las reglas y regulaciones, y cómo éstas trascienden los términos ‘guerra’ y ‘paz’. La idea que el pasado es el pasado y, como sugirió Ana Jara, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, poco después de ser nombrada en diciembre del 2011, que no sólo las mujeres violadas aprenden a vivir con sus experiencias, sino que también el "vínculo natural" entre la madre y el bebé borra la violencia con la que fue concebido19, simplemente no es verdad. Para las mujeres que tienen que vivir con esas memorias, las consecuencias físicas, incluidos los bebés nacidos de una violación, estos hechos nunca están en el pasado.20 Como indican las experiencias de Cecilia y Beatriz, quienes han tenido muchas dificultades para mantener una vida familiar post conflicto pacífica, las secuelas son numerosas y probablemente reverberarán en la siguiente generación; descartar estas experiencias desde una perspectiva de los ‘roles’ naturales de las mujeres como madres sólo enfatiza el binario de género, y al hacerlo, perpetúa la desigualdad y la posibilidad de la violencia. Como tal el problema es mucho más amplio que las difíciles vidas de las víctimas‐sobrevivientes del violento conflicto y de sus familias. De acuerdo a una investigación publicada recientemente que amalgama estadísticas de diferentes instituciones peruanas que reciben informes sobre violencia sexual (policía, centros de emergencia, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social) 68.818 informes de ese tipo fueron recibidos en los últimos diez años, un promedio de 6881.8 por año, o 18.8 por día. Estas cifras colocan al Perú en un puesto muy alto en el ranking mundial de casos registrados de violencia sexual (puesto dieciséis) y en primer puesto en América del Sur.21 Sin embargo, sólo en el 2009 el Instituto de Medicina Forense llevó a cabo 34.153 exámenes de ‘integridad sexual’ sugiriendo un nivel incluso más alto de violencia sexual, y un problema con el registro y archivo de casos denunciados. Muy pocos casos denunciados son judicializados, y aún menos concluyen en condena (un “Ministra de la Mujer en contra de la píldora del día siguiente”, Peru21, 21 Dec 2011. Por ejemplo, ver el estudio de Paula Escribens, Milagros y la violencia del conflicto armado interno. Una maternidad forzada (Lima: DEMUS 2011). 21 Jaris Mujica, Violaciones sexuales en el Peru 2000‐2009. Un informe sobre el estado de la situacion (PromSex, Lima 2011). Las cifras también sugieren que la mujer peruana es cada vez más conciente de sus derechos y recure a las instituciones del estado, aún cuando las expectatuvas de obtener justicia o protección son nimias. 19 20 14 promedio de 642 anualmente calculado para el periodo 2006‐2009, lo que significa menos del 10 por ciento).22 Los expertos estiman que sólo el 16 por ciento de las víctimas de violencia sexual informan de ésta a las instituciones apropiadas; por ello el número probablemente sólo represente la punta del iceberg. En general, la impunidad es alta y es posible que aliente las altas tasas de violencia sexual y de la violencia contra mujeres y muchachas tanto en la guerra como en la paz. Los hechos relatados tuvieron lugar en el contexto del conflicto armado entre Sendero Luminoso y las fuerzas armadas peruanas en las décadas de los 80 y 90, pero no son singulares al Perú. En un contexto de creciente atención internacional sobre los casos de violación en guerras, tras los muy difundidos hechos en la ex Yugoslavia y en Rwanda en la década de los 90, y la preocupación por la continua, amplia y sistemática recurrencia de la violencia sexual en los conflictos en la República Democrática del Congo y en otros lugares, el Perú es un caso importante que amerita ser estudiado. A pesar de la atención internacional, legal y académica sobre la violencia sexual, el problema persiste no sólo en los conflictos contemporáneos sino también en las sociedades post‐conflicto y, desde luego, en sociedades más estables. La impunidad es alta, como son las ideas equívocas en torno a la violación.23 El Perú es signatario de todos los tratados internacionales pertinentes, y ha seguido un ejemplar camino de justicia transicional en variados aspectos, pero no ha sido capaz de lograr justicia para Un reciente estudio de 31 casos judiciales de violación presentados bajo nuevas, supuestamente mejoradas, reglas, mostró que sólo uno de estos casos terminó con el perpetrador en prisión: Defensoría del Pueblo, Violencia sexual en el Peru: Un análisis de casos judiciales. Serie Informes de Adjuntía, Informe no 004‐2011‐DP/ADM (Lima, 2011). 23 En el Reino UNido, un informe del 2006 del HMIC (Her Majesty Inspectorate of Constabulary), calculó que 1 de cada 20 violaciones denunciadas terminaban en ¿convicción? , lo que apunta a una mayor impunidad, antes que a una disminución. Además, el informe sostiene que muchas más violacionesno son denunciadas. HMCPSI, Without Consent, 2007 reported in BBC News online, 31, January 2007: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/6314445.stm [accessed 28/12/2011]. La investigación de Liz Kelly confirman aún más que las tasas de convicción en otros países de Europa Occidental también son bajas, causadas por las mismas persistentes anticuadas ideas sobre género, sexo y violencia: en Kelly, “Contradictions and Paradoxes: International Patterns of, and Responses to, Reported Rape Cases”, en: Gayle Letherby, Kate Williams, Philip Birch, and Maureen Cain, eds. Sex as Crime (Portland: Willan, 2008), 253‐279. Así mismo un estudio de Joanna Bourke, Rape: Sex, Violence, History (Emeryville: Shoemaker & Hoard 2007) observa que sólo el 6% de los casos de violación denunciados dan lugar a una sentencia. Para un estudio comparativo que incluye a los EEUU, ver: Kathleen Daly and Brigitte Bouhours, “Rape and Attrition in the Legal Process: A Comparative Analysis of Five Countries”, Crime and Justice, Vol 39, (2010) 565‐643; el estudio confirma que el número de casos denunciados es bajo (86% de los casos de violación no son denunciados) y que los casos denunciados por lo general son abandonados antes que se inicie la demanda fiscal. 22 15 las víctimas‐sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con la guerra, ni ha sido capaz de reducir, hasta ahora, la violencia sexual en tiempos de paz. En ese sentido, este libro intenta desempacar los trabajos sobre violencia sexual e impunidad en un momento y en una época en la que la ley internacional sobre derechos humanos, los tratados y acuerdos de las NNUU, así como las políticas y la legislación nacionales, en principio, se esfuerzan por lograr la eliminación de la violencia sexual contra la mujer tanto en tiempo de guerra como de paz. El objetivo de este libro es mejorar nuestra comprensión de los sentidos de la violencia de género en la guerra como en la paz, a fin de meditar sobre los caminos que permitan alterar las relaciones sociales y los prejuicios que apuntalan la violencia, y mejorar el acceso a la justicia, especialmente en los acuerdos post‐conflicto. A pesar de una inclusión discursiva de la violencia contra la mujer tanto en políticas como en los mecanismos de justicia transicional post‐conflicto, ha habido muy poco progreso práctico al enfrentar la violencia contra la mujer. La persistencia cotidiana de la violencia contra la mujer en “tiempos de paz”, así como la persistencia del uso de la violencia sexual como un arma de guerra en todo el mundo, da lugar a importantes interrogantes sobre la comprensión de dicha violencia: cómo es posible que, con nuestro pleno conocimiento, continúe una violencia tan generalizada? Cómo es posible que los tribunales y otras importantes instituciones (policía, hospitales) continúen negando la severidad de la violencia de género? Cómo es posible que las violaciones a los derechos humanos sean contabilizadas y registradas, y algunas veces ampliamente comentadas en los principales medios de comunicación, pero que la violencia sexual permanezca en los márgenes de la preocupación política? Cómo incluyen los mecanismos de la justicia transicional a la violencia de género, y con qué objetivo? Es posible visualizar el “momento post conflicto” como una ventana de oportunidades para enfrentar la violencia de género de una manera más general, tal como puede ser una oportunidad para lidiar con otras violencias estructurales (incluyendo las desigualdades basadas en la raza y la clase)? El creciente cuerpo de literatura que examina la violación en la guerra, que será discutida más ampliamente en el capítulo dos, deja varias preguntas sin respuesta: ¿la violación en las guerras tiene las mismas “raíces” que en tiempo de paz? ¿Es una 16 secuela de la guerra la violación en el periodo post guerra y, si así fuera, cómo debería ser explicada? ¿Es la violación siempre ‘extraordinaria’ y, si es así, quien decide su extraordinariedad y de acuerdo a qué criterios? O, puesto que la violación en la guerra es una manera muy violenta, y por ello extraordinaria, de dañar el cuerpo individual y el comunal, ¿la violación en tiempos de paz es ordinaria? Académicas feministas con antecedentes en diferentes disciplinas, incluyendo relaciones internacionales (Cynthia Enloe, Cynthia Cockburn), sicología (Nancy Chodorow, Tina Sideris), política (Donna Pankhurst, Meredeth Turshen, Inger Skjelsbeæk) y antropología y sociología (Liz Kelly, Carolyn Nordstrom, Dubravka Zarkov) han planteado estas preguntas. Algunas de estas académicas prefieren hablar de continuums de violencia para subrayar la continuidad de la violencia de género en la guerra y en la paz.24 Considerando un continuum –una continuidad y afinidad en el uso de la violencia antes que la ruptura y la excepcionalidad‐ nos fuerza a examinar las normas, valores y estructuras institucionales subyacentes que normalizan ciertas violencias y excepcionalizan otras. Un examen de la violencia sexual contra la mujer en tiempos de guerra y de paz en el Perú muestra que los lazos entre estas dos violencias – normalizada y percibida como legítima por un lado, y excepcional y percibida como recriminable por otro‐ son más fuertes de lo que generalmente se asume.25 El vasto número de mujeres que sufren violencia que no está claramente relacionada a un conflicto difumina las fronteras entre guerra y paz, y hace de esta distinción un ejercicio heurístico sólo útil para explicar cómo la violencia contra la mujer es minimizada e ignorada en diferentes contextos sociopolíticos. Mientras que la idea de un continuum de violencia es útil para subrayar la persistencia de la violencia contra la mujer en tiempos de guerra y paz, también En particular: Liz Kelly, Surviving Sexual Violence: Feminist Perspectives (Cambridge, Oxford, Polity Press, 1988); Cynthia Cockburn, “The Continuum of Violence: A Gender Perspective on War and Peace”, in: Wenona Giles and Jennifer Hyndman, eds., Sites of Violence: Gender and Conflict Zones (Berkeley, CA: University of California Press, 2004). 25 Para un análisis de los procesos de normalización de las violencias percibidas como extremas en otros contextos ver: Mo Hume, “The Myths of Violence: Gender, Community and Conflict in El Salvador”,in Violence: Power, Force and Social Transformation, eds. Ronaldo Munck and Mo Hume, special issue, Latin American Perspectives 35 (5) (2008) 59‐76. Para la normalización activa de la violencia en tiempo de guerra y tiempos de paz, ver, Jelke Boesten, “Marrying your Rapist: Domesticated War Crimes in Peru”, in Donna Pankhurst ed., Gendered Peace. Women’s Struggles for Postwar Justice and Reconciliation (London: Routledge, 2007) 205‐228. 24 17 debemos distinguir cuidadosamente entre las violencias en diferentes contextos a fin de desempacar sus diferentes significados, y en base a este mejor entender, desafiar estos actos. En este sentido, es útil la observación de Stanko de que los significados de la violencia son fluidos y dependen de un amplio rango de factores circunstanciales interrelacionados.26 Mientras que la acción violenta puede parecer la misma si se observa en un continuum, el uso de, la resistencia a y la aceptación de la violencia, incluyendo la violencia sexual en diferentes contextos puede acarrear una gama de significados que no son necesariamente explícitos y, por tanto, son casi invisibles. A pesar del reconocimiento de la especificidad de los significados de la violencia, varios estudios recientes han resaltado las sinergias entre la violencia contra la mujer en la guerra y la violencia en tiempos de paz en América Latina. Por ejemplo, Cecilia Menjívar intenta establecer una relación entre el reciente pasado político de Guatemala y los altos niveles contemporáneos de violencia contra la mujer.27 Siguiendo a antropólogos críticos como Kleinman, Scheper‐Hughes, Farmer, Bourgois, Goldstein y otros, Menjívar sostiene que la violencia cotidiana que la mujer vive, y que culminó en una ola de feminicidios desde mediados de los 9028, debe ser considerada a la luz de la violencia estructural, una violencia que está incrustada en las relaciones sociales y en instituciones y que se expresa en grandes desigualdades. La violencia estructural y la desigualdad que envuelve a Guatemala, a su vez, es tanto consecuencia como causa de la violencia política; la guerra ha exacerbado y perpetuado las desigualdades existentes. Por ello Menjívar explícitamente relaciona el sufrimiento diario de las mujeres y la normalización de la violencia interpersonal en las áreas rurales, a las altas tasas de feminicidio urbano, y a un contexto político de violencia estructural y la violencia política pasada. Victoria Sanford da un paso adelante y relaciona directamente el terrible historial de feminicidios de Guatemala y Elizabeth Stanko, The Meanings of Violence (New York and London: Routledge, 2002). Cecilia Menjivar, Enduring Violence: Ladina women's lives in Guatemala (Berkeley: University of California Press, 2011). 28 Un analisis de la información existente llevada a cabo por CAWN: Central American Women’s Network, muestra que hay un claro aumento de asesinatos de muejres entre 2001 y 2009 en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, con Guatemala registrando la muy alarmantecifra de 708 feminicidios, totalizando 4674 asesinatos de mujeres registrados durante un periodode nueve años. Patricia Muñoz Cabrera, Intersecting Violences: A Review of Feminist Theories and Debates on Violence against Women and Poverty in Latin America (London: CAWN, 2011). 26 27 18 la impunidad con el que se le enfrenta, para sostener que el estado guatemalteco establece estrategias de limpieza sociales similares a la genocida violencia de tiempos de guerra.29 Mo Hume, a su vez, retoma el ‘terror como siempre’ de Taussig para mostrar cómo la violencia diaria en ciertas comunidades de El Salvador se han convertido en la opción ‘normal para muchos ciudadanos’.30 Mientras que la violencia en tales contextos aún puede tener diferentes significados, y será interpretada de manera diferente según quién sea el que lo interpreta, el contexto y la circunstancia, muchas formas de violencia son consideradas aceptables y hasta legitimadas.31 Sin embargo, como las académicas contra la violencia en Guatemala, Mo Hume explícitamente relaciona la vasta normalización de diferentes formas de violencia en El Salvador a la reciente historia de violencia política –esto es, las historias de violencia política reverberan en la vida cotidiana de tiempos de paz. Las secuelas violentas al conflicto no son únicas de América Latina, y no tienen que estar directamente relacionadas a lo que es percibido como la ‘guerra’. Rachel Jewkes et al., advierte que los altos niveles de violación y de violencia contra las mujeres y niñas en Sudáfrica son un legado del pasado colonial y de apartheid, las estructuras sociales y las dinámicas creadas en esos años, y el resultado de desigualdades persistentes.32 Chris Coulter, examinando las experiencias de mujeres y niñas en Sierra Leona, señala que las experiencias de violación y secuestro en la guerra de las mujeres no sólo están definidas por las políticas destructivas del momento, sino también por el marco social del que forman parte; además, el trabajo de Coulter muestra como las experiencias durante la guerra modela las vidas que las Victoria Sanford, “From Genocide to Feminicide: Impunity and Human Rights in Twenty‐First Century Guatemala”, Journal of Human Rights 7 (2008) 104‐122. 30 Hume,”The Myths of Violence”, 82; itálicas en el original. Ver también: Kees Koonings and Dirk Kruijt Societies of Fear: The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America (London and New York: Zed Books 1999). 31 Como sugiere Polly Wilding, refiriéndose a los altos niveles de violencia alimentados por los extremos niveles de desigualdad y marginalización en las favelas de Río de Janeiro, hay unas precarias fronteras entre lo que es visto como la violencia de género legítima y la que no lo es, pero la mayoría de los habitantes comprenden estos límites muy bien. La violencia contra la mujer es vista muchas veces como parte de la violencia legítima aún cuando la violencia también está sometida a reglas relativas a lo público/privado, la relación con el perpetrador y el comportamiento de la víctima. Wilding, Negotiating Boundaries: Gender, Violence and Transformation in Brazil (London, Palgrave Gender and Politics Series, 2012). 32 Rachel Jewkes et al. “Preventing Rape and Violence in South Africa: Call for Leadership in a new agenda for action”, MRC Policy Brief (Medical Research Council: Pretoria, 2009). 29 19 mujeres pueden vivir después de las guerras, y que esto muy raramente puede ser equiparado a 'la paz’.33 Todas estas investigaciones sobre las relaciones entre la violencia contra la mujer en las épocas de guerra y de paz, confirman que las violentas estructuras de desigualdad de género generalmente son exacerbadas durante los periodos de guerra, y, lo que es importante, no son remediadas después de la guerra. Estos estudios también indican que los altos niveles de violencia sexual contra las mujeres pueden ser parte de un espectro mas amplio de la violencia cotidiana post guerra que incluye la violencia familiar, la violencia criminal y de bandas, la corrupción policial y la discriminación institucional. Sin embargo, la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual, esta enclavada en características de género específico del mundo social que facilita perpetuar su continuación, alienta la impunidad y, por último, apunta la persistencia de la subordinación de la mujer. Así pues, la violencia contra la mujer no es la misma que la violencia criminal, aún cuando exhiba características similares. Similarmente, en la violencia contra la mujer hay múltiples posibles interpretaciones y justificaciones. Como sugiere Stanko, el hecho físico de la violación puede ser el mismo (por ejemplo penetración bajo coerción), pero las circunstancias (por ejemplo, motivación, contexto, edad, estado marital de la víctima) crean su diferente significado, interpretación y legitimación.34 Esto significa que necesitamos examinar y comparar estas circunstancias y como configuran el significado. Los significados atribuidos a la violencia determinan sus respuestas, sean estas institucionales, judiciales, sociales o individuales, y hasta qué punto estas violencias son condenadas o toleradas, denunciadas o enterradas. Un objetivo principal de este libro es exponer los diversos significados atribuidos a la violencia contra las mujeres por individuos, comunidades e instituciones a fin de subrayar y problematizar las muchas formas oscuras, normalizadas e invisibles de violencia que tienen lugar tanto en la guerra como Chris Coulter, Bush Wives and Girl Soldiers: Women's Lives through War and Peace in Sierra Leone (Ithica: Cornell University Press, 2009). Sobre la naturaleza ambigua del término 'paz' para las mujeres, ver: Susie Jacobs, Ruth Jacobson and Jennifer Marchbank, eds. States of Conflict: Gender, Violence and Resistance (London: Zed Books, 2000); Sheila Meintjes, Anu Pillay and Meredeth Turshen, eds., The Aftermath: Women in Postconflict Transformation (London: Zed Books, 2001); Donna Pankhurst, “The ‘Sex War’ and Other Wars: Towards a Feminist Approach to Peace Building”, Development in Practice 13 (2–3) (2003), 154–177. 34 Stanko, The Meanings of Violence. 33 20 después de la guerra. La violencia, tal vez especialmente la violencia sexual, no debería ser nunca ‘ordinaria’ para las víctimas y sobrevivientes de tales actos, y deberían ser siempre entendidas como una lucha por la dominación y por la reproducción y perpetuación de las desigualdades, especialmente en términos de raza, clase, género y sexualidad. Aunque las mujeres son las principales víctimas de la violencia sexual, tanto en la guerra como en la paz, los hombres también son víctimas. Han empezado a aparecer evidencias de que tal violencia en las guerras puede ser más común de lo que hasta ahora se ha reconocido.35 En el caso peruano, la violencia sexual contra los hombres se mantuvo en gran medida indocumentada hasta que el Registro de Víctimas amplió su definición de víctimas en el 2006.36 Como sustentaré en el capítulo tres, esta violencia tiene una función y una consecuencia similar a la violencia contra las mujeres. La persecución y asesinato de homosexuales y travesti por insurgentes durante el conflicto peruano también está relacionado a la reproducción de jerarquías y, más específicamente, a la afirmación de la hetero‐ normatividad. Tal violencia es oscurecida por el estigma al que se le asocia, o la ausencia de importancia que se le atribuye, y no le beneficia la tesís popular de ‘violación como arma de guerra’. Como sostiene Stemple, la preferente atención que reciben los casos de violencia sexual contra mujeres durante la guerra está dominada por los binarios víctima/perpetrador, mujer/hombre y por lo tanto se excluyen comprensiones más complejas de tal violencia, y los más amplios objetivos a los que sirve.37 La violencia sexual no sólo refuerza la desigualdad de género, sino que tiende a naturalizar los estereotipos de género: la ‘natural’ propensión de los hombres a la agresión, dominación y la proeza sexual versus la debilidad, subordinación y, últimamente, rol sexual y reproductivo de las mujeres. Como veremos a lo largo del Chris Dolan, Social Torture: The Case of Northern Uganda, 1986‐2006 (New York: Berghahn Books, 2009); Will Storr, “The rape of men”, 16 July 2011, The Guardian: The Observer Magazine online: http://www.guardian.co.uk/society/2011/jul/17/the‐rape‐of‐men?INTCMP=SRCH. 36 Entrevista con el Director del Registro Unico de Victimas, Lima, Julio 2011. Ver también, para informes anteriores: Jennie Dador, El otro lado de la historia. Violencia sexual contra hombres, Perú 1980‐2000. (Lima: Consejería en Proyectos, 2007). Ver también Michele Leiby, “Digging in the Archives: The Promise and Perils of Primary Documents”, Politics & Society, 37 (1) (2009), 75‐99. Más detalles en el Capítulo Dos. 37 Lara Stemple, “Male Rape and Human Rights”, Hastings College of Law Journal. 60 (605) (2009), 605‐ 647. 35 21 libro, las respuestas nacionales e internacionales contemporáneas a la violencia sexual, a pesar del aumento del conocimiento académico sobre la violencia sexual, son muy limitadas en su intento por romper este binario, que claramente las desnaturaliza. Investigando la violencia sexual Es difícil decidir qué incluir en el amplio concepto "violencia sexual": diferentes comunidades políticas y sociales tendrán diferentes ideas sobre lo que es la violencia sexual; qué actos incluir, cómo la relación entre el perpetrador y la víctima influencia la comprensión de la coerción y el consentimiento, y quiénes pueden ser victimas de la violencia sexual. El entendimiento legal de la violencia sexual puede diferir desde el punto de vista de la víctima o del perpetrador; asimismo la comprensión feminista puede diferir de lo que la víctima o el perpetrador consideran violencia sexual y violación. Como tal, cómo se defina la violencia sexual es crucial para los procesos de verdad y justicia post‐conflicto. Michele Leiby ha examinado la información recogida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú para analizar la definición de violación usada por la CVRP (penetración forzada del cuerpo)38 que ha influido en las cifras a las que finalmente llegaron. Leiby usa una metodología diferente y más elaborada y una definición más amplia para incluir diferentes formas de violencia sexual a fin de conseguir cifras más exactas. Una de sus conclusiones es que más hombres, de los que se consideraba, fueron víctimas de violencia sexual.39 La cuestión de la definición es importante tanto por razones estadísticas como legales. La ley no acepta la interpretación que cualquier individuo dé a la naturaleza del crimen; más bien un crimen tiene que ajustarse a definiciones judiciales. Como veremos en los capítulos cuatro y cinco, las definiciones judiciales pueden no coincidir con las definiciones de las víctimas o perpetradores, puesto que las definiciones de violencia difieren según las perspectivas. Para efectos de este libro, definiré la La CVR define lo siguente: “la CVR entiende la violación sexual como una forma de violencia sexual, que se produce cuando el autor ha invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo. Ver: Informe CVR, Vol VI, chap 1.5, 265. 39 Michele Leiby, “Digging in the Archives”. 38 22 violencia sexual como la que incluye todos los actos que pueden ser percibidos como actos y exposiciones sexuales indeseados, según uno o más de los siguientes: víctimas, perpetradores, testigos o el poder judicial. Esto me permite señalar cuándo y en qué se producen diferencias en el significado; cuándo es el poder judicial el que está en desacuerdo con las víctimas; en qué una interpretación feminista puede diferir de las interpretaciones de la víctima, y cómo los perpetradores y sus superiores justifican la violencia sexual. Por ejemplo, me permite debatir la ambigüedad sobre la agencia de la mujer en cómo pueden haber negociado comportamientos predatorios sexuales de los soldados, o la dolorosa entrevista entre una mujer y un incrédulo entrevistador de la CVR sobre las condiciones bajo que fue concebido su bébé. También debemos destacar y explicitar que la manera en la que algunos jefes militares hablan de los "pequeños errores" de sus subordinados desde una perspectiva "los chicos se portan como chicos" en relación a la violación, es poco probable que vaya a tener acogida por parte de las feministas y los abogados de derechos humanos, pero podría encontrar amplio apoyo en grandes sectores de la población (masculina). Por tanto, no es mi labor disputar o discutir qué es una violación y qué no lo es, sino mas bien exponer las tensiones en lo que pueda significar para los hombres, las mujeres y las instituciones relevantes involucradas. Aún así, es necesaria un par de aclaraciones sobre la terminología. La violación es vista generalmente como más específica que la violencia sexual, puesto que se refiere a la penetración no deseada del cuerpo con un objeto u órgano. Uso el término "violencia basada en el género" para referirme a la violencia perpetrada por razones relacionadas a la identidad de género: esto incluye la violencia contra lesbianas, gays, personas trans o bisexuales. La violencia contra la mujer es usada como un término genérico para referirse a toda violencia perpetrada contra las mujeres porque son mujeres, esto es, incluye la violación y la violencia sexual contra la mujer en guerra y paz, así como la violencia física y sicológica, violencia íntima de pareja y femicidio. Los términos violencia doméstica y violencia familiar incluyen la violencia contra niños y, como veremos en el capítulo seis, se usa ampliamente para referirse a la violencia contra la mujer. 23 Es necesario el análisis cuidadoso de los significados de la violencia tal como es entendida por las mujeres, los hombres y las instituciones nacionales e internacionales a fin de comprender la amplitud de la relación entre la violencia sexual contra la mujer en tiempos de guerra y paz y la consecuente impunidad. Por lo tanto, me embarqué en investigar precisamente esta cuestión: ¿Cómo se refleja la violencia sexual de tiempos de guerra en las prácticas y entendimientos de los tiempos de paz en lo que concierne a la violencia contra las mujeres y, más ampliamente, las desigualdades de género? Esta pregunta surge directamente de las conversaciones que tuve con activistas de la paz en Ayacucho entre el 2001 y el 2003: Teodomira, cuya historia la cuento en el libro Intersecting Inequalities. Women and Social Policies in Peru (Desigualdades que intersectan. Mujeres y politicas sociales en el Perú) habló del miedo que tuvo que vencer, y el coraje que tuvo que darse, para desafiar a la policía y a las fuerzas armadas en la ciudad a fin de exigir información sobre los familiares, vecinos y amigos, desaparecidos y detenidos, al mismo tiempo que rechazaba la infiltración de militantes de Sendero Luminoso en su organización de mujeres.40 Solicitar información de las fuerzas armadas era notoriamente amenazante, y la CVR ha documentado muchos casos de mujeres violadas cuando solicitaron información, y/o usaron sus cuerpos sexuales a fin de obtenerla, tal como fue el anteriormente citado caso de Cecilia.41 Pero aún más sorprendente, considerando el contexto de la violencia política, es el caso de Teodomira que terminó severamente maltratada por su esposo, quien la golpeó por los celos que le despertaban sus actividades públicas. En vez de apoyar su resistencia contra la violencia política, sospechaba que cometía adulterio. La historia de Teodomira ‐y otras‐ me hacen preguntarme sobre la naturaleza de la violencia, cómo el significado de la violencia cambia de acuerdo al contexto social y político, y cómo algunas formas de violencia son percibidas como relativamente legítimas. Para una versión completa, ver: Jelke Boesten, Intersecting Inequalities: Women and Social Policy in Peru, 1990‐2000 (University Park: Pennsylvania State University Press, 2010), 124‐126. Para una discusión de las las mujeres de Ayacucho y sus actividades como abogadas por la paz, ver: Coral Cordero, “Women in War”, 345. 41 Informe CVR, Vol VI, Chapt 1.5. 40 24 La distinción de la violencia contra la mujer en tiempos de guerra (violencia política o pública) de la violencia en tiempos de paz (por lo general entendida como violencia 'doméstica' o 'privada'), se torna aún más opaca cuando se leen los testimonios de la CVR sobre cómo hablan de sus experiencias los sobrevivientes de las violaciones durante el conflicto armado. En muchas ocasiones, los sobrevivientes se refieren a la violación al referirse a las 'tareas' domésticas y sexuales que se les exigían cuando estaban en custodia, usando expresiones tales como 'me hacía cocinar y limpiar y me tenía como a su mujer'.42 Una mujer incluso dijo que los soldados 'empezaron a pegarnos como si fuéramos sus mujeres’.43 Estas referencias a cómo puede ser percibida la violencia sexual y física como parte normal de la vida marital es reveladora del rol que la violencia cotidiana cumple en las vidas de las mujeres de los Andes.44 Además, si se percibe que las mujeres actúan como la esposa de alguien cuando son violadas y golpeadas, entonces la línea interpretativa entre coerción y consentimiento también puede quedar difuminada.45 En dicho caso, la coerción y la violencia pueden no excluir la complicidad. Esto es confirmado por lo que les sucede a algunas sobrevivientes de violación, que discutimos más adelante en los capitulos Dos y Cuatro: las mujeres que se atreven a protestar son, muchas veces, objeto de abuso y violencia por parte de sus esposos; las entrevistas realizadas en la ciudad de Huamanga y el pueblo de San Miguel, ambos en el departamento de Ayacucho que fue el centro de la violencia política, indica que muchas sobrevivientes que protestaron viven en constante conflicto con sus esposos, quienes sugieren que sus torturadas mujeres fueron cómplices de su propio abuso. Ver Testimonios, Arch‐TRC, Manta y Vilca. Citado en, Milagros Salazar, “DDHH‐PERÚ: Las últimas de la fila en la justicia, Inter Press Service”, Jan 4 (2011) http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97187 44 Para un análisis más elaborado, ver: Boesten, Intersecting Inequalities. Un informe comparativo dela MSO estima que el 69 por ciento de las mujeres rurales en el Perú experimentan violencia física y/osexual durante sus vidas, comparado con el 51 por ciento de mujeres urbanas. Ana Güezmes, Nancy Palomino, Miguel Ángel Padilla Ramos, y la Organización Mundial de la Salud, Violencia sexual y físicacontra las mujeres en el Perú: estudio multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres (Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán and Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2002). 45 Esto, desde luego, también está relacionado a las ideas de género sobre la potencial 'polución' de los cuerpos de las mujeres. 42 43 25 La violencia política que azoló Ayacucho y los departamentos vecinos durante los 80s fue abrumadoda y devastadora. Pero escuchar las experiencias de las mujeres sobre sus continua lucha contra las diversas formas de violencia cotidiana perpetradas contra sus propios cuerpos y contra sus familias permite hacerse una idea de los elementos más estructurales que habrían permitido que este tipo de violencia política tenga lugar. Las experiencias cotidianas de las mujeres también dan luz sobre su capacidad de resistencia. La violencia política no las silenció, mas bien, parece que las impulsó a resistir. Como ha documentado Isabel Coral, las redes de organizaciones de mujeres a lo largo y ancho del departamento de Ayacucho proporcionaron información y apoyo, y organizaron marchas públicas contra la violencia en un medio ambiente político que era tóxico y peligroso, y en el que ningún hombre saldría las calles a protestar.46 Se puede argüir que como las mujeres poseían un conocido repertorio de resistencia y organización basado en el género (por ejemplo, una apelación a la maternidad y a la inocencia, y una habilidad para desafiar a las autoridades masculinas basadas en estas premisas.47), sabían cómo organizar su movilización. Si bien es probablemente cierto que este argumento tiene fundamento para las dirigentas, la visión de conjunto es más compleja. Lo más destacado es que la mujeres protestaban públicamente contra la violencia perpetrada contra sus familias y sus comunidades, pero no la violencia perpetrada contra sus propios cuerpos. Muy pocas mujeres hablaron sobre sus experiencias de violencia sexual, y ninguna organización feminista se refirió al tema sino hasta después de la CVR. Por ello, la violencia sexual nunca se convirtió en un asunto de género, en función del cual organizar la acción pública, pero tampoco impidió que las mujeres llevaran a cabo acciones públicas y resistieran contra la violencia general perpetrada contra sus familias y comunidades. A fin de lograr una mejor comprensión de tal violencia en tiempo de guerra, así como de la violencia en tiempos de paz, contra las mujeres, especialmente en periodos de post conflicto, presento un estudio detallado de las relaciones entre tales violencias en el Perú. Lo hago mayormente por medio de una combinación de lo que podemos 46 47 Coral Cordero, “Women in War”. Ver Boesten, Intersecting Inequalities, 124‐126. 26 llamar un análisis crítico del discurso y la teoría crítica, a grandes rasgos de acuerdo con la tradición de la Escuela de Frankfurt. Uso el análisis crítico del discurso a fin de 'leer' los múltiples significados de la violencia sexual. Percibo a la violencia sexual produciendo y reproduciendo ciertas jerarquías que están ancladas en jerarquías ya existentes de clase, género y raza, y que se expresan no sólo por medio del acto de la violación, sino del significado atribuido a dichos actos por los perpetradores, las víctimas, los testigos, los observadores y las instituciones. Estos significados pueden ser expresados en palabras (testimonios, entrevistas, documentos de política) o hechos (cómo, por y ante quien, y contra quien la violencia es ejercida), o en silencio. Considero que es necesario "desempacar" los entendimientos entrecruzados de la violencia sexual a fin de extrapolar la complejidad del problema, pero también para poder identificar posibilidades de cambios. Por ello, mi punto de partida no es, de manera alguna, neutral: tengo por objetivo la posibilidad del cambio. De acuerdo a Horkheimer, la teoría crítica debe ser explicatoria, práctica y normativa, y tener fines emancipatorios.48 Siguiendo la idea de que el análisis del discurso crítico debe tener por objetivo "entender, exponer, y finalmente resistir la desigualdad social"49, aplico lo que hemos aprendido del caso peruano para, en el último capítulo pensar críticamente sobre el discurso global contemporáneo y la práctica en relación al género y la justicia en sociedades post‐conflicto. El estudio de caso gana importancia y relevancia gracias al diálogo con las literaturas de género y la violencia estatal en América Latina, en general sobre la violación en tiempos de guerra, así como con la justicia transicional y la ley internacional sobre derechos humanos. Este diálogo es continuo a lo largo del estudio y un punto de vista comparativo dará marco a las hallazgos referidos al Perú. El uso que hago de fuentes múltiples sostiene mi objetivo de lograr un análisis cualitativo, que no siempre está respaldado por evidencia estadística (no disponible). Mi estrategia de triangulación se apoya en fuentes vastamente diversas, desde el Ver: James Bohman, “Critical Theory”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/critical‐ theory/>. 49 Teun A van Dijk, “Critical Discourse Analysis”, en: D. Tannen, D. Schiffrin and H. Hamilton, eds., Handbook of Discourse Analysis (Oxford: Blackwell, 2001), 352‐371. 48 27 testimonio hasta la narrativa literaria, desde las entrevistas en primera persona a documentos de política y recortes periodísticos. Me apoyo sustantivamente en escritos conocidos sobre género y justicia transicional en el Perú, así como en el creciente cuerpo de literatura comparativa sobre la violencia sexual durante conflictos. Aspiro a entender y explicar la complejidad del sentido común construido discursivamente, que hace posible la violencia sexual y poco probable la rendición de cuentas; y exponer cómo las estructuras institucionales son sostenidas por dicho sentido común. Empecé esta investigación leyendo testimonios dados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación por mujeres víctimas de la violencia sexual.50 También revisé los testimonios de testigos masculinos de la violencia sexual, y escuché ocho testimonios de soldados que se refieren a la violencia sexual, aunque nunca en primera persona. Numerosos casos de violencia sexual descubiertos por la CVR fueron retomados por organizaciones de derechos humanos (APRODEH, IDL, COMISEDH) y una ONG cristiana (Paz y Esperanza) para continuar la investigación, con la finalidad de lograr justicia. Una organización feminista (DEMUS) concentró su trabajo con las mujeres de dos distritos, Manta y Vilca, situados en la provincia andina de Huancavelica, en donde la poca evidencia disponible sugería la violación generalizada de mujeres locales por soldados de las bases militares establecidas en dicha provincia en 1984. Entre otras, estas organizaciones proporcionaron apoyo social y sicológico a las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual, revelando lo que había tenido lugar durante los años en guerra, y trabajaron con las víctimas‐sobrevivientes para llevar los casos ante los tribunales.51 Algunas de las investigaciones han tomado seis años, otras aún continúan, pero ninguna ha llegado a los tribunales. Estos procesos frustrados de judicialización son el tema del Capítulo Cinco. Tras las conversaciones que sostuve con los abogados y asistentes sociales involucrados en este trabajo con las sobrevivientes de la violación en tiempo de guerra, decidí no continuar buscando nuevos testimonios de, o entrevistas con, Algunos testimonios pueden ser hallados en el sitio web de la CVR: www.cverdad.org.pe. Otros en los archivos de la CVR, depositados en la Defensoría del Pueblo, citados como 'CVR Arch'. Una lista completo de los testimonios estudios se encuentra en apendix 1. 51 La más importante colaboradora en cuanto a apoyo sicológico ha sido RedInfa, Red para la Infancia y la Familia. 50 28 víctimas‐sobrevivientes pues la situación de ellas era demasiada precaria como para que continuara realizando entrevistas. Además, mientras más conocía del tema, más me convencía que el nudo de la investigación crítica no debía recaer en el sufrimiento de las mujeres individualmente, sino en los procesos y estructuras que hacían dicho sufrimiento posible. Aún cuando no busqué "nuevos" testimonios de víctimas‐ sobrevivientes, los testimonios de víctimas y testigos de la violencia sexual presentados a la CVR, son centrales al análisis. Incluyo varios pasajes relevantes de tales testimonios en este libro, como los de las mencionadas Cecilia y Beatriz. Las narrativas de la violencia que discutimos aquí son esenciales al análisis de la violencia sexual durante la guerra y la paz, puesto que no podemos confiar en las definiciones y cifras para comprender los significados atribuidos a esta violencia. Todas las narraciones discutidas han sido cuidadosamente seleccionadas por su función ejemplificadora y no constituyen excepciones; proveen una ventana para observar un aspecto particular en la comprensión y reflexión sobre la violencia sexual porque son parte de patrones que pueden encontrarse en los testimonios sobre dicha violencia, tal como fue observada por la CVR. Mientras las fuentes de estas narrativas están correctamente identificadas, los nombres y los lugares han sido cambiados a fin de tornar anónimas las identidades al público en general, así como para evitar afectar cualquier proceso judicial futuro. En los años que trabajé en este proyecto, estudié en detalle 33 testimonios presentados a la CVR, algunos transcritos por el equipo de la CVR, otros por traductores que contraté, y ocho testimonios de soldados. Los hallazgos del informe final de la CVRP, los estudios de casos que investigaron, y los informes especiales sobre la violencia sexual escritos por Julissa Mantilla y Narda Henríquez (2003), Mercedes Chrisóstomo (2005) y Narda Henríquez (2006), también son esenciales para mi análisis.52 Para entender la impunidad, estudié las investigaciones sobre casos de violencia sexual durante el conflicto armado realizadas por las instituciones antes mencionadas. Entrevisté abogados y fiscales en Lima y Ayacucho, muchas veces más Ver: Crisóstomo, “Las mujeres y la violencia sexual”; Narda Henriquez, Cuestiones de género y poder en el conflicto armado en el Peru (Lima: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYTEC, 2006); Narda Henriquez y Julissa Mantilla, “Contra viento y marea: cuestiones de genero y poder en la memoria colectiva”, (Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, 2003). 52 29 de una vez, y hallé un decidido apoyo en los abogados que trabajaban en APRODEH, IDL, Paz y Esperanza, y COMISEDH, y otros abogados de derechos humanos. A fin de examinar las relaciones entre la violencia en tiempos de paz y en tiempos de guerra entrevisté a policías, fiscales, abogados, sicólogos y trabajadores sociales que trabajaban con mujeres agredidas. Esto constituye la fuente principal del Capítulo Seis. Las entrevistas con nueve mujeres agredidas que vivían en refugios temporales en el norte de Lima, con seis mujeres y dos esposos en el pueblo de San Miguel, en el departamento de Ayacucho, y con dieciséis agresores de mujeres en Ayacucho fueron llevadas a cabo para entender mejor la violencia contemporánea contra la mujer en tiempos de paz. Confié en la ayuda de asistentes de investigación para algunas de estas entrevistas, pues tenían mayor acceso a las entrevistadas.53 Además de este material primario, estudié material escrito y publicado en las áreas de política y diseño de políticas, los informes policiales, y dediqué mucho tiempo en Lima, Ayacucho y San Miguel a estudiar la opinión pública sobre la violencia contra la mujer. Estructura del libro En el Capítulo Dos, primero discuto la evolución de la comprensión académica y política de la violencia sexual en la guerra. Recurriendo a los datos disponibles sobre la predominio de la violencia sexual en el conflicto peruano, identifico los diferentes repertorios, o regímenes, de la violencia sexual. La violación sistemática y dirigida, especialmente la violación pública en grupo [gang rape ed.], fue muy común y coincide con la tesis de que es un "arma de guerra"; sin embargo, muchos otros regímenes de violación pueden ser percibidos como que no calzan en esta definición, y revelan indicios de oportunismo y entretenimiento. La información muestra que aún cuando la violación fue usada sistemáticamente por los militares, también fue realizada como consumo de sexo violento, algunas veces sugiriendo un elemento pornográfico. Además, tenemos que reconocer las violaciones invisibles que fueron perpetradas por Algunas de las entrevistas para el Capítulo Seis fueron realizadas en Lima, en el 2011, por Betsy Flores Sandoval; las entrevistas con hombres durante el 2011, en las ciudades de Huanta, Huamanga y San Miguel, Departmento de Ayacucho, fueron realizadas por CEPRODEP, Ayacucho. Las entrevistas en San Miguel, La Mar, en 2006, fueron realizadas por la autora junto con Nelly Mejia. 53 30 miembros de la comunidad, vecinos o aún miembros de la familia, y esto difumina la línea divisoria de lo público/privado. El Capítulo Tres se aparta de la tesis del "arma de guerra" para examinar qué efectos tiene la violencia sexual a nivel socio‐político. Me adhiero a Judith Butler en la suposición que los contextos normativos condicionados culturalmente informan comprensiones de género, sexo y sexualidad. Estos contextos evolucionan por la vía de la actuación repetitiva de normas, esto es, todos contribuimos a moldear las ideas culturales sobre otros y nosotros mismos al practicar la norma. Desde esa perspectiva, la violencia sexual es una actuación repetitiva que produce roles de género, dominación masculina y sumisión femenina, y naturaliza esta jerarquía con el acto de la violación. Pero la violencia sexual, especialmente la violación, conlleva una variedad de mensajes sobre las relaciones de poder y normas relativas al género, sexo y sexualidad, que pueden ser, y generalmente lo son, desplegadas para afirmar otras divisiones sociales. El capítulo usa literatura feminista comparativa y postcolonial para revelar como funciona la sexualidad racializada en la vida cotidiana de los peruanos y la reproducción de tal sexualidad racializada por medio de la violencia sexual contra las mujeres indígenas/mestizas. La violación también desempeña un rol importante en la naturalización de las jerarquías entre los hombres y entre los grupos poblacionales. Los ejemplos empíricos de la datos discutidos en el capítulo dos, así como las fuentes históricas y ficcionales, apuntalan los argumentos. C onsiderando que a la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana se le reconoce ser la primera CVR que incluye una extensa perspectiva de género, el Capítulo Cuarto empieza analizando críticamente lo que el género significa en la justicia transicional. En particular, estoy interesada en lo que la perspectiva de género ha significado en la práctica de la CVR y como la conceptualización ha informado la 'verdad' sobre la violencia sexual. Considerando en más detalle dos testimonios, uno dado en público y el otro en privado, a un entrevistador de la CVR, muestro cómo los "guiones de la violación" normativamente formalizados sin querer limitan las posibilidades de ser oída. En una sección final pregunto qué significa la separación de verdad versus justicia para la relación entre silencio, narración y ser escuchada. Como se espera de las mujeres que narren sus experiencias de gran sufrimiento sin mucha 31 esperanza de reparación, se permite a los perpetradores continuar sus vidas sin que se expongan sus actos criminales. La exposición de las víctimas y sus traumas a la que las comisiones de la verdad apuntan pueden finamente tener efectos adversos. El Capítulo Cinco da una mirada a la justicia para las víctimas de la violencia sexual, o más bien, a la impunidad. En primer lugar pregunto qué puede significar justicia, especialmente a la luz de la discusión sobre verdad y justicia en el capítulo cuarto, y la inconciente construcción de guiones de la violación, que son base del contexto normativo judicial (en oposición a su contexto legal). Analizando los casos judiciales existentes preparados contra los perpetradores de violación durante el conflicto armado, revelo los argumentos legales usados por los jueces para rechazar casos de violación. Me interesa seguir el rastro de la lógica de la impunidad en un contexto en el que la ley nacional e internacional deben proveer la normatividad y el contexto legal para poder judicializar casos. En cambio, las suposiciones sobre la dificultad de los casos de violación están relacionadas a las suposiciones sobre género, sexo y sexualidad. Estas suposiciones, antes que las pruebas legales, informan las decisiones sobre casos, haciendo más evidente el sexismo institucional y el racismo que subyace a la impunidad en lo relativo a la violación durante conflictos. Este racismo institucional y sexismo es aún más evidente en los casos de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia sexual, en tiempos de paz. En el Capítulo Seis reviso cómo podemos entender las múltiples relaciones entre la violencia de género en tiempos de guerra y de paz. Los lazos directos pueden ser considerados como un continuum histórico o la violencia como secuelas de la guerra. Mientras que estos argumentos parecen tener cierta validez, el rol del estado al fomentar la tolerancia institucional a la violencia contra las mujeres, basado en ideas sobre género, sexo y familia, también cumple un rol. Por ello, reviso las políticas públicas sobre la llamada 'violencia familiar' para afirmar que un estado patriarcal impide un corte radical con la nociva desigualdad de género. La resistencia por parte del estado a tomar seriamente los derechos de la mujer, y superar su prejuicio racial y clasista, es tangible en la política diseñada para reducir la violencia contra la mujer, y en su implementación. Este capítulo se beneficia de las entrevistas con perpetradores 32 y víctimas en Ayacucho y el norte de Lima, y con personal de primera línea como policías, doctores, abogados, jueces y trabajadores sociales. En un capítulo final, los hallazgos de los capítulos precedentes son sometidos a discusión desde las recientes críticas feministas a la justicia global de género. Al hacerlo, la distancia entre el discurso legal internacional en relación a la violencia sexual y a las prácticas nacionales serán debatidas.54 La violencia sexual ocupa un lugar privilegiado en la agenda internacional por una justicia global, pero la interrogante continúa siendo qué significa esto en la práctica. Situando el caso peruano en estos esfuerzos internacionales identifico las brechas entre las intenciones internacionales y las prácticas. En particular, ¿qué implicaciones tiene el análisis de la violencia sexual en el Perú para nuestra comprensión de la violencia sexual en guerra en forma más general? ¿Cómo, posiblemente, afectará esto la política nacional e internacional en relación a la violencia sexual en la guerra? Julie Mertus, “Shouting from the Bottom of the Well: the Impact of International Trials for Wartime Rape on Women's Agency”, International Feminist Journal of Politics 6 (1) (2004), pp110‐128; Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice (Chicago: University of Chicago Press, 2006); Vasuki Nesiah, “Discussion Lines on Gender and Transitional Justice: An Introductory Essay Reflecting on the ICTJ Bellagio Workshop on Gender and Transitional Justice”, Columbia Journal of Gender and Law 15 (2006), 799‐812; Christine Bell and Catherine O’Rourke, “Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An Introductory Essay”, International Journal for Transitional Justice 1 (1) (2007), 23‐44; Dianne Otto, “The Exile of Inclusion: Reflections on Gender Issues in International Law Over the Last Decade”, Melbourne Journal of International Law. 10 (1) (2009), 1‐15; UN‐Women, Progress of the World’s Women 2011‐2012 (New York: United Nations, 2011). 54 33 2: Violencia sexual en el conflicto armado El estudio de la violencia sexual en la guerra y el conflicto, en todo el mundo, se ha multiplicado desde mediados de los 90s. El grado en que se usó la violación en las guerras en la ex Yugoslavia y en el genocidio de Ruanda, la atención que recibió de los medios de comunicación de todo el mundo, el diluvio de evidencias que surgían de estas zonas en conflicto, y los juicios posteriores a los perpetradores en los Tribunales Criminales Internacionales, han puesto firmemente la violación en la guerra en la agenda internacional. Desde hace tiempo la violación ha sido un tópico en la investigación y el activismo feminista. Sin embargo, los procesos de paz internacionales, la justicia transicional, y el discurso y la práctica procesal criminal internacional sólo recientemente han empezado a concentrarse en este tema y, a pesar de la creciente atención en las esferas política, legal y académica, ni la violación en la guerra ni la violencia de género en la paz han sido mitigadas de manera significativa. Esto sugiere que aún hay mucho que no entendemos y que no sabemos cómo tratarlo. Una de las consecuencias de la atención internacional sobre la violencia sexual en la guerra es la popularización de la tesis de “la violación como arma de guerra”. La idea que la violación sirve a un propósito estratégico, que es usada como un arma de guerra para destruir comunidades, tanto moral como físicamente, para difundir el miedo y el terror, y reconfirmar las masculinidades y la lealtad de las tropas ha sido, ahora, ampliamente aceptada.1 Sin embargo, recientes investigaciones muestran que Carolyn Nordstrom, Rape: Politics and Theory in War and Peace (Canberra: Peace Research Centre, 1994); Euan Hague, “Rape, Power and Masculinity: The Construction of Gender and National Identities in the War in Bosnia‐Herzegovina”, in Gender and Catastrophe , ed. Ronit Lentin (London: Zed Books, 1997); Nira Yuval‐Davis, Gender and Nation (Thousand Oaks, CA: Sage, 1997); Diane M. Nelson, A Finger in the Wound: Body Politics in Quincentennial Guatemala (Berkeley, CA: University of California Press, 1999); Narda Henríquez and Julissa Mantilla, Contra viento y marea: Cuestiones de género y poder en la memoria colectiva (Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, 2003); Narda Henríquez, Cuestiones de género y poder en el conflicto armado en el Perú (Lima: Consejo Nacional de Ciencia, 1 34 la dicotomía entre una víctima y un perpetrador no es siempre aparente, que la violación no siempre es usada estratégicamente, y que la violación en la guerra está ligada a ideologías de género existentes.2 Mientras que la tesis de la violación como un arma de guerra no debe ser completamente descartada, la investigación nueva muestra simplemente que ésta no es suficiente para explicar la violencia sexual en la guerra, y por lo tanto dificulta la capacidad de intervenir adecuadamente. En mi discusión sobre la violencia sexual en el conflicto peruano voy a subrayar estas complejidades: la variedad en la perpetración de la violación, los diferentes propósitos no bélicos a los que sirve, la diversidad de víctimas que son objetivo más allá de la “mujer del enemigo”, y la ambigüedad alrededor de la dicotomía de la víctima versus perpetrador. En el próximo capítulo, examinaré cómo los regímenes de la violación durante el conflicto armado en el Perú comparten una serie de características con las lecturas de esa violencia en los periodos de paz, de desigualdades que se intersectan basadas en género, raza, clase y sexualidad y, por ello, deben ser vistas como productoras de bastante más que objetivos relacionados a la guerra. Pero primero necesitamos examinar qué regímenes de violencia sexual pueden ser identificados en el conflicto interno peruano, considerando la información empírica de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Teniendo en cuenta las teorías sobre la violación como un arma de guerra y la crítica a esas teorías, indico que la violación en la guerra no debe ser reducida “sólo” a estrategia militar, y que deben ser tomados en cuenta los lazos con la incidencia e interpretaciones de la violencia contra la mujer en los tiempos de paz cuando se analiza la violación en la guerra. Analizando la violencia sexual en la guerra y la paz Mi mayor interés concierne las borrosas líneas entre la guerra y la paz en las experiencias de violencia masculina de muchas mujeres. La idea que las violaciones en Tecnología e Innovación Tecnológíca, 2006); Dubravka Zarkov, Body of War: Media, Ethnicity, and Gender in the Break‐Up of Yugoslavia (Durham, NC: Duke University Press, 2007); Jean Franco, “Rape: A Weapon of War,” Social Text 25, no. 2 (2007): 23–37. 2 Ver: Erin Baines, “Gender, Justice and the Grey Zone,” Journal of Human Rights 10 (2011): 477–93; Chris Coulter, Bush Wives and Girl Soldiers: Women’s Lives through War and Peace in Sierra Leone (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009); Maria Eriksson Baaz and Maria Stern, “Why do Soldiers Rape? Masculinity, Violence and Sexuality in the Armed Forces in the Congo,” International Studies Quarterly 53 (2009): 495–518. 35 tiempos de guerra y tiempos de paz están relacionadas no es nueva en sí misma. En 1975 Susan Brownmiller publicó su provocador y ahora clásico libro Against our Will: Men, Women and Rape. Brownmiller consideró la violación, en todas circunstancias, como enraizadas en el mismo problema social: los hombres dominan a las mujeres, y usan la violencia sexual para afirmar esta dominación y, crucialmente, lo hacen porque pueden.3 La discusión de Brownmiller sobre la violencia a lo largo de la historia, y su análisis de las actitudes frente a la violación tal como ha sido reproducido en la historia, el discurso militar, los medios de comunicación populares y la cultura, los informes policiales y los tribunales, aún es relevante, y en gran parte refleja las actitudes actuales. Como demuestra Brownmiller, muchas veces informes sobre la violación eran justificados con la idea de que “son cosas de chicos”, basada en la noción que los hombres tienen necesidades sexuales y que, debido a que los soldados están lejos de sus esposas y novias, es muy probable que ellos, inevitablemente, violen y exploten a mujeres. Pero la propia explicación de Brownmiller no es muy diferente del análisis “son‐cosas‐de‐chicos”: si bien ubica la violación en el contexto del refuerzo estructural de la subordinación de la mujer, y por ello sugiere que el uso de la violencia sexual tanto en la guerra como en la paz tiene un propósito estratégico, su análisis aún se centra en hombres que violan “porque pueden”. La idea que los hombres violan a las mujeres porque pueden no es suficientemente útil para comprender la naturaleza de la violencia sexual. No toma en cuenta todos aquellos hombres que no violan. Tampoco ayuda a explicar las otras modalidades de violación, tales como la violación de hombres y de minorías sexuales, o la dimensión racial o la étnica, que por lo general cumplen un rol en la violación, especialmente en la guerra, ni la diferenciación de los regímenes de violación a lo largo y ancho del mundo.4 Se han escrito muchos análisis de violación en diferentes escenarios en conflicto desde que se publicó el libro de Brownmiller, y muchas diversas explicaciones (biológica/evolutiva, social‐psicológica, sociológica, Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (New York: Ballantine Books, 1975), 4. Sobre las variaciones en el uso de la violación en la guerra, ver: Elizabeth J.Wood, “Variation in Sexual Violence during War,” Politics & Society 34 (2006): 307–341; Elizabeth J. Wood, “Sexual Violence during War: Variation and Accountability,” in Women and War , ed. C de Jonge Oudraat, Kathleen Kuehnast, and Helga Hernes (Washington, DC: USIP, 2011). 3 4 36 medioambiental, feministas) han sido debatidas, como explica Joanna Bourke.5 La emergencia de la tesis de la violación‐como‐un‐arma‐de‐guerra se relacionó estrechamente a los eventos en la ex Yugoslavia y en Ruanda, donde la violación se usó sistemáticamente y con objetivos de limpieza étnica y genocidio. El trabajo teórico de Nira Yuval‐Davies sobre la relación entre género y nación ayudó a explicar cómo la invasión de los cuerpos de las mujeres pudo tener un efecto político tan profundo. Basándose en estudios de género postcoloniales Yuval‐Davies mostró cómo las ideas sobre género en la reproducción tanto biológica como sociocultural, alimentan proyectos de construcción de la nación y, por ello, a la violencia que las identidades nacionales pueden provocar. Las mujeres, consideradas reproductoras tanto culturales como biológicas de la nación en las sociedades patriarcales, resultan ser muy protegidas, siendo sus movimientos y comportamientos cuidadosamente observados y controlados en nombre de la “nación”. Los códigos de honor y sus dañinos efectos en la libertad y autonomía de las mujeres también se asientan en ideas de la mujer como reproductoras de identidad. El análisis de Yuval‐Davis sobre la relación entre género y nación ayudó a explicar cómo en momentos históricos de cuestionamientos y tensiones étnicos, las mujeres no sólo suelen resultar sobreprotegidas y controladas, sino también objetivos para los enemigos.6 La violación, como hemos visto en varios conflictos del siglo veinte, puede tornarse instrumento en un conflicto étnico, y las mujeres convertirse en el “campo de batalla.”7 Pero ahora que ha echado raíces la idea que la violación puede servir, y generalmente sirve, como un arma de guerra, especialmente en conflictos étnicos, se deben hacer preguntas críticas: ¿Qué significa realmente la violación como arma de guerra? Surgen varios problemas de definición: ¿Qué es un arma? ¿Cómo han En su historia de la violación y el desarrollo de marcos y estructuras para entender la violación, Bourke concluye que las definiciones societales (incluyendo las sociales, legales e individuales) y los significados de la violación varían en el tiempo, el contexto y la geografía: Joanna Bourke, Rape: Sex, Violence, History. (Emeryville: Shoemaker & Hoard, 2007). 6 Yuval Davis, Gender and Nation. 7 Google confirma la popularidad de la expresión los cuerpos de las mujeres son un campo de batalla como metáfora de la violación en la guerra: cuando trataba de hallar el origen de esta expresión, Google ofreció 16,100, 000 resultados en 32 segundos para la frase “cuerpos de mujeres como campos de batalla en la guerra”. 5 37 cambiado las guerras? ¿Han cambiado? y, si es así, ¿desde cuándo y cómo? ¿Qué es la violación, qué tipos de violencia sexual incluye?8 Múltiples posibles intenciones políticas, económicas y sociales hacen que la proposición de la violación como un arma de guerra no sea particularmente concreta. En respuesta a dichas preguntas Inger Skjelsbæk concluye que la violencia sexual puede ser considerada como un arma de guerra cuando apunta contra la identidad de la víctima –y por ello contra la identidad del enemigo en tanto que grupo‐ y es “parte de una sistemática campaña política con objetivos militares”9 Sin embargo, ella reconoce también que pueden tener lugar, simultáneamente, muchas otras formas de violencia sexual relacionadas con conflictos. Finalmente, los ensayos en el libro de Heineman, Sexual Violence in Conflict Zones, muestran que la violencia sexual es común en un amplio abanico de conflictos históricos, pero que, desde luego, no siempre cumple con la definición anterior. Por ello, si queremos entender la persistencia de tal violencia en las guerras, necesitamos ampliar nuestra perspectiva.10 Estudios de casos históricos confirman la afirmación de Bourke que el significado de la violación cambia de acuerdo a la historia, el contexto y la geografía (cultural), y como Skjelsbæk concluye en su estudio, sólo podemos generalizar acerca de la violación en la guerra al comparar múltiples estudios de casos locales. Mientras que la tesis de la violación como arma de guerra no debe ser descartada completamente, es evidente que esta teoría no es suficientemente adecuada a fin de explicar toda la violencia sexual en todas las guerras, y por lo tanto limita la capacidad de entender, o incluso de intervenir efectivamente en conflictos en los que es empleada sistemáticamente. La perpetración de la violencia en la guerra puede ser sistemática, porque no sólo muestra patrones que sugieren planeamiento e intencionalidad política, como en los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda, sino que puede haber otros sistemas activos que se apoyan en ya existentes ideologías de género, racismo o violencia institucionalizada. La violación puede ser masiva y seguir Inger Skjelsbæk , The Elephant in the Room. An Overview of How Sexual Violence came to be Seen as a Weapon of War (Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2010) 9 Skjelsbæk , The Elephant in the Room, 27, y ver también: Inger Skjelsbæk, The Political Psychology of War Rape: Studies from Bosnia‐Herzegovina (London: Routledge, 2012), 61. 10 Elizabeth D. Heineman, Sexual Violence in Conflict Zones. 8 38 patrones que no son estratégicamente intencionales por naturaleza. Al examinar la violencia sexual en el conflicto peruano subrayo tales complejidades: la variedad en la perpetración de la violación (o regímenes de violación, o repertorios de violación), los diferentes propósitos no relacionados con la guerra a los que sirve, la diversidad de víctimas seleccionadas más allá de la “mujer del enemigo” y la ambigüedad que emerge alrededor de la dicotomía de la víctima contra el perpetrador. Analizando los Regímenes de Violación en el Perú, 1980–2000 Los testimonios presentados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación entre el 2001 y el 2003 pueden no darnos una idea muy precisa de la escala de la violencia sexual,11 pero son una ventana a la naturaleza de dicha violencia y confirma su perpetración sistemática durante los 80s y 90s en un contexto de guerra. Usando esa información, podremos evaluar si, y cómo, podemos diferenciar entre contextos motivacionales de violación (p. ej. Discutir los objetivos de los perpetradores como parte de estructuras socioculturales más amplias o los motivos políticos), y cómo diferentes contextos motivacionales resultan en diferentes interpretaciones de la relación entre perpetrador y víctima. Al hacerlo, subrayo que muchas violaciones son oscurecidas y normalizadas por las comprensiones social e institucional adscritas a la gran violencia perpetrada contra cuerpos de mujeres y hombres. Y uso el concepto de “régimen de violación” para subrayar que a pesar de dicha normalización, los actos de violencia sexual no son patologías individuales sino mas bien son parte de un marco normativo que permite y alienta a los hombres a violar. Como tales, los regímenes de violación debatidos son en gran medida alentados por, pero no únicos a, la guerra. Los patrones de la perpetración de la violación en el Perú sugieren que la guerra no sólo intensifica la “brutalidad, reiteración, el espectáculo público y la probabilidad” de la violación”, como afirma Rhonda Copelon, sino también se cimenta en contextos, consecuencias y desigualdades institucionalizadas, existentes en tiempos de paz.12 Así, Michele Leiby, “Digging in the Archives: The Promise and Perils of Primary Documents,” Politics & Society 37, no. 1 (2009): 75–99. 12 Copelon citado en Heineman, Sexual Violence in Conflict Zones , 3. 11 39 al desmontar los regímenes de violación en los periodos de guerra en el Perú, también explícitamente me refiero a cómo la violencia sexual en tiempos de guerra es reflejada en las comprensiones social e institucional de tal violencia en los tiempos de paz. En el siguiente texto, examino la violación como un arma de guerra, como consumo, como espectáculo público, y como lo “ordinario”. La violación como arma de guerra La información que disponemos del Perú confirma que la violación, y la violencia sexual en general, fue ciertamente usada como “parte de una campaña política sistemática con propósitos militares” –esto es, como un arma de guerra.13 Esto significa que la violación fue aprobada desde arriba, aún cuando no escrita en órdenes, y que la violación fue utilizada junto con otras formas de violencia e intimidación. Los testigos, incluyendo soldados, se refirieron a las violaciones masivas como parte de las incursiones a poblados y a la imposición del poder en esas comunidades, y como parte de las masacres. Sobrevivientes de masacres e incursiones, especialmente los de Putis, Chungui y Accomarca, así como en otras diez masacres, dieron testimonio de la violación como parte de estos asaltos.14 Mujeres y niñas fueron violadas antes de ser ejecutadas y enterradas. Testimonios visuales, tal como la imagen en la cubierta de este libro, también muestran poderosamente cómo la violación de las mujeres era parte de un conjunto de tácticas de terror, junto con otras formas de violencia y tortura.15 Las mujeres que sobrevivieron la prisión en bases militares dieron testimonio de la tortura de órganos sexuales, violación grupal y desnudez forzada.16 Otras formas de violencia sexual también fueron practicadas, incluyendo la tortura sexual de niños y bebés presos con sus madres, de acuerdo a los testimonios de las víctimas. Los testimonios se refieren a una violencia y tortura increíble e inimaginable, extendiéndose días y días, y en muchos casos en frente de niños. En audiencias públicas convocadas por la Comisión de la Verdad y Skjelsbeak, The Elephant in the Room, 27. Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final (2003). www.cverdad.org.pe de aquí en adelante: TRC Report, Vol. VI, Cap. 1.5, 352. 15 Asociación Servicios Educativos Rurales, SER/proyecto Yuyarisun, Peru. http://yuyarisun.rcp.net.pe 16 CVR Informe, Vol. VI, Cap. 1.5; Henriquez, Cuestiones de género y poder ; y, Henríquez y Mantilla, Contra viento y marea. 13 14 40 Reconciliación (CVR) específicamente para escuchar sobre la violencia de género, varias víctimas‐sobrevivientes dieron testimonio del repertorio de violencia que incluía la violación, pero en el que la violación era un elemento de un amplio abanico de torturas progresivamente peores durante días y semanas.17 En tales casos, la violación era parte de un repertorio más amplio de violencia, tortura e intimidación. Considerando estos testimonios, la CVR observa que la violencia sexual tuvo lugar en un contexto de más vastas violaciones a los derechos humanos y expresan la probabilidad de la violación sistemática pero no difundida de mujeres que fueron desaparecidas, asesinadas, torturadas y encarceladas. La CVR declaró explícitamente que sólo podía incluir incidentes de violación (y no a la violencia sexual más amplia) de víctimas identificadas en sus estadísticas (p. ej. los antes mencionados 583 casos), pero que la mayor parte de los testimonios que recibieron incluían referencias a violencia sexual.18 La CVR, basada en los testimonios de los sobrevivientes, también sugirió que es probable que una mayoría de las 7426 mujeres que fueron registradas como víctimas de desaparición, detención, tortura, y/o ejecución extrajudicial, sufrieran violencia sexual. Los testimonios recogidos por la CVR entre presas en una prisión de Lima muestran que mientras el 25 por ciento de las detenidas habían sido violadas, el 80 por ciento había sufrido alguna forma de asalto sexual mientras se encontraba en la prisión‐ esto es, perpetrado por el personal de seguridad al interior de las instituciones peruanas.19 La tortura sexual de los hombres, una estrategia que explícitamente intenta feminizar a los hombres aparte de infligir humillación y dolor, también era ampliamente practicada, como es cada vez más evidente.20 En suma, las fuerzas armadas usaron la violencia sexual, incluyendo la violación, como una estrategia para intimidar y someter no sólo a aquellos sospechosos de ser militantes de Sendero Luminoso, sino también a la población andina como un todo en las áreas donde operaba. Como han observado varios autores, Ver: Audiencia Pública, Violencia Política y Crímenes Contra la Mujer, Septiembre 10, 2002. CVR Informe, Vol. VI, Cap. 1.5, 274. 19 CVR Informe, 275. 20 Leiby, Digging in the Archives , 82; y, Maria Jennie Dador Tozzini, El otro Lado de la Historia: Violencia sexual contra Hombres: Perú 1980–2000, (Lima: Consejería en Proyectos (PCS), Ediciones Nova Print S.A.C., 2007). 17 18 41 las fuerzas armadas no estaban dispuestas a, o podían, distinguir entre aquellos a los que supuestamente estaban combatiendo –insurgentes‐ y la población local en medio de la cual vivían los insurgentes. Un campesino andino local era visto como un Indio, y un indio es violento y salvaje, y, por ello, como terruco, o terrorista.21 Este “sentido común” racista dominante en las fuerzas amadas influyó en la escala de la violencia perpetrada contra la población local, y también facilitó la presteza con la que se atacaba a mujeres y niñas, se abusaba de ellas y se las torturaba sexualmente. Mientras que la violencia sexual no fue usada como parte de una campaña militar contra un grupo étnico identificado como Indio, y no calza exactamente en la definición de violación como arma de guerra, entendiéndola como un ataque a la identidad, un sentido común racial dio sustento a la violencia. Esto significa que no sólo se acosaba sistemáticamente a las mujeres encarceladas en Lima y en las bases militares provinciales o rurales, sino que las jóvenes campesinas que vivían en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, los departamentos bajo estado de emergencia (es decir, bajo control militar) también fueron particularmente vulnerables a la violación.22 Analizando los regímenes de violación en el Perú, 1980–2000 Si la manera en que las fuerzas militares y policiales desplegaron la violencia sexual como un arma no había sido formal y previamente acordada, la evidencia sugiere la existencia de una violencia institucionalizada y sistemática como parte de un repertorio de tortura e intimidación de la población local y de los sospechosos de insurgencia. Tenemos que llegar a una conclusión sustancialmente diferente sobre cómo usaron la violencia sexual los insurgentes de Sendero Luminoso. La evidencia de Kimberly Theidon, “‘How We Learned to Kill Our Brother.’ Memory, Morality and Reconciliation in Peru,” Bulletin de l’Institut Français des Études Andines 29, no. 3 (2000): 539–554; Jean Franco, “‘Alien to Modernity’: The Rationalization of Discrimination,” Journal of Latin American Cultural Studies 15, no. 2 (2006): 71–181; Orin Starn, “Missing the Revolution. Anthropologists and the War in Peru”, Cultural Anthropology 6, no. 1 (1991): 63–91; Nelson Manrique,“Violencia política y racismo en el tiempo de Guerra en el Peru,” in El tiempo del miedo. La violencia política en Perú , ed. N. Manrique (Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2002), 321–348. 22 La distinción entre violación y acoso de la mujer en detención y violación arbitraria en las zonas de emergencia también fue observada por Robin Kirk en su investigación inicial sobre la violencia contra la mujer en el conflicto peruano: Robin Kirk, Untold Terror: Violence against Women in Peru’s Armed Conflict (Human Rights Watch, 1992). 21 42 la CVR muestra que Sendero Luminoso usó una violencia extrema en las ejecuciones públicas y los castigos, siendo los órganos sexuales y reproductivos sus objetivos en la violencia basada en el género contra gays y travestis para enviar mensajes morales (ver el capítulo 3), y forzaron a prostituirse a jóvenes en los campamentos. Mujeres jóvenes y muchachas fueron obligadas a casarse, y hijos nacidos de esa unión fueron asesinados.23 Todos estos son crímenes contra la humanidad, especialmente considerando la probable escala de estos crímenes, pero la manera como Sendero Luminoso empleó la violencia sexual no fue de un uso sistemático de la violación teniendo por objetivo la identidad de las poblaciones. Esto no hace que estos hechos sean menos criminales o menos traumáticos, pero si difieren de la manera como el estado empleó explícitamente la violencia sexual. Tomando en cuenta que con la violación como arma de guerra nos referimos al uso sistemático de la violación como parte de una campaña política con objetivos militares, podemos concluir que ni Sendero Luminoso (ni el MRTA24) usaron la violación de esta manera. El uso estratégico de la violencia sexual por parte de las fuerzas armadas incluyó una política de divide y vencerás a nivel comunal. Algunas veces las mujeres eran usadas como botín de guerra, entregadas no sólo a los soldados de a pie sino también a los miembros de los grupos de autodefensa campesina, conocidos como Comités de Autodefensa (CADs), como ha dado testimonio el artista gráfico ayacuchano Edilberto Jiménez. Jiménez es un artista visual que estudió antropología en Huamanga y trabajó con la CVR, investigando el desarrollo del conflicto en el departamento de Ayacucho. Como parte de sus reflexiones sobre los testimonios que escuchó, Jiménez dibujó las historias en pinturas desgarradoras. Describe las atrocidades cometidas en la Comunidad de Chungui, en la provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho. En una serie de dibujos publicados en Chungui: Violencia y trazos de memoria25 uno de los dibujos describe la huída de una joven del lugar de refugio cuando éste es atacado por un CAD; cómo perdió a su madre, esposo e hijo Henríquez, Cuestiones de género y poder, 27 El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, otro grupo insurgente de izquierda, operaba durante los mismos años. Sin embargo, su impacto fue marginal comparado con la violencia perpetrada por Sendero Luminoso y las fuerzas armadas peruanas. La CVR informó sobre la violencia de género contra gays y travestidos de parte del MRTA, que se discute en el capítulo 3. 25 http://www.museoarteporlasmemorias.pe/content/chungui‐violencia‐y‐trazos‐de‐memoria‐0 23 24 43 durante su huída, y cómo pasó semanas en una base militar, en la que los soldados abusaron de ella. Después de varias semanas de prisión, ella y otras mujeres fueron entregadas al CAD. Estos hombres, civiles aliados del ejército, podían seleccionar a una esposa entre las prisioneras. La testimoniante, cuando fue entrevistada por Jiménez, aún estaba casada con el hombre al que fue entregada en 1985.26 Tal estrategia de “botín de guerra” es una manera efectiva de dividir a las comunidades, en tanto las mujeres muchas veces eran miembros de comunidades vecinas de aquellas de los CADs. Al participar en la violencia sexual contra las mujeres perpetrada por los soldados, los miembros de los CAD se convertían, como se mencionó antes, en cómplices explícitos en la subordinación de la población civil, y reforzaba la idea de una violencia perpetrada en medio de y entre miembros de la misma comunidad. Esta complicidad, a su vez, reforzaba la lealtad a los militares y fomentaba la destrucción del tejido social de la población. Toda confusión sobre el cambio de los roles de género en la población campesina como consecuencia de los combates –por ejemplo, por medio de la inclusión de un numeroso grupo de mujeres jóvenes entre los cuadros de Sendero Luminoso‐ también es, desde luego, minada por la subordinación sexual tan violenta de las mujeres. A las mujeres se les asignó roles femeninos particulares como reproductoras de la comunidad y proveedoras de alimentos y sexo. Como tal, esta estrategia de dividir y gobernar no sólo debilitaba a las comunidades sino que también reforzaba explícitamente las jerarquías de género dentro de ellas. El compartir mujeres como parte del botín de guerra sugiere que el infame comportamiento abusivo de las CADs, mencionado en varios testimonios,27 era explícitamente alentado por los militares. Estos regímenes de violación –violación pública masiva, tortura sexual y violación como botín de guerra‐, tienen todas las características distintivas de ser usadas como un arma de guerra, esto es, sistemáticamente y con un objetivo político. Algunos perpetradores primerizos deben haber sido forzados a ejercer esta violencia, pero la información sugiere que los soldados se acostumbraron a la violación y otras Edilberto Jiménez, Chungui: Violencia y trazos de memoria, (Lima: Comision de Derechos Humanos (COMISEDH), 2005). 27 TRC Report, Vol. VI, Chap. 1.5; Henríquez, Cuestiones de género y poder. 26 44 crueldades. Narda Henríquez cita a un soldado, quien dijo que no necesitaban órdenes de arriba, ya no, para “detener, golpear y matar gente.”28 Tales testimonios sugieren que los soldados no necesitaban que les den una orden para violar a una mujer. Tal como han observado autores como Cynthia Enloe, los lazos masculinos son importantes en los actos colectivos de violencia29 —un rasgo reconocible en los recuentos de los soldados peruanos sobre la violación.30 Los recuentos de violación en el conflicto peruano muestran que la dinámica de grupo en estos actos era muy importante pues podía asegurar la lealtad y la discreción por la complicidad y servir para establecer o reforzar las jerarquías entre el personal militar.31 Como Theidon sostiene, los aspectos rituales de la violación grupal sugiere el fomento de una fraternidad letal enraizada en los “sangrientos matrices de cuerpos violados.”32 La dinámica del grupo apunta a una función adicional, que también puede ser observada en el contexto peruano y en otros contextos: el uso de los cuerpos de las mujeres para satisfacer el deseo sexual empoderado por la dinámica de la dominación física masculina, claramente definida por la presión del grupo. La violación en la guerra no sólo trata de la estrategia o, aún, a la violencia, sino que también puede referirse a consumo sexual y afirmación de poder y dominación, independientes de los objetivos de la guerra. La violación como consumo Los relatos de violación tanto por las víctimas como por los perpetradores sugieren que la violación es actuada muchas veces como un evento sexual buscado, Henríquez, Cuestiones de género y poder. Cynthia Enloe, Does Khaki Become You? The Militarisation of Women’s Lives (Boston, MA: South End Press, 1983), Enloe, C. H., Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics (Berkeley: University of California Press, 1990), Cynthia Cockburn, The Space between Us: Negotiating Gender and National Identities in Conflict (London: Zed Books, 1998), MeredethTurshen, “The Political Economy of Rape: An Analysis of Systematic Rape and Sexual Abuse of Women During Armed Conflict in Africa,” in Victims, Perpetrators or Actors?: Gender, Armed Conflict and Political Violence , ed. Caroline O. N. Moser and Fiona C. Clark (London: Zed Books, 2001). 30 Henríquez y Mantilla, Contra viento y marea ; Kimberly Theidon,Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2004). 31 Jelke Boesten, “Wartime Rape and Peacetime Inequalities in Peru,” en Feminism and the Body: Interdisciplinary Perspectives , ed. Catherine Kevin (Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, 2009). 32 Kimberley Theidon, “Gender in Transition: Common Sense, Women and War,” Journal of Human Rights 6, no. 4 (2007): 453–478. 28 29 45 aún cuando sea uno inmerso en violencia y dominación física. Los soldados entrevistados por Erikson Baaz y Stern en la Republica Democrática del Congo, hacían la distinción entre las “violaciones lascivas” y las “violaciones diabólicas”. Lo que estos soldados entendían como violación “diabólica” es lo que los académicos entienden como violación como arma de guerra, que sirve a los objetivos de terror, subordinación y complicidad. El objetivo final es ganar la guerra, incluso si la guerra es contra gente inocente o un enemigo mal identificado. Sin embargo, muchos regímenes de violación durante la guerra no sirven a ese objetivo final. El consumo de los cuerpos de las mujeres muchas veces es justificado con un discurso que pretende que los hombres (¡soldados muy trabajadores!) necesitan sexo y que las mujeres son mercancías que pueden (y deben) ser usadas, o, como dice Enloe, es recreacional.33 Así, el adagio de las feministas de los 70s “los hombres violan porque pueden” es justificado militarmente por la idea que “los hombres violan porque necesitan sexo”. Ambos argumentos reducen a los hombres a estar biológicamente determinados a ser violentos con las mujeres y que necesitan tener sexo regularmente. Los soldados entrevistados por Eriksson Baaz y Stern dijeron que las violaciones lascivas fueron motivadas por la larga ausencia del soldado de “su mujer” y el hecho de que “tiene necesidades, pero no tiene dinero.”34 La idea que el hombre no sólo necesita sexo sino también que se lo merece, es apuntalada por una lógica fuertemente incrustada en una ideología de género visto como “normal” en tiempos de paz. La actuación de esas necesidades percibidas naturaliza aún más el género binario. Cómo este binario está fuertemente atado con raza, clase y sexualidad y produce desigualdades, será discutido en el próximo capítulo. Esta línea de argumentación en la que los hombres naturalmente necesitan y merecen sexo mientras se encuentran lejos de casa ha sido aceptada por las organizaciones militares en todo el mundo. Desde luego, no todas las fuerzas armadas permiten la violación y no todos los soldados violan, pero la manera en que las masculinidades militares están centradas alrededor de la dominación heterosexual sí Cynthia Enloe, Maneuvers. The International Politics of Militarizing Women’s Lives (Berkeley: University of California Press, 2000), 108–152. 34 Maria Eriksson Baaz and Maria Stern, “Why do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC),” International Studies Quarterly 53, no. 2 (2009): 495–518: 495. 33 46 alimenta entre los soldados la sensación de tener derecho.35 Los militares desde luego aprueban y muchas veces facilitan la disponibilidad de prostitutas locales, como es común en los alrededores de las bases militares en todo el mundo.36 La disponibilidad de mujeres para la venta de sexo es muchas veces facilitada por la desigualdad política y, en particular, económica entre los militares y las comunidades adonde están situadas las bases.37 El trabajo de Paul Higate’s entre las fuerzas de paz de las UN en varios escenarios muestra como los soldados bien pagados dan por descontada la disponibilidad de las mujeres locales. El poder económico y militar de las fuerzas de paz cambian las estructuras económicas de la sociedad local, y las mujeres pueden aprovechar la oportunidad para hacer dinero debido a que los hombres quieren ver confirmado su poder. Aún cuando pagar por los servicios ofrecidos voluntariamente por las mujeres locales no es considerado un crimen (siempre y cuando las mujeres sean mayores de 18 años) sí enroca y naturaliza aún más las desigualdades. Marsha Henry presenta un buen argumento para separar la prostitución forzada y la consentida en las misiones de fuerzas de paz, en tanto requerirían respuestas diferentes.38 Henry tiene un buen argumento cuando se refiere a las políticas y los procedimientos de justicia criminal de las NNUU en relación a las fuerzas de paz y el comportamiento sexual. Sin embargo, a fin de comprender, explicar y, en última instancia, erradicar el abuso sexual, necesitamos tomar en consideración las presiones de las desigualdades socioeconómicas y de la impunidad militar al debatir los diferentes niveles de “consentimiento”. El efecto naturalizador que tiene la prostitución en áreas militarizadas sobre los roles de género y las desigualdades raciales y socioeconómicas también facilita el abuso sexual y la violación como es el caso de Haití. Recientemente, fuerzas de paz pakistaníes y uruguayas se han visto involucradas en escándalos relacionados con el abuso sexual de niños, facilitado por el Heineman, Sexual Violence in Conflict Zones , 4. Enloe, Does Khaki Become You? ; Enloe, Bananas, Beaches and Bases ;Enloe, Maneuvres ; Paul Higate, “Revealing the Soldier: Peacekeeping and Prostitution,” in 21st Century Sexualities: Contemporary Issues in Health, Education and Rights , ed. G. Herdt, C. Howe (New York and London: Routledge, 2007), 198 – 202. 37 Paul Higate, “Peacekeepers, Masculinities and Sexual Exploitation,” Men and Masculinities 10, no. 1 (2007): 99–119. 38 Marsha Henry, “Gender, Security and Development”, Conflict,Security and Development 7, no. 1 (2007): 61–84. 35 36 47 poder económico y militar sobre niños empobrecidos y muchas veces sin hogar.39 Es relevante considerar estas prácticas de prostitución militar en relación a las prácticas de violencia sexual. Mientras que la prostitución puede no ser igual a la violación y la tortura, y el abuso infantil es aún un asunto diferente, estas prácticas están conectadas en la ejecución de la dominación sobre poblaciones. Usar la violencia sexual y la explotación para enquistar el poder sobre otros naturaliza aún más las múltiples desigualdades que se cruzan y que hacen posible el abuso. En el Perú, los soldados desplegaron la misma lógica de “soldados muy trabajadores que necesitan y se merecen sexo” usado por los militares en todo el mundo para justificar el uso de prostitutas locales para obtener servicios sexuales de la población local. Aún cuando no hay pruebas de una prostitución organizada para los soldados durante la guerra, sí había prostitución voluntaria y pagada, en y alrededor de las bases.40 Además, muchas mujeres fueron forzadas a prostituirse.41 La prostitución forzada muchas veces incluía la provisión de una variedad de servicios asociados con los roles de las mujeres, tales como la provisión de alimentos. De acuerdo a los testimonios de las mujeres a la CVR, las mujeres fueron mantenidas prisioneras durante semanas, algunas veces con sus hijos, y fueron forzadas a ser “la esposa” del militar. Tal como Coulter observa también en el conflicto de Sierra Leona,42 las mujeres fueron forzadas a cumplir roles maritales percibidos como específicos de su género: cocinar, limpiar, proveer sexo. En las bases militares en los La misión de la fuerza de paz de las NNUU en Haití ha sido nombrada en escándalos desde que fue emplazada, y tan reciente como en marzo del 2012, cuando dos soldados pakistanís fueron declarados convictos de abuso sexual. 40 El ex senderista y soldado Lurgio Gavilán Sánchez recuerda en su autobiografía las prostitutas que regularmente visitaban las bases miliares a las que llamaban “charlis”. Gavilán Sánchez, Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2012). Ver también Ricardo Uceda, Muerte en el pentagonito: Cementerios secretos del Ejército Peruano (Bogota, Colombia: Planeta, 2004), 146. 41 Henríquez and Mantilla, Contra viento y marea; Henríquez, Cuestiones de género ; Uceda, Muerte en el pentagonito. Ver también los varios testimonios de Manta y Vilca, Huancavelica en Archivo CVR Manta y Vilca, (2003), “Individual Investigations : Violación sexual en Huancavelica: Las bases de Manta y Vilca.” en Annex 52, discutido en mayor detalle en: Jelke Boesten, “Marrying your Rapist: Domesticating War Crimes in Ayacucho, Peru,” en Gendered Peace: Women’s Struggles for Post‐War Justice and Reconciliation , ed. Donna Pankhurst (New York: Routledge, 2007). La prostitution es entendida aquí como proveer sexo a cambio de dinero, bienes o incluso seguridad física. La línea entre coerción y consentimiento es más que problematica desde luego. 42 Chris Coulter, Bush Wives and Girl Soldiers: Women’s Lives through War and Peace in Sierra Leone (Ithaca, NY: Cornell Paperbacks, 2009). 39 48 Andes rurales, las mujeres muchas veces tenían que cocinar para sus violadores, como dio testimonio una mujer: Testimoniante: ‘yo servido de su mujer […] al teniente Duro yo he servido de su mujer [por una semana] nunca me voy a olvidar […] en el patio de Vilca, preso, sin salida, preso estoy teniendo. Entrevistadora: ¿Cómo ha servido de su mujer? Testimoniante: Me ha, estábamos casi conviviendo señorita. Sí Entrevistadora: ¿Te ha violado? ¿Has tenido relaciones con él? Testimoniante: Sí he tenido. Por eso yo me lloro bastante porque he perdido mi dignidad en esa base señorita […] No me ha golpeado pero sí me ha violado. Como mi marido he tenido Entrevistadora: ¿Qué más le hacías? ¿Le cocinabas? ¿Le lavabas su ropa? Testimoniante: Sí, he cocinado. Todo he hecho.43 Sus cinco hijos estuvieron con ella durante todo su cautiverio. Otros testimonios se refieren a las fiestas en las que las mujeres fueron forzadas a participar, en las que la bebida alcohólica y la comida se intercambiaban por sexo. La información disponible sobre tales eventos sugiere que las relaciones sexuales entre las muchachas locales y los soldados era muy ambigua y en muchos casos hacían responsables a las jóvenes. Algunas veces, los miembros de las comunidades afirmaban que las jóvenes provocaban a los soldados, o que el consumo de bebidas y comida las hacía cómplices de su experiencia. Por ejemplo, un padre y responsable del registro de nacimientos y fallecimientos de una comunidad de Huancavelica le contó a un entrevistador de la CVR de los muchos niños sin padre que había registrado, todos hijos de personal militar, de la violación de su propia hija y su propia hermana y de la violación de miembros de la familia durante el velorio de los fallecidos. Este hombre, Aurelio, sabía de la violencia que se empleaba en tales actos. 43 Arch. CVR Manta y Vilca, “Investigaciones individuales,” at Annex 33, Testimonio 300556. 49 Sin embargo, también sugiere que “las chicas se acostumbraron a eso” y eso significaba, desde su punto de vista, que eran corruptas: Aurelio: Yo mismo he escuchado que las chicas mismas no se daban lugar iban a buscar, prácticamente han convertido a las chicas como una (ininteligible) tenían que obligarlos a llevarle a la base a ver videos y videos qué cosa daban, pornografía , daban y ahí le invitaban rancho y por eso digo, a las chicas a ellas le gustaba Entrevistador: ¿Por qué querían o de miedo? Aurelio: De miedo [...] Casi cada tres meses porque cada tres meses había relevo de tropa, entonces qué clase de gente...lo primero que tenían que buscar es a las chicas, a pesar de que han tenido relaciones con los que se han ido y nuevamente con otros tenían que hacer lo mismo, por eso decía que han corrompido a las chicas acá. Entrevistador: ¿La mayoría de ellas no denunciaban eso? Aurelio: No denunciaban porque ya se había habituado de vivir con la tropa.44 Los testimonies de mujeres jóvenes que fueron fizadas a asistir a estas fiestas sugieren una situación más violenta y espantosa. Por ejemplo, en 1984, a la edad de 15 años, Sonia volvió a su pueblo después de pasar un tiempo en la capital, Lima. Durante su testimonio a la CVR, ella recordó que, como todas las recién llegadas, se tuvo que registrar en la base y fue intimidada cuando lo hizo.45 Posteriormente, la hicieron ir a la base una o dos veces al mes, para servir a los dirigentes militares: Las chicas fueron encerradas en una habitación, en donde había música y alcohol. Muchas veces, sus madres esperaban afuera. Cuando los soldados habían tomado suficiente, empezaban a manosear a las chicas. Según el recuente de los eventos de Sonia, algunas de las 44 45 Testimonio 314025; Arch. TRC Manta y Vilca, “Individual Investigations,” en Anex 7. Arch. CVR Manta y Vilca, “Individual Investigations,” en Anex 52. 50 jóvenes se escapaban cuando los soldados empezaban a manosearlas, pero otras, según sus palabras, “aquellas [que venían del pueblo] eran más humildes… más sumisas”, se quedaban y eran acosadas. Como resultado del consumo de alcohol y la continua demanda por ese tipo de servicios, los miembros de la comunidad, incluyendo los padres, afirmaron que las chicas “se acostumbraron a las tropas”, aún cuando todo sugiere que muchachas como Sonia quedaron profundamente traumatizadas por la experiencia.46 En caso que la muchacha quedara embarazada, jóvenes mujeres o sus familiares a veces informarían de esa situación al comando militar, lo que podría concluir en una oferta de matrimonio. Hasta 1977, la ley estipulaba que el violador quedaría exento de juicio si se casaba con su víctima, y la familia mantendría su “honor” intacto. Aunque en la práctica pocos de estos matrimonios tuvieron lugar, los testimonios de la CVR sugieren que se hicieron muchas promesas de este tipo, creando una situación en la que las mujeres violadas tenían que tener relaciones sexuales con su futuro esposo hasta que éste dejaba la base. Como explicaba un coronel: “Algunos, quién sabe por el licor o por la tentación que presentaban las mujeres, o la tentación de tantas cosas [...] a veces habían errores menores y yo les daría [a los soldados] castigos simples.”47 Según este coronel, la violación y el abuso eran “errores menores” que realmente no merecían castigo. Amparándose en la “tentación de las mujeres”, desplazaba la culpa por cualquier maleficencia en las supuestas capacidades seductoras de la mujer. Aurelio, responsable del registro de una comunidad en Huancavelica quien informó a la CVR sobre la manera como las tropas abusaban y seducían a las muchachas, fue preguntado si sabía de otras violaciones en la comunidad. El continuó contándole a los entrevistadores de la CVR sobre las violaciones de su hija y hermana, ambas de 14 años, y posteriormente, de una de sus sobrinas. Las dos chicas de 14 años habían sido violadas por dos soldados en su propia casa; nadie más estaba presente. Aurelio cree que los soldados habían ido a buscar a los padres, para acusarlos de Ibid. Para más detalles, ver Boesten, “Marrying your Rapist.” Entrevista con el Coronel Raúl Pinto Ramos, quien estaba estacionado en Manta en 1985 Arch. CVR Manta y Vilca, “Individual Investigations” en Anex 44. 46 47 51 terrorismo, para llevárselos, pero como no estaban en la casa, decidieron violar a las muchachas. A Aurelio no le informaron de lo sucedido sino hasta dos semanas después, cuando se lo dijo su esposa. Reaccionó yendo a la base militar para denunciar a los perpetradores al coronel responsable. Aurelio recuerda que el teniente de servicio los acusó a él y a las muchachas, negando toda culpabilidad. Sin embargo, al final, el teniente les dijo a las muchachas que se casaran con los soldados acusados. Aurelio propuso esperar para descubrir si las muchachas habían quedado embarazadas o no, que es precisamente lo que sucedió. Sin embargo, para entonces habían pasado varios meses y uno de los soldados responsables había sido transferido a otra base. Molesto por la situación, Aurelio le dijo al teniente que debería haber permitido que el soldado dejara la base, porque “esta es la razón para qué haya muchos niños sin apellidos”, esto es, no debido a la violación, sino porque los violadores “no asumen su responsabilidad” posteriormente. La complicidad de los padres, la ley y los jefes militares al legitimar y regular la violación de las muchachas confirma la creencia que los hombres tienen “necesidades” y las mujeres están ahí para satisfacer esas necesidades, aun, o especialmente, en tiempos de guerra y bajo la amenaza de la fuerza. Este tipo de consumo del sexo como resultado de “estos impulsos sexuales naturales” de los hombres militarizados nos dice mucho sobre la relación entre los regímenes de violación en la guerra y la violencia sexual en tiempos de paz. La idea que los hombres no pueden controlar su impulso sexual natural y “se merecen” satisfacer sus deseos no es, desde luego, exclusiva de los tiempos de guerra. Aún así, las oportunidades en los tiempos de guerra en combinación con unas masculinidades exacerban el consumo natural de los soldados de sexo forzado. Como indica el adjetivo forzado, este tipo de régimen de violación no es sólo sobre sexo, ni sólo sobre masculinidad. La política, la violencia, y el deseo de la dominación claramente juegan un rol. Espectáculos Pornograficos La idea de hombres‐que‐necesitan‐sexo al que se recurre en el uso y abuso de mujeres locales por parte de soldados es fuertemente alentado por medio de la presión de los colegas que la militarización fomenta. La violación grupal cumple una 52 función entre los soldados que les permite mostrar proezas sexuales y agresión a sus iguales. Como se discute en el capítulo 3, la presión entre pares relacionada a la violación también informa jerarquías militares y refleja las desigualdades de raza, clase y género. La performance pública de la violencia sexual puede conllevar un mensaje a la comunidad a la que las mujeres pertenecen, pero también conlleva un mensaje para los perpetradores. Por cierto, muchos actos de violación colectiva no fueron realizados bajo la mirada de la comunidad, y no tenían por propósito la tortura e intimidación. Mas bien, las mujeres también fueron violadas cuando la audiencia que miraba estaba totalmente compuesta por colegas. Esto suscita una serie de preguntas en relación a la motivación de los soldados y el propósito de estos actos. Cómo debemos entender la continua violación de una mujer que ya ha sido torturada hasta morir?48 O la violación de mujeres casi muertas, literalmente al borde de sus tumbas?49 Como tal brutalidad es una amenaza para la población si no hay sobrevivientes para contar lo que sucedió? Qué sucede a los grupos de hombres que torturan y matan juntos, y que, cuando el objeto de intimidación ha muerto, continúan violando? Los testimonios de soldados sugieren que hubo muchos casos en los que grupos de soldados se miraron entusiastas cuando otro violaba a una mujer muerta o una que era seguro que iba a morir. Un soldado, quien concedió una entrevista de siete horas a la CVR detallando sus experiencias como miembros de las fuerzas armadas en los 80s, recuenta como sus colegas violaban cadáveres: Te cuento. Yo dije, la descuartizamos y la tiramos en el rio. Cuando llegabamos […] la tropa, la tropa estaba la estaba levando, muerta. Muerta. […] Sabes por que. Por que era alta, gringa, simpatica. Pero mas o menos para satisfacer, pero la tropa la estaba….la tenian hacia atras en la mesa, tapado el pecho. […] Eran doce, cuatorze. Yo con un palo los bote: “salvajes, esta muerta.” “Pero esta calentito mi tecnico”.50 Arch‐CVR, Testimonio 100168/4; Henríquez y Mantilla, 2003, p. 91. Uceda, Muerte en el pentagonito 50 Arch‐CVR, Testimonio 100168/4. 48 49 53 Jesus Sosa Saavedra, el soldado‐mercenario actualmente preso y en juicio por una serie de violaciones a los derechos humanos, le ofreció al periodista Ricardo Uceda una explicación sobre por qué tenían lugar esas violaciones: la violación de mujeres que estaban muertas o a punto de morir “eliminaba todo riesgo administrativo” y era inevitable porque éstos eran hombres aguantados, hombres con necesidades sexuales.51 No había una estrategia política en estas violaciones, mas bien fueron permitidas debido a las necesidades de los soldados, como explicó Sosa Saavedra. Contó de una situación en la que una mujer estaba atada y cubierta con una capucha frente a su tumba. Uno de los soldados miró a Sosa Saavedra, y le dijo “jefe, ya pues… . . . ,” “Ya, carajo,[…] pero rapido.” De esta manera, informó Uceda, el ejército pensó que facilitaba la liberación de la energía sexual de sus soldados sin mayores consecuencias; “las condenadas a muerte eran material disponible”.52 Pero es difícil considerarlos sólo como actos sexuales para liberar la energía sexual de hombres aguantados. Éstas deben haber sido violaciones realizadas como entretenimiento o espectáculo, y ciertamente promovían los vínculos masculinos. Los hombres se miraban unos a otros, creando imágenes de tortura sexual y repitiendo estas acciones frente a los otros, y, al hacerlo, colectivamente creaban y consumían pornografía extremadamente violenta. Ha habido algún debate sobre el rol de la pornografía en la perpetración de la violencia sexual por parte de soldados. Las masculinidades militares –y la asociación entre violencia y sexo como masculina‐ son construidas y reforzadas por medio de una interacción que es impuesta por una sociedad militarizada que institucionaliza estereotípos de género y que se autorefuerza por medio de la presión de los colegas.53 Enloe sugiere que la prostitución y la pornografía ayuda a consolidar y reafirmar la Uceda, Muerte en el pentagonito ,122. idem. 53 Sobre el carácter y la construcción de las masculinidades militares, ver Joshua S. Goldstein, War and Gender (Cambridge: Cambridge University Press, 2001); Carol Cohn, “Missions, Men and Masculinities,” International Feminist Journal of Politics 2, no. 3 (1999); y Paul Higate ed., Military Masculinities: Identity and the State (Westport, CT: Praeger, 2003). Sobre las sociedades militarizadas, ver Madelaine Adelman, “The Military, Militarism and the Militarization of Domestic Violence,” Violence against Women: An Interdisciplinary and International Journal 9, no. 9 (2003): 1118–1152. 51 52 54 dominación usando estereotípos de género y la sexualidad de la mujer. Esto es confirmado por el consumo colectivo de sexo entre hombres militarizados. La observación colectiva de pornografía, el compartir la conversación sexual y misógina, y la consistente dibujar los límites de género para enfatizar la hetero‐normatividad son todos parte de la sexualización de la vida militar masculina. La revelaciones de altos niveles de violencia sexual contra colegas femeninas dentro del ejército de EEUU sugiere que hay un eslabón entre el cultivo de las masculinidades miliares y a probabilidad de un un asalto sexual.54 Catherine MacKinnon concluyó a partir de su trabajo en la ex Yugoslavia a comienzos de los 90s que la pornografía contribuyó notablemente al, o que incluso era responsable del, uso generalizado de la violación por parte de las fuerzas armadas serbias, reforzando su continua lucha contra la pornografía.55 Mientras que las académicas feministas de la región correctamente hacían notar los vacíos y errores en lo que algunas vieron como una tesis reduccionista y unilateral basada en evidencias limitadas,56 MacKinnon apuntó a un importante factor predominante en los regímenes de violación en tiempos de guerra: la violación muchas veces fue convertida en pornografía por medio de la participación colectiva en dichos actos. Tal como en el caso peruano, la evidencia de otros conflictos muestra que la violación no siempre fue usada para debilitar a los enemigos, al violar públícamente a las mujeres de una comunidad enemiga, sino que fue entre perpetradores que se realizó públicamente. La violación se convierte en consumo colectivo de la violación sexual y acentúa los vínculos masculinos, de la misma manera que lo hace el consumo colectivo de pornografía grabada o la vocalización del sexo misógino (y que no está, muy importante, confinado a la cohesión masculina de tiempos de guerra). Las imágenes que emergieron de la prisión iraquí de Abu Ghraib en 2004 confirma este análisis. La composición visual de la tortura sexual aplicada a los prisioneros, la grabación en http://www.guardian.co.uk/society/2011/dec/09/rape‐us‐military ; http://abcnews.go.com/Politics/rape‐military‐invisible‐war‐documentary‐exposes‐ assaults/story?id=16632490 55 Catherine A. MacKinnon, “Turning Rape into Pornography: Postmodern Genocide.” Ms. 4, no. 1 (1993): 24–30. 56 Vesna Kesic, “A Response to Catherine MacKinnon’s Article:‘Turning Rape into Pornography: Postmodern Genocide,” Hastings Women’s Law Journal 5 (1994): 267–280. 54 55 directo de dichas acciones, y la obvia exposición de una actuación por parte de los perpetradores sugiere que estas acciones (a) tenía valor como entretenimiento y (b) se basaba firmemente en la presión presencial de la colectividad para que se actúe de cierta manera. Lindsey Feitz y Joane Nagel escribieron que las imágenes de Abu Ghraib sugieren un factor de entretenimiento notable en la tortura sexual los prisioneros iraquíes que siguieron a conocidos guiones de supremacía racial, jerarquía militar y misoginia.57 En tiempos de guerra, cuando la afirmación de las relaciones de poder parecen cruciales para la empresa de la Guerra, los espectáculos pornográficos consumidos por tropas se convierte en mini‐obras en las que las jerarquías entre soldados, entre soldados y el enemigo, y entre hombres y mujeres son representadas. Bourke, como Jean Baudrillard y Nicolás Mirzoeff, interpretan esas imágenes como glorificaciones de la violencia, arnavalescas, y como un poder altamente pornógrafico fuera de control, y sobre todo, como una performance social.58 Mientras que los excesos peruanos discutidos no fueron grabados en manera alguna para la posteridad, los testimonios recordando estos eventos sugieren una dinámica similar en la que la presión de los colegas, la violencia y el poder total sobre otros la convierte en una experiencia colectiva de excitación sexual, y se torna en entretenimiento y espectáculo.59 Cómo la relación entre violencia y sexo se torna en un consumo colectivo de tortura porno es una cuestión que requiere una investigación socio‐ sicológica; hasta qué punto dicho consumo está relacionado a los deseos racistas de Lindsey Feitz and Joane Nagel, “The Militarization of Gender and Sexuality in the Iraq War” in Women in the Military and in Armed Conflict , ed. Helena Carreiras and Gerhards Kummel (Weisbaden: VS Verlag, 2008). 58 Joanna Bourke, “Torture as Pornography,” The Guardian , May 7, 2004; Jean Baudrillard, “Pornography of War,” Cultural Politics 1, no. 1 (2005): 23–26; Nicholas Mirzoeff, “Invisible Empire: Visual Culture, Embodied Spectacle, and Abu Ghraib,” Radical History Review 95 (2006): 21–44. 59 En una explicación más instrumental de la grabación de la violencia sexual, Amnistía Internacional, en un reportaje sobre la violencia sexual contra mujeres en custodia en Turquía, en el 2002, sugiere que tomar fotografías de mujeres desnudas y/o abusadas en custodia pueden ser usadas de manera de silenciar a las mujeres si son liberadas. La implicación social del abuso sexual puede ser tan severa que las grabaciones de tales abusos pueden proveer a las autoridades con una garantía contra la protesta pública contra esos métodos. Ver: Amnesty International, “Turkey: End Sexual Violence against Women in Custody,” AI Index EUR 44/006/2003 (gracias a Signa Dalsgaard por hacérmelo notar). Georgina Gamboa, en su testimonio a la CVR, que discuto en el capítulo 4, afirma haber sido fotografiada después de haber sido abusada. Esta práctica no ha sido más explorada en su testimonio, y no he encontrado otras referencias similares en otras fuentes. Tal vez emerja más evidencia si los casos son llevados a los tribunales. 57 56 dominación sexual es una pregunta relevante tanto a los periodos de guerra como los de paz, y será discutido en el capítulo 3. . Violencia Sexual “Ordinaria” La mayoría de las historias antes mencionadas sugieren que hay una dicotomía perpetrador‐víctima fácilmente definida: las fuerzas armadas son las responsables por usar excesiva violencia contra los civiles, así como con los sospechosos de insurgencia, mientras que las víctimas son forzadas, físicamente o bajo amenaza de violencia, a realizar actos sexuales. Sin embargo, el conflicto en el Perú muestra que la relación víctima‐perpetrador es muchas veces más borrosa que lo que el binario implica.60 La CVR descubrió cómo miembros de la misma comunidad podían terminar comprometidos con Sendero Luminoso o las fuerzas armadas; cómo aquellos que alguna vez perpetraron violencia podrían convertirse en víctimas y cómo las víctimas pasaban a ser perpetradores; y cómo las disputas locales y los conflictos sobre tierras, ganado, y familiares estaban supeditadas al poder de las armas y de las alianzas políticas. no siempre es fácil distinguir entre víctima y perpetrador, o, como observa Theidon, desenmarañar la “intimidad” de los enemigos en el conflicto peruano.61 En la mayoría de guerras, la relación entre enemigos no está perfectamente definida, y la ruptura del orden socialmente existente abre el camino para una variedad de actividades borrosas.62 La violencia sexual perpetrada por las CAD pueden ajustarse a esta categoría, pues estas fuerzas eran parte de las comunidades. Henríquez se refiere al testimonio de un jefe de las CAD en Quinua, Ayacucho, quien dijo que trató de impdir el abuso de mujeres por parte de soldados bajo su comando, indicando que Theidon, “Gender in Transition”; Theidon, “How We Learned to Kill Our Brother”; Theidon, Kimberly “Justice in Transition: The Micropolitics of Reconciliation in Postwar Peru,” Journal of Conflict Resolution 50, no. 3 (2006): 433–457. Ver también Wendy Coxshall, “Rebuilding Disrupted Relations: Widowhood, Narrative, and Silence in a Contemporary Community in Ayacucho, Peru” (PhD diss., University of Manchester, 2004); Caroline Yezer, “Anxious Citizenship: Insecurity, Apocalypse and War Memories in Peru’s Andes” (PhD diss., Duke University, 2007). 61 Theidon, Entre prójimos. 62 Carolyn Nordstrom, Shadows of War: Violence, Power, and International Profiteering in the Twenty‐ First Century (Berkeley, CA: University of California Press, 2004); Turshen, “The Political Economy of Rape”; TRC Report. 60 57 esta era una práctica bastante normal.63 Henríquez y Mantilla muestran que la violencia basada en el género en el hogar, así como en las comunidades muchas veces escalaba en las zonas con altos niveles de conflicto político.64 Las mujeres hablaban de golpizas domésticas “ordinarias”, por ejemplo, cuando no cumplían con el comportamiento femenino esperado.65 La violación es aún menos visible a nivel de la comunidad o del hogar que cuando es perpetrada por combatientes, si no por otra razón, porque es percibida como ordinaria y privada. Muchas instancias de la violencia sexual que no calzan con la tesis de la violación‐como‐un‐arma‐de‐guerra son en gran medida invisibles porque no son consideradas violencia ni por el perpetrador ni por las víctimas. La distinción clara entre coerción y consenso en la violencia sexual es difícil de determinar en cualquier tiempo, pero tal vez es aún más difícil en periodos de guerra a menos que concierna eventos muy definidos que implican violencia física probada y perpetradores identificables que son ajenos a las víctimas inocentes. El entendimiento popular de la guerra se basa en percepciones en blanco‐y‐negro de perpetradores y víctimas, de gente buena y gente mala, y tiende a ignorar las muchas áreas grises que colorean la inocencia y la culpabilidad. La tesis violación‐como‐arma‐de‐guerra se construye en esta lectura en blanco y negro de la guerra y por lo tanto pasa por alto el entendimiento en periodos de paz de la coerción y el consenso, la violencia legítima y la extraordinaria, y de agencia y victimización, que son activamente reproducidos en los periodos de guerra. Por ejemplo, la violación en el matrimonio simplemente no existía pues se esperaba que la mujer estuviera disponible para su pareja. Como tal, el abuso sexual continuo tras una promesa de matrimonio sería judicialmente, en el Perú, sexo consentido. Esto es un típico “código de honor”, y no único al Perú, en el que el honor de las familias, por medio del cuerpo sexual de la hija, es recuperado al pactarse un matrimonio tras la violación. La idea es que el violador esta “reparando” Henríquez, Cuestiones de género y poder, 90. Henríquez y Mantilla, Contra viento y marea ; Henríquez, Cuestiones de género ; Mercedes Crisóstomo, “Tan buena era mi mama . . . ,” en Para no olvidar: Testimonios sobre la violencia en el Perú. ed. Jorge Bracamonte, Beatriz Duda, y Gonzalo Portocarrero (Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en Perú , 2003). 65 Boesten, J. “Democracia en el hogar?” In: Luis Avila, (ed.), Dinámicas de control y resistencia en las relaciones familiares, Morelia, CREFAL, IPN, 2008, Pp.145‐166. 63 64 58 por medio del matrimonio, el daño que ha hecho a una muchacha y a su familia. Durante la guerra, algunas familias, y algunas jóvenes, usaron esta ley –tal vez más con la esperanza de que se salvarían de nuevas violaciones antes que pensando en el honor de la familia. Para los soldados, tal acuerdo les daría acceso “legal” y fácil al sexo, tras lo cual se irían del pueblo y no volverían a ver jamás a las muchachas. Estos acuerdos convirtieron la violación en sexo consentido, tal vez no para las víctimas‐sobrevivientes, pero de seguro que para los perpetradores, la ley, las instituciones e incluso los padres. Por ejemplo, Aurelio, el ya mencionado responsable del registro de una comunidad de Huancavelica, estaba convencido que los soldados que violaron y embarazaron a su hija y a su hermana deberían asumir las responsabilidades y casarse con las víctimas. Uno de los soldados se escapó y nunca más fue visto, el otro prometió a la hermana de Aurelio y a la familia, que él se casaría con ella. Esto condujo a una situación en la que el soldado y la hermana de Aurelio tuvieron sexo consentido durante un largo período. No sabemos cómo percibió esta situación la joven, pero las declaraciones de Aurelio sugieren una fuerte ambigüedad entre coerción y consenso. La transcripción de los testimonios muestra que el entrevistador de la CVR creyó importante hacer la distinción: Interviewer: Disculpe la pregunta ¿esa fecha corresponde con la que habría sido la violación? Aurelio: ¿De mi hija? Interviewer: Sí Aurelio: De mi hija sí, pero de mi hermana no coincide Interviewer: ¿Eso quiere decir que puede ser otra persona? Aurelio: No, como se dice “ya lo ha conquistado”, como le han dicho que tiene que casarse no más Interviewer: Quiere decir que en el caso de su hermana sí aceptó al padre Aurelio: Estuvieron como enamorados Interviewer: ¿Posteriormenete? Aurelio: Claro Interviewer: ¿O antes de la violación? 59 Aurelio: No, no, posteriormente Interviewer: En la violación de ellas ¿se resistieron?, fue violación cuando es a la fuerza, pero cuando bonito la conquistan a lo mejor ella quizá ha podido aceptar, ha pasado algunas veces Aurelio: Se supone en el momento de la violación no ha conseguido, posteriormente ya Interviewer: Ah, no ha sido violada su hermana Aurelio: Ha sido violada. La primera vez, después ya tuvieron relaciones consentidas y producto de eso salió embarazada. Sí, por eso no coincide, yo mismo me estoy dando cuenta.66 En esta narrativa no hay una clara distinción entre coerción y consenso, o, mas bien, sí la hubo, si pudo haberla, si la ley no hubiera estipulado que uno puede casarse con una muchacha de 14 años después de haberla violado y mantener relaciones sexuales con ella sólo con el compromiso de casarse con ella en el futuro. Aquellos que llevan a cabo la interpretación de este caso, incluyendo por cierto el entrevistador de la CVR, han efectivamente oscurecido, invisibilizado y normalizado la violación de la hermana de Aurelio. Algunas veces, las mujeres activamente consienten tener sexo en circunstancias coercitivas oscureciendo aún más la naturaleza forzada de tales eventos. Las mujeres que usan su sexualidad como un activo de transacción a cambio de protección y/o información, o consienten a múltiples violaciones porque no tienen otras estrategias de supervivencia, o para limitar el daño que le infligen a ella o a su comunidad no serán fácilmente vistas como violadas por la comunidad en general.67 Sosa Saavedra, el soldado mercenario que contó esta historia a un periodista, y que está en juicio por abusos a los derechos humanos, y quien explicó el “riesgo administrativo” de algunos tipos de violaciones, recuerda que mujeres presas consentirían relaciones sexuales si se les prometía que, a cambio, se les daría su Arch. TRC Manta y Vilca, “Individual Investigations,” en Anex 7. Varios ejemplos de este uso estratégico del sexo son recogidos en Henríquez y Mantilla, Contra viento y marea. 66 67 60 libertad. Esto no creaba ningún “riesgo administrativo” porque de todas maneras serían asesinadas, pero también tendría la ventaja que, en sus palabras, “no habría violación en el sentido violento de la palabra”. Theidon cuenta varias historias de cómo mujeres negociaban sus cuerpos a cambio de sus vidas, las vidas de sus queridos, o por información y protección. Esto debe ser reconocido como el uso de la agencia por parte de las mujeres, aún cuando en circunstancias extremadamente limitadas con pocas opciones, Theidon insiste.68 Sin embargo, ¿el consentimiento dado en tales circunstancias hace la violación menos coercitiva, o menos violenta? ¿Es posible distinguir si una mujer entregó voluntariamente su cuerpo a un combatiente a cambio de información, esperanza o protección, o si lo hizo involuntariamente? ¿Debemos desenredar tales instancias? ¿Estas preguntas son acerca de la violación invisible o, como sugiere Theidon, sobre la invisible agencia de la mujer?69 Hasta que las víctimas‐sobrevivientes no se levanten a reclamar tal agencia, no estoy segura si es necesario mapear hasta qué punto las mujeres “usaron” su sexualidad, en los casos en que se les entregó algo a cambio, después de haber sido violadas, o cuando dieron su consentimiento, aunque en circunstancias extremadamente violentas. Sí creo que es importante anotar, sin embargo, que aparte de ser víctimas, las mujeres pudieron usar, e hicieron uso, de una vasta gama de estrategias, incluyendo el uso de sus cuerpos sexuales, si esto fue necesario para su supervivencia y la de sus familias. La investigación de Theidon también muestra cómo las mujeres opusieron resistencia a la violación, lo mejor que pudieron, respondiendo físicamente a la agresión.70 Aun cuando existió agencia en la negociación de las circunstancias de violación en extremadamente limitadas y opresivas circunstancias, y no podía y no pudo impedir la violación masiva de mujeres y muchachas, si permitió hacer que los límites entre coerción y consenso se difuminaran y comprometió seriamente la idea de la victimización de la mujer. Después de todo, dentro del marco de la normativa sociocultural existente en relación al género y la sexualidad en el Theidon, “Gender in Transition.” La discusión en torno al consentimiento también es relevante a la ley, lo que discutiré en los capítulos cinco y siete. 70 Kimberley Theidon, Intimate Enemies. Violence and Reconciliation in Peru (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2013), 124. 68 69 61 Perú, la trivial participación de una mujer en decidir las circunstancias en la que fue violada puede confirmar su complicidad con los perpetradores, posiblemente con la comunidad y probablemente con la misma víctima. Por lo tanto, como es muchas veces el caso con agencia en situaciones límites,71 su significado y consecuencias son a menudo ambiguos.72 Algunas mujeres se comprometieron con un soldado, con la esperanza que esto impediría que continuara la violación grupal, una estrategia famosamente descrita en su diario por un escritor alemán anónimo, después que los rusos entraron en Berlín en 1945.73 Los testimonios que se refieren a las promesas de matrimonio después de la violación también sugieren que alguna forma de agencia como tal puede evitar mayor abuso por parte de los soldados y el posible abuso por parte de la comunidad como consecuencia de haber sido violada, pero tambien puede ser interpretado como haberse prostituido o haber traicionado a la comunidad.74 Cualquier feminista puede argüir que todos estos casos corresponden a la definición de violación, y la ley se está adaptando rápidamente para ponerse al día con el cambio en la comprensión de la violación. Sin embargo, en el Perú y en otras partes, incluyendo en Gran Bretaña y Estados Unidos, las víctimas de violación frecuentemente son sometidas a un interrogatorio en el que la fina línea entre coerción y consenso, y entre inocencia y complicidad es cuestionada.75 Esta ambigüedad de qué es la violación alimenta el silencio y el estigma que rodea la violación sexual tanto en la guerra como en la paz. Los Militares Peruanos y la Violencia Sexual Para entender cómo y por qué fuerzas armadas se comportan de la manera que lo hacen, necesitamos no sólo comprender los procesos políticos e institucionales en John Lonsdale, “Agency in Tight Corners: Narrative and Initiative in African History,” Journal of African Cultural Studies 13, no. 1 (2000): 5–16. 72 Carisa Showden muestra como las opciones que toman las mujeres desde las severas limitaciones estructurales pueden tener efectos adversos. También demuestra que estas selecciones deben ser respetadas como agencia, y que se debe prestar más atención a cómo las mujeres llegan a esas opciones: Carisa R. Showden, Choices Women Make. Agency in Domestic Violence, Assisted Reproduction and Sex Work (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2011). 73 Anonymous, A Woman in Berlin: Eight Weeks in a Conquered City (London: Virago, 2005). 74 Boesten, “Marrying your Rapist.” 75 Irina Anderson and Kathy Doherty, Accounting for Rape: Psychology, Feminism and Discourse Analysis in the Study of Sexual Violence (New York: Routledge, 2008). 71 62 torno al uso de violencia estatal, pero tambien tenemos que entender la composición socio‐política de los militares. En el Perú, las tropas del ejército estaban conformadas por conscriptos y oficiales no‐comisiados emergentes de las tropas reclutadas. La mayoría de los conscriptos tradicionalmente provienen de las calses marginalizadas: indígenas o descendentes de gente indígena, los pobres y las clases trabajadoras. La idea de los militares como una institución de igualitarismo republicano en una nación en construcción, difundida en los siglos dieciocho y diecinueve en Europa así como en partes de la América Latina del siglo veinte, tuvo menos influencia en el Perú. Eduardo Toche Medrano nos dice que en el Perú el racismo que sentían tanto los dirigentes militares como los políticos en relación a la población indígena creó una rígida división en las filas de los militares desde el inicio de la conscripción militar a inicios del siglo diecinueve.76 Por ello, la conscripción militar sólo afectó a los pobres y marginados, mientras que los afortunados escapaban al reclutamiento gracias al dinero o a los contactos, y por ser ubicados racialmente por los oficiales reclutadores. Jóvenes de clase media o alta podían entrar a la élite de la marina o la fuerza aérea, y/o convertirse en oficiales militares profesionales de alta graduación. Durante los 80s y 90s, las fuerzas especiales de la policía, un pequeño grupo de marinos y un gran contingente de tropas del ejército combatió contra los insurgentes en los Andes. Estos fueron los tres grupos dentro de las fuerzas arnadas que cometieron la mayoría de las violaciones a los derechos humanos. La composición y estructura jerárquica de las fuerzas armadas peruanas fueron, hasta cierto punto, el reflejo de la sociedad peruana, especialmente en lo que se refiere a la política de conscripción. Jóvenes pobres fueron reclutados legalmente cuando cumplían los 18 años, o ilegalmente forzados a ingresar en los cuarteles más jóvenes aún. Esta práctica, comúnmente conocida como leva, fue aceptada durante mucho tiempo como la manera de incrementar el personal cuando era necesario. A los jóvenes que vivían en los barrios pobres de las ciudades o en zonas rurales les exigían que muestren sus papeles de identidad, especialmente la libreta militar que se entregaba a los 16 años, y cuando no podían mostrarla, simplemente se lo llevaba a los 76 Eduardo Toche Medrano, Guerra y Democracia, Los militares Peruanos y la construcción nacional (Lima: DESCA, CLACSO, 2008) 63 cuarteles y eran entrenados y emplazados. Mientras que la leva estaba prohibida en las zonas de emergencia porque era muy grande el temor a la infiltración de Sendero Luminoso, la evidencia anecdotica sugiere que algún tipo de reclutamiento forzado continuó. Esta es la razón de que el ejército peruano haya incluido, desde hace mucho tiempo, a soldados menores a 18 años o incluso 16, e indica cómo la desigualdad está institucionalizada entre los militares peruanos.77 Si aceptamos una tesis Butleriana que los hombres no son biológicamente investidos con una heterosexualidad activa y agresiva, así como las mujeres no son inherentemente pasivas o formadas con una actitud reticente, entonces necesitamos preguntarnos cómo aprenden los hombres a usar sus cuerpos (sexuales) de una cierta manera.78 El cultivar una masculinidad militar violenta es una manera de “hacer” soldados violentos, y la violencia sexual juega un importante papel en el cultivo de dichas masculinidades militares, como discutimos en el capítulo 3. La investigación sobre las masculinidades militares muestran que los militares alimentan e institucionalizan masculinidades exageradas,79 puesto que la agresión hacia los otros es necesaria a fin de ser capaz de matar – y por lo tanto ser capaz de ser un buen soldado.80 Los testimonios de ex soldados a la CVR indica que la violencia era parte del entrenamiento de los nuevos reclutas: los soldados fueron formados con golpizas, confinamientos solitarios, condiciones de vida miserables, y, por último, forzándolos a convertirse en perpetradores de violencia al forzarlos a a cometer actos de extrema violencia con perros y prisioneros.81 Los violentos ritos de iniciación han sido efectivos para crear espirales de comportamientos violentos y garantizar la lealtad a, y la complicidad en, la empresa militar; una estrategia de entrenamiento militar muy similar al proceso de convertir a Eduardo Gonzalez Cueva, “Conscription and Violence in Peru,” Latin American Perspectives 3 (2000): 88–102. 78 Ver también: Joanna Bourke, Rape: Sex Violence History (Emeryville: Shoemaker & Hoard, 2007). 79 Ver R. W. Connell, The Men and The Boys (Berkeley, CA: University of California Press, 2000) para una mayor elaboración sobre las masculinidades colectivas e institucionalizadas 80 Carol Cohn and Cynthia Enloe, “A Conversation with Cynthia Enloe: Feminists Look at Masculinity and the Men Who Wage War,” Signs 28, no. 4 (2003): 1187–1207; Cynthia Enloe, The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War (Berkeley, CA: University of California Press, 1993); Goldstein, War and Gender. 81 Henríquez and Mantilla, Contra viento y marea, 90. Ver también el testimonio 411311, Arch‐CVR. 77 64 niños en soldados en algunas de las recientes guerras africanas –y, desde luego, en el Perú.82 Este condicionamiento no absuelve a los perpetradores de asesinato, tortura y violación, pero ayuda a explicar por qué cometerían actos de tal violencia. La violación es sin duda el acto extremo de complicidad en la subordinación y violación de una persona. En casos de mutilación, tortura o muerte, un perpetrador puede argüir que sus superiores le ordenaron hacerlo y lo amenazaron de muerte si desobedecía las órdenes (aún cuando la evidencia sugiere que muchos soldados disfrutaban tal violencia, y competían entre ellos en niveles de crueldad83). De cualquier manera, en el caso de violación, ¿cómo se sustituye el temor por la propia vida por la excitación sexual? Si es posible remplazar el temor por la excitación sexual, incluso si las circunstancias amenazadoras no han desaparecido, entonces la complicidad del perpetrador es completa. No parece posible una mayor complicidad en las campañas del terror. A pesar de la idea que la violación confirma la complicidad individual en las campañas de terror, y por lo tanto señala sin ambigüedad a los perpetradores como culpables, investigaciones recientes en Sierra Leona, Uganda y la República Democrática del Congo complican la dicotomía perpetrador y víctima. El trabajo de Enloe, y estudios de casos como los de Weaver en Vietnam, claramente muestran cómo la violencia sexual relacionada con el conflicto está incrustada en construcciones de masculinidad y femineidad, cómo el cultivo de dicotomías de género en escenarios militares alimenta la violencia sexual, el abuso y la explotación. Weaver argulle que el Hay un aumento significativo de literatura sobre niños soldados en Sierra Leona, Liberia, Uganda, y la RD del Congo. Para continuar con la obras citadas aquí, el trabajo de Baaz y Stern sobre la RDC es muy relevante: “Why do Soldiers Rape?” 498; La socio‐psicología de este proceso de “volverse violento” es analizado en Ervin Staub, The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence (Cambridge: Cambridge University Press, 1992). También Paul G. Zimbardo, “A Situationist Perspective on the Psychology of Evil: Understanding How Good People are Transformed into Perpetrators,” 21–50; Ervin Staub, “Basic Human Needs, Altruism, and Aggression,” 51–84; Roy F. Baumeister and Kathleen D. Vohs, “Four Roots of Evil,” 85–102; and Joshua D. Duntley and David M. Buss, “The Evolution of Evil,” 102–126, todo en Arthur G. Miller ed., The Social Psychology of Good and Evil (New York: The Guilford Press, 2004). Zimbardo: “Anything that makes a person feel anonymous, as if no‐one knows who he or she is, creates the potential for that person to act in evil ways—if the situation gives permission for violence,” 29. 83 El libro de Ricardo Uceda, que se basa en entrevistas con uno de los principales protagonistas de las torturas y asesinatos en la década de los 80s y 90s, Jesús Sosa Saavedra, sugiere que la crueldad era parte de la masculinidad deseada entre los soldados estacionados en la base militar Los Cabitos, a mediados de los 80s. Ver, por ejemplo, Uceda, Muerte en el pentagonito, 106–107. 82 65 silencio alrededor de, o incluso el borrar, la violencia sexual perpetrada por soldados estadounidenses en Vietnam perpetúa las violentas masculinidades contemporáneas en Estados Unidos y no logra reconocer que mucho del desorden de stress post traumático (PTSD) entre los veteranos proviene de la agresión antes que de la victimización.84 Weaver observa entonces una incompatibilidad entre una masculinidad civil pacífica con un pasado de masculinidad militar violenta. La investigación de Eriksson Baaz y Stern entre perpetradores de violación congoleños muestra como los ideales de masculinidad –ideales de fuerza, virilidad y poder‐ son difíciles de alcanzar en un contexto de limitación extrema de oportunidades y pobreza abyecta. Sin absolver a los perpetradores de tal violencia, la investigación de Eriksson Baaz y Stern contribuye enormemente a nuestra comprensión de “por qué los hombres violan.”85 También da lugar a la pregunta de quién encarna –y quién o qué promueve‐ hipermasculinidades y, como adecuadamente pregunta Carol Cohn, cuál es el rol de los actores internacionales como consultores mineros, mercenarios y traficantes de armas, y los bien alimentados fuerzas de paz en la representación de tan específicamente definidas hipermasculinidades hegemónicas.86 La investigación realizada por Chris Coulter en Sierra Leona, y por Erin Baines en Uganda, complica aún más la dicotomía víctima‐perpetrador; niños, en ambos conflictos, fueron obligados por los rebeldes a ejercer de soldados con extremadamente violentas estrategias de guerra. Niños y niñas fueron obligados a asesinar, torturar y abusar de otros así como de los suyos siguiendo patrones de género. La investigación de Coulter y Baines muestra que tanto niños como niñas pueden ser víctimas y perpetradores de violencia, aún si son las niñas las que generalmente son movilizadas para servir sexualmente a los soldados y los niños los que se convierten en los principales asesinos. Erin Baine denomina a la ambigüedad de las narrativas de ex niños soldados como “una zona gris de culpabilidad”; Coulter frasea esta ambigüedad en el título de su libro: Bush Wives and Girl Soldiers. Mientras Gina Marie Weaver, Ideologies of Forgetting: Rape in the Vietnam War (Albany: State of New York University (SUNY) Press, 2010). 85 Eriksson Baaz and Stern, “Why Do Soldiers Rape?” 86 Carol Cohn, “Women and Wars: Towards a Conceptual Framework”, in Women and Wars , ed. Carol Cohn (Cambridge: Polity Press, 2013): 1–35, 27. 84 66 que los conflictos en estos países africanos eran diferentes a la guerra en el Perú, también hay importantes paralelos que notar. Fundamente, la socialización y entrenamiento de soldados muy jóvenes para el uso de una violencia extrema y la normalización de tal violencia emerge como importantes factores en el caso peruano. La cuestión es si la edad y los extremos del cruel entrenamiento militar como son ejemplificadas por algunas de las historias de guerra que provienen de Sierra Leona y Uganda son extremas y únicas, o si necesitamos considerar como similar el abusivo entrenamiento militar de impresionables adolescentes de 18 años en ejércitos profesionales, como Weaver parece sugerir. La “zona gris de culpabilidad” de Baines apunta a la agencia circunscrita de que ambos víctimas y perpetradores de violencia a menudo tiene en convertirse en víctima y/o perpetrador, lo que tal vez es un factor en todas las discusiones sobre “el bien y el mal”. Conclusión Nuestra comprensión de la violencia sexual en la guerra se ha beneficiado notablemente del análisis de la violación como un arma de guerra. Esta conceptualización ha subrayado el uso estratégico de la violencia sexual, la complicidad desde arriba, y la importancia del cuerpo de las mujeres y la jerarquía de género en la imaginación del yo y el enemigo, y por lo tanto del hacer la guerra. Sin embargo, la tesis de arma‐de‐la‐guerra también sugiere una distinción muy nítida entre perpetrador y víctima, una finalidad instrumental dirigida a ganar la guerra y, en consecuencia, una estrategia para combatir dichas prácticas. Al revelar los diferentes regímenes de violación en el Perú del periodo en guerra, y explícitamente relacionar estas prácticas a la desigualdad de género en tiempos de paz y la violencia contra la mujer, este análisis sugiere que necesitamos ampliar nuestra comprensión del uso de la violencia sexual en la guerra. La violencia sexual no “sólo” sirvió propósitos estratégicos impuestos y cultivados desde arriba, sino que también fue escenificada como entretenimiento y consumida para el placer de individuos y grupos, usada como una herramienta para mantener o producir jerarquías entre combatientes y enemigos, y para salda disputas domésticas o comunales. Como oportunidades de tiempos de 67 guerra, el cultivo intencional de masculinidades violentas, y la impunidad facilitaron estas prácticas. Por ejmplo, los regímenes de violación en tiempos de guerra en el Perú a menudo aludían a tareas domésticas, y a la responsabilidad de la maternidad.87 Además de ser violadas, generalmente se esperaba de las mujeres que realicen tareas domésticas mientras eran mantenidas activas, reforzando los roles de la mujer de estar al servicio de los hombres en términos de sexualidad y domesticidad.88 La selección de palabras por parte de algunas mujeres para explicar lo que les sucedió durante su cautividad, “sirviendo como la mujer de un soldado”, asocia dolorosamente la violenta subordinación por hombres armados a la sumisión en el hogar. Asimismo, la idea que las mujeres fueron en gran medida responsables por los “excesos” de los hombres, basado en la creencia que los hombres no pueden controlar su impulso sexual y las mujeres son seductoras que provocan el deseo sexual, era una idea común tanto en la guerra como en la paz. Tales ideas legitimaron que los hombres usaran a las mujeres como mejor les pareciera y, cuando la guerra lo facilitó, convirtió a las mujeres no sólo en prostitutas sino también en bienes desechables en cuyos cuerpos cualquier tipo de mutilación estaba permitida. La violencia sexual ayuda a naturalizar la idea de la dominación masculina y de la subordinación femenina. Por supuesto, las percepciones de diferencia racial, que exploramos más en el siguiente capítulo, facilitó la deshumanización de la mujer en general, tanto como ellas ayudaron a la deshumanización del hombre enemigo, promoviendo la posibilidad de la violencia. Con esta discusión de los regímenes de la violación, no trato de imponer una nueva categorización de la violación en la guerra, sino mas bien destacar la complejidad de la violencia sexual tanto en la guerra como en la paz. Esta complejidad puede conducir a dos conclusiones. Primero, la violencia sexual durante la guerra no es una aberración ni una excepción, sino una exacerbación de las violencias y desigualdades existentes. La base de la invisibilidad de la violencia sexual está fundada en las comprensiones de los tiempos de paz de las relaciones sociales de género: de la imposición social de la Henríquez, Cuestiones de género. Esto no es único al Perú, lo mismo sucedió durante las violaciones sistemáticas en Foca, la ex Yugoslavia. Ver: Nicola Henry, “Witness to Rape: The Limits and Potential of International War Crimes Trials for Victims of Wartime Sexual Violence,” International Journal of Transitional Justice 3 (2009): 114–134. 87 88 68 vergüenza y nociones de culpa y de las comprensiones de complicidad tanto del perpetrador como de su víctima y la naturaleza del deseo masculino y de la seducción femenina. La ubicuidad de la violencia sexual mas allá del claro binario soldado‐ enemigo, perpetrador‐víctima, no es el único factor que demuestra esta afirmación. El consumo de sexo violento en tiempos de guerra, bien por la forzada prostitución o por la vía de la tortura porno para el entretenimiento de los colegas, también apuntala tal conclusión. Segundo, las guerras son fundamentalmente ‘gendered’, o sea, conformado por entendimientos y actuaciones de género, y la violencia sexual muchas veces es usada como una herramienta en múltiples y superpuestas disputas de poder. La violencia sexual es usada para imponer dominación y afirmar jerarquías. La respuesta a la necesaria pregunta de cómo los soldados individualmente llegaron a ser capaces de de (y hallar placer en) prácticas de violencia sexual debe ser buscada en el cultivo de masculinidades militarizadas que están ancladas en ideas binarias y heteronormativas de roles de género que están inherentemente basadas en nociones de dominación de género, pero que asimismo están investidas con percepciones específicamente discriminatorias de raza y clase. Cómo la violencia sexual contribuye a la afirmación, reproducción y naturalización de las jerarquías existentes basadas en género, raza y clase es el foco del próximo capítulo. 69 3: La reproducción de las desigualdades En algún momento de fines de los 80s, en algún lugar de las altas cordilleras peruanas, un grupo de soldados detuvo a dos jóvenes mujeres; una era vendedora de jugos y la otra una odontóloga. Las mujeres fueron “entregadas” a las tropas como trofeo de guerra, y se les aplicó la pichana, una referencia metafórica de la violación grupal.1 La vendedora de jugos fue violada por todos los soldados del grupo. “Éramos cuarenta, te lo aseguro”, recuerda un soldado, apodado Gitano. La odontóloga, entretanto, primero fue entregada al capitán. Después que el capitán terminó con ella, según Gitano, “me dijo si queria pasar por la chica. Le dije que no … más que todo porque era persona que me merecía bastante respeto”.2 Posteriormente, de acuerdo a Gitano, la odontóloga acusó públicamente a los soldados de violación, pero los soldados y el capitán lo negaron. La odontóloga perdió el caso. La vendedora de jugos, violada por al menos 40 soldados, no denunció lo que le había pasado. Gitano no recuerda si ella sobrevivió, enfatizando la aparente futilidad de su existencia. La posición socioeconómica, el origen geográfico, la educación, los patrones de consumo, la vestimenta, y el lenguaje informan la posición de una persona en la escalera étnica en una sociedad racialmente jerárquica, y por lo tanto el nivel de “respeto” que uno se merece. El relato del soldado sugiere que desde su perspectiva, la odontóloga valía más que la vendedora de jugos, quien, como implica su relato, no merecía ningún respeto. Mientras que en el relato del Gitano del asalto no se usaron sobrenombres étnicos, éstos son fáciles de descubrir por la diferenciación que realiza el soldado: la vendedora de jugos es chola (ni propiamente indígena ni mestiza), mientras que la odontóloga es mestiza. En el recuento de Gitano, la vendedora de jugos está disponible para sufrir abuso. El hecho que la chola‐vendedora de jugos es percibida como adecuada para ser violada grupalmente, mientras que la mestiza‐ odontóloga no lo es, muestra las rutas que los marcadores de identidad informan de las relaciones de poder en el Perú. Tras discutir, en el capítulo anterior, los diferentes regímenes de violación Picha es una palabra vulgar para penis, y pichana significa barrer. CVR Informe Final VI, no. 1.5: 342. 2 Arch‐CVR, Testimonio 100168/5. 1 existentes en el Perú, este capítulo examinará qué hace una violación a nivel socio‐político; cómo la violación informa una sexualidad racializada y la reproducción de las jerarquías existentes. Sigo la línea de cuestionamiento de Elizabeth Heineman cuando se pregunta: “¿Qué sucede a nuestros análisis de la violencia sexual basada‐en‐conflicto si recordamos que la violencia sexual es muchas veces un medio para construir el género per se?” Además, el caso del Perú muestra que la violencia sexual no sólo es constitutiva de género, sino también de raza, sexualidad y clase. El tratamiento diferenciado que los supuestos marcadores de identidad de las dos mujeres permiten debe ser considerado como efectivo por todos los involucrados: los soldados actúan de acuerdo a guiones de jerarquización conocidos, sustentados en raza, clase, género y comportamiento sexual. La violación grupal de la vendedora de jugos fue un espectáculo porno, una performance social en la que el sexo y la violencia sirvieron para confirmar la dominación a niveles individual y colectivo. Usando el análisis de los regímenes de violación del capítulo anterior, discutiré aún más la violencia sexual como reproductora de jerarquías existentes –que son conocidas y ampliamente entendidas‐ basadas en raza, clase, género y sexualidad. Considero a la violencia sexual como coadyuvante en la producción y naturalización de identidades interrelacionadas basadas en género, sexualidad y raza otorgándole significado a la violencia en tiempo de guerra, y alimentándose de, y en, las jerarquías de tiempos de paz, que incluye la diferenciación por posición socioeconómica ‐y por eso alimenta la persistente pobreza y marginación de grandes grupos de población. Desde luego, así como los regímenes de violación discutidos en el capítulo anterior, en la vida real no están netamente diferenciados en categorías sino que mas bien son fluidos, variables en interpretación y significado, y se superponen ampliamente, así también es el esbozo siguiente de las funciones que la violencia sexual tiene en la reproducción de las identidades jerárquicas, no concebidas para delinear actos específicos o identidades, sino para subrayar lo que la violencia sexual hace a un nivel sociopolítico. Por ello, luego de una breve discusión, mostraré cómo la violencia sexual en el Perú produce (a) masculinidades violentas, (b) sexualidad racializada y jerarquías de género, (c) hetero‐ normatividad, y (d) más amplias desigualdades sociales. Muestro cómo la violencia sexual naturaliza las mencionadas jerarquías y normaliza la violencia con la que viven a diario muchos peruanos, al contrastar las palabras del testimonio oral de las víctimas‐sobrevivientes con el testimonio literario de deseos racializados. La ficción no es un reflejo directo de la experiencia y no pretendo ofrecer una vasta crítica de la literatura peruana. Sin embargo, el establecer paralelismos entre la literatura y los testimonios sugiere que la violencia sexual cumple un rol central en la reproducción cotidiana de la sexualidad racializada, las jerarquías de género, y la hetero‐normatividad. Una crítica cultural de la literatura peruana muestra el reflejo de un continuum de violencia de género que ayuda a mantener y reproducir las relaciones hegemónicas de poder. Sugiero que lo mismo sucede con la violencia sexual de tiempos de guerra. Violencia normativa , género y raza Para comprender cómo la violencia sexual reproduce las jerarquías basadas en estratificaciones e identidades percibidas en la sociedad, necesitamos examinar cómo las desigualdades son mantenidas por medio de estructuras violentas y cómo el funcionamiento del binario sexo/género refuerza otras desigualdades. La violencia contra las mujeres tiende a ser percibida como normativa, lo que sugiere que tal violencia proviene de la persistencia de la dominación de la mujer por el hombre, y el continuo deseo de los hombres de dominar la vida de las mujeres.3 Me parece particularmente útil la comprensión de Judith Butler de la violencia normativa para destacar cómo las divisiones sociales basadas en identidades percibidas –incluyendo género‐ son reproducidas y mantenidas por medio de la violencia cotidiana.4 Entiendo la “violencia normativa” como referida al poder de las normas para permitir y restringir la vida, es decir, la violencia normativa no es violencia física per se. Butler se refiere a normas que producen violencia al no permitir que la gente sea lo que quiere ser en los aspectos más íntimos de la vida: amor, deseo y Margaret Urban Walker, “Gender and Violence in Focus: A Background for Gender Justice in Reparations,” in The Gender of Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies while Redressing Human Rights Violations , ed. Ruth Rubio‐Marin (New York: Cambridge university Press, 2009). 4 Judith Butler, Undoing Gender (New York: Routledge, 2004). 3 sexualidad. Por ello, la violencia normativa es violencia por restricción. Sin embargo, la resistencia a las restricciones normativas a lo que uno puede ser, puede dar lugar a la violencia física (las golpizas a los gays es un ejemplo obvio), a la violencia contra la mujer, y las razones que los hombres generalmente dan para justificar tal violencia. Butler, entonces, afirma que es la violencia normativa la que hace posible la violencia física, y, simultáneamente, legítima; es tolerada y normalizada porque es perpetrada en respuesta a transgresiones sociales. Pero la violencia física que está sustentada en el prejuicio y los marcos normativos de lo que uno puede ser, o es percibido que es, no es sólo una respuesta a las transgresiones de esas normas. Las desigualdades institucionalizadas basadas en las divisiones sociales tales como raza, clase y género, esto es, violencia estructural, claramente también alimentan la violencia física directa. Con autores como Johan Galtung, Paul Farmer, Arthur Kleinman, Nancy Scheper‐Hughes, y otros, considero la violencia estructural como indirecta pero sistémica que oprime y marginaliza a grupos sociales, limita su agencia, y restringe el acceso a los beneficios de la sociedad moderna –buena salud y educación, dignidad, y la oportunidad de seleccionar empleo y la vida social‐. La reproducción de tales estructuras y el racismo y sexismo asociado institucionalizado está presente en la violencia simbólica cotidiana, entendida como un “medio de naturalizar las estructuras de poder desiguales al punto de rendirlas inevitables e incuestionables.”5 De manera similar, el concepto violencia normativa ayuda a entender como ciertas jerarquías y desigualdades se convierten en parte de un sentido común ampliamente compartido. Con Foucault, Butler sostiene que lo que es visto como la verdad general, como conocimiento común, es mas bien naturalizado vía las practicas y rutinas del poder. Mientras que Foucault aplica tal razonamiento a las nociones de locura, crimen y sexo, Butler lo lleva un paso adelante: cuestiona los fundamentos de las relaciones sociales al cuestionar el efecto naturalizador del discurso y la práctica que rodea nuestros cuerpos e intimidades. Nos fuerza a cuestionar lo “natural, lo Mo Hume, “The Myths of Violence: Gender, Conflict, and Community in El Salvador,” Latin American Perspectives 35, no. 5 (2008): 59–76: 62, following Pierre Bourdieu, “Symbolic Power.” Critique of Anthropology 13, no. 14 (1979): 77–85; and Pierre Bourdieu, Masculine Domination (Cambridge: Polity Press, 2001). 5 original y lo inevitable.”6 En efecto, Butler arguye que la “verdad” sobre el género, y nuestros cuerpos sexuados, es el resultado de las rutinas del poder y el reclamo del conocimiento. Los procesos históricos y culturales expresados en instituciones, discursos y práctica tienen un efecto naturalizador en nuestro entendimiento del orden de las cosas, incluyendo nuestra comprensión de lo masculino y lo femenino, y de la hetero‐normatividad. Esto significa que, desde el punto de vista de Butler, la hetero‐normatividad, la diferencia de género, y, esto es importante, la diferencia sexual no son naturales o auténticos, sino, mas bien, constructos que son producidos y mantenidos por la vía de la práctica del poder en las sociedades. Las instituciones, los discursos y las prácticas, juntos, forman, reproducen y expresan las normas que guían nuestras sociedades. En términos Foucaltianos, el poder no está investido en un pequeño grupo de dirigentes, sino que es un proceso productivo en el que tomamos parte; así, en vez de que el género nos sea dado por la naturaleza como resultado de diferencias sexuales, las identidades de género son actuadas, o representadas de acuerdo a los confines normativos de la sociedad. Así, como Joan Scott, Butler argumenta que el género es una categoría histórica, un constructo que está en constante flujo.7 El género está siendo hecho y rehecho. Las diferencias culturales y los cambios históricos en las normas de género dan testimonio de tales dinámicas. Observando de cerca a las prácticas de género en una sociedad muestra que las normas de género difieren de acuerdo a los grupos culturales y étnicos. Esto no (sólo) significa que las prácticas de género en el contexto peruano pueden ser diferentes entre, por ejemplo, los indígenas amazónicos y los mestizos costeños, sino que la sociedad les atribuye interpretaciones naturalizadas de cuerpos sexuados, a cuerpos con género y raza determinada. En otras palabras, la sociedad puede atribuir comportamientos sexuales diferenciados, deseos y restricciones a ciertas poblaciones sustentada en suposiciones sobre género y raza. Estas interpretaciones están encuadradas por normas y convenciones que son fácilmente consideradas como verdaderas y, en ciertas instancias o en ciertos momentos, convertidas en ley. En general, tales Samuel Allen Chambers and Terrell Carver, Judith Butler and Political Theory (London: Routledge, 2008), 22. 7 Joan Scott, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis.” The American Historical Review 91, no. 5 (1986): 1053–1075; Butler, Undoing Gender . 6 diferenciaciones sirven para crear y mantener jerarquías; ellas sirven propósitos económicos y políticos. Sin embargo, en el Perú, no hay divisiones étnicas o raciales claras que puedan ser fácilmente reforzadas; mas bien, como sustenta Gonzalo Portocarrero, es la ausencia de un claro binario racial, debido a una mezcla racial muy amplia, o mestizaje, lo que permite una “discriminación individualizada”. Cada persona puede ser juzgada desde una perspectiva individual una y otra vez para determinar su posición en relación a otra persona.8 Para reproducir la jerarquía y determinar el lugar de la persona en relación a otra persona en la vida diaria, las diferencias de género y raza son naturalizadas y normalizadas al punto de tornar invisible la violencia con la cual estos entendimientos son mantenidos. Tanto las instituciones formales como las informales tratan a los individuos de acuerdo a la percepción compartida de lo que uno puede ser según la comprensión de raza y género; el prejuicio se torna parte de un sentido común ampliamente compartido. Sexualidad Racializada El sentido común asociado con las diferencias percibidas, anclado en ideas sobre raza y género, han dado forma a las políticas de sexualidad racializada en el Perú, y en otras partes. Esto puede ser expresado, por ejemplo, en el nivel del control de la población local. Las políticas poblacionales han tendido a revelar los temores nacionales sobre la raza y la sexualidad y cómo dichas preocupaciones justifican y explican la lógica de un sentido común en materia de pobreza, desarrollo económico, progreso o moral. Tales lógicas son luego traducidas en políticas públicas. 9 El control sobre los grupos poblacionales es expresado muchas veces en términos de políticas reproductivas dirigidas a grupos de población específicamente indeseables: generalmente los pobres, los no blancos, los discapacitados, o los drogadictos, dependiendo de las tendencias históricas y societales de lo que es considerado indeseable. Las campañas de esterilización de mediados de los 90s del estado peruano, que tenían por objetivo las mujeres pobres indígenas, ciertamente calzan con la descripción de una política Gonzalo Portocarrero, Racismo y mestizaje y otros ensayos (Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007), 13–17. 9 Betsy Hartmann, Reproductive Rights and Wrongs. The Global Politics of Population Control (Boston: South End Press, 1995). 8 poblacional coercitiva de arriba hacia abajo, sustentada en percepciones racistas de la nación peruana, y las percepciones sexistas del rol de las mujeres pobres en la reproducción de la pobreza.10 Más sutil, pero no necesariamente menos dañina, las políticas de sexo y sexualidad son muchas veces usadas para imponer un orden hegemónico diario. Los académicos del colonialismo muestran como la reproducción de las desigualdades raciales fueron de la mano con una política de sexualidad racializada. Durante el periodo colonial, tales políticas fueron generalmente reguladas: se imponía quién podía tener sexo con quién por medio de reglas sobre los niños legítimos y los ilegítimos que era expresivo de jerarquías de raza y clase. La investigación empírica enmarcada en la teoría postcolonial ha mostrado cómo incluso el deseo se tornó racializado y regulado por medio de una política de sexo y reproducción que sobre todo estaban dirigidas al control y la administración de la sexualidad de la mujer.11 Si usamos una de las fuentes de análisis de los estudios postcoloniales –la literatura‐ podremos ver cómo en el Perú el deseo racializado y los límites del género, la raza y la clase legitiman ciertos comportamientos por medio del uso de la violencia. Los estudiosos del Perú colonial y el republicano del siglo diecinueve observaron que la violación perpetrada por los criollos, gente de descendencia española, jefes de sus subordinados empleados indígenas o sujetos rurales, era probablemente muy común, pero pocas veces hecha pública, o, aún menos común, sujeta de atención judicial.12 Sin embargo, el uso de la violación ha sido bien documentada por escritores de diversos periodos de la historia peruana. En Jelke Boesten, Intersecting Inequalities. Women and Social Policy in Peru 1990–2000 (Philadelphia: Penn State University Press, 2010); Jelke Boesten, “Free Choice or Poverty Alleviation? Population Policies in Peru under Alberto Fujimori.” European Review of Latin American and Caribbean Studies 82 (2007): 3–20. 11 Ann Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power Race and the Intimate in Colonial Rule, (Berkeley: University of California Press, 2010)); Ann McClintock, Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest (New York: Routledge, 1995); Eileen J. Suarez Findlay, Imposing Decency: The Politics of Sexuality and Race in Puerto Rico, 1870–1920 (Durham: Duke University Press, 1999); Robert J. C. Young, Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race . (London: Routledge, 1995). 12 Irene Silverblatt, Luna, sol y brujas: géneros y clases en los Andes prehispánicos y coloniales (Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas”, 1990), 102–109; Susan M. Socolow, The Women of Colonial Latin America (Cambridge UK, New York, NY,: Cambridge University Press, 2000); Ward Stavig, Amor y violenciasexual: valores indígenas en la sociedad colonial (Lima: Institutode Estudios Peruanos, 1995); Tanja K. Christiansen, Disobedience,Slander, Seduction, and Assault: Women and Men in Cajamarca,Peru, 1862–1900 (Austin, TX: University of Texas Press, 2004). 10 el periodo colonial, Guaman Poma de Ayala acusó a los invasores españoles de abusar sistemáticamente de las mujeres indígenas. Su análisis de los efectos desintegradores de la violación de mujeres y de su conversión en “prostitutas y concubinas” resuena en las teorías sociales actuales sobre violación y guerra.13 En los siglos diecinueve y veinte, autores indigenistas (aquellos que abogaban por la revaluación de la idea de indianidad) lo retomaron, y desarrollaron el tema. Una de las primeras denuncias literarias del abuso generalizado y legitimado de mujeres subalternas en la era republicana fue escrita quien se contó entre las primeras indigenistas, Clorinda Matto de Turner, en 1889. Matto, una liberal acomodada, cuya familia era propietaria de tierras en la región del Cusco, escribió en Aves sin Nido, su más famosa novela, sobre el abuso de una joven indígena por gobernadores locales y curas.14 El “descubrimiento” de Matto de Turner de la práctica generalizada, tolerada y silenciada, del abuso de mujeres y jóvenes por parte de curas –y otras autoridades‐ en las áreas rurales, dio lugar a un pedido de matrimonio compulsivo para los sacerdotes. Las denuncias de Matto no fueron bien recibidas y tuvo que huir del país después que su empresa editora fue saqueada.15 A pesar de las denuncias de Matto, el abuso sexual no fue un tema central en la literatura indigenista que emergió a inicios de 1900. Varias décadas después, José María Arguedas observó que las mujeres indígenas eran un blanco fácil para los hacendados rurales y autoridades. Como había observado Clorinda Matto antes que él, tal abuso era, por un lado, parte de la violenta subordinación de la población indígena, y, por otro, parte de la malevolencia de las clases gobernantes rurales. Por ejemplo, en el cuento Diamantes y pedernales, de 1954, una historia sobre un joven hacendado y su práctica “mujeriega”, Arguedas sugiere que las mujeres de bajo estatus contaban con pocos medios para resistir o rechazar a un hombre de más alto estatus. En esta historia, Arguedas ni siquiera usa el concepto de “violación” para referirse a la sumisión sexual forzada de mujeres indígenas a los deseos del hacendado. Sin embargo, sus escritos revelan cómo la jerarquía étnica, socioeconómica y de género, Silverblatt, Luna, sol y brujas, 102–109 Clorinda Matto de Turner, Aves sin nido (Buenos Aires: Solar, 1968 [1889]). 15 Nelson Manrique, “Clorinda Matto y el nacimiento del indigenismo literario,” in La piel y la pluma. Escritos sobre literatura, etnicidad y racismo , ed. Nelson Manrique (Lima: Sur, 1999), 30. 13 14 hegemónica en las zonas altas del Perú, podía ser mantenida gracias tanto a la violencia simbólica como a la física. En el cuento, el joven hacendado golpea a sus concubinas para mantenerlas sumisas, tal como agrede a sus sirvientes.16 En el cuento Warma Kuyay, escrito en 1935, Arguedas llama violación al abuso sexual de Justina, una sirvienta indígena, pero lo hace sólo por medio del habla de un niño sirviente en la casa del hacendado culpable. Kutu, la pareja de la mujer violada, está devastado por lo ocurrido pues ha perdido a su amor y tiene que dejar la hacienda. Deja a Justina con el joven narrador, un niño aún, pero un niño privilegiado quien, cuando crezca, será capaz de vengarse de lo que Kutu no puede. En esta narrativa, la violación de la sirvienta indígena afecta sobre todo a los hombres. Kutu no puede vengar a su mujer, pues “sólo es un indio”, pero el niño puede, pues está en una posición para ser abogado cuando crezca. Esta es una razón para que Kutu deje a Justina con el niño, incluso sugiriéndole explícitamente que ella aprenderá a amarlo de manera que el niño podrá consumar su enamoramiento infantil. En efecto, con la complicidad de su (ex) pareja Kutu, Justina ejerce de prostituta como resultado de la violación. Entretanto Kutu se convierte en un indio triste, silencioso y cruel.17 Los cuentos de Arguedas tuvieron por referente la propia crianza del autor en la provincia andina de Andahuaylas y combina un tono de denuncia con un intento por capturar algo de la “realidad andina”, una perspectiva que algunos autores han calificado de utópica y considerado no bienvenida.18 Aún así, los cuentos de Arguedas proveen una significativa representación del Perú rural de entre los 30s y 60s. Tal vez el derrotado Kutu del cuento Warma kuyay , un buen hombre al inicio de la historia, es retratado como un estereotipo de un subalterno humillado quien se convierte en un indio cruel, violento, frustrado y silencioso. Al retratar de esta manera a Kutu, Arguedas probablemente contribuye al estereotipo del Indio como inherentemente violento, aún cuando hace responsable a la opresión de los terratenientes criollos. En los cuentos de Arguedas, el abuso de las mujeres es parte de esta misma opresión y contribuye José María Arguedas, Diamantes y pedernales: Agua (Lima: J. Mejia Baca & P. L. Villanueva, 1954). 17 José María Arguedas, Agua; Los escoleros; Warma Kuyay (Lima: Casade Literatura Peruana, CIP, 1935); 18 Mario Vargas Llosa, La utopía arcaica: José Maria Arguedas y las ficciones del indigenismo (M éxico: Colección Tierra firme, Fondo de Cultura Económica, 1996). 16 a la subordinación de los hombres Indios, y, como resultado, a la desintegración de la comunidad India. Entonces, en la interpretación de Arguedas la violación de subordinados es la violación simbólica de una comunidad. Tal interpretación no sólo resuena en teorías contemporáneas de violación en la guerra, sino también con el análisis, ya en el siglo dieciséis, de Guamán Poma de Ayala, sobre el rol y el efecto del abuso sexual perpetrado por los conquistadores españoles.19 En la obra del premio nóbel peruano, Mario Vargas Llosa, raza, clase y género intersectan con historias de violencia y sexo. Esto es más impresionante en el contexto de la violación militar. En una de las novelas más populares de Vargas Llosa, el oficial Pantaleón Pantoja es enviado a la región amazónica a establecer un burdel para los soldados que están estacionados en una base distante de centros urbanos –aparentemente la única solución al, de otro modo inevitable, abuso de las mujeres y muchachas de la región. La novela también juega con la imagen de la mujer amazónica como promiscua y naturalmente seductora.20 Las categorías raciales así como las relaciones de clase y género han cambiado con el tiempo, por supuesto, pero el poder de la violencia sexual para reforzar las desigualdades, no. Un tema en la literatura peruana de fines del siglo veinte es la reproducción de jerarquías por medio de la sexualización de empleadas domésticas en hogares urbanos. Hasta cierto punto, la sirvienta se ha convertido en una metáfora sobre los cambios de la apariencia racial del Perú, moldeada por patrones de migración de lo rural a lo urbano a mediados del siglo veinte. Desplazados por la pobreza rural y atraídos por el crecimiento económico y las oportunidades educacionales, muchos peruanos llegaron a las ciudades de la costa, especialmente a Lima, en busca de una vida mejor. Lima se vio rodeada por asentamientos de informales, barrios pobres y vecindarios semi legales, cambiando el perfil demográfico y económico, así como la imagen racial de la sociedad peruana.21 Indios que se urbanizaron adoptaron una nueva identidad racial que ha sido denominada como cholo/a. Pero el término cholo/a no Silverblatt, Luna, sol y brujas, 102–109 Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras (Barcelona: Seix Barral, 1973). En la obra de otro gran escritor peruano, Miguel Gutiérrez, la violencia y el sexo son constitutivos de raza y clase, ver:James Higgins, “Replanteando las relaciones de raza y genero en el Perú. La violencia del tiempo de Miguel Gutiérrez,” in Del viento, el poder y la memoria, ed. Cecilia Montaguda and Victor Vich (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú , Fondo Editorial 2002). 21 Carlos Contreras and Marcos Cueto, Historia del Perú contemporáneo (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2013 [2000]), 314–318. 19 20 siempre es asociado con la movilidad social y la ambición, sino más a menudo con las subclases urbanas y con una vulgarización de la cultura (la “cholificación” de la sociedad) a pesar de los intentos de los científicos sociales de presentar el fenómeno en términos de nacionalización y aculturación de la población indígena.22 Como normalmente sucede con las etiquetas raciales, el término cholo/a puede significar diferentes cosas a diferentes gentes y en diferentes locaciones o períodos históricos. Mientras Mary Weismantel, en su influyente libro sobre Ecuador, identifica preferentemente a las cholas con mujeres de mercado,23 en el Perú, no sólo las mujeres de los mercados son llamadas cholas sino, tal vez especialmente, las trabajadoras domésticas son nombradas como cholas. De acuerdo al fallecido historiador y científico social peruano, Alberto Flores Galindo, durante el siglo diecinueve, la chola fue sinónimo de sirviente, mientras que a fines del siglo veinte la sirvienta era sinónima de chola. Flores Galindo trazó un paralelo directo entre las violentas jerarquías del Perú rural tal como fueron descritas por Arguedas y las jerarquías en los hogares urbanos contemporáneos.24 La violenta reproducción de las jerarquías raciales y sexualizadas vía el fenómeno de la chola/empleada está presente a lo largo de la literatura contemporánea peruana. Por ejemplo, la obra maestra de Alfredo Bryce Echenique, Un mundo para Julius (1970), fue escrita como una parodia, o un espejo, del derrumbe del mundo de las élites limeñas en la década de los 60s. En Un mundo para Julius, los sirvientes y sirvientas son cholos/as que viven vidas infelices en casas sin terminar en terrenos ocupados que rodean la capital, pero trabajan en mansiones palaciegas de las familias de la élite limeña, tal como la del protagonista Julius, un muchacho. Una de las historias concierne el comportamiento de Santiago, el adolescente hijo de una familia de clase alta y hermano de Julius, quien viola a una de las jóvenes sirvientas cuando le viene a bien. Vilma, la sirvienta en cuestión, se guarda para Anibal Quijano, La emergencia del grupo cholo y sus implicaciones en la sociedad peruana (Lima: Universidad San Marcos, 1967). 23 Mary J. Weismantel, Cholas and Pishtacos: Stories of Race and Sex in the Andes (Chicago: University of Chicago Press, 2001). Sobre las mujeres peruanas como cholas, interpretada como una categoría que culturalmente traspasa tanto los grupos étnicos indígenas como los criollos, ver: Marisol De la Cadena, Indigenous Mestizos: The Politics of Race and Culture in Cuzco, Peru, 1919–1991 (Durham, NC: Duke University Press, 2000). 24 Alberto Flores Galindo [editado por Maruja Martínez, póstumamente publicado]. La tradición autoritaria. Violencia y democracia en el Per ú (Lima: SUR Casa de Estudios del Socialismo, 1999), 43. 22 sí el abuso pues asume que perderá su empleo si lo denuncia. Sin embargo, en cierto momento, otros sirvientes de la casa no aceptan más que Vilma luche sola e intervienen a fin de ayudarla. Santiago, cuando es descubierto, es subyugado y golpeado. El hecho es ahora conocido y los patrones, Susan, Santiago, la madre de Julius y Juan Lucas, su padrastro cosmopolita, se ven obligados a dar solución a la situación. Antes de despedir a Vilma, Susan y Juan Lucas tienen el siguiente diálogo: Juan Lucas: El chico esta saliendo con muchachas; es natural quiera desahogarse…En Lima, a su edad, no es facil, sabes? …La chola es guapa y ahí tienes…..así es…. Susan: Sí, darling, pero ella no tiene laculpa. Juan Lucas: De donde sacas esas ideas, Susan? Susan: Darling, pero…se…ha…defendido…. Juan Lucas: Bien arrepentida debe estar, o tú la crees santa?25 Según Juan Lucas, puesto que Vilma es una chola atractiva debe ser inherentemente promiscua; esto legitima los asedios sexuales a los sirvientes por parte de los patrones. Juan Lucas considera que Vilma es la culpable en esta situación, y asume que ella probablemente incluso disfruta del encuentro sexual (“o tú la crees santa?”). Es más sorprendente aún, el hijo que violó a Vilma hacía bien, de acuerdo a Juan Lucas, en usar a la “chola guapa” como una salida para satisfacer su curiosidad sexual, puesto que esto es un proceso normal en el desarrollo de la sexualidad de un muchacho (blanco). Aunque Susan intenta formular algo que suene como una defensa de Vilma, cede a las interpretaciones de los acontecimientos de Juan Lucas porque, para ella, al final no importa realmente lo que le suceda a Vilma. A pesar de que ambas son mujeres, sus posiciones están más allá de la mutua identificación. Bryce Echenique creó una imagen imperecedera de la vida de los limeños ricos antes de 1968, cuando un gobierno militar izquierdista introdujo la reforma agraria y activamente intentó romper el sistema de clases basado en la propiedad. Si bien la reforma agraria cambió la agricultura y el régimen de 25 Alfredo Bryce, Echenique, Un mundo para Julius (Lima: Seix Barral, Preisa, 1970), 84. propiedad hegemónico, no deshizo el racismo y el sexismo. Como tal, el deseo racializado incrustado en la desigualdad y ejemplificado por la disponibilidad de la chola/sirviente, no se ha extinguido. Una novela de Santiago Roncagliolo, un escritor peruano contemporáneo, confirma este último punto. Basado en sus experiencias en tanto que joven, limeño blanco a inicios de los 90s, Roncagliolo describe abusos sexuales de una sirvienta similares a los descritos por Bryce Echenique.26 Estos pasajes de violación perpetrados en las mujeres de las clases bajas y de piel oscura en las obras principales de la literatura peruana muestran como tal violencia es normalizada e incluso institucionalizada, y como sirve a las relaciones de poder hegemónicas. Estos pasajes colocan un espejo frente a la sociedad: un entendimiento hegemónico de raza, clase y género y sus jerarquías asociadas, en el que la violencia sexual sirve para reforzar estas mismas jerarquías. Reproducción de las jerarquías por medio de la violencia sexual en tiempos de guerra La fuerte relación entre raza, clase y género en la práctica y los significados atribuidos a la violación en estas narrativas literarias de violencia sexual muestra como tal violencia ayuda a naturalizar las diferencias: la intimidad y humillación de la violación, las consecuencias sociales y potencialmente reproductivas, no sólo reflejan un “sentido común” de diferencia, sino también la idea de la diferencia biológica. Las mujeres cholas o indígenas abusadas devienen en seductoras naturales quienes son culpables por el abuso que reciben de su “promiscuidad” natural. Esto se refleja en todo el grupo, desde luego, mientras la disponibilidad sexual de las mujeres cholas/indígenas disminuye el poder y control de los cholos/indígenas, crean tensión y fragmentación entre la gente cholo/indígenas , como vimos en los cuentos de Arguedas. Por ello, la violencia sexual en el Perú sirve para reproducir, mantener e incluso naturalizar las diferencias jerárquicas en la sociedad tal como lo refleja la literatura del país. Santiago Roncagliolo, Crecer es un oficio triste (Barcelona: El Cobre Ediciones, 2003); ver también: Miguel Gutiérrez, La violencia del tiempo (Lima: Santillana, 2010 [1991]), 896. 26 Los académicos que reflexionan sobre el uso y la función de la violencia sexual en la guerra observan procesos similares en el emplazamiento de la violencia en conflicto tal como observamos en los regímenes de violación en tiempo de paz, lo que sugiere una relación directa entre las funciones de la violencia sexual en tiempos de guerra y en tiempos de paz. En conflicto, la violación a menudo sirve para destruir la cultura y cohesión del grupo “enemigo”. Ruth Seifert concluye que “la violencia colectiva anti‐femenina debe ser interpretada dentro de los contextos de tanto la formación de las identidades nacionales y del orden de género.”27 En un escrito previo, Seifert identifica cinco funciones de la violación en la guerra: integral al repertorio de la violencia en la guerra y similar a la tortura, humillación simbólica del enemigo masculino, reafirma las masculinidades militares, destruye la cultura enemiga, y es un resultado de la misoginia.28 La inclusión de la misoginia en la categorización de Seinfert apunta a un entendimiento de la violación que va más allá del tiempo de guerra y los objetivos estratégicos. Mientras que la teoría de la violación como un arma de guerra sugiere que la violencia sexual sirve propósitos estratégicos militares que alimentan las masculinidades militares y otras fuerzas sociales belicosas que alientan a los hombres a violar, la ambigüedad que es subrayada por Seifert, y es también aparente en el caso peruano en estudio, sugiere que la violencia sexual en la guerra sirve mucho más que a objetivos militares. En su estudio sobre Bosnia Herzegovina, Inger Skjelsbæk llega a una conclusión similar: ella arguye que “porque la violación en la guerra sexualiza otras identidades de género así como las que no son de género, con fines políticos (la violación) por tanto altera la manera en que la masculinización y la feminización son percibidas”.29 Pero en el caso de Bosnia, de acuerdo a Skjelsbæk, la violación en la guerra cambió la interseccionalidad de las identidades y desigualdades, mientras que en el caso del Perú, reforzó las divisiones existentes en la sociedad. Como sustentaré más adelante, en el Perú, las jerarquías e identidades que forjan la violencia sexual Ruth Seifert, “The Second Front. The Logic of Sexual Violence in Wars,” Women’s Studies International Forum 19, nos. 1–2 (1996): 35–43, 42. 28 Ruth Seifert, “War and Rape. A Preliminary Analysis,” in Mass Rape: The War against Women in Bosnia‐Herzegovina , ed. A. Stiglmayer (Lincoln: University of Nebraska Press, 1994), 54–72. 29 Inger Skjelsbæk, The Political Psychology of War Rape: Studies from Bosnia‐Herzegovina (London: Routledge, 2012), 141. 27 están ancladas en las desigualdades existentes en los tiempos de paz que se define por la clase, la raza, el género y la sexualidad. Como tal, el uso de la violencia sexual en la guerra sirve para mantener, reproducir y perpetuar esas desigualdades e imponer la hetero‐normatividad, independientemente de quién era el enemigo. Brownmiller hizo notar que las mujeres no son violadas porque “son parte del campo enemigo, sino porque son mujeres y por tanto son el enemigo”.30 En el caso del Perú, esto no es totalmente cierto: si bien no todas las mujeres fueron violadas porque eran el enemigo, su vulnerabilidad tampoco dependió sólo de su género. La raza y la clase añadieron a la posibilidad de convertirse en víctima de la violencia sexual. Por tanto, la violación no sólo es constitutiva de género, sino de raza y clase también. Si miramos a los regímenes de violación discutidos en el capitulo anterior (violación como un arma de guerra, como consumo, como espectáculo porno y como “ordinario”) desde la perspectiva de cómo tanta violencia sirve para reproducir un orden hegemónico de relaciones de poder desiguales que son expresadas en instituciones desarrolladas históricamente, discursos y prácticas, entonces tendríamos tal vez que llegar a diferentes conclusiones. Desde tal perspectiva, la violencia sexual se convierte en un acto social que forja unas ciertas relaciones de poder, o desigualdades, por medio de su empleo sistemático y repetido, de acuerdo a patrones y guiones que son conocidos por todos los comprometidos –perpetradores, víctimas, testigos y la sociedad en general. Por ello, necesitamos examinar cuales son los resultados socio‐políticos de estos actos. La violencia sexual, debido a la experiencia personal, íntima y reproductive que impone tanto en el perpetrador como en la víctima, contribuye a la percepción que las desigualdades son naturales, innatas. Los cuerpos entrampan a los individuos en complejas relaciones porque el cuerpo –su sexo, color, forma‐, es percibido como dado biológicamente, y determinante de los significados sociales a él asignados.31 La violación confirma el significado social del cuerpo: de poder, dominación y control (aquel que viola se siente física y mentalmente poderoso), inferioridad, ausencia de poder, y género (aquel/la que es violado/a Cited in Seifert, “The Second Front,” 42 Para un debate sobre el cambio del cuerpo como dado biológicamente a el cuerpo como socialmente construido, ver: Thomas Csordas, Embodiment and Experience (Cambridge: Cambridge University Press,1994). 30 31 se siente deshecho, físicamente reducido, y debilitado, feminizado). Una tal comprensión de lo que la violación hace es cercana a lo que hace la tortura; convirtiendo a los torturados en mudos, sin poder, tanto física como mentalmente rotos.32 Una de las mayores diferencias yace en su explícito significado de género que refleja y reverbera mucho más allá del tiempo de guerra puesto que los significados y consecuencias reproductivas y sexuales de la violación naturaliza la jerarquía racial y de género. Explícitamente me muevo más allá de la víctima o perpetrador individual, no para disminuir las experiencias o reducir la responsabilidad, sino para mirar los patrones que pueden incrementar nuestra comprensión de la persistencia de tal violencia. Mientras que la violación invoca el silencio individual construido alrededor de tal dolor, culpabilidad y vergüenza (p.ej. separa a las víctimas‐ sobrevivientes del colectivo‐ familia, comunidad, nación, otras víctimas‐ sobrevivientes), los significados de dichos actos son profundamente sociales y políticos. Como nos recuerda Elizabeth Stanko, si la violencia tiene significado, entonces aquellos significados pueden ser desafiados.33 Subrayo cuatro áreas en los que la violencia sexual explícitamente refuerza y naturaliza las divisiones sociales en la sociedad peruana. Estas “categorías” no sólo desarrollan el conocimiento existente relacionado a la violación en la guerra, sino que son específicos al contexto peruano, y por tanto complementan estudios anteriores. Masculinidades Violentas Primero, la violencia sexual y basada en el género es formativa de masculinidades violentas. Académicos como Cynthia Enloe y Joshua Goldstein han demostrado, y como yo lo discutí brevemente en el capítulo anterior, que las masculinidades militares son cultivadas intencionalmente por los ejércitos pues se considera que para ganar una guerra se requieren hombres fuertes y audaces.34 El verdadero hombre sólo existe si hay un binario claro, un verdadero Elaine Scarry, The Body in Pain (New York: Oxford University Press, 1985). Elizabeth Stanko, The Meanings of Violence (London: Routledge, 2003), 12. 34 Cynthia Enloe, Does Khaki become You? The Militarisation of Women’s Lives (Boston, MA: South End Press, 1983); Cynthia Enloe, Bananas, Beaches & Bases: Making Feminist Sense of International Politics (Berkeley: University of California Press, 1990); Joshua S. Goldstein, War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), esp Capitulos 4 y 5. Mi comprensión de masculinidades ha sido influida 32 33 hombre y una verdadera mujer, por lo que todas las posibilidades que surgen entre este binario, en los ejércitos se convierten en indeseables como identidad o comportamiento, y un “verdadero” hombre es asociado con actuar el, y hacer gala del, género binario: la fortaleza física y ser voraz sexualmente (es decir, heterosexual), son rasgos importantes.35 Mientras Brownmiller juzgaba que la mujer era el enemigo, el psiquiatra Theodore Nadelson argumenta que la batalla de los soldados (EEUU) no sólo es contra un enemigo, sino también “una batalla de hombres contra valores normalmente asumidos como femeninos y, en última instancia, contra la mujer en si mismo”.36 De acuerdo a Nadelson, entonces, perpetrar la violencia sexual contra las mujeres es una batalla contra uno mismo a fin de establecer un sentido de poder masculino. Las masculinidades militarizadas son muchas veces exageraciones de ideales y fantasías existentes sobre lo que es ser un hombre, o entendimientos competitivos de “masculinidades hegemónicas”.37 Pero la idea de que un hombre “verdadero” es intrépido y fuerte, en oposición a una mujer débil y sexualmente disponible, no está restringida a los tiempos de guerra; mas bien, esto es representado en las películas de Hollywood y en las bromas entre hombres también.38 Como observa Norma Fuller en relación a las masculinidades, la posición racial y de clase influye en el acceso de los hombres a las estrategias alternativas para ejercer el poder y el control y sentirse respetado por la comunidad. Mientras que los hombres blancos pueden tener una voz política, poder de decisión, poder económico, e incluso considerarse poseedores de la belleza ideal, los hombres no‐blancos tienen que confiar en el poder físico para en gran medida por el pensamiento de R. W. Connell en torno a las masculinidades hegemónicas, como son los estudios de masculinidades. Masculinities (Berkeley: University of California Press, 1995). 35 Paul Higate, “Revealing the Soldier: Peacekeeping and Prostitution,”in 21st Century Sexualities: Contemporary Issues in Health, Education and Rights , ed. G. Herdt and C. Howe (Routledge, 2007), 198–202. 36 Theodore Nadelson, Trained to Kill, Soldiers at War (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005), 147. 37 R. W. Connell and James Messerschmidt, “Hegemonic Masculinities. Rethinking the Concept,” Gender and Society 19, no. 6 (2005): 829–859, 832. Luisa Maria Dietrich Ortega shows that the gender binary is more complex and blurred in insurgent groups: Dietrich Ortega, “Looking beyond Violent Militarized Masculinities,” International Journal of Feminist Politics 14, no. 4 (2012): 489–507 38 Para un análisis contemporáneo de las expresiones culturales de sexismo ver: Cordelia Fine, Delusions of Gender. The Real Science behind Gender (London: Icon Publishers, 2010). Theodor Nadelson traza un paralelo entre el disfrute de la guerra y la guerra como entretenimiento. Nadelson, Trained to Kill . establecer un sentido de dominación masculina.39 El control físico sobre la sexualidad femenina es cada vez más importante para reclamar la masculinidad hegemónica. Por ello, la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, y su relación con la performance de ciertas masculinidades no está limitada a los tiempos de guerra. Sin embargo, la guerra ofrece a los hombres y a los militares, la oportunidad de actuar masculinidades que son crecientemente rechazadas y controladas en tiempos de paz por medio de modificaciones legales y normas sociales. Como tal, varios autores subrayan cómo la actuación de masculinidades militares violentas es una respuesta a “masculinidades en crisis”.40 Nadelson sostiene que el comportamiento agresivamente sexista de los soldados está relacionado a la necesidad de reprimir el temor ante la posibilidad de la propia muerte, pero también que el guerrear implica la subyugación en su esencia, y que la subyugación de otros “ha dado forma a las vidas entrelazadas de mujeres y hombres en (tiempos de) paz”.41 Por lo tanto, en el análisis de Nadelson, las condiciones para el sexismo, la subyugación y la violación existen en la ideología de género existentes en los tiempos de paz, pero se alienta que se las represente en tiempos de guerra. La violencia real de la guerra obliga a los hombres a creer que su agresión y sexismo debe ser natural, y si no viene naturalmente, aún así se debe actuar frente a la muerte. El observar cómo los miembros de grupos armados particularmente violentos explican su comportamiento sugiere que la actuación de masculinidades violentas es una respuesta a la ausencia de poder en tiempos de paz, en muchas ocasiones relacionada a la posición socioeconómica. Baaz y Stern, en su investigación sobre soldados combatientes en la República Democrática del Congo, muestran cómo los soldados encuadran su crueldad militar hacia otros, especialmente la violación de mujeres, en una comprensión de la pobreza, hambre y abandono.42 Kimberley Theidon muestra como los paramilitares Norma Fuller (2003), citada en Cristina Alcalde, The Woman in the Violence. Gender, Poverty and Resistance in Peru (Nashville: Vanderbilt University Press, 2010), 28–29. 40 Chris Dolan, “Collapsing Masculinities and Weak States. A Case Study of Northern Uganda,” in Masculinities Matter! Men, Gender and Development, ed. Frances Cleaver (London: Zed Books, 2003); Jeannette Marie Mageo, “Male Gender Instability and War,” Peace Review 17, no. 1 (2005). 41 Nadelson, Trained to Kill , 147. 42 Maria Eriksson Baaz and Maria Stern, “Why do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC ) ,” International Studies Quarterly 53, no. 2 (2009): 495–518: 513. 39 colombianos, cuya mayoría se crió en comunidades pobres y marginales, explicaban su motivación para unirse a los violentos paramilitares desde la perspectiva de no unírseles, lo que asociaban con pobreza, desempleo y ausencia de poder. También muestra como el trabajo cotidiano de los paramilitares alimenta los estereotipos de hombres violentos que llevan la violencia al hogar.43 Considerando que las masculinidades militares se sustentan en un género binario en el que los hombres son fuertes y poderosos y las mujeres son débiles y no tienen poder, las mujeres se convierten en el objeto de la confirmación del status obtenido como exitosos hombres militares. En el caso del Perú, los jóvenes no siempre contaban con la alternativa entre “desempleo y pobreza” versus enrollarse con los militares. La conscripción militar era obligatoria para la mayoría. Estos jóvenes, procedentes de zonas urbanas o rurales pobres y descendientes de indígenas no tuvieron la oportunidad de escoger entre la marina, la fuerza aérea y el ejército, ni pudieron decidir a dónde serían destinados. Como se mencionó anteriormente, la jerarquía militar era racista y no esperaba mucho de sus tropas; adicionalmente, los nuevos reclutas eran iniciados, o “bautizados”, de forma sumamente violenta. De acuerdo a Eduardo González Cueva, los abusos que sufrían los reclutas por parte de los jefes militares también confirmaban y reforzaban el racismo interiorizado: “Los soldados que sufrían abuso debido a su raza o clase y a quienes se les enseñaba a asociar masculinidad y violencia, indianidad y brutalidad, pobreza y victimización, aprende a abusar de otros de la misma manera. Aprenderán a ejercer la violencia sexista sobre las mujeres, la violencia racista contra los grupos indígenas y la violencia de clase contra los pobres”.44 La violencia sexual tal vez no sea solo una señal de la batalla de los hombres contra su lado femenino, sino también contra el propio sentido de marginalidad y ausencia de poder de los soldados. Violar mujeres, algo considerado alto en la escalera social por medio de la raza y la clase, puede dar al perpetrador un sentimiento de dominación hacia las clases gobernantes, mientras que violar a Kimberly Theidon, “Reconstructing Masculinities: The Disarmament,Demobilization, and Reintegration of Former Combatants in Colombia,” Human Rights Quarterly 13, no. 1 (2003): 1– 34. 43 Eduardo Gonzalez Cueva, “Conscription and Violence in Peru,” Latin American Perspectives 3 (2000): 88–102, 100. 44 una mujer percibida como chola o indígena, puede crear la des‐identificación con ese grupo social. La espada corta por ambos lados y no exceptúa a ninguno: la sexualidad racializada ayuda al perpetrador a posicionarse en un mundo jerárquico y desigual.45 La solidaridad masculina, el cultivo de sensaciones de una poderosa masculinidad, enfrentado a un enemigo feminizado debe haber ayudado en el proceso de hacer de los jóvenes soldados sumisos y obedientes. Desde luego, los jefes militares profesionales estaban presentes para dar el ejemplo, y para fomentar activamente una cultura de crueldad anclada en el racismo y el sexismo. Los testimonios de ex soldados no dejan duda sobre la relación percibida entre ser un verdadero hombre y el deseo sexual natural de los soldados, legítimamente impuesto a mujeres locales y/o capturadas. Según el testimonio de un soldado sobre su servicio en Ayacucho durante los primeros años de la guerra, el narrador cuenta de la facilidad con que se abusaba de las mujeres que su grupo encontraba y/o capturaba. Justificaba su comportamiento haciendo valer sus necesidades sexuales masculinas como normales y sustenta que esto “pasa en cualquier parte del mundo. […] por los siglos de los siglos… ”.46 La violación de mujeres no formaba parte de las “órdenes” dadas a los soldados, pero tampoco se desalentaba este comportamiento, y, como Gitano, el soldado con cuyo testimonio iniciamos este capítulo, explicó una y otra vez en su entrevista de siete horas con la CVR, que “la tropa reclamaba ”.47 Pero la tropa pedía permiso para violar, en parte, porque no querían interferir con otros privilegios, tales como el dinero extorsionado a la población por los jefes, o el acceso a mujeres más atractivas (más altas, más blancas, mejor educadas).48 Para La leva fue abolida en Ayacucho, debido a que el ejército no quería arriesgarse a ser infiltrado por terroristas. Ver el Informe de la CVR, Vol VIII, Cap. 2.2, p121. Esto significa que muchos soldados pueden haber sido indígenas y pobres, pero no necesariamente de la misma región de la población en donde estaban estacionados. Sin embargo, los jóvenes eran reclutados por medios no formales, como dio testimonio uno de nuestros entrevistados en San Miguel y por Lurgio Gavilán, ex senderista reclutado por las fuerzas armadas: Gavilán Sánchez, Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia (Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2012). 46 Carlos Iván Degregori, José López‐Ricci, y Marfil Francke, et al. Tiempos de ira y amor: Nuevos actores para viejos problemas (Lima: DESCO, 1990), 204–205. 47 Arch‐CVR, Testimonio 100168. 48 Gitano afirma que cuando estuvo estacionado en Apurímac, los traficantes de drogas y los jefes militares trabajaban juntos, esto es, le pagaron dinero a los militares a cambio de la libre circulación. Gitano también afirma que la patrulla, las tropas, nunca recibieron dinero, sólo mujeres. Testimonio 100168–02/03 45 ser un buen soldado y defender a su propio país, uno tenía que ser un verdadero hombre, y, por tanto, emplear un comportamiento sexual violento específico que es propio de un tipo ideal de masculinidad militar. El acto de violencia sexual confirma el comportamiento masculino apropiado y natural, y es recompensado como tal por la explícita impunidad garantizada por los superiores. Sexualidad racializada y jerarquías de género Segundo, la violencia sexual refuerza las jerarquías de género incrustadas en la autoridad revestida de raza y clase. Como indica el proceso de reclutamiento e iniciación militar, la reafirmación de las identidades de género que simultáneamente se fundan en la diferenciación basada en la raza y la clase y en las jerarquías de ciudadanía está institucionalizada y es ampliamente conocida. La violencia sexual reafirma y naturaliza estas jerarquías, y hace cómplices a los perpetradores y las víctimas en la confirmación de las desigualdades. La violación de las mujeres durante el conflicto peruano se asentaba en la sexualidad racializada, expresada en un sinnúmero de maneras. Como concluye el Informe Final de la CVR, muchas veces los perpetradores invocaban las diferencias raciales y étnicas percibidas para justificar y explicar sus acciones, mientras que las víctimas generalmente se referían a las fuerzas armadas como “extranjeras”.49 Podemos leer la sexualidad racializada en los testimonios tanto de los perpetradores como de las víctimas. Las referencias a la sexualidad de las mujeres y el desearlas eran por lo general revestidas en etiquetas raciales. Estas podían no tener referencias explícitas a la etnicidad, pero era común que se refirieran a la altura, ocupación o proveniencia geográfica, o podían ser expresadas en injurias explícitamente raciales, como exploraré en el siguiente texto. Adhiriéndose a una comprensión de “raza” en la que clase (ocupación, educación, status socioeconómico) se entrelaza con etnicidad (lenguaje, origen geográfico, características físicas asociadas con raza tales como color de la piel, pelo y ojos, altura), las mujeres indígenas resultaban más “disponibles” a ser 49 Informe CVR, Vol. VIII, Chap. 2.2. violadas que las mujeres mejor educadas.50 Podemos llegar a esta conclusión gracias a las estadísticas: el 75 por ciento de las víctimas de violencia sexual registradas por la CVR eran quechuahablantes, el 83 por ciento eran de origen rural, y alrededor del 75 por ciento no tenían educación secundaria.51 Sin embargo, estos perfiles de las víctimas son muy similares al perfil de las víctimas en general, y eran por tanto lo esperado. Sin embargo al recodificar las entrevistas de la CVR, Michele Leiby halló que una proporción significativa de las víctimas de violencia sexual no coincidía con este esperado perfil particular de mujer pobre y no educada y, en cambio, se encontró con que el 65 por ciento de las víctimas que fueron identificadas por la CVR como nativas quechuahablantes eran bilingües. Esto significa que una mayoría de víctimas aprendieron castellano cuando eran mayores. Leiby sugiere que esto puede implicar un posicionamiento socioeconómico o político diferente en la sociedad peruana que la de ser pobre y sin franquicia. Este perfil de víctima de las mujeres indígenas, quienes estudiaron castellano y muy probablemente ganaron cierta experiencia de trabajo y política más allá de la agricultura de subsistencia, coinciden con muchos de los insultos raciales que pueden encontrarse en los testimonios de las víctimas y de los perpetradores, que es el uso del término derogatorio de chola. El término chola mayoritariamente se entiende que se refiere a las mujeres de descendencia indígena que simultáneamente son percibidas como externas a las comunidades indígenas. Históricamente, de acuerdo a Marisol de la Cadena, la chola representa la imagen sexualizada de las mujeres que traspasan los límites de los grupos étnicos.52 En el Perú de inicios del siglo veinte, la chola fue caracterizada como promiscua, ociosa y sucia. Al salir del dominio relativamente cerrado de la comunidad indígena y al transgredir al espacio público comercializado de la ciudad, ella se convertía en una mujer “disponible”. Como se discutió anteriormente en relación a la literatura peruana, en el Perú urbano contemporáneo, las mujeres que trabajan en el servicio Ver también: Jelke Boesten, “Wartime Rape and Peacetime Inequalities in Peru,” in Feminism and the Body , ed. Catherine Kevin (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2009); and Jelke Boesten, “Narrativas de sexo, violencia y disponibilidad: Raza, género y jerarquías de la violación en Perú ,” en Raza, etnicidad y sexualidades: ciudadanía y multiculturalismo en Am rica Latina , ed. Peter Wade, Fernando Urrea Giraldo, y Mara Viveros Vigoya (Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2008). 51 Informe CVR, Vol. VI, Chap. 1.5, 276 52 De la Cadena, Indigenous Mestizos; Weismantel, Cholas and Pishtacos. 50 doméstico y aquellas que viven en las barriadas son por lo general percibidas como cholas. Los testimonios de la CVR indican que el término chola fue usado en una estrategia deliberada para humillar a las mujeres; un soldado aclaró que los insultos racializados se usaban para “romper” una mujer. El soldado en cuestión dijo a la CVR que una táctica común en particular era decirle a una prisionera que era una “chola fea, chola apestosa, chola inútil”, para, posteriormente tratarla amablemente.53 La referencia a la imagen y al olor de la mujer, con la añadido de la apelación peyorativa “chola inútil” es, en sí misma, por supuesto, deliberadamente sexualizadora y amenazadora. El insulto sugiere que una mujer no es “suficientemente buena para ser amada”, después de lo cual será violada, contribuyendo a fomentar un sentido de complicidad y culpa en la víctima. Una mujer dio testimonio de haber sido volada por cinco soldados, quienes le dijeron “tú, chola, tu puedes aguantar a más”.54 En estas instancias, la idea que una cierta mujer no tiene valor como persona, pero que su cuerpo está disponible para el abuso sexual según el deseo de los hombres, es reforzada por la designación de chola. La manera en que los cuerpos de las mujeres fueron racializados usando términos violentos y explícitos para destacar una posición racial en el orden piramidal indica que la violación sirvió para perpetuar tales jerarquías, y que estos mensajes fueron claramente entendidos por todos los involucrados. Esto sugiere, desde luego, que estas jerarquías –y el discurso con que ellas son expresadas‐ eran reconocibles por el violador y por la víctima; estas son jerarquías existentes en tiempos de paz. Pero las mujeres también fueron tratadas diferenciadamente de acuerdo a percepciones de raza y clase. En el recuento de las violaciones de una vendedora de jugos y de una odontóloga en Tingo María, brevemente mencionadas al inicio de este capítulo, Gitano nunca usa insultos étnicos explícitos. Además, el “evento” sólo ocupa tres minutos de las siete horas de la entrevista (aunque cuenta múltiples eventos que son similares). La narración ejemplifica otras historias sobre violencia sexual contra la población local, y en estos tres minutos, nos dice algo sobre las percepciones de clase, raza y “disponibilidad” sexual. Primero, la Citado en Narda Henríquez and Julissa Mantilla, Contra viento y marea: Cuestiones de género y poder en la memoria colectiva (Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003), 92. 54 Arch‐CVR. “Investigaciones Individuales: Violación sexual en Huancavelica: Las bases de Manta y Vilca” en Anexo 52, y Declaración testimonial, Anexo 49. 53 diferencia en el trato a las dos mujeres está relacionada a la clase y la edad, y a los niveles de inclusión en el estado peruano. La vendedora de jugos “era del pueblo”, según Gitano, y era suficientemente pobre y joven para ser violada por todos los soldados. El testimonio de Gitano está lleno de referencias a jóvenes que fueron violadas o violadas en grupo, y él generalmente recuerda cómo eran, cómo vestían e incluso, algunas veces, sus nombres. Como observa Gitano, muchas de estas muchachas eran menores de edad y no tenían documentos de identidad más allá de su certificado de nacimiento, y su existencia podía fácilmente ser borrada.55 Como tal, la vendedora de jugos fue una de las numerosas muchachas indígenas menores de edad que fueron violadas por patrullas de soldados. La odontóloga, a su vez, no sólo tenía documentos de identidad, sino que también era una profesional. Aún cuando también era de la región, ella se merecía “considerable respeto” debido a su clase social, más alta. Segundo, el trato diferenciado que recibieron las dos mujeres también confirma que las jerarquías de la violencia sexual, disponibilidad y privilegio, desde luego ayudan a producir, establecer y mantener jerarquías militares por medio de los cuerpos racializados de las mujeres. La clase social o la etnicidad no protegieron contra la violación, pero produjeron resultados diferentes. Los soldados usaban la violabilidad diferenciada de las muchachas, de acuerdo a la clase y la raza, como una manera de perpetuar las jerarquías entre ellos mismos: un soldado de más alta graduación tendría más privilegios sexuales que un soldado de a pie. Los capitanes tenían la autoridad para decidir si una mujer era o no violada, como aparece en varios testimonios. La odontóloga estaba, en la narrativa de Gitano, apenas algo más arriba en la jerarquía social de la violencia sexual militar, lo que significaba que el capitán tenía el “derecho” a violarla primero. La violencia sexual jugó un papel en la performance de la jerarquía militar y en la masculinidad: Gitano se refiere varias veces a los ”privilegios” de los capitanes puesto que ellos podían decidir a quién violar y cuándo, y podían retener a las La CVR también confirmó que la ausencia de reconocimiento formal, más allá del certificado de nacimiento , contenidos en el registro local del pueblo (muchos de los cuales fueron destruidos por Sendero Luminoso), facilitó el abuso y la desaparición de personas andinas (ver Caroline Yezer, “Anxious Citizenship: Insecurity, Apocalypse and War Memories in Peru’s Andes” (Tesis PhD, Duke University, 2007). La información muestra que la ausencia de documentos afecta más a las mujeres que a los hombres y la CVR también hace notar que en muchos casos los militares y policías destruían los documentos de identidad de campesinos que sólo contaban con su certificado de nacimiento como prueba de ciudadanía. Informe CVR, Vol. VIII, Chap. 2.2., 123–124 55 muchachas en sus habitaciones durante semanas. El “privilegio” era muchas veces relacionado a las características de la mujer en cuestión; esto es, su disponibilidad jerarquizada para ser violada. Cada vez que Gitano habla sobre la captura de una mujer atractiva (por lo general definida explícitamente por su color y su altura, así como la profesión y los documentos de identidad), o de una mujer importante (definida por su profesión y jerarquía en Sendero Luminoso), sugiere que el capitán es el primero que viola, seguido por el teniente y luego las tropas. En una ocasión, recuerda Gitano, una mujer miembro de Sendero Luminoso fue capturada; “era bonita, alta, más o menos 1.75”, pero el capitán estaba “muy pasivo, no quería imponer sus privilegios”, así que la mujer en cuestión fue entregada a Gitano.56 En la narración de Gitano, los capitanes nunca participan en la violación grupal, ellos tiene el “privilegio” de la privacidad relativa. También es digno de notar que una altura de 1.75 es muy alta en las serranías peruanas y, como Gitano se refiere muchas veces a las mujeres altas capturadas como “bonitas”, esto sugiere que se trata de una medida de status social antes que de la altura en sí. Tercero, la narrativa nos dice algo acerca del rol de la violencia sexual como una estrategia de guerra. De acuerdo a Gitano, las violaciones tuvieron lugar después que los soldados torturaron públicamente a los hombres del mismo pueblo y asesinaron a su dirigente. Por tanto, la violación de las mujeres puede ser interpretada como el acto final de la victoria sobre la comunidad. Gitano, sin embargo, sugiere que en la captura de la odontóloga hubo más. Cuando el entrevistador vuelve a preguntar por qué las mujeres fueron detenidas en primer lugar, Gitano replica que la vendedora de jugos fue detenida porque los soldados la querían como botín,57 mientras que la odontóloga fue detenida porque era una mujer profesional, y por tanto una potencial terrorista. Gitano, cuando se le preguntó, no recordó ninguna escena de tortura de la odontóloga, y cree que fue liberada después de la violación pues recuerda que ella denunció la violación a las autoridades de un pueblo cercano. Sin embargo, la idea de que las dos mujeres fueron detenidas por razones diferentes – la una, sospechosa de terrorista, la otra, como botín de guerra‐ coloca a la 56 57 Arch‐CVR. Testimonio 100168–03. “la tropa reclamaba,” Gitano, Arch‐CVR Testimonio 100168–04, 100168–05, vendedora de jugos en una categoría de civil (aunque con pocos derechos ciudadanos) de muchachas aptas‐para‐violación, claramente aparte de las mujeres que pueden proveer información sobre terroristas y que pertenecen a una categoría diferente de “violabilidad”. La distinción hecha entre las dos mujeres difumina las líneas de la violación como estrategia de guerra que sirve para intimidar y humillar a un enemigo individual o colectivo (la potencial terrorista femenina, o fuerzas enemigas), y la violación como resultado de una economía política de la guerra en la que ciertas mujeres civiles devienen en mercancías a las que tienen derecho, dentro del sistema de masculinidades de tiempos de guerra, los muy esforzados soldados. Cuarto, esta narrativa de dos violaciones sugiere implícitamente que la disponibilidad sexual estaba ligada a la clase racializada. En su descripción diferenciada de las dos mujeres, Gitano pone énfasis en que la vendedora de jugos era de un pueblito y que estaba indocumentada, no tenía documentos de identidad. Gitano describió a la odontóloga, en un tono de voz casi de sorpresa, como proveniente de la misma región (“de la zona” en vez de “del pueblo”) y que ella era “bajita”. En general, las narrativas de los soldados, de las víctimas y de los testigos relacionan el ser alto con ser blanco y ser bajo con ser indio. La odontóloga es más mestiza que la vendedora de jugos debido a su profesión, aún si ella “es de la zona” y es físicamente “baja”. Aún cuando la odontóloga es mujer, y posiblemente una terrorista, se le otorgó el privilegio de ser violada por solo uno, quizás dos (el capitán se la ofreció a Gitano después de terminar con ella), en vez de ser violada grupalmente por las tropas. Hay otras mujeres que se ubican por “debajo” del status del soldado común, tal como la vendedora de jugos, la que puede ser violada a voluntad. Gitano no cree necesario describir físicamente a la vendedora de jugos y se asume que su apariencia es obvia. Como explicó Gitano “Nosotros controlamos carreteras, rios ….. allí paraban las cholitas indocumentadas … ellas sabían, las indocumentadas sabían y preguntaron por el capitán, sabían que así no tenían que estar con todo la tropa.”58 En la narrativa de Gitano, entonces, las cholitas tales como la vendedora de jugos estaban a disposición para ser violadas. 58 Arch‐CVR Testimonio 100168–04. La vendedora de jugos no sólo está asociada con ser chola debido a la referencia de Gitano sobre muchachas indocumentadas, disponibles; ser una vendedora de jugos indocumentada en los Andes peruanos sugiere un pasado rural quechuahablante. Estar en el espacio público realizando actividades comerciales –un mercado, una plaza, no lo sabemos‐ puede hacer a la vendedora de jugos una chola, en vez de “india”. Al mismo tiempo, sea que tengan antecedentes indígenas o no, los soldados la percibirán como chola por su disponibilidad sexual –y está sexualmente disponible porque ella es percibida como chola. Esta sexualidad racializada de género fue usada para confirmar la superioridad racial del soldado, aún cuando es posible que sus antecedentes sean similares a los de la mujer que viola. Violar mujeres que tienen las mismas características físicas que las de los soldados en cuestión y usar insultos raciales para distanciarse del cuerpo violado impone una dominancia que sugiere un distanciamiento deliberado del grupo social al que pertenece la mujer. En un testimonio previo, publicado en 1990, un soldado cuenta como vio su participación en el abuso sexual. El soldado dijo que “vieja o joven, le metia los dedos igual” en busca de armas escondidas, y, añadió, “habían algunas que te pedían pinga.” Además, dijo, “te metes con una chola y se queda contigo. Es que quizás por que uno es criollo ellas lo verán distinto. Para ser sincero, para mí el cholo es como un animal…lo hace y luego se duerme.” A pesar de la situación obviamente violenta y abusiva, el soldado narra la situación en términos de deseo racializado, en el que la mujeres abusadas solicitan tener sexo con soldados criollos porque sus propios hombres (cholos) son animales. Para dar énfasis a su punto de vista, el soldado añade que al principio no quería hacer esto porque “no me gustaban. Fuera de acá chola de mierda, pasaban quince días y…pase Ud. señorita,” as his sexual urges would be pressing on him.59 El soldado en cuestión, de acuerdo a Degregori y López‐Ricci, era de clase media baja urbana y se percibía a sí mismo como criollo, aún cuando es probablemente percibido como cholo por los miembros de las clases medias altas urbanas. Las políticas de designación racial en el Perú hacen posible que el soldado considere a la mujer violada como chola/India, mientras que él, como soldado urbano, sería 59 Degregori, Lopez‐Ricci, y Francke, Tiempos de ira y amor ¸204–205. cholo/mestizo, haciendo ambas identidades altamente dependientes de la posición del interlocutor. Como observó González Cueva, los hombres jóvenes que habían sufrido abuso debido a la raza y la clase y aprendieron como asociar masculinidad, sexualidad y violencia, reproducirán la violencia siguiendo las mismas premisas discrimintarorias.60 Theidon, refiriéndose a la frecuencia generalizada de la violación grupal de mujeres y muchachas locales por soldados de a pie observa que la “La pichana conistía de cholos violando a cholas, y de cholos bombardeando a las cholas con los mismos insultos etnicos que ellos soportaron todos sus vidas.”61 Desplegando la violencia en un marco de sexualidad racializada puede ayudar a producir una percepción de movilidad social para el perpetrador: coloca al soldado en cuestión en posición de dominio sobre el grupo que desprecia, y por tanto, lo remueve a él de dicho grupo. La raza es usada para justificar la violencia, mientras que la violencia sexual también produce activamente raza.62 En Ayacucho uno de nuestros entrevistados de una familia rural quechuahablante63 se refirió al racismo de que fue objeto durante su permanencia en el ejército. Recordó que el tiempo que pasó como militar fue una experiencia muy traumática, especialmente por el abuso que él mismo sufrió: Era también otra trauma ahí, y otro, otro… sabes pues si el ejercito también yo pensé, pues era no, gente peruanos, gente con poblanos, gente paisanos, no nos querían. Llegaremos a querernos, decía yo, no era así. El ejército es discriminación. Discriminatorio—los criollos, los serranos, y los selváticos… y eso es desde un soldado hasta un general. Hay una discriminación por donde quieran. Entonces, no comes bien, no vistes bien, eres… el perro que tienes en la casa mejor trato tiene. Pero cuanto— no tienes ningún derecho. Era pues con Fujimori, no sé cómo será ahora, pero dicen que ya es muy distinto, pero no creo que sea muy diferente. Gonzalez Cueva, “Conscription and Violence in Peru.” Theidon, Intimate Enemies , 135. 62 Ibid. 63 Las entrevistas fueron realizadas con la asistencia de investigadores del CEPRODEP, Ayacucho. Ver Proyecto Varones, Ayacucho, 2011. La majoría de los respondentes fueron bilingüe y entrevistados en castellano. 60 61 Ah, la misma cosa. Nosotros pues, con la frazada que dormíamos, trapeábamos el piso.64 Para los soldados parece haber sido importante colocarse en una posición racialmente superior por cualquier medio. Desde la perspectiva de aquellos en el fondo de la jerarquía militar, la violencia sexual contra mujeres “racialmente inferiores”, y el enfatizar esto verbal y públicamente, es possible que haya desempeñado un papel en la afirmación de superioridad racial. Hetero‐Normatividad Tercero, la violencia sexual refuerza la idea de la hetero‐normatividad, esto es, de la heterosexualidad como norma, y cualquier otra práctica sexual es visto como perversa. Continuando desde la discusión de cómo la violencia sexual es una herramienta en la afirmación de un tipo particular de masculinidad violenta, una exageración de lo que es ser “ hombre verdadero”, listo para el combate, emerge una objetificación de las mujeres como objetos sexuales, y de hombres como predadores sexuales. Como tales, las masculinidades militarizadas dependen de un clásico binario de género de activo/pasivo, dominante/sumiso, masculino/femenino; no hay espacio para negociar la heterosexualidad. Paul Higate, quien examinó las masculinidades militares entre los efectivos de las fuerzas de pacificación, también concluyó que, a pesar de la diversidad de antecedentes culturales y nacionales de los miembros de las fuerzas de pacificación, todos compartían una identidad “guerrera” asentada en la agresión y en una pronunciada heterosexualidad. Higate afirma que si la testosterona es percibida como necesaria para ser un buen soldado, y se cree también que genera deseos sexuales naturales e incontrolables, entonces las mujeres tienen que estar disponibles –sin las mujeres, es muy probable que los soldados practiquen relaciones homosexuales, se feminicen, y por lo tanto, no En Proyecto Varones, numero 3, Quinua, Agosto 6, 2011. Este hombre fue reclutado por medio de la leva, después que él y su familia trataron activamente de evitarlo. Considerando que era de la región de Ayacucho, se sugiere que los militares recurrieron a la leva cuando necesitaban más soldados, a pesar de que ésta había sido abolida formalmente al inicio de la contrainsurgencia. (ver: Informe CVR, Vol. VIII, Cap. 2.2, 123). 64 estén aptos para combatir.65 Por lo tanto, para repetirlo, en general es el género binario masculino‐femenino el que sustenta la masculinidad militar, el rol de raza y/o clase es específico a ambientes particulares, tal como el Perú. La violencia sexual es una herramienta útil para enfatizar la comprensión del género binario y afirmar la heterosexualidad. Desde luego, el continuo énfasis en la necesidad de la heterosexualidad en un medio ambiente homo‐social, tal como el militar, también alimenta la homofobia explícita. Pero los datos muestran que la violencia sexual contra los hombres, especialmente en la forma de tortura de hombres presos, también era común.66 La tortura sexual generalmente sirve para poner al víctima en el rol de la mujer, esto es, para feminizar a los enemigos y mostrar superioridad masculina sobre los conquistados. Estos actos efectivamente producen una vergüenza duradera en quienes son violados o torturados sexualmente. Muy pocos hombres han declarado sobre la violación en prisión, pero nueva información recopilada por el Registro Único de Víctimas así como la investigación de Michele Leiby y Jenny Dador, sugieren que la violencia perpetrada contra hombres durante el conflicto peruano fue probablemente mucho más difundida de lo que se creía. De acuerdo a Leiby, la violencia sexual contra hombres presos consistía mayormente en mutilaciones (20%) y humillación (46%), más que tortura sexual (15%) y violación (15% de los casos).67 Feminizar al enemigo vía la violencia sexual, cualquiera que sean los medios, tiene por intención emascular al enemigo, cuando la normativa existente impone una masculinidad heterosexual particular. Al mismo tiempo, tales actos ratifican la superioridad y el poder de los perpetradores. La violencia contra la gente gay y transexual es producto de la necesidad de afirmar la superioridad heterosexual en un intento por establecer una dominación naturalizada de un grupo particular sobre otros. “Golpear al gay” Higate, Revealing the Soldier. Arch‐CVR Testimonio 100168–05. Michele Leiby, “Digging in the Archives: The Promise and Perils of Primary Documents,” Politics & Society 37, no. 1 (2009): 75–99; María Jennie Dador Tozzini, El Otro Lado de la Historia: Violencia Sexual contra Hombres: Perú 1980–2000 (Lima: Consejería en Proyectos (PCS), Ediciones Nova Print S.A.C., 2007). 65 66 67 Leiby, “Digging in the Archives,” 82. tiene una larga historia en el Perú y en América Latina,68 y tiene, como subraya Butler, el propósito específico de reproducir el marco normativo de la hetero‐ normatividad. Al así hacerlo, también sirve para reforzar la dominación de los “verdaderos hombres” sobre otros. Hay evidencia del asesinato de 26 hombres gay y travesti durante el conflicto, todos en la región selvática de amazónica del Perú. Dieciocho fueron asesinados por Sendero Luminoso y ocho por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).69 Se usaron insultos explícitamente homofóbicos y amenazas en el contexto de estas muertes. El MRTA hizo públicos comunicados refiriéndose a la presencia corruptora de gays y travesti en el pueblo y mencionando el fracaso de la Policía Nacional para establecer la “seguridad ciudadana”.70 El mensaje enviado por medio de estos asesinatos concierne a un orden moral particular caracterizado por un liderazgo fuerte y masculino. Por ello, al dar muerte a los hombres que no cumplían con la masculinidad hegemónica heterosexual, las dirigencias de Sendero Luminoso y el MRTA efectivamente mostraban su poder y reforzaban los restrictivos y violentos marcos normativos que establecía límites en el comportamiento sexual y la identidad de la gente. La CVR no ha descubierto evidencia de violencia homofóbica por parte de las fuerzas de contrainsurgencia, que son el focus principal de mi investigación. Esto puede ser porque tal vez nunca sucedió: sin embargo, considerando los altos niveles de violencia homofóbica en el Perú de tiempos de paz –y la abierta represión al activismo LTGB71 ‐ y el énfasis en la masculinidad militar hetero‐normativa, es más probable que aún no haya sido investigado o no haya sido dado a conocer. Aún así, subrayo los casos que se Ver, por ejemplo, el informe del Comité Inter‐eclesial de Derechos Humanos en América Latina (ICCHRLA), “La Violencia al Descubierto: Represión Contra Lesbianas y Homosexuales en América Latina” (Toronto: ICCHRLA, 1996). 69 Jorge Bracamonte y Susel Paredes, “Violencia política, crímenes de odio, memoria y reparación” (Lima, 2003), 1–6; Informe CVR Vol. II, Cap. 1.4., 432–433. 70 Informe CVR, Vol. II, Cap. 1.4., 432–433. 71 El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), regularmente informa sobre la represión a la que es sometida la comunidad LGBT en la vida cotidiana y en la acción colectiva. Recientemente, una protesta no violenta consistente en parejas besándose en la Plaza de Armas en Lima fue reprimida por la policía militar; en cambio se permitió la marcha de grupos religiosos con mensajes homofóbicos. Ver: “La represión policial confirma que nuestros besos tienen el poder de acabar con la homofobia,” http://www.mhol.org.pe (acceso Julio 7, 2013) MHOL también informa de por lo menos un caso de violencia militar homofóbica en 1984, ver: Gio Infante, “Las otras memorias. Persecución, tortura y muerte de homosexuales durante el conflicto armado interno.” La Mula ,Agosto 28, 2013, http://gioinfante.lamula.pe/2013/08/28/las‐otras‐ memorias/gioinfante/ (acceso Agosto 28, 2013). 68 conocen, perpetrados por el MRTA y Sendero Luminoso, para mostrar que la violencia homofóbica en la guerra es una forma de violencia basada en el género, que tiene un propósito que se asemeja a la violación de la mujer, aún si la naturaleza del acto (muerte versus violación, perfil de la víctima) es enteramente diferente. Por ello, mientras que los significados del mismo acto pueden diferir, diferentes actos también pueden enviar un mensaje similar (hetero‐ normatividad y dominación hegemónica masculina). Desigualdades entre grupos en la sociedad en general Cuarto, y continuando lo anterior, la violencia sexual reproduce y naturaliza las jerarquías entre los grupos poblacionales; esto es, sirve para reproducir amplias desigualdades sociales y mantiene el poder hegemónico. Si la reproducción de las mencionadas jerarquías existentes basada en diferencias percibidas raciales, de clase, y de género sirven para mantener y perpetuar estas jerarquías en contra y entre hombres y mujeres, entonces debe ser que la violencia sexual perpetúa y naturaliza jerarquías entre grupos poblacionales‐ y reafirma las grandes diferencias sociales, económicas y políticas. En el capítulo 6 exploro cómo podemos ver la violencia contra la mujer, en la guerra y en la paz, como un continuum histórico; un análisis que depende claramente de la idea de las desigualdades históricamente construidas siguiendo los patrones de raza y clase, así como de género. Como las categorías sociales de superioridad e inferioridad son actuadas por la vía de la violencia sexual, ser indígena es, una vez más, ser el perdedor en la batalla por la dominación, mientras que ser un hombre blanco bien educado y urbano significa ser el ganador. El resultado de la violencia es el restablecimiento de las jerarquías coloniales, que, como he subrayado antes, estaban fuertemente ancladas en una política racializada de sexo. La violencia sexual, considerando su poder para naturalizar la imposición del poder hegemónico, es una herramienta efectiva para reafirmar las divisiones sociales. La violencia sexual no sólo naturaliza las jerarquías existentes, sino que también previene la resistencia colectiva‐ la vergüenza y la culpa que impone la violación en las víctimas‐sobrevivientes por un lado, y en los hombres relacionados a víctimas‐sobrevivientes por otro (por ser incapaces de proteger a “sus” mujeres) impide la solidaridad y fomenta la fragmentación y el resentimiento. Porque la violencia sexual crea vergüenza y culpa, feminiza a los hombres, y “estropea” a las mujeres mientras que simultáneamente impone normas sexuales aún más restrictivas, las comunidades que sobrellevan el impacto de esta violencia, emergerán más débiles, y más divididas, de lo que ya estaban. Por ello, la naturaleza productiva de la violencia sexual al afirmar y naturalizar las divisiones sociales de una sociedad extensa es la suma de la violencia sexual alimentando a, y dentro de, las jerarquías entre hombres, la hetero‐normatividad y la sexualidad racializada. Para dar un ejemplo más de cómo la violencia sexual vuelve naturales estas divisiones sociales, me remito a una novela de 2005, del premiado autor peruano Alonso Cueto, que es parte de la literatura peruana postconflicto tratando sobre la historia contemporánea de violencia política. La novela La hora azul, cuenta la historia de Adrián Ormache, un exitoso abogado limeño proveniente de las clases privilegiadas que descubre que su difunto padre era un jefe militar quien, cuando estuvo en servicio en Ayacucho, fue responsable de torturas, desapariciones, muertes, y, por cierto, abuso sexual. También descubre que su padre estaba hipnotizado por una de sus víctimas, quien escapó de la prisión militar en los Andes, en donde el padre Ormache la retuvo en una “relación” sexual de de dos semanas. El hijo Ormache, por su parte, se obsesiona con la sobreviviente torturada por la crueldad de su padre, y abandona a su esposa e hijas en su recorrido suburbano para embarcarse en una travesía por los contrastes sociales, culturales y geográficos que es el Perú a fin de hallar a Miriam, la mujer. Después de viajar hacia, y experimentar, el Perú profundo, con el que la vida andina es generalmente asociada y que Cueto vivamente describe como un lugar mítico y extraño, el hijo Ormache halla que Miriam aparentemente está cerca a su casa, pero igual en otro mundo. Ella se ha transformado: de ser una joven indígena es ahora una madre soltera con un niño y vive en un típico barrio pobre de Lima, donde es parte de la comunidad de peruanos andinos desplazados. En vez de ofrecernos una rápida mirada sobre la violenta relación entre víctima y perpetrador en tiempos de guerra, el autor confronta al lector con una nueva relación violenta. El padre Ormache ha violado a Miriam durante el conflicto; el hijo Ormache se aproxima a la víctima de su padre usando el poder de su privilegiada posición de clase media urbana para iniciar una “relación” sexual con ella. Tal como el padre Ormache pudo haber pensado que tenía una “enamorada” para dos semanas, el hijo Ormache piensa lo mismo Sin embargo, en la novela, la violencia con la que se forjan estas relaciones es morigerada, o tal vez considerada parte inherente de la relación. (Ojo que testimonios a la CVR frequentemente resaltan como violadores “enamoraron” a las chicas, vea también la entevista con Aurelio, capitulo 2). Hacia el final de la novela, Miriam y Ormache tienen sexo en un hotel de carretera. Conduciendo a casa, Ormache está confuso y se siente “paralizado”, y piensa para sí: “Lo que estas sintiendo (o crees sentir, digamos) está tan en contra detodo los que eres, casi da risa por no decir cólera, oye.”72 Su confusión está relacionada con la historia de violencia que precede su encuentro con Miriam, pero también a la incompatibilidad de estas dos personas debido a la clase, la cultura y la raza. La siguiente vez que se ven en un restaurante, Miriam no habla; Ormache le reprocha este comportamiento y le dice que “Si no vas a hablarme no se para que sales […..] A la próxima me consigo otra chica que me hable por lo menos, no una muda como tu.” Enfurecida Miriam ataca a Ormache con el cuchillo y le corta superficialmente. Corre hacia la oscuridad, en donde Ormache la halla. Los siguientes eventos terminan la escena: Se me acercó y me dio un abrazo ‐Te pido que me perdones –me dijo‐. No sé qué es lo que pasa, no sé. Subimos al carro. Regresamos a la carretera. Busqué un hotel en la avenida.73 La prácticamente inevitable reproducción del encuentro sexual violento y desigual entre dos “razas incompatibles” –reforzado por la historia de violación y tortura que lo precedió – coloca la novela de Cueto, en el análisis de Robert Young, en un espejo a la literatura colonial del siglo diecinueve que vio las relaciones sexuales como sado‐masoquistas caracterizadas por la “atracción y repulsión entre las razas [que] comprende la estructura Hegeliana de 72 73 Alonso Cueto, La hora azul (Barcelona: Anagrama, 2005), p246. Ibid., p248‐9. dominación y servidumbre”.74 La hora azul retrata la relación sexual entre el hijo de un torturador y violador y su víctima‐sobreviviente de una manera benigna, mientras que al mismo tiempo, hace esta relación imposible debido a la distancia social entre los dos. En vez de reconciliación, como sugiere Ivan Thays75 – entre padre e hijo, víctima y perpetrador, pasado y futuro, e incluso las divisiones sociales que separan a Miriam y Ormache hijo‐ la narrativa afirma y reproduce las desigualdades que se intersectan de raza, clase y género. Conclusión Este capítulo ha resaltado cómo la violación afirma y naturaliza las masculinidades violentas, las desigualdades de raza y de género, la hetero‐ normatividad, y, al hacerlo, las desigualdades de la sociedad en general. La violencia sexual colabora enraizando y naturalizando la persistente violencia sexual –las estructuras que mantienen la pobreza y la mala salud, restringe las oportunidades y alimenta una cultura de impunidad. Por medio de la violencia sexual, las jerarquías existentes basadas en género, raza, clase y sexualidad no sólo son revividas y normalizadas, sino también naturalizadas, y esta naturalización de las jerarquías facilita la normalización de la violencia. La violencia sexual confirma el marco normativo que determina “lo que uno puede ser”, según expresión de Butler. Tal violencia circunscribe la agencia e identidad no sólo de las víctimas sino también de los perpetradores. La coerción y control mutuo de los pares, la hegemonía de la masculinidad, y una sociedad altamente estratificada también circunscribe las identidades de los hombres y las posibilidades de agencia, alimentando el comportamiento violento de los hombres. Mientras que este análisis no excusa una responsabilidad ética de las propias acciones y, por tanto, no elimina la responsabilidad individual, el Young, Colonial Desire, 108. Thays sugirió que el libro representa una forma de reconciliación debido a la relación entre Ormache hijo y Miriam, y los conflictos interiores de Ormache hijo. http://notaszonadenoticas.blogspot.co.uk/2006/01/viaje‐vertical_26.html ; and also: http://matepastor.blogspot.co.uk/2012/02/ivan‐thays‐sobre‐la‐comida‐gastronomia.html Victor Vich sugiere que esta visión de la reconciliacion nacional ‘mantiene una fuerte estructura tutelar’, basado en la reproducción de desigualdades. Victor Vich, ‘Violence, Guilt, and Repetition: Alonso Cueto’s Novel, La Hora Azul.’ In: Cynthia E. Milton, ed. Art from a Fractured Past.Memory and Truth Seeking in Post Shining Path Peru. (Durham and London: Duke University Press, 2014) pp127‐138, 136. 74 7575 entendimiento complejo de lo que la violencia sexual hace a niveles social y político puede ayudar a comprender mejor su omnipresencia. 4: Justicia transicional, verdades y narrativas de violencia A fines de la década del 2000, después que el entonces presidente Alberto Fujimori huyó del país tras las acusaciones de fraude electoral y abusos a los derechos humanos, y, en particular, después que algunos videos, secretamente filmados por Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia de Fujimori, fueron difundidos confirmando lo que muchos ya sospechaban – que el gobierno Fujimori había tejido una extensa red de corrupción, que llegaba a todos los sectores de la sociedad, incluyendo la jerarquía militar, el sector empresarial, y el grueso de la clase política‐, se hizo cargo un gobierno de transición. La violencia y corrupción con las que el gobierno Fujimori condujo el Perú entre 1990 y 2000, prolongó una guerra que pudo haber terminado en 1992, tras la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.1 En noviembre del 2000, Valentín Paniagua, un confiable político de centroderecha, fue designado jefe del gobierno transicional que debía guiar el proceso de restauración de la democracia, la reforma institucional y conducir a elecciones libres. Este gobierno transicional desmanteló rápidamente la estructura de poder de Fujimori. Se abolió el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), se detuvo a oficiales militares de alto rango, los jueces corruptos de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional fueron despedidos, y se iniciaron investigaciones criminales contra éstos, así como contra los funcionarios de más alto rango del comité electoral responsable de ratificar el fraude de Fujimori en el 2000.2 El gobierno de transición también preparó la conformación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigaría las causas y consecuencias del conflicto armado. Por lo tanto, en términos de lo que es ampliamente considerada como “justicia transicional”, el Ver Jo‐Marie Burt, Political Violence and the Authoritarian State in Peru: Silencing Civil Society (New York: Palgrave Macmillan, 2007) para un balance de las políticas del miedo, de Fujimori, durante sus diez años de gobierno. 2 Lewis Taylor, “From Fujimori to Toledo: The 2001 Elections and the Vicissitudes of Democratic Government in Peru,” Government and Opposition 40 (2005): 565–596. 1 gobierno interino dio todos los pasos adecuados para enfrentar el pasado de violaciones masivas de derechos humanos y para democratizar la organización política del país. La justicia transicional no solo se refiere a los procesos de cambio político y el restablecimiento de la vigencia de la ley, sino también a las intervenciones para ayudar a las sociedades a reconciliarse a sí mismas con un pasado violento, a establecer una “verdad” sobre las violaciones de los derechos humanos que permita un futuro pacífico. Los mecanismos que se considera que contribuyen a la justicia transicional post conflicto son la reforma institucional, el examen y control político e institucional, el procesamiento criminal de aquellos sospechosos de abusos a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la provisión de justicia y reparación para las víctimas de tales abusos y la búsqueda de una verdad nacional por medio de la cual se pueda lograr la reconciliación. La reforma y el examen y control institucional fueron parte de esta primera etapa de la transición post‐Fujimori, por más imperfecto que pueda ser considerado este proceso. Desde esa primera etapa de la transición a la democracia, el foco se ha centrado en la búsqueda de la verdad, seguida por los compromisos de reparaciones y la justicia criminal. La naturaleza de la verdad y de la búsqueda de la verdad, así como las reparaciones y la justicia en general, provocan una serie de interrogantes de género relevantes a la discusión sobre la justicia transicional y la violencia sexual, que serán el tema de los dos próximos capítulos. Ruti Teitel identifica tres fases históricas de la justicia transicional y la asociada evolución de la ley internacional humanitaria. Teitel identifica la primera fase con el inicio de los procesos de Nuremberg en 1945, que se centraron en la responsabilidad internacional y la justicia retributiva. La fase II se inició con las transiciones democráticas en América Latina, asociadas a las dinámicas de la Guerra Fría, así como con las transiciones post Guerra Fría en la Europa del Este después de 1989, y se enfocó en la justicia y reconciliación nacional. Es entonces cuando los procesos de justicia transicional evolucionan de una justicia redistributiva a incluir la búsqueda de la verdad y alguna forma de entendimiento del pasado violento. La actual y última fase es asociada con la globalización y la idea de una inestabilidad política más intensa y el conflicto persistente en ciertas regiones del mundo, y un atrincheramiento de la responsabilidad internacional y de la normalización de la justicia transicional.3 La etapa actual de la justicia transicional es acompañada por un crecimiento de la industria, y pericia, de la justicia transicional global, y los desarrollos acelerados en la ley internacional humanitaria, concretados en el establecimiento del Tribunal Criminal Internacional de La Haya en 2002. La transición peruana al gobierno democrático en el 2000 muestra características de las fases II y III de la genealogía Teitel. El gobierno transicional rápidamente reformó su estructura de gobierno y restableció un sistema electoral multipartidario bien monitoreado; fortaleció y democratizó sus instituciones, incluyendo las jurídicas y las militares; y procedió a enjuiciar a delincuentes de alto nivel. Además, el gobierno transicional apuntó a una forma más holística de justicia al establecer una comisión de la verdad. El Perú se enfocó en la justicia y la responsabilidad desde una perspectiva nacional: el proceso de búsqueda de la verdad tenía por objetivo establecer una versión contemporánea nacional de verdad y de inclusión de la historia contemporánea, que, por medio del proceso de inclusión y compromiso público, redefiniría la identidad y solidaridad nacional. Al mismo tiempo, bajo influencia del momento en que la transición se inició (2000), el Perú se hallaba en el centro de la globalización y normalización de la justicia transicional y la ley humanitaria internacional. Por ello, la siguiente discusión se centra en ambos aspectos de la transición peruana: por un lado, los intentos de auto‐observación para reconciliar una nación con su pasado reciente y, por otra, la participación del Perú en el vórtice global de la profesionalización y estandarización de la justicia transicional. El siguiente capítulo aborda el tema de la violencia sexual y la justicia criminal o, mas bien, impunidad; este capítulo examina la búsqueda de la verdad y cómo se reflexiona y se enfrenta (o no) la violencia sexual vía los testimonios de mujeres, una perspectiva de género, y, finalmente, una narrativa nacional de la violencia. Primero, reflexionaré sobre las tensiones entre verdad y justicia, seguido por una perspectiva de los debates que enmarcan género y comisiones Ruti Teitel, “Transitional Justice Genealogy,” Harvard Law School Human Rights Journal 16 (2003): 69–94. 3 de la verdad. En la parte principal de este capítulo, analizaré las narrativas construidas de violencia sexual tal como han sido presentadas por la CVR. Esta es una historia parcial: la CVR identificó 538 mujeres que habían sido violadas, y muchas mujeres y testigos más dieron su testimonio sobre violación y/o violencia sexual. Para este capítulo, me he concentrado en un testimonio en particular que fue seleccionado para una audiencia pública de la CVR y que obtuvo prominencia debido a la impactante “performance” de la víctima‐ sobreviviente.4 Por lo tanto este testimonio público logró significado simbólico y contribuyó activamente a la creación de una narrativa post conflicto de violencia sexual. Segundo, reviso los testimonios a puerta cerrada, o entrevistas, realizadas por entrevistadores de la CVR. Estas entrevistas contribuyeron a la construcción de una meta–narrativa de violencia sexual en el conflicto armado, al imponer un cierto entendimiento de la violencia sexual por sobre el entendimientos de las propias experiencias de las víctimas‐sobrevivientes. La entrevista que discuto ejemplifica algunas de las dificultades asociadas con el entrenamiento y sensibilización de unos 500 profesionales sobre violencia sexual y daño de género en un contexto en el que coexisten múltiples entendimientos de la verdad –y de la justicia. Cierro este capítulo con algunas reflexiones sobre la verdad, la justicia, las víctimas y los perpetradores. Ambigüedades de la verdad La oportunidad de rendir testimonio frente al país es un acto de significación y sanción para las víctimas que aparecen en la audiencia publica y para aquellas personas que pueden identificarse con los casos presentados[…] La comisión busca que las víctimas enriquezcan la investigación con su verdad personal, con su interpretación de los hechos y sus esperanzas de justicia, de reparación y prevención. Así mismo, el país solidariza y reconoce la dignidad de las victimas tanto tiempo negada. (CVR Audiencias Públicas, citado en Silva Santistevan, El factor asco, 69). Sobre testimonios como performance durante las audiencias públicas de la CVR, ver Rocío Silva Santisteban, El factor Asco , Basurización Simbólica y Discursos Autoritarios en el Perú Contemporáneo (Lima: Red de Ciencias Sociales, 2007), especialmente el Capítulo 3. 4 La Comisión ha querido recuperar la dignidad de las víctimas, devolverles una voz que todo el país pueda escuchar, voz que les corresponde por derecho, y reivindicar su carácter de ciudadanos y ciudadanas. http://www.cverdad.org.pe/lacomision/balance/index.php La Comisión de la Verdad y Reconciliación enfatiza la importancia para las víctimas‐sobrevivientes de la violencia política del hablar en público y ser escuchados. El mensaje que su presidente, Salomón Lerner Febres, y la CVR insistieron en transmitir a aquellos que dieron su testimonio, así como a aquellos que escucharon, era que la “sociedad integrada”5 había ignorado el sufrimientos de sus compatriotas pobres durante los 20 años del conflicto.6 Es la convicción de la CVR que esta falta de atención facilitó la escala de las atrocidades cometidas, reforzada por prejuicios existentes, y divisiones sociales, políticas y económicas. Al prestar atención ahora, vía el ejercicio post conflicto a nivel nacional de examinar el pasado reciente desde el punto de vista de las víctimas‐ sobrevivientes, estas divisiones serán sacadas a la luz y, finalmente, superadas. Al mismo tiempo, como es sugerido en las citas anteriores, el proceso de hablar y ser escuchado tenía por intención facilitar alguna forma de reparación por el sufrimiento de quienes dieron testimonio, así como de aquellos que se identificaron con el sufrimiento del expositor. La idea de que las CVRs tienen el efecto de curar a los individuos así como a la sociedad en general, también fue ampliamente promovida por la comisión de la verdad y reconciliación de Sudáfrica.7 Esta idea, que hablar de, y escuchar, los traumas pueden conducir a una historia de la violencia más inclusiva, y por ello a un futuro más inclusivo, no es aceptado universalmente.8 Sin embargo, Presentación del Informe Final. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/discurso01.php . 6 Salomon Lerner, “Inauguración de las audiencias públicas. Palabras del Presidente de la CVR,” http://www.cverdad.org.pe/informacion /discursos/en_apublicas02.php . 7 Fiona Ross, Bearing Witness: Women and the Truth and Reconciliation Commission in South Africa (London; Sterling, VA: Pluto Press, 2003); Paul Lansing and Julie C. King, “South Africa’s Truth and Reconciliation Commission: The Conflict between Individual Justice and National Healing in the Post‐Apartheid Age,” Ariz. J. Int’l & Comp. L . 753, no. 3 (1998): 753–789. 8 Ver: Katherine Hodgkin, ed., Contested Pasts: The Politics of Memory (New York: Routledge, 2003). En ello, especialmente, Chris Colvin “‘Brothers and Sisters, Do Not be Afraid of Me’: Trauma, History and the Therapeutic Imagination in the New South Africa Part III: Patterning the National Past,” 153–167. 5 tiene una atracción poderosa en sociedades post‐conflicto en las que las divisiones sociales basadas en raza, clase y género han delineado los contornos de la violencia. El mantenimiento y reproducción de las divisiones sociales que eran inherentes a la violencia en Sudáfrica también eran centrales al conflicto en el Perú, aunque en una forma diferente. La selección de palabras de Lerner y el énfasis en la importancia de las divisiones entre la sociedad integrada y los peruanos excluidos en cuanto al resultado del conflicto está apuntalada por estadísticas del conflicto publicadas por la CVR, que demuestran que la mayoría de víctimas (79%) era gente indígena rural. Estos hechos también subrayan el rol de tales divisiones sociales en la promoción de la violencia política, y en hacer posible el nivel y horror de las atrocidades cometidas. Uno podría decirse que esta situación de una nación dividida entre aquellos que pertenecen y aquellos que no, fue actuado en un teatro de violencia que fue ignorado durante mucho tiempo por aquellos que tuvieron la posibilidad de detenerlo. Considerando esta negligencia fatal, la estrategia de hablar, escuchar, y oír a aquellos que sufrieron y fueron testigos de la violencia directamente, es una estrategia explícita para hallar un nuevo balance social. De hecho, la CVR peruana fue la primera y única CVR que usó, en América Latina, las audiencias públicas. Lo hizo con el propósito de aumentar la conciencia en una vasta audiencia, que fue producto de la idea que la ignorancia e indiferencia habían perpetuado y prolongado el conflicto.9 Desgraciadamente, la invitación para escuchar las experiencias de compatriotas, hombres y mujeres, fue poco seguida más allá de la comunidad de los derechos humanos, y no generó un debate nacional sobre la división y la inclusión. Mas bien las audiencias televisadas fueron mayormente ignoradas y, al parecer, sirvieron para alimentar las críticas a la CVR. Por ello, a pesar de las ambiciosas expectativas muchas veces asociadas con las CVRs, incluidas la curación de los individuos y el cuerpo social, combatir la impunidad, promover la inclusión y la democracia, y, desde luego, la prevención de una futura violencia masiva, hay pocos indicios que las CVRs están realmente equipadas para siquiera aproximarse a estos resultados.10 La CVR fue propuesta y aprobada por el gobierno de transición y ratificada por el gobierno electo de Alejandro Toledo Lisa J. Laplante, “The Peruvian Truth Commission’s Historical Memory Project: Empowering Truth‐Tellers to Confront Truth Deniers,” Journal of Human Rights 6 (2007): 433–452. 10 Laplante, “The Peruvian Truth Commission’s Historical Memory Project,” 434. 9 (2002‐2006). Los doce comisionados nombrados, fueron seleccionados mayormente de la intelligentsia de clase media de Lima: seis comisionados eran académicos o afiliados a universidades y uno, un abogado, con un pasado de político, de los cuales dos eran mujeres, cuatro eran miembros del establecimiento religioso y un general representaba a las fuerzas armadas.11 Sólo uno de los comisionados era capaz de expresarse en quechua. Tal vez inevitablemente, como posteriormente admitió el comisionado Carlos Iván Degregori, la composición de la comisión reflejaba las divisiones de raza, clase y género que fueron tan críticas en el Informe Final.12 Por eso, es fácil para algunos críticos de la CVR acusarla de prejuicios, y, para otros, descartarla completamente.13 Sin embargo, varios académicos ponen énfasis en que memorizar el conflicto es un proceso que continúa y que involucra a muchos actores; la CVR no cerró sus puertas a diferentes narrativas debido a los prejuicios de los comisionados, sino que ofreció la apertura inicial a la necesidad y posibilidad de memorizar.14 Si bien esta interpretación de largo plazo y dinámica del trabajo de la CVR es importante, la importancia del Informe Final de la CVR para la construcción de una narrativa nacional de las violaciones pasadas de los derechos humanos no puede ser subestimada, y la ausencia de interés de una más amplia audiencia peruana es, asimismo, un importante reflejo de la ausencia de voluntad por parte de la sociedad de reconocer y enfrentar las divisiones sociales que se refleja en el núcleo de la violencia.15 El general Luis Arias Graziani firmó el informe final, pero añadió una carta en la que expresaba sus reservas sobre las conclusiones a que llegaba la CVR en relación a la responsabilidad de las fuerzas armadas por las violaciones de los derechos humanos. TRC Report, “Firmas” y Vol. VIII. 12 Carlos Iván Degregori, “Heridas abiertas, derechos esquivos: Reflexiones sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación,” en Memorias en conflicto: Aspectos de la violencia política contemporánea , ed. Raynald Belay, Jorge Bracamonte, Carlos Iván Degregori, y Jean Joinville Vacher (Lima: Embajada de Francia en el Perú , IEP, IFEA, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2004), 75–85. Esto generó críticas desde varios sectores, desde luego. 13 Uno de los más vehementes críticos de la CVR es el director de un periódico nacional de derechas, Aldo Mariátegui, quien, en un duro lenguaje, desestima los hallazgos de la CVR, incluido el número de víctimas, y llama “caviares” o “socialistas champagne” a los que apoyan a la CVR y al informe final. No es el único que expresa tales severos sentimientos de rechazo a los hallazgos de la CVR. 14 Cynthia Milton, “Public spaces for the discussion of Peru’s recent past,” Antipoda no. 5 (2007): 143–168, http://antipoda.uniandes.edu.co/view.php/69/ ; Laplante, “The Peruvian Truth Commission’s Historical Memory Project”; Pascha Bueno‐Hansen, “Oranges and Flower Petals: El Grupo Cultural Yuyachkani and the Peruvian Transitional Justice Process” (Paper presented at the Latin American Studies Association Annual Conference, Washington, DC, May 29 to June 1, 2013). 15 Gonzalo Portocarrero, Racismo y mestizaje y otros ensayos (Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007), 23–24. 11 A pesar de las limitaciones de las CVRs por concretar las ambiciones de una narrativa histórica inclusiva y reconciliatoria, el descubrir la verdad sobre la violencia es una condición necesaria para cualquier forma de responsabilidad y, por cierto, sobre la vigencia de la ley y de las relaciones democráticas. En sociedades post conflicto, en las que el sistema judicial puede que no esté funcionando adecuadamente, y el desacuerdo político sobre la responsabilidad por las pasadas violaciones de derechos humanos impide la acción de los comités gubernamentales de investigación, las comisiones de la verdad semi‐ independientes son consideradas la mejor opción. Se considera que las comisiones de la verdad son útiles, porque buscan redefinir una comunidad nacional después que ha sido “quebrada” por la violencia. Por medio del contar de, y de escuchar a, todas las partes de la historia,16 especialmente a aquellos tradicionalmente marginados, se crea una narrativa histórica del conflicto político que es aceptable para la mayoría de la sociedad, fomentando la reconciliación y preparando los fundamentos de un futuro democrático. Desde luego, este resultado ideal es difícil de conseguir. La Comisión de la Verdad de Sudáfrica, para optimizar las posibilidades de reconciliación y de un futuro democrático inclusivo, vía un mandato constitucional y a cambio de una confesión completa y honesta, concedió la amnistía a los perpetradores de la violencia.17 Esto generó mucho debate sobre la tensión entre los ideales de la curación nacional versus la justicia retributiva. Pero la idea que la “justicia” es más que la responsabilidad criminal y que puede ser conseguida mejor por la reconciliación gracias a la confesión de la verdad y el perdón, por medio de “curar” a la nación, dominó la transición sudafricana.18 El Perú no concedió amnistía a los perpetradores: mas bien, el mandato incluía la investigación de los casos potencialmente criminales. Como cuenta Eduardo González Cueva, hubo una considerable ausencia de claridad dentro de la comisión sobre qué actitud La CVR tomó la iniciativa de entrevistar a los dirigentes del más alto nivel de la insurgencia presos, a los ex presidentes responsables de la contrainsurgencia durante los 80s, y altos cargos militares, además de recoger los testimonios de víctimas‐sobrevivientes y testigos. 17 Esta estrategia es significativamente diferente de las leyes de amnistía de Chile o Argentina, en donde las leyes fueron promulgadas por regímenes militares y revocadas con muchas dificultades, y sólo después de muchos años. Ni en Argentina, ni en Chile, la confesión fue una condición para la amnistía. 18 Ross, Bearing Witness, 13. Lansing and King, “South Africa’s Truth and Reconciliation Commission”; Colvin, “‘Brothers and Sisters, Do Not be Afraid of Me.’” 16 tomar: debería la CVR centrarse en un recuento histórico de los eventos, esto es, concentrarse en la interpretación, o debería tener una actitud jurídica y con ello, enfatizar el descubrimiento de los hechos.19 La opción nunca se tomó, y una unidad de investigación legal, trabajando en paralelo a aquellas unidades dedicadas a las historias interpretativas, preparó una serie de casos legales (43 en total), para ser entregados al Procurador Público después de presentar el Informe Final. Los juicios sobre derechos humanos continúan, pero estos juicios son políticamente contenciosos, y alimentan el desacuerdo societal existente sobre la naturaleza de los años de la violencia, como discutiré en el próximo capítulo. La ambigüedad entre verdad y justicia en los procedimientos de la comisión peruana no facilitó condiciones favorables para que los perpetradores hablen públicamente. Esto significa que hubo pocas confesiones de perpetración de violencia, generando interrogantes concernientes a los límites entre la víctima y el perpetrador, así como sobre las ambigüedades de agencia y victimización, preguntas a las que retornaré posteriormente. El proceso de establecer una narrativa nacional aceptable lleva, inevitablemente, a compromisos. Las CVRs tienden a buscar un argumento que pueda eliminar las complejidades, y algunas historias individuales de sufrimiento son ejemplificadas y apropiadas por la comunidad nacional e internacional más amplia a costa de experiencias más complejas y personales. Como escribe Paul Gready, el proceso de hablar de, y escuchar a, memorias traumáticas puede, en un nivel superficial, parecer que incrementa las voces de las víctimas que fueron negadas durante mucho tiempo. Sin embargo, una mirada más exhaustiva revela que las víctimas muchas veces no tienen control sobre el marco y el significado de sus historias y sobre cómo las CVRs, los medios de comunicación, o los académicos, subsecuentemente los usan.20 Las prácticas de derechos humanos, incluyendo los procesos de búsqueda de la verdad, tienden a centrarse en revelar y desafiar los abusos sistemáticos perpetrados por un grupo sobre otro. Con este objetivo, las historias de las violaciones de los Eduardo Gonzalez Cueva, “The Peruvian Truth and Reconciliation Commission and the Challenge of Impunity,” in Transitional Justice in the Twentieth‐First Century. Beyond Truth versus Justice, ed. Naomi Roht‐Arriaza and Javier Mariezcurrena (New York: Cambridge University Press, 2006), 70–93: 79. 20 Paul Gready, “Introduction: ‘Responsibility to the Story,’” Journal of Human Rights Practice 2 (2010): 177–190, 185. Ver también Fiona Ross, Bearing Witness , 6. 19 derechos humanos deben ser ejemplares de prácticas sistemáticas, y también deben ser suficiente coherente para poder ser narrado y entendio para un publico mas amplio. En Sudáfrica, como Chris Colvin sostiene, “con el inicio de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el “cuentacuentos” llegó como un modo privilegiado de comunicar públicamente experiencias dolorosas del apartheid”.21 Las historias de los traumas individuales era lo que querían oír y comprender la CVR Sudafricana, los medios de comunicación y los investigadores, convirtiendo, por ello, a la historia como la condición para el reconocimiento, la visibilidad e, incluso, la ciudadanía. Sin embargo, como Fiona Ross y Judith Zur mostraron, en relación a los casos sudafricano y guatemalteco respectivamente, el silencio es, algunas veces, la única opción cuando se enfrenta a la violencia extrema y el sufrimiento.22 Las experiencias de violencia sexual muchas veces encajan en esta categoría de violencia extrema, continuado sufrimiento y dificultad de compartir las experiencias con una vasta audiencia. Además del autoimpuesto silencio que impide lograr una verdad inclusiva, las dinámicas asociadas con la necesidad de construir una nueva realidad sociopolítica que se acomode a las dinámicas del poder post‐conflicto, pueden tener también un efecto de exclusión, y alentar el continuo silencio. El proceso de crear una historia nacional del sufrimiento para superar un pasado traumático, a fin de trabajar hacia un futuro reconciliado, puede pasar por alto el continuo sufrimiento de muchas víctimas individuales de la violencia y el de sus familias. Las secuelas de la violencia son, por lo general, muchas, pero estas no son, y no pueden ser, superadas por medio de decir la verdad.23 La imposibilidad de representar todas las formas de sufrimiento, reparar todas las formas de injusticia, y resolver adecuadamente las secuelas de la violencia en una narrativa de la violencia es la consecuencia de la tensión entre las ambiciones y expectativas de las CVRs, y la realidad de la política transicional. A pesar de, o tal vez debido a, estas ambigüedades y limitaciones relacionadas a la idea de revelar la verdad y las narrativas de la violencia, Colvin, “‘Brothers and Sisters, Do Not be Afraid of Me.’” Ross, Bearing Witness ; Judith N. Zur, Violent Memories: Guatemala (Boulder, CO; Westview Press, 1998). 23 Colvin, “‘Brothers and Sisters, Do Not be Afraid of Me.’” 21 22 Mayan War Widows in los testimonios sobre experiencias traumáticas se han convertido en un género literario para ser leído y analizado,24 así como una herramienta en la práctica de los derechos humanos. El concepto castellano de testimonio no se refiere a un documento legal, como supone su traducción al inglés, sino a un texto autobiográfico relatado en memoria‐ficción, poesía y cuentacuento.25 Sin embargo, los testimonios que relatan sufrimientos no valen en sí, como historias individuales. En cambio, se convierten en ejemplares de una experiencia nacional, o de la experiencia de un grupo, siendo ejemplos de violaciones sistemáticas o luchas durante un periodo de tiempo particular.26 La manera en que las historias de sufrimientos son tanto narradas como escuchadas, es importante para el legado que crearán y para la posibilidad de inclusión de la narrativa en la historia nacional, así como de la gente que tiene voz en la comunidad nacional. En otras palabras, las dinámicas en las que las historias son contadas y recibidas pueden ser analizadas como un reflejo de las dinámicas de la construcción de narrativas colectivas de la violencia. La violencia sexual sistemática debe ser incluida en estas narraciones colectivas de la violencia a fin de reconocer el sufrimiento, y permitir la reparación, de víctimas sobrevivientes, y demostrar intolerancia frente a tal violencia tanto en la guerra como en la paz. Sin embargo, las experiencias de los individuos, y sus interpretaciones de esas experiencias, no siempre pueden calzar con los objetivos y necesidades de la sociedad más amplia. La tensión entre el deseo de una narrativa nacional destinada a educar una audiencia peruana más amplia y las experiencias individuales de los oradores se reflejan en algunas de las dinámicas halladas en las audiencias públicas de la CVR. Revisar las palabras y los tonos de los comisionados de la Silva Santisteban, El factor asco , 59. Luis Bickford, “Truth and Reconciliation,” Sistema Penal y Violencia 2 (2010): 15–21, 16. 26 El cuestionamiento critico de la veracidad de las memorias de la Premio Nobel Rigoberta Menchú sobre su infancia en la Guatemala devastada por la guerra, ciertamente confundió la comprensión de los orígenes de las atrocidades masivas cometidas durante la guerra civil. Las preguntas principales que las críticas plantearon se referían a cuán representativa de las experiencias de un grupo o pueblo puede ser la experiencia individual. ¿Puede ser tal representación factualmente exacta? Subyacentes a tales preguntas está la interpretación: las historias individuales de victimización y resistencia indudablemente desafían las justificaciones dadas por los perpetradores y facilitadores de la violencia y la represión. Ver Greg Grandin, Who Is Rigoberta Menchu? (Verso, 2011); Greg Grandin, “It was Heaven that they Burned,” The Nation , Septiembre 7, 2010, http://www.thenation.com/article/154582/it‐was‐heaventhey‐ burned?page=0,5# (acceso Agosto 8, 2012]. 24 25 verdad que cedieron la palabra a testigos es ilustrativo. Las audiencias públicas de la CVR peruana muestran a comisionados muy enfáticos cediendo espacio a las víctimas, sobrevivientes y testigos para que cuenten sus experiencias al país.27 Por ejemplo, el presidente de la CVR, Salomon Lerner, dio inicio al testimonio de tres testigos de la masacre de Accomarca con las palabras: “La historia de Accomarco es símbolo de mucho dolor para todos los peruanos, de mucho sufrimiento, y queremos que todo el Perú sabe de tu dolor”, y una interrupción a mitad del testimonio: “gracias … le sirve al Perú entero”.28 Considerando que, como he indicado antes, sólo un porcentaje mínimo de peruanos escuchaban y estaban interesados y de acuerdo con sus resultados, las palabras del comisionado resultaron ambiguas. Los objetivos de la CVR parecen organizados más alrededor de la compasión a cambio de hablar de dolor, que hablar de dolor a cambio de una transformación en la imaginación nacional. Rocío Silva Santisteban denomina a esto una lógica de tutelaje, una lógica que enmarca a los testimoniantes sólo como víctimas. Silva Santisteban añade que, mientras los comisionados de la CVR trabajan según la lógica de “dame tu dolor, yo te daré mi compasión,”29 los testimoniantes parecen estar apuntando a “yo te doy mi dolor, y tú dame tu indignación”. La indignación permitiría el desarrollo de algún sentimiento de restitución y justicia, mientras que la compasión, especialmente considerando el tremendo sufrimiento, es condescendiente.30 Las jerarquías sociales que caracterizan al Perú son reproducidas sutilmente en estos intercambios: los diferentes antecedentes sociales de los comisionados y los testimoniantes son reflejados en el intercambio de palabras y en lo que esperan ganar del intercambio. Hallar el balance correcto entre el respeto para el orador y para la historia, y los potenciales peligro éticos asociados, es lo que Gready et al. llaman “responsabilidad a la historia.”31 Al suscitar una serie de preguntas relacionadas con la ética de escuchar y reproduciendo historias de las violaciones de los Silva Santisteban, El factor asco , 70. Las transcripciones de las Audiencias de Casos de las Audiencias Publicas en Ayacucho ya no se encuentran en la pagina web de la CVR. Acedé esas transcripciones en la pagina web en enero 2012. 29 Tomado de Gonzalo Portocarrero, citado en Silva Santisteban, El factor asco , 83. 30 Silva Santisteban, El factor asco , 84. 31 Gready, “Introduction: ‘Responsibility to the Story’.” 27 28 derechos humanos con el objetivo de atender a estos, bien por medio del entendimiento o del activismo, o por medio de los dos, Gready et al. indican que estas historias son esenciales pero frágiles. No hay abuso a los derechos humanos sin un testigo, sin evidencia y sin sobrevivientes, sin una historia por contar. Estas historias son frágiles debido al gran sufrimiento que puede estar encapsulado en ellas, al horror tanto de contarlas como de escucharlas, como Fiona Ross muestra tan claramente en su libro Bearing Witness. Las dificultades tanto de hablar como de escuchar son magnificadas ante una audiencia como muestran las transcripciones de las audiencias públicas del Perú, especialmente considerando la expectativa de alguna forma de redención nacional por medio de estas historias. Pero, a fin de conseguir dar un paso adelante hacia la justicia criminal, o incluso a fin de proveer una narrativa nacional válida, las historias sobre las atrocidades tienen que trascender el sufrimiento individual. Los testigos que exponen en público sus experiencias se exponen a sí mismos a una audiencia que es empática y los apoyan, aún cuando no suficientemente indignada, según algunos. Pero también se exponen a la inquisitiva mirada de su comunidad local, de sus hijos, esposos o esposas y a los remanentes de los aliados de los ex opresores o perpetradores de violencia, tales como los militares o la policía. Esta exposición exige gran coraje, y para muchos no vale la pena el esfuerzo.32 Los efectos “dignificantes y curativos” de testificar podrían no compensar por las repercusiones inmediatas. Esto explica los vacíos en la verdad que es revelada en cualquier proceso de búsqueda de la verdad. El propio sufrimiento de las mujeres, comparado con el sufrimiento de los miembros (masculinos) de su familia, es uno de esos vacíos. Género y Comisiones de la Verdad Desde fines de los 90s, las comisiones de la verdad generalmente han incluido una perspectiva de género en sus trabajos, muchas veces en la forma de Ver Lisa J. Laplante, “The Peruvian Truth Commission’s Historical Memory Project,” sobre las comunidades que explícitamente no se comprometieron con la CVR, pues esto podría forzarlas a alterar el precario balance que permitía que antiguos enemigos vivieran juntos en relativa paz. 32 un grupo especial de trabajo. La (bien que retrasada33) inclusión del género en la búsqueda de la verdad tiene por objetivo descubrir de qué maneras, diferentes a las de los hombres, afecta la violencia política a las mujeres, a fin de incluir las experiencias de las mujeres en la construcción de una narrativa nacional de conflicto y reconciliación. Además, descubrir los daños específicos experimentados por las mujeres permite la inclusión de una perspectiva de género en procesos de justicia criminal y reparaciones. Sin embargo, como las CVRs específicamente buscan la reconciliación, la verdad presentada tiene una audiencia específica y puede ser editada por aquellos que orquestan el proceso de contar la verdad. La construcción de una narrativa nacional por medio de la búsqueda pública de la verdad implica que las historias de perjuicios tienen que “encajar” un una historia aceptable que pueda conducir a la reconciliación. Algunas veces, la verdad presentada por la CVR choca con la “verdad” tal como es percibida por las poderosas élites o los impotentes subalternos, tal como posiblemente es el caso en el Perú.34 La CVR inicialmente fue concebida sin una perspectiva de género. Sin embargo, después de conformarse grupos de trabajo y alianzas con instituciones de investigación y ONGs, las exigencias de una perspectiva de género aumentaron. Los peruanos revisaron los esfuerzos de búsqueda de la verdad en Sudáfrica y Guatemala, que, ambos, habían subrayado la violencia contra la mujer, especialmente la violencia sexual, pero lo hicieron después que el proceso estaba bastante avanzado. El “género” no había sido incluido como una perspectiva en el conflicto, pero las mujeres recibieron atención especial después del proceso de investigación, y que los testimonios revelaran su necesidad. La CVR sudafricana convocó tres audiencias dedicadas sólo a mujeres, después que se dio cuenta que aunque las mujeres eran la mayoría que prestaban testimonio, casi nunca hablaban sobre sí mismas.35 Como ya es ampliamente sabido, en esas circunstancias las mujeres tienden a hablar sobre Fionnuala Ni Aoloin and Catherine Turner, “Gender, Truth and Transition,” UCLA Law Review 16 (2008): 229. 34 Paulo Drinot, “For Whom the Eye Cries: Memory, Monumentality and the Ontologies of Violence in Peru,” Journal of Latin American Cultural Studies: Travesia 18 (2009): 15–32. 35 Ross, Bearing Witness ; Rashida Manjoo, “Gender Injustice and the South African Truth and Reconciliation Commission,” en Gendered Peace , ed. Donna Pankhurst (New York and London: Routledge, 2007), 137–153, 147. 33 los daños cometidos a sus familiares cercanos, especialmente a los esposos e hijos, pero evitan hablar de su propio sufrimiento.36 Las mujeres que hablan pueden temer, o experimentar, aún más desprecio o violencia no sólo de sus esposos y parejas, sino también de otros familiares y miembros de la comunidad. Sin embargo, la evidencia sugiere que las mujeres sí hablan si se dan las condiciones para hacerlo –por ejemplo, en sesiones sólo de mujeres con entrevistadores especialmente entrenados y servicios de apoyo. Más aún, como observa Rashida Manjoo, las mujeres son más propensas a dar testimonio si hay cierta garantía que lo que dicen será escuchado y los perpetradores de los crímenes que sufrieron serán enjuiciados.37 En base a estas experiencias previas, y en respuesta a la presión de la sociedad civil,38 la CVR peruana se comprometió explícitamente, en mayo del 2002, a incluir una perspectiva de género en todo su trabajo.39 Al hacerlo, se convirtió en la primera comisión de la verdad que intentó situar el género como central a su trabajo, e incluir una serie de temas de género, entre ellos la violencia sexual, en su compromiso por descubrir la verdad. A pesar de la tardía inclusión de una perspectiva de género y los problemas que esto generaba en, por ejemplo, el entrenamiento de los entrevistadores y la recepción de una perspectiva de género entre algunos miembros del personal de la comisión, como discutiremos luego, la CVR realmente incluyó una perspectiva de género en todo su trabajo. La CVR apuntó a investigar cómo la violencia impactó diferenciadamente entre hombres y mujeres, destacando los múltiples roles de las mujeres en el conflicto. La comisión consideró seriamente el gran número de jóvenes mujeres combatientes en Sendero Luminoso, en movimientos sociales de base, en grupos de resistencia armados y desarmados, y analizó estos fenómenos en el amplio contexto social y político de la sociedad pre‐conflicto y en conflicto. También analizó una serie de Ross, Bearing Witness , 18; Kimberley Theidon, “Gender in Transition: Common Sense, Women and War,” Journal of Human Rights 6 (2007): 456–478; A. Crosby and M. B. Lykes, “MayanWomen Survivors Speak: The Gendered Relations of Truth Telling in Postwar Guatemala” International Journal of Transitional Justice 5 (2011): 456–476. Crosby and Brinton Lykes, 2011. 37 Manjoo, “Gender Injustice,” 150. 38 Académicas feministas, próximas a la CVR, insistieron en un comité de género. Una de las principales investigadoras en el equipo de género me dijo que los organismos internacionales que contribuían a financiar la CVR, insistieron en la creación de un comité de género. 39 Henriquez, Cuestiones de género , 115. 36 daños experimentados por las mujeres, incluyendo abusos a los derechos humanos tales como asesinato, abducción, tortura y violencia sexual, y prestó particular atención a las mujeres afectadas por la violencia, por el asesinato o la desaparición de miembros directos de la familia, y a las mujeres afectadas por un amplio rango de experiencias tales como desplazamiento, escasez y temor.40 La CVR también reveló el uso sistemático de la violencia sexual en el conflicto y dedicó un capítulo a esta violencia. Desgraciadamente la CVR sólo incluyó casos de violación en sus estadísticas. Otras formas de violencia sexual no fueron consideradas. Esta decisión no sólo refleja un escaso entendimiento de la violencia sexual, sino que también limitó severamente el informe en general de la violencia sexual por la CVR. Como consecuencia, ha sido difícil desarrollar un programa de reparaciones que tome en cuenta los casos de violencia sexual que no sean reducibles a violación. Reparaciones Siguiendo las recomendaciones de la CVR, un Consejo Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) fue creado, en el 2004, para elaborar, coordinar y supervisor el programa nacional de reparaciones, consistiendo en un Consejo de Reparaciones (CR) y un Registro Único de Víctimas (RUV). En el 2005, el Congreso adoptó un Plan Integral de Reparaciones (PIR). El éxito del PIR y especialmente de sus componentes de género, ha sido afectado por una serie de restricciones políticas, financieras y normativas. La perspectiva de género del PIR es limitada. Como hizo notar Julie Guillerot, quien fue miembro del grupo de trabajo que propuso recomendaciones para un programa de reparaciones como parte del Informe Final de la CVR, el Plan no logra definir adecuadamente los perjuicios de género, en particular la violencia sexual y reproductiva, en favor de una limitada definición de “violación”.41 Además, no logra juzgar adecuadamente el daño que la violación produce en la víctima sobreviviente y los niños nacidos de la violación, y no logra tener en cuenta la estigmatización relacionada a la violencia sexual, como es el caso de la lista clasificatoria del PIR de los daños a CVR Report, Vol. VIII, Cap. 2.1, 48. Juliette Guillerot, “Linking Gender and Reparations in Peru: A Failed Opportunity,” en Where Are the Women? , ed. R. Rubio‐Marin (Chicago: Social Science Research Council, 2006), 136– 193,149–155. 40 41 ser reparados, en la que las víctimas de la violación terminaban en los últimos lugares de la lista jerárquica (después de muerte y desaparición, invalidez y encarcelación).42 Considerando la importancia de las reparaciones a un nivel simbólico (el reconocimiento del estado ayuda a restablecer un sentido de ciudadanía y derechos) así como en el nivel material (las reparaciones materiales no sólo como confirmación del reconocimiento sino también como un instrumento esencial para la supervivencia),43 la manera cómo la victimización es reconocida y formalizada puede ser extremadamente importante no sólo para las víctimas‐sobrevivientes y para los niños nacidos de la violación, sino también para el derecho a la seguridad de las mujeres en tiempos de paz. Reparaciones adecuadas tienen la capacidad potencial de transformar los niveles de impunidad y tolerancia por hechos de violencia contra las mujeres.44 Por ello, el responder inadecuadamente a la violencia basada en el género, especialmente la violencia sexual, en programas de reparaciones, es una oportunidad perdida para transformar decididamente las relaciones de género. Atribuir el status de víctima a algunos grupos que son invisibilizados debido a su género y sexualidad puede ser parte esencial de una ciudadanía inclusiva, puesto que ayuda a reconocer los daños causados debido al género y/o la sexualidad. Los asesinatos de personas LGBT, específicamente seleccionadas por su sexualidad, durante la guerra entre Sendero Luminoso y las fuerzas armadas peruanas, han sido mencionados por la CVR peruana, pero no han sido enfrentados por el PIR.45 Esta falta de reconocimiento mantiene la idea que la violencia contra los LGBT no es políticamente importante, y, por ello, los LGBT no tienen derechos ciudadanos en tanto que LGBT.46 Al mismo tiempo, tal Guillerot, “Linking Gender and Reparations in Peru,” 159. Maria Eugenia Ulfe, “Sentidos de Identidad. La condicion de victima y el Programa Integral de Reparaciones en el Perú” (Ponencia presentada en la Conferencia Anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (de AMERICA LATINA) Washington, DC, mayo 29 a junio 1, 2013). 44 UN Women 2011, Progress of the World’s Women 2011–2012: In Pursuit of Justice (New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2011), 292; Ruth Rubio, “The Gender of Reparations in Transitional Societies,” in The Gender of Reparations Unsettling Sexual Hierarchies while Redressing Human Rights Violations , ed. R. Rubio‐Marin (New York: Cambridge University Press, 2009), 63–120. 45 Jorge Bracamonte y S. Paredes, “Violencia política, crímenes de odio, memoria y reparación,” (Lima, documento no publicado, 2003). 46Lo mismo sucedió después de la Segunda Guerra Mundial cuando no se reconoció que los homosexuales habían sido víctimas de los alemanes. Ver Angelika Von Wahl, “How Sexuality Changes Agency: Gay Men, Jews and Transitional Justice,” in Gender in Transitional Justice: Governance and Limited Statehood , ed. Susanne Buckley‐Zistel y Ruth Stanley (New York: 42 43 exclusión confirma la idea de un grupo circunscrito de víctima de la violencia sexual: las mujeres. La violencia sexual contra hombres es un asunto espinoso que sólo recientemente ha venido recibiendo atención: la posibilidad de que haya víctimas masculinas de violencia sexual en conflictos armados está siendo descubierta lentamente por los investigadores, pero en el caso peruano no existen disposiciones entre los mecanismos de justicia transicional actual para enfrentar tal victimización; ni en ningún otro caso. La CVR peruana debe ser reconocida por la inclusión de una perspectiva de género y por su atención, en sus investigaciones, a la violencia sexual, considerando la historia global de negligencia de tal violencia. Sin embargo, el programa de reparaciones que siguió, no logró aprovechar la oportunidad para llevar a cabo un cambio sustancial para un segmento muy amplio de víctimas‐sobrevivientes. El organismo que registra a los beneficiarios, el Registro Único de Victimas (RUV), establecido en 2005, trabajó con ahínco para superar algunas de las faltas de definición e inclusión de daños diferenciados en relación a la violencia sexual, y amplió el registro de víctimas de violación a un registro de víctimas de violencia sexual. Esto ha generado una base de datos de las víctimas‐ sobrevivientes de tales violencias mucho más completa, que comprende un ocho por ciento de víctimas masculinas de un total de 3,022 casos registrados de violencia sexual, incluyendo violación, en contraste con los 538 casos registrados por la CVR, de los que el 2 por ciento son hombres.47 Sin embargo, no está claro cómo esta información está cambiando la alocación de las reparaciones actuales –simbólicas, colectivas o individuales. Una oportunidad perdida del programa de reparaciones (PIR), es que no ha recomendado o implementado una reforma institucional específica en relación a la violación sexual. Ni ha sido capaz de otorgar reparaciones individuales a víctimas‐sobrevivientes. Mientras que el PIR asigna formalmente reparaciones monetarias individuales por violación, pocos en verdad han Palgrave Macmillan, 2011),191–220. En un caso similar, mujeres coreanas (y otras) prostituidas a la fuerza por los japoneses han sido ignoradas durante más de 40 años y aún no han recibido una disculpa oficial o reparación del gobierno japonés: Buckley‐Zistell and Zolkos, “Introduction,” en Gender in Transitional Justice , ed. Buckley‐Zistel and Stanley, 1–37, 13. 47 Consejo de Reparaciones, Registro Único de Victimas, CIFRAS FINALES, documento No: 170– 2012‐jus‐cr/st, recibido de Susana Cori, directora técnica, mayo 11, 2012. recibido el dinero.48 Además, no ha resuelto la definición amplia de violencia sexual del RUV, y, por tanto, no reconoce la necesidad de reparación de un amplio segmento de victimas‐sobrevivientes. De acuerdo a Guillerot, el fallo del PIR al no incluir una perspectiva exhaustiva de género es, en parte, responsabilidad de la ausencia de colaboración entre los grupos que desarrollaron las propuestas para el PIR y el grupo de género de la CVR. Como sustenté en el capítulo precedente, la violencia sexual es un instrumento con el que se reproducen y naturalizan las desigualdades cruzadas tanto para el perpetrador como para las víctimas. Por ello, mientras que la violencia sexual es un drama individual que causa sufrimiento en el largo plazo para las víctimas‐ sobrevivientes, también está profundamente incrustada en el, y es un producto del, orden sociopolítico de una sociedad. Las normas de género individualizan la violencia sexual distribuyendo culpa y daño al mismo tiempo que naturalizan las divisiones sociales entre la gente. Esto hace tal violencia tan difícil ‐y tan importante‐ de reconocer y enfrentar formalmente. Narrativas de violencia sexual Como mencioné antes, los procesos de búsqueda de la verdad directamente alimentan otros procesos de justicia transicional, especialmente programas de reparaciones, procedimientos de justicia criminal y proyectos de memorización y, por tanto, cómo son recordados los conflictos. Por ello, cómo escuchó la CVR los testimonios de violencia sexual es esencial al potencial de cambio significativo en situaciones de post‐conflicto. La CVR primero grabó y codificó testimonios de hombres y mujeres en entrevistas voluntarias. Esto fue realizado por cientos de entrevistadores y codificadores, seleccionados de universidades y entre profesionales, que recibieron un breve entrenamiento. Los entrevistadores fueron instruidos para identificar casos de violencia sexual, y alentar a los testimoniantes a compartir sus experiencias, incluso si algunos preferían mantenerse en silencio. En palabras de la Unidad de Apoyo Metodológico que preparó los materiales de guía y entrenamiento para los entrevistadores “El silencio no puede detener nuestro Para un recuento detallado de los avances recientes en la implementación de las reparaciones, ver Ulfe, “Sentidos de identidad,” esp. Nota pie de página 38. 48 trabajo, sino que tenemos que vencerlo con la habilidad suficiente como para no forzar a la víctima pero tampoco dejar el tema de lado.”49 Como veremos, la falta de habilidad suficiente redujo significativamente la capacidad de recuperación de casos de violencia sexual de la CVR, y por tanto de su habilidad para reconocer públicamente el crimen y romper efectivamente el silencio en torno a las múltiples formas de violencia sexual y crímenes contra las mujeres. A pesar de estas limitaciones la CVR realizó serios esfuerzos para romper el silencio: de los testimonios recogidos por la CVR, en los que las mujeres hablaban en primera persona sobre sus experiencias con la violencia sexual, un cierto número de mujeres fueron invitadas a repetir su testimonio en audiencias públicas, ante comisionados y ante audiencias en general en Lima, y fueron grabadas y transmitidas vía televisión.50 Experiencias de violencia sexual fueron relatadas en sesiones temáticas especiales, centrándose en los crímenes perpetrados contra mujeres, en las que también fueron presentadas historias representativas de otras agresiones, tales como la pérdida y búsqueda de familiares, presos o torturados, y condiciones económicas extremas de vida. Se invitó a exponer a estas sesiones a prominentes dirigentes de comunidades y a los jefes de familias de miembros desaparecidos, así como a académicas feministas. Los testimonios de violencia sexual también se presentaron en audiencias que no eran temáticas sino locales. El testimonio de Gamboa fue el que tuvo mayor resonancia. Georgina Gamboa contó de sus experiencias en la audiencia pública de Ayacucho.51 Ella narró a los comisionados y a la audiencia, mayormente compuesta por activistas de derechos humanos y periodistas, cómo vivían ella, sus padres y ocho retoños, en la provincia de Vilcashuamán, en el departamento de Ayacucho, en un pueblo que bordea una hacienda. Una noche de diciembre, en 1981, el pueblo fue sacudido por el ruido de un ataque a la hacienda. A la mañana siguiente, autoridades del distrito llegaron al pueblo a informar a los comuneros que el hacendado había sido asesinado. Solicitaron a algunos comuneros que viajaran con las autoridades a la capital de la provincia, a informar a la policía lo TRC, Equipo de Apoyo Metodológico, Materiales de Entrevistador, Lima, abril (2002), 19. La CVR realizó 27 audiencias públicas en total, de las cuales ocho audiencias de casos, siete audiencias temáticas (incluyendo mujeres), cinco institucionales, y siete audiencias locales. Fueron recolectados un total de 16986 testimonios. Ver Gonzalez Cueva, “The Peruvian Truth and Reconciliation Commission,” 70, notas a pie de página 2–3. 51 http://www.cverdad.org.pe/apublicas/audiencias/trans_huamanga02e.php 49 50 que habían escuchado. Georgina y su madre fueron como informantes, pero las metieron en prisión en vez de ser tratadas como informantes. El padre de Georgina fue llevado al día siguiente, y solicitó a la policía que dejaran ir a Georgina o a su madre, pues los hermanos de Georgina estaban en su casa y necesitaban ser cuidados. Georgina, la mayor de los hermanos con 16 años, fue puesta en libertad pero su madre, quien cargaba a su bebé de ocho meses de edad, y su padre, no fueron liberados. Una semana más tarde, Georgina fue levantada de su cama en mitad de la noche por los sinchis, la fuerza especial de contrainsurgencia. Esa noche, Georgina explicó a la audiencia, los sinchis aterrorizaron al pueblo y a sus habitantes; mataron y se comieron las mejores reses, destruyeron sus casas, y se llevaron a varios comuneros, incluida Georgina, a su base. Georgina fue encerrada en un calabozo, en donde fue golpeada y violada por siete sinchis. Quebrada y golpeada, los sinchis llevaron a Georgina a Cangallo, y luego a Ayacucho, en donde fue mantenida durante quince días incomunicada con el mundo exterior. Ella contó, a la audiencia, de los continuos abusos durante esos quince días, de cómo fue acusada de terrorista, intentando que confiese su participación en la incursión en la hacienda. También contó lo sucia que se sentía y la sangre sobre su cuerpo: “yo estaba totalmente golpiada, sangrentada, mi ropas era totalmente bañada sangre, tanto golpeao, tanto maltratada, yo estaba con ropa total duro ya estaba sico mi ropa, lo que sangre, lo que caía, me golpiaba, me reventaba la nariz, salía, mi boca salía”. Una prima en Ayacucho, que habría estado buscando a la familia, encontró a Georgina en la celda y le llevó ropas limpias. La prima también consiguió un abogado, quien a su vez solicitó que Georgina fuera revisada por un médico. El médico hizo un inventario de sus lesiones, y concluyó que había sido violada y que como consecuencia estaba embarazada. La policía intimidó a Georgina y le advirtió que no contara lo de la violencia; también intimidaron a su prima que la estaba ayudando. Sin embargo, el abogado continuó peleando por la libertad de Georgina, y cuatro meses más tarde fue puesta en libertad. Una vez libre, Georgina viajó a Lima, en donde encontró el apoyo de abogados de derechos humanos quienes la ayudaron a litigar para conseguir justicia por su ilegal detención, violación y abuso.52 Esta campaña fue tan exitosa que el gobierno le ofreció un año de tratamiento médico en el hospital de la policía, en donde nació su bebé, como compensación por su sufrimiento. Pero Georgina primero trató de abortar por todos los medios, y luego le solicitó a un médico que realizara el aborto. El hospital se negó –pues el aborto era (y aún es) ilegal si no hay una amenaza de vida para la madre y la bebé. Como Georgina no quería tener a la hija, hizo los arreglos para su adopción, y se llevaron la bebé. Sin embargo, Georgina contó a la audiencia que tenía que firmar unos papeles renunciando a sus derechos sobre la bebé, y una abogada, que la estaba ayudando con estos procedimientos legales, la convenció para que no firmara y que, por el contrario, ella misma criara a su hija.53 En su análisis del testimonio de Georgina Gamboa, Rocío Silva Santisteban sostiene que el rechazo al aborto tras una violación grupal tan cruel fue una manera de responsabilizar a la víctima por lo sucedido.54 El embarazo no deseado se convirtió en el castigo por el crimen. Convencer a Georgina de la necesidad de cuidar a la bebé después que nació, a pesar de que ya había preparado la adopción, puede ser considerada como una forma de castigo extendido que permitiría a Georgina regresar a la sociedad después de haber sido manchada –la maternidad como una actividad limpiadora para mujeres caídas.55 Considerando que la bebé fue concebida en las peores circunstancias posibles y que Georgina tuvo que huir de su casa hacia Lima, sin el apoyo de su familia inmediata pues ésta aún estaba en prisión, dar a luz a la bebé puede, desde luego, haberse sentido como un castigo. En sus propias palabras “Yo desde esa fecha yo me he puesto traumada totalmente, estaba traumada, no estaba bien normal, yo pinsaba está mal, ese producto, de eso, es mi hija. Tiene veinte años. Durante veinte años todo lo he soportado, tengo a mi hija aca.” El caso de El congresista Javier Diez Canseco y la organización de derechos humanos APRODEH, revelaron el caso, convirtiéndolo en emblemático de muchas otras víctimas‐sobrevivientes de violación.. Ver Silva Santisteban, El factor asco, 76. 53 Ver también Silva Santisteban, El factor asco cap. 3; La CVR afirma que Georgina fue retenida por más de cinco años, basándose en el libro de Robin Kirk para Human Rights Watch (Untold Terror. Violence against Women in Peru’s Armed Conflict (Human Rights Watch, 1992), 25. Ni el testimonio de Georgina, ni las organizaciones de derechos humanos que la han apoyado mencionan un periodo de prisión tan prolongado. CVR Report, Vol. VI, Cap. 1.5, 307. 54 Rocio Silva Santisteban, El factor asco, Cap. III. 52 55 Silva Santisteban, El factor asco, 61. Georgina llegó a los tribunales a inicios de los 80s y los perpetradores fueron hallados culpables, pero inmediatamente fueron absueltos. Gamboa, claramente consciente de sus derechos a pesar que recibía amenazas de las fuerzas policiales, no tuvo miedo de hablar claro y forjó alianzas con la comunidad de derechos humanos. En su testimonio, después de contarle a la audiencia lo que le había sucedido, como hemos descrito antes, Georgina Gamboa pidió a la audiencia y a los peruanos que le miraban hablar en televisión, que la ayudaran a encontrar justicia para ella y para su hija. Sin embargo, también apeló a un sufrimiento colectivo, consciente que su caso era sólo uno entre muchos, cuando dijo: “Hay otras personas, hay otras madres, nunca se ha puesto denunciar, con miedo estaban animazado, nunca ha hablado. Po eso yo le doy para toda la personas así las madres que estaba abusada, violada, que estaban cárcel también, así presa, salieron de ahí, así criaron sus hijas, sólo con su…” Mientras Georgina se encontraba en prisión, su padre y su hermano fueron desaparecidos y asesinados, su madre fue encarcelada y violada, con otro niño como resultado. El llamado de Georgina es emocional, al entremezclar sus palabras con sollozos, y claramente dijo que apenas podía lidiar con el sufrimiento y dolor, contándole a la audiencia de su deseo de morir durante e inmediatamente después del abuso y de sus múltiples intentos de abortar violentamente el feto. Pero lo resiste, y convierte su sufrimiento en un testimonio político para todas aquellas que fueron violadas y abusadas, y las consecuencias de largo plazo que esto tiene para ella, su familia inmediata y su pueblo. Desde el comienzo, Georgina resistió la individualización de su sufrimiento que tan a menudo silenciona a las víctimas‐sobrevivientes de la violación, y ella denuncia la injusticia a las autoridades. Termina su testimonio público:56 Quiero para todos, para honor de todas la personas, familiares abusadas, yo pido justicia. Culpables debe pagar, debe reconocer que lo que ha hecho, lo que el daño que nos hecho, tantas personas, tantos campesinos, tantos inocentes que nosotros vivíamos tranquilamente, nuestro chacra, La transcripción de este testimonio puede ser leído en la website CVR: http://www.cverdad.org.pe/apublicas/audiencias/trans_huamanga02e.php . 56 de la nuestro casas, vivíamos tranquilo filiz, qué nos faltaba, ahora que estamos sufriendo en ciudad, escapando y no tenemos casa, si no tienen trabajo, ni estudio mis hermanos también. Sufrimos, no tenemos... no, no hemos feliz, nada, lo que hemos pasado, lo que hemos, ... ahora nuestro sitio, nuestro pueblo abandonado. Todo quimado, casas quimado, no tenemos ni ganado, no tenemos nada lo que todo nos quitó, todo lo que nos dejamos abandonando y estamos para volver vivir tranquila, no tinemos nada. En este fragmento la testimoniante claramente se identifica con el sufrimiento de los campesinos marginados, consciente de que muchos fueron torturados, violados y asesinados siendo inocentes. Ella resume esa inocencia al referirse a una vida feliz y tranquila en la que no pedían nada. El sufrimiento al que ella se refiere no está limitado a los hechos del pasado, la violencia que ella y otros sufrieron, sino a los persistentes problemas de desplazamiento, desempleo y pobreza. Ella crea “el antes y el después” que el discurso de la justicia transicional enfatiza en su llamado a una situación de conflicto y post‐conflicto, y a la necesidad de “reparación” de lo que fue roto. El llamado a una vida tranquila pre‐violencia, refleja la necesidad de establecer la inocencia ante un auditorio que está ahí para establecer y reconocer la victimización. Muchos testimonios públicos repiten un discurso de inocencia similar en tanto la creación de una memoria colectiva niega los matices de gris que hacen de las guerras algo tan complejo.57 Pero el pedido de Georgina de una vida tranquila, sin exigencias, pre conflicto, también habla, desde luego, de la marginación existente, puesto que el grupo con el que se identifica –los campesinos‐ fueron las principales víctimas del conflicto por su posición marginal en la sociedad peruana en un contexto en el que tampoco se les ofrecía mucho. Como tal, su pedido de justicia se extiende más allá de las pérdidas debidas a la guerra, a un llamado más general por la Kimberley Theidon muestra claramente que la guerra en los Andes Sur Centrales fue cualquier cosa menos tajantemente definida; su etnografía enfatiza las difíciles opciones que hombres y mujeres tenían que tomar en un mundo hostil, y que los campesinos no eran víctimas inocentes entre dos fuegos; mas bien, como establece Theidon, ellos fuero n un “tercer fuego”, incluyendo tanto a las fuerzas armadas como a los insurgentes: Intimate Enemies. Violence and Reconciliation in Peru (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013), 5. 57 justicia social y la inclusión. Después que la comisionada agradece a Georgina por su testimonio, ella añade un último extraordinario llamado a la audiencia: Agradecería toda esa cosa que usted me han escuchado, es queja y yo no sé lo que habrá... tengo tantas cosas adentro, hay veces uno no se puede borrar el dolor ya que tenemos nunca podemos olvidar, todo lo que nos hemos sufrido, maltrato, golpiado, todo a que nos hecho, no se puede uno borrar, tenemos sentimiento bien doro, unos vivimos nuestro cuerpo sabemos, porque una persona que no vive nuestro cuerpo no saben, ojalá que nos escucha, gracias, te agradezco. El continuo sufrimiento encarnado en Georgina claramente trasciende su dolor individual, pero ella no está convencida que la gente a la que se dirige, y que sabe que son compatriotas peruanos pero que considera que no tienen idea lo que significa el sufrimiento, le están prestando atención. Puesto que ella aún está en campaña por lograr justicia y reparaciones en 2012, su sospecha puede haber sido correcta.58 El testimonio de Georgina Gamboa ha sido, muchas veces, señalado como un ejemplo del sufrimiento de la mujer en el Perú y la fortaleza que posee para tolerar y superar el dolor. A pesar de la clara declaración de continuo sufrimiento de Georgina y la imposibilidad de eliminar el dolor, el comisionado responde a las palabras antes citadas cerrando la sesión diciendo: Gracias Georgina. Gracias Giorgina, todos te hemos escuchado y creo que todo el país te va a tener que pedir perdón, estás representando lo que le ha pasado a muchas otras mujeres en este país, pero lo que más sorprende es cómo, a pesar todo lo que has sufrido, el horror que has vivido nos puedes dar un ejemplo de que no pierdes la capacidad de amar y que estás demostrando Las reparaciones colectivas incluyeron seguro de salud, que ella recibía. Sin embargo, si los servicios no son buenos, el seguro no tiene mucho valor. Ver http://www.youtube.com/watch?v=jh9Qm6gOvW4. En el siguiente capítulo continuamos con el debate sobre su caso judicial. 58 que el amor entre tú y tu hija puede ser mucho más grande y estar por encima de todo ese sufrimiento y toda esa cosa horrorosa que seguramente nunca se va a olvidar, pero que tiene que recordarse, pero sin dolor y vivir ese amor entre tú y tu hija, muchísimas gracias por tu testimonio Giorgina. (mi enfasis) En vez de destacar el mensaje político de Georgina –su búsqueda por la justicia y las reparaciones, su énfasis en el continuo sufrimiento que las mujeres violadas y aquellos que fueron dejados atrás por la experiencia de la violencia‐ la comisionada destaca su amor de madre y su perdón. Como observa Rocío Silva Santisteban, las palabras de la comisionada pueden haber sido una manera de encontrar un cierre tolerable a una historia intolerable, pero, al hacerlo, ella también ha “reorganizado la verdad”. 59 Además, estas palabras parecen confirmar la tesis de Silva Santisteban, que criar a la niña fue previsto como una forma de redención simbólica: la comisionada, 20 años después del hecho y en un medio ambiente sociopolítico completamente diferente, legitima el sufrimiento de Georgina al enfatizar sus capacidades como madre. Georgina sobrevivió, como lo hizo su hija. En ninguna parte de su testimonio sugiere que lo hace de manera que es tolerable, aún si públicamente muestra su amor y cariño por su hija. El testimonio de Georgina, así como el de otros, evidencia que relatar, tanto como escuchar, historias de violencia sexual es molesto, inoportuno. Hay algún debate acerca de la posibilidad real de hablar sobre la violencia sexual y el dolor físico, un debate derivado del importante libro de Elaine Scarry, Body in Pain.60 Algunos autores siguen a Scarry al considerar que no hay palabras para articular el dolor que la violencia –especialmente la tortura‐ apunta a “des hacer” el mundo conocido y el lenguaje que usamos para significarlo. Otros han Silva Santisteban, El factor asco, 83. Elaine Scarry, The Body in Pain (New York, Oxford University Press,1985), y ver Chris Coulter, Bush Wives and Girl Soldiers: Women’s Lives through War and Peace in Sierra Leone (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009) 16; Veena Das, Remaking a World: Violence, Social Suffering, and Recovery (Berkeley: University of California Press, 2001); Arthur Kleinman, Veena Das, and Margaret Lock, Social Suffering (Berkeley: University of California Press, 1997). 59 60 señalado que el silencio puede servir como un mecanismo de copia; un silencio que es una manera de tratar con, o incluso comunicar, el trauma y esto debe ser reconocido y respetado como tal.61 Estos autores –como Fiona Ross o Valentin Daniel62 — apuntan en estudios de casos en Sudáfrica y Sri Lanka, respectivamente, al énfasis que ponen en hablar las comisiones de la verdad y judiciales, en convertir en palabras aquello que, a un nivel individual, puede ser casi imposible de transformar en palabras. Ellos concluyen que hay una disyuntiva entre las expectativas de los abogados nacionales e internacionales de la verdad y la justicia, y las necesidades de las mujeres. Judith Herman y otros,63 sitúan la necesidad de enfrentar en silencio, en un contexto social de vergüenza, culpa y estigma social, que cubre a la mayoría de las víctimas de la violencia sexual que, a su vez, impide a las víctimas‐ sobrevivientes dar un paso adelante y brindar testimonio. Estos autores explícitamente relacionan las experiencias de violación en los periodos de guerra con las experiencias de violación en periodos de paz: el entendimiento sociocultural del género y la sexualidad impone un marco moral en el que las víctimas de la violación son percibidas por lo menos como parcialmente responsables de su sufrimiento. Esta contextualización del silencio puede ser no sólo una vía para que los individuos enfrenten experiencias pasadas, sino también un acto de mitigación de las secuelas de dicha violencia. Pero la observación que el silencio está relacionado a estructuras sociales que imponen efectivamente este silencio, también sugiere que hablar sirve a un propósito político más amplio: romper el silencio puede ayudar a quebrar la reprobación de, y el avergonzar a, las víctimas y el marco normativo que lo informa. El silencio que es impuesto bien por el estigma o bien por no escuchar, ahonda el problema de la violencia sexual tanto en periodos de guerra como en los de paz, puesto que afirma la tolerancia a, y la impunidad de, dicha violencia. Georgina Gamboa, así como otras, decidió no mantenerse en silencio, y en cambio Ver, por ejemplo, Veena Das, Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary (Berkeley: University of California Press, 2007). 62 Ross, Bearing Witness ; Valentine E. Daniel, Charred Lullabies: Chapters in an Anthropography of Violence (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996). 63 Elizabeth A. Stanko, Intimate Intrusions: Women’s Experience of Male Violence (London, Boston: Routledge & Kegan Paul, 1985); Judith Herman, Trauma and Recovery (New York: Basic Books,1997). 61 denunció el abuso. La CVR le dio a Georgina una plataforma en la que ella podía contar su historia 20 años después de los eventos y en sus propias palabras, y apelar a la sociedad en general para demandar justicia y reparación para ella, su hija, y todas aquellas que fueron violadas y abusadas. También enmarcó su sufrimiento en el contexto político más amplio y relató a la audiencia como su pueblo fue saqueado, como su padre, su hermano y su primo fueron desaparecidos y su madre violada y golpeada. Pero ella no es escuchada. Guiones de la violación El testimonio de Georgina Gamboa fue tan importante porque ella des‐ individualizó sus experiencias y fue capaz de contar una historia muy personal como parte de un problema mucho más grande de sufrimiento e injusticia. Fue capaz de apelar a la compasión (o a la indignación) de aquellos preparados para escuchar y ella enfatizó que su sufrimiento no era un caso aislado. A pesar de la selección de sus palabras (no se puede borrar), sus palabras fueron traducidas a la imagen de una madre que amaba a su hija. Por ello, su propia interpretación de los eventos de 1981‐1982 y de los 20 años que siguieron es minada por la falta de atención que se presta a sus palabras. Por medio de la respuesta pública del comisionado presente en la audiencia, la CVR impone una interpretación diferente de sus palabras. Más adelante exploro más el argumento de que aquellos que toman testimonio sobre la violación, imponen en las testimoniantes ciertas interpretaciones de lo que es la violencia sexual, redefiniendo con ello las experiencias individuales para complacer una narrativa pública. De esta manera, los “guiones de la violación” son creados para excluir un entendimiento más complejo y exacto de la violencia sexual. La racionalidad de una comisión de la verdad es construir narrativas soportables, tolerables, de experiencias colectivas. O, en las palabras de Theidon, las CVRs buscan “resultados inteligibles” que pueden ser entendidos por audiencias nacionales e internacionales.64 Una historia compleja y fragmentada que permite que Theidon discute como la CVR impuso la idea de “trauma” por sobre las interpretaciones y teorías existentes de que las víctimas‐sobrevivientes “quechuahablantes” de la violencia, tenían que referirse a las consecuencias físicas y mentales de sus experiencias. El lenguaje de trauma, establece Theidon, convierte “cosas inconcebibles” en entendimientos científicos, y por tanto 64 continúe el dolor y que destaca la inconcebible violencia perpetrada por ciudadanos‐prójimos que pueden vivir en la casa vecina no sirve a los propósitos de la reconciliación, la memoria colectiva o la no repetición. Los resultados son testimonios que empiezan reclamando inocencia antes de narrar la historia que puede servir como una historia colectiva. En Sierra Leona, dice Chris Coulter, esta dinámica condujo a una “narrativa estandarizada” de la violencia –una narrativa de experiencias de mujeres de violencia sexual que se ajusta a un cierto guión en el que lo intolerable e incomprensible se vuelven inteligibles, fusionándose en la necesidad de la justicia transicional para una historia colectiva de violencia.65 Las memorias colectivas de violación tienden a conformar un guión de la violación que sugieren eventos claramente definidos en el que hay poca ambigüedad sobre el rol e identidad de la víctima y el perpetrador. Para obtener un status‐víctima, una necesita ser inocente, y a fin de ser inocente, no puede existir ambigüedad. En realidad, como con los guiones de la violación en periodos de paz,66 las experiencias de víctimas‐sobrevivientes individuales no se ajustan a tales guiones, tal como hemos visto a lo largo del libro. De hecho, la violación es una herramienta de humillación y de “des‐hacer” tan efectiva debido a los entendimientos ambiguos adscritos a la violación del cuerpo sexual. Considerando la naturaleza de las comisiones de la verdad y la imposibilidad de la “objetividad”, los testimonios dados a la CVR nos cuentan no sólo sobre los eventos y las consecuencias sociales de la violación, como fue analizado en los capítulos dos y tres, sino también sobre las percepciones sociales de dicha violencia. El silencio de la mayoría de peruanas violadas y abusadas por soldados, policías o insurgentes, está relacionado a los entendimientos de la violación sexual en periodos de paz, en los que las mujeres son casi siempre culpadas por dicho abuso. El silencio, entonces, ayuda a evitar el estigma social, pero también la venganza de los esposos por las social y políticamente “autoriza el sufrimiento y el texto”, Kimberly Theidon, Intimate Enemies. Violence and Reconciliation in Peru (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013), 29. Por supuesto, el lenguaje del trauma también facilita el lenguaje de la curación. 65 Coulter, Bush Wives and Girl Soldiers . 66 Para una mirada general de los mitos de violación en periodos de paz, ver: Irina Anderson and Kathy Doherty, Accounting for Rape: Psychology, Feminism and Discourse Analysis in the Study of Sexual Violence (New York, London: Routledge, 2008). inaceptables experiencias. Desde luego, como observa Julie Hastings en relación a Guatemala, si la violencia sexual es entendida como un “asunto privado”, no puede encajar en la historia colectiva de violencia política y lucha.67 El testimonio de Georgina Gamboa fue tan poderoso porque ella fue capaz de sobreponerse a las coacciones del estigma y la individualización. Las mujeres pueden permanecer calladas para evitar poner en peligro la narrativa colectiva del sufrimiento; Georgina se aseguró que su historia encajara en la narrativa general del sufrimiento de su comunidad. Si la violación en periodos de guerra es entendida como política, el contexto de guerra y victimización puede añadir un estigma particular, indeseable, sobre las víctimas de la violencia y la tortura, que es la sugerencia de que dicha violencia fue perpetrada debido a las actividades terroristas de la víctima. En el caso del Perú, es importante notar que los casos que están siendo investigados por las ONGs de derechos humanos (que discutimos en el siguiente capítulo), y aquellos que han sido dados a conocer por activistas y medios de comunicación, comprometen a “víctimas‐sobrevivientes” inocentes y que no incluyen a mujeres convictas de terrorismo, a pesar del alto número de mujer encarceladas que afirman haber sido violadas. Tal decisión es seguramente necesaria a fin de funcionar como una organización de derechos humanos en el Perú post‐conflicto;68 es, sin embargo, una distinción significativa. Las dinámicas social y política influyen pues, en lo que es aceptable en los guiones de la violación: los activistas en derechos humanos y los demandantes influyen en los guiones de la violación al seleccionar qué casos continuar; la judicatura influye en los guiones por medio de sus juicios. La comisión de la verdad influyó en los guiones por medio de su mandato, sus definiciones de qué daños investigar, y a qué actores concederles una plataforma para que se pronuncien. El comité de reparaciones influyó en los guiones al decidir qué daños merecían reparación y cuales beneficiarios debían ser reconocidos. Todos Julie A. Hastings, “Silencing State‐Sponsored Rape in and Beyond a Transnational Guatemalan Community,” Violence against Women 8 (2002): 1153–1181. 68 Sobre la precaria posición de las organizaciones de derechos humanos durante los 90s y la campaña del gobierno para caracterizar a las ONGs como “terroristas”, ver Colleta Youngers, “En Busca de la verdad y justicia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú,”en Historizar el pasado vivo en América Latina , ed. Anne Perotin‐Dumon (2007), http://www.historizarelpasadovivo.cl/. Ver también, Jo Marie Burt, Political Violence and the Authoritarian State. El segundo gobierno de García (2006‐2011) también trató activamente de desacreditar a las ONGs como terroristas, especialmente aquellas que apoyaban a las comunidades en conflicto con empresas mineras y el estado. 67 estos son procesos inevitables que necesitan ser reconocidos y que contribuyen a la construcción de una narrativa nacional de la violencia. Pero hay también procesos mucho más sutiles y menos obvios: un par de comentarios del comisionado que presidía la comisión después de un testimonio público puede influir en la percepción del sufrimiento y la violencia que la sociedad tiene, y confirmar mayor importancia de la maternidad sobre el dolor, como en el caso de Georgina Gamboa; por otro lado, la estrategia del entrevistador y las preguntas realizadas pueden influir y ordenar la memoria de una mujer. Esto es lo que le sucedió a Rosalía. En 1985 Rosalía era una escolar en Manta, una comunidad en la provincia de Huancavelica, en donde se estableció una base militar en 1984. La base se hizo notoria por la gran cantidad de violaciones y abusos, y por la prostitución forzada de las mujeres y niñas locales. Rosalía dio su testimonio a un entrevistador de la CVR. Comenzó contándole al entrevistador como un soldado de la base militar estuvo siguiéndola en su comunidad durante semanas, cuando regresaba de la escuela, silbándola y llamándola por su nombre. Rosalía se sintió amenazada y buscó protección de su madre y sus tías. Una noche de diciembre en 1985, cuatro soldados borrachos se metieron a su casa a la fuerza, en donde vivía con su madre. El jefe del grupo, conocido como Capitán Piraña, le dijo a su madre que uno de los soldados estaba enamorado de su hija de 15 años. La madre de Rosalía se resistió y trato de echar a los soldados; sin embargo, ellos la echaron de la casa. Rosalía fue encerrada en una habitación con el soldado en cuestión. Trató de seducirla con promesas de amor y matrimonio, pero Rosalía afirma que ella no cedió. Finalmente, el soldado le dijo: “Si no quieres estar conmigo por las buenas, te mataré”. Luego la violó. La madre de Rosalía fue a la base militar y para denunciar al soldado a sus superiores. Sin embargo, en vez de castigar al soldado, hicieron una oferta de matrimonio. Después que se hiciera la promesa de que ella se casaría con su violador, se eximió al soldado de ser juzgado; el soldado en cuestión retornó a la casa a reclamar el cuerpo de ella, pues comúnmente se consideraba que una esposa –incluso si sólo estaba comprometida a casarse – tenía que estar disponible sexualmente para quien sería su marido. Ella resultó embarazada pero, antes que cumpliera con la promesa de casarse, el soldado abandonó la comunidad. En la historia de Rosalía, la hija que tuvo que criar sola fue producto de una violación. Sin embargo, el entrevistador de la CVR que tomó el testimonio de Rosalía trata diligentemente de obtener detalles de ella. Quiere saber cuándo fue su última menstruación (¡17 años antes de que tuviera lugar la entrevista!), cuándo realmente nació el bebé, y cuándo fue hecha la promesa de matrimonio. De esta manera, él concluye que el bebé de Rosalía no fue producto de una violación, sino, mas bien, de sexo consentido. Entrevistador: Entonces lo más probable es que usted, la niñita que ha nacido el 18 de octubre sea, haya sido, haya nacido como producto de acto sexual que usted tuvieron [sic] con su esposo, con su consentimiento en enero. Ahí si daría[n] los nueve meses que es lo que normalmente hay en un proceso de gestación, [¿]no es cierto mamita?69 La respuesta de Rosalía no puede ser diferente a “sí”. Para el entrevistador esto no es suficiente, pues continúa: Entrevistador: Cuando yo le tomé su declaración temprano, o sea usted no me contó lo último. Yo le dije el producto, como producto de la violación nació su hija y usted me dijo sí. Y su hija no nació como producto de la violación como hemos conversado, sino ha sido después que han tenido relaciones con su consentimiento, cuando no ha habido violencia. Porque violación quiere decir violencia, [¿]no es cierto? Entonces quiere decir no ha habido violencia para que nazca la niña, [¿]entonces por qué me dijo usted que sí fue producto de la violencia? Rosalía: Pero si no hubiese [habido] esta violación no hubiese tenido [a] mi hija[,] pues.70 “Mamita”, querida o madrecita, es usado corrientemente como un término cariñoso pero también como una connotación condescendiente. 70 Entrevista a Rosalía (seudónimo) CVR Arch Violencia sexual en Huancavelica: las bases militares de Manta y Vilca, Anexo 56. 69 El entrevistador repite este argumento tres veces y hace que Rosalía diga que está de acuerdo las tres veces –como para asegurarse que su versión es la versión “correcta”. El “consentimiento” de Rosalía a una futura unión, firmada por el soldado en cuestión, un militar superior, y la madre de la niña, significó, legalmente, que ella no podía reclamar que su bebé había sido el producto de una violación –incluso si ella lo experimentó como tal. La entrevista a Rosalía complica el asunto de qué es la “verdad”. ¿Es la verdad de Rosalía –ella dio a luz a una bebé en octubre como resultado de una violación muy violenta en diciembre‐ verdadera, o es que el entrevistador actúa correctamente señalando que, legalmente, ella concibió después del sexo consentido en enero? El entrevistador no fue capaz de ir más allá de la definición legal de violación –se debe recordar que la ley que permitía a un violador escapar al castigo casándose con su víctima fue revocada en 1997‐ a fin de concluir que el “consentimiento” de Rosalía fue obtenido bajo amenaza, que, considerando la situación, sus opciones eran extremadamente limitadas. El consentimiento de Rosalía fue obtenido bajo coacción, amenaza de uso de la fuerza y en un contexto de violación sistemática. De acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, la bebé sería el resultado de un acto criminal.71 El entrevistador, entonces, cambió el significado de la experiencia de Rosalía al negar que su sufrimiento era legítimo. Paul Gready escribe que los practicantes de derechos humanos tienen dificultades con la tensión entre “el deber de tratar a las víctimas que dan testimonio con sensibilidad y respeto, y el deber de asegurarse que las denuncias sobre abusos sean factualmente verdaderas: la tensión entre validar a la víctima o validar la historia. Lo primero requiere una actitud de empatía, reconocimiento y creencia; lo segundo un enfoque caracterizado por el cuestionamiento, y aún el escepticismo e incredulidad.”72 El manual de entrenamiento para los entrevistadores, desarrollado por la Unidad de Apoyo Metodológico de la CVR, El código penal de 1991 establece que la violación de la libertad sexual constituye un “acto sexual o similar que es impuesto con violencia o severa amenaza”. La ley también especifica el abuso de autoridad, la amenaza usando armas, o más de una persona involucrada en el abuso. También incluye a los representantes del estado como posibles perpetradores. Leído cuidadosamente, el actual código penal permite un interpretación amplia de lo que es la violencia sexual (acto sexual o similar) pero esto no se refleja en la práctica. 72 Gready, “Introduction: ‘Responsibility to the Story,’” 178. 71 exige empatía, tolerancia, respeto y neutralidad ante el entrevistado, y deben ser capaces de conseguir una historia haciendo sentirse al entrevistado tan cómodo como sea posible. La guía enfatiza las complicaciones que rodean el estigma social, el miedo, la vergüenza y la ansiedad de muchas mujeres que pueden haber sufrido la violencia sexual, y establece una lista de cosas que los entrevistadores no deben hacer (como repetir las preguntas).73 El entrevistador no aprendió estas lecciones, eso está claro, bien porque el entrenamiento fue inadecuado, o tal vez porque el entrevistador no asistió al entrenamiento. Considerando el gran número de testimonios que le tocaron a muchos entrevistadores en un periodo muy breve (18 meses), no debe sorprender que no todos los entrevistadores fueran buenos en su labor. Sin embargo, también es posible que el entrevistador asistió a los entrenamientos y prestó atención, pero entendió que su tarea no era escuchar con empatía sino que era encontrar pruebas. De hecho, la guía de entrenamiento también enfatiza que es tarea del entrevistador identificar y corregir contradicciones en una historia probando. Además, la violencia sexual es definida como un acto sexual forzoso o un acto sexual a la fuerza.74 Por ello, la guía de entrenamiento misma parece reflejar la tensión entre una propuesta judicial y una propuesta interpretativa que ha quedado en evidencia en esta entrevista particular. La actitud del entrevistador también es, sin ninguna duda, influida por la opinión personal: como me lo manifestaron los involucrados en el entrenamiento y sensibilización de los entrevistadores y los comisionados,75 no todos estaban dispuestos a aceptar la idea de una perspectiva de género, o a clasificar la violencia sexual como una violación separada de derechos humanos. De nuevo, considerando la enormidad de la tarea, esto no debe ser sorprendente, pero es lamentable. Las diferentes interpretaciones de los eventos, como los relató Rosalía, también apuntan (a) a un problema judicial – es decir, ¿cómo puede lograrse la justicia si no hay acuerdo sobre los términos de la victimización? Y (b) la dificultad en términos de género: muchas formas de violencia que sufrieron las mujeres durante la guerra, incluyendo la violencia sexual, no son necesariamente percibidas como violencia por aquellos que tienen CVR, Equipo de Apoyo Metodológico, Materiales de Entrevistador. Lima, April 2002, 15–19. CVR Equipo de Apoyo Metodológico, Materiales de Entrevistador. Lima, April 2002, 66. 75 Entrevistas con David Sulmont and with Julissa Mantilla, mayo 2013. 73 74 el poder de significación. Los tribunales y la sociedad en general (incluido el entrevistador) pueden tener diferentes interpretaciones de lo que es la violación, que pueden no coincidir con las experiencias de las mujeres. La guerra produce actos terroríficos de violencia sexual, pero sólo un limitado número de esos actos son reconocidos como tales y se permite que se filtren a la esfera pública. Conclusión: Víctimas y perpetradores Miles de entrevistas conducidas por la CVR, además de las audiencias públicas, deja por demás en claro que las víctimas‐sobrevivientes de la violencia política participaron en el proceso de revelar la verdad con la expectativa de lograr alguna forma de reparación. Las audiencias vieron a los testimoniantes demandar justicia y reparaciones en el sentido más amplio. Georgina Gamboa no estaba sola al remplazar su historia individual a fin de convocar a un público más amplio en nombre de un grupo de víctimas más grande; de hecho, muchas mujeres y hombres que dieron testimonio en las audiencias públicas demandaron justicia y compensación. A pesar de algún progreso en relación a las acusaciones criminales y a las reparaciones en general, las víctimas de la violencia sexual aún no han recibido el beneficio de la reparación. Esto no es necesariamente falta de la CVR, puesto que no recibió la autoridad para entregar reparaciones o para acusar a los perpetradores por sus atrocidades. La CVR realizó una labor admirable e importante en circunstancias difíciles. Aprendió de las lecciones de los procesos de búsqueda de la verdad de Sudáfrica y Guatemala y diseñó e implementó una investigación de gran escala sobre los 20 años de violencia política en el Perú. A pesar de las críticas que uno puede hacer en relación al proceso imperfecto de la construcción de narrativas de la violencia, la CVR sí recuperó algunas de las voces de los marginados al priorizar los testimonios de aquellos que vivieron la violencia de cerca. Uno de los problemas destacados por la discusión de los procesos de justicia transicional post‐conflicto y la violencia sexual relacionada con el conflicto es que, a fin de capturar y recordar lo insoportable, necesitan ser inteligibles de acuerdo a los marcos interpretativos conocidos. Para construir una narrativa nacional de la violencia, las experiencias individuales deben ser entendidas e imaginadas de acuerdo a los marcos normativos existentes de raza, clase y sexualidad prevalecientes entre aquellos que escuchan. Por tanto, tal vez el problema no es que no haya audiencia para las historias sobre violación, como la existencia del estigma social en torno a la violación pueda sugerir. Mas bien, son las limitaciones en lo que es escuchado en esas historias lo que circunscribe los guiones de la violación tras los testimonios individuales, como indican los análisis de los testimonios tanto de Georgina Gamboa como de Rosalía. Estos casos sugieren que la CVR no superó una idea simplificada de género como mujeres, de mujeres como madres y de la violencia sexual como violación en terminos circunscritos. El sufrimiento provocado por la violencia perpetrada a los cuerpos de Georgina y Rosalía es traducido en un acto reproductivo en los que ellas son cómplices, y el resultado es una maternidad que puede ser alabada o condenada. Mientras que en el contexto del proceso peruano de búsqueda de la verdad no se conoce a hombres que hayan admitido haber perpetrado una violación, varios se han referido a dicha violencia en sus testimonios. Hubo soldados que hablaron de otros, colegas y amigos, que violaron, superiores que contaron de las “necesidades” y “errores menores” de sus subordinados. En general las fuerzas armadas no consideran a la violencia sexual como un problema mayor ni un crimen, sólo como las cosas tales como son –mientras que al mismo tiempo alientan a los soldados a violar por razones más estratégicas. Cuando Javier Diez Canseco llevó a Georgina Gamboa, en 1982, al ministerio del interior para exigir cuidados médicos para el hijo que había sido concebido criminalmente debido a las acciones de un policía, el ministro, un ex general, preguntó graciosamente si ella llamaría a su niño, o niña, “sinchi” o “sincha”, en referencia al término con que se conoce a la policía militar.76 Esta anécdota confirma no sólo la falta de importancia que se le da a, o incluso la aprobación de, la violación sexual perpetrada por las fuerzas armadas, sino también el absoluto desdén para con la mujer, y la mujer indígena en particular, en los más altos niveles del gobierno. Inevitablemente, quienes operan bajo la autoridad de tales personas reflejan esas actitudes. El lenguaje de los soldados, como se ha subrayado en los dos capítulos precedentes, muestran una deshumanización de la mujer inmersa en insultos raciales, o una cultura del “disgusto” por el “otro”, 76 Javier Diez Canseco, “Sinchi o Sincha?” en La Republica , abril 27, 2003. como afirma Rocío Silva Santisteban.77 Vale la pena reflexionar sobre la idea que mientras muchos hombres tienden a desestimar la importancia de la violencia sexual, o activamente niegan su naturaleza violenta y dañina, al mismo tiempo se niegan a admitir que perpetran tales “errores menores”. Mientras que podemos desempacar la función estratégica y social de la violencia sexual en la guerra, es mucho menos claro cómo los hombres perpetradores devienen en violadores, y el silencio de los perpetradores debe ser enfrentado, tanto como se debe hacer con el silencio de las víctimas. Esto nos remite a la tensión entre los procesos de búsqueda de la verdad centrados en las víctimas y los procesos judiciales centrados en el perpetrador. Las comisiones de la verdad son mejores plataformas que los tribunales para que las víctimas‐sobrevivientes puedan expresarse y exigir justicia y su reconocimiento. Pero los perpetradores no hablan en ninguno de estos dos fórums, incluso si aparecen como acusados en los tribunales; los únicos recuentos de los perpetradores, que van emergiendo, son los obtenidos por antropólogos y sicólogos. 78 Estos recuentos alternativos de la violencia indican que los perpetradores también querrían hablar si se crean las circunstancias que les permita hacerlo. Las narrativas de los perpetradores son importantes para la narrativa nacional de la violencia, pero especialmente para romper los ciclos de continuada violencia basada en el género. El énfasis en las narrativas de las víctimas y el continuo silencio de los perpetradores de violencia sexual encasilla aún más el género como binario y no permite una reconfiguración de los roles y jerarquías de género inmersos en clases, sexualidad y raza. Las mujeres que dan testimonio son identificadas con la violación y, por tanto, sexualidad, a la vista del público: su maternidad forzada se convierte en el símbolo “natural” del auto sacrificio de la madre, aún si las vidas de la madre y del hijo apenas puedan ser soportable; la victimización sexualizada de la mujer descarta su agencia, no importa cuan limitada pueda haber sido ésta, o su resistencia y denuncias políticas. Los perpetradores, entretanto, aún son considerados dominantes, Silva Santisteban, El factor asco . Especialmente, los trabajos de María Erikson Baaz y Maria Stern en La Republica Democratica de Congo, y también el trabajo práctico de Martina Ruf‐Leuschner, en Vivo y la Universidad de Konstanz en Alemania, son importantes por iniciar la documentación de procesos conducentes a la formación de violadores; así como el trabajo de los cineastas alemanes Ilse y Femke van Velzen: Weapon of War (2012)http://www.weaponofwar.nl 77 78 literalmente por encima, y en control de la vulnerabilidad, de la mujer. Esto también significa, perversamente, que los hombres no pueden ser débiles, reprimidos o arrepentidos, enquistando aún más su silencio. Como es el caso con la victimización, un perpetrador no puede ser ambiguo. Idealmente, los procesos de búsqueda de la verdad deberían ser capaces de descubrir y remover los mecanismos sociales que permiten hablar a algunos, mientras silencian a otros, y permitir que emerja la ambigüedad. Pero esto significaría que los perpetradores también tendrían que hablar sobre las dinámicas que condujeron a sus acciones, como individuos o como grupos. Esto también significa que las mujeres y los hombres son libres de juzgar sus propias experiencias y sus opciones, o ausencia de estas. En esencia, esto significa que los procesos de búsqueda de la verdad permitirán una complejidad de experiencias e historias que no necesariamente incluyen un juicio, tal como es entendido por la ley o por la sociedad en general, sino, mas bien, mostrarán las ambigüedades tanto de la victimización como de la perpetración de la violencia. Sólo entonces podremos avanzar en nuestro conocimiento de la violencia sexual y sus consecuencias para la sociedad. Desde luego, dicha estrategia no conducirá fácilmente a una narrativa nacional aceptable de la violencia, o a un conjunto de casos criminales perfectamente definidos. El proceso de revelar la generalización de la violación durante los conflictos armados en todo el mundo ve a las mujeres, siendo interrogadas y entrevistadas, ante comisiones, tribunales y medios de comunicación. Fiona Ross, refiriéndose al proceso de búsqueda de la verdad en Sudáfrica, concluyó que es inquietante que la CVR ni siquiera expresó expectativas de que los hombres dieran testimonio sobre haber perpetrado la violencia sexual.79 La exposición de la crueldad puede ser más difícil de procesar que el sufrimiento; sin embargo, necesitamos enfrentar la crueldad para detener el sufrimiento, y, particularmente, permitir experiencias más complejas de victimización y perpetración en narrativas de violencia. En la situación actual, las comisiones de la verdad no tienen capacidad de revelar tales historias. Ni siquiera la amnistía a cambio de la confesión conducirá a las confesiones de violación, como lo 79 Ross, Bearing Witness, 24. demuestra el ejemplo de Sudáfrica.80 Sólo la justicia de los tribunales puede ayudar a desplazar la atención de las víctimas a los perpetradores, lo que es el tema del próximo capítulo. Rashida Manjoo afirma que la CVR de Sudáfrica recibió a un hombre que solicitaba la amnistía a cambio de una confesión de violación. El comité de Amnistía rechazó el caso pues consideró que el crimen confesado no era de naturaleza política. Ver Manjoo, “Gender Injustice,” 149 80 5: Impunidad Yo no pido dinero, yo no quiero plata, yo quiero justicia, por qué yo no más voy a llorar, que esos culpables también lloran. Sra. Fernanda, víctima‐sobreviviente de violencia sexual en la base militar de Cangallo, Ayacucho, testimonio 201508 CVR En abril de 1983, un grupo de migrantes/refugiados de las zonas altas del Perú, pero que vivían en Lima, sospechaba que Sendero Luminoso había infiltrado el pueblo andino de donde procedían, una pequeña comunidad agrícola en el departamento de Ayacucho. Para librar su comunidad de terroristas, estos migrantes retornaron a Ayacucho y advirtieron a los militares estacionados ahí de lo que estaba pasando. Se realizó una incursión militar a la comunidad, las casas fueron saqueadas, y 25 hombres fueron torturados y llevados a la base militar cercana. Por lo menos dos hombres fueron ejecutados públicamente. Algunos de los detenidos fueron liberados en los días siguientes, entre el 14 y el 24 de abril, pero la mayoría desapareció. El 24 de abril, Sendero Luminoso entró en la comunidad y mató a 12 hombres; la mayoría de los asesinados eran residentes en Lima que se habían quedado tras la incursión militar. Los militares respondieron inmediatamente, y el mismo día retornaron al pueblo. De una comunidad vecina, se llevaron a 36 hombres y los torturaron. Los militares arrestaron a ocho de estos hombres, así como a nueve mujeres de la primera comunidad. Todos fueron torturados; algunos hombres fueron liberados posteriormente, otros fueron ejecutados. Las nueve mujeres y sus hijos más pequeños fueron llevadas a la base militar de Cangallo. A las mujeres, con sus hijos, se las mantuvo en una pequeña habitación. Fueron violadas por grupos de militares, y torturadas. Las mujeres, y varios de los hombres, fueron liberados a lo largo de un periodo de unas tres semanas. En total, los militares mataron y/o desaparecieron a 23 hombres durante este periodo. Los sobrevivientes de estas masacres han dado su testimonio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Varias de las mujeres que fueron capturadas también dieron su testimonio, y su compromiso es importante para la conclusión general a la que arribó la CVR: que la violencia sexual fue usada por las fuerzas armadas peruanas durante los años del conflicto para intimidar y dominar comunidades enteras, y que esta violencia era parte de un espectro más amplio de violaciones de derechos humanos. Beatriz, quien le dijo a la CVR que sólo podía “comerse sus lágrimas”, así como Fernanda, quien exigió que los perpetradores también deberían llorar, fueron encarceladas en la base militar de Cangallo. Pero sus respuestas a sus experiencias difieren: mientras Beatriz vive su trauma en soledad, “comiéndose sus lágrimas”, Fernanda exige compartir su trauma con los perpetradores de la violencia como una forma de justicia. De hecho, de las nueve mujeres que fueron encarceladas en la base militar de Cangallo después de los eventos de abril de 1983, sólo Fernanda trabajó con organizaciones de derechos humanos a fin de llevar su caso a los tribunales. Desgraciadamente, no tuvo éxito por razones que se exploran más abajo, y ha retirado su apoyo al caso.1 Estos eventos nos dejan con una serie de preguntas, algunas de las cuales analizaré en este capítulo. Estoy interesada, en primer lugar, en revelar los mecanismos de la impunidad: ¿cómo es posible que, a pesar de toda la información de que disponemos sobre la violación sistemática de mujeres en bases militares, el poder judicial no procede con estos casos? ¿Qué tiene que pasar a fin de llevar ante los tribunales a los perpetradores de tal violencia? ¿Cómo opera la impunidad? Considerando que tanto las leyes nacionales como las internacionales proveen las directrices necesarias para juzgar estos complejos casos de violencia sexual, incluida la violación, en periodos de guerra, tendríamos que concluir que los obstáculos observados por la judicatura son debidos, en gran medida, a la ausencia de voluntad para procesar. Esta ausencia de voluntad para procesar está fuertemente relacionada con entendimientos normativos del significado de la violencia sexual, y las percepciones de género, raza y clase. Me referiré a estas preguntas más abajo, investigando con más detalle las razones por las que ocho casos completamente investigados, presentados en la corte, nunca fueron procesados. Antes de hacerlo, sin embargo, me gustaría referirme a una pregunta más básica que las palabras de Fernanda han planteado, que es acerca del significado de, y la necesidad de, la justicia. 1 Este caso fue asumido por la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH, en Ayacucho. Justicia, silencio, y ser escuchado La declaración de Fernanda, “no pido dinero, yo no quiero plata” sugiere que su preocupación más inmediata no es la reparación en dinero. Ella dice que quiere justicia porque “yo no más voy a llorar, que esos culpables también lloran.” Su concepción de justicia parece centrarse en castigar al perpetrador. Ella quiere justicia punitiva. Sin embargo, ella prestó esta declaración a la CVR en 2002. Desde entonces, y a pesar del apoyo de la ONG de derechos humanos COMISEDH de Ayacucho, su caso no ha sido considerado, las víctimas‐ sobrevivientes como ella han dejado de apoyar su misión, y ella ha sufrido abusos en su hogar porque ha hablado públicamente sobre la violencia que sufrió mientras estuvo prisionera en una base militar.2 Ella se aísla y se sume en el silencio. Su demanda de justicia era no sólo por los hechos de 1984, sino también sobre las secuelas: ¿por qué debe estar sufriendo día tras día, ante la mirada de su esposo, su familia y su comunidad, mientras que el perpetrador permanece anónimo, escondido, y no tiene que compartir su culpa? Parece que quiere exponer a los perpetradores de la violación en periodos de guerra, y por lo tanto obtener reconocimiento por su propio sufrimiento. Cuando el Estado no apoya sus demandas, se aparta como los demás, se mantiene en silencio, y tal vez, de ese modo, minimiza las secuelas del pasado. Saber que los testimonios de las mujeres son esenciales para las demandas significa que necesitamos pensar sobre (a) la necesidad de la demanda y (b) el silencio de las mujeres. La necesidad de fiscalizar crímenes contra la humanidad como parte de la justicia transicional y reconciliación fue una de las más importantes recomendaciones de la CVR peruana. Esta fue una recomendación que reflejaba la suposición que, además de otros mecanismos de justicia transicional tales como la memoria histórica y reparaciones, la responsabilidad criminal es esencial para una paz duradera.3 Las demandas, entonces, son importantes no sólo para los individuos comprometidos, sino a fin de demostrar que rige la ley y la intolerancia a las violaciones de los derechos humanos en un orden democrático recién establecido. En el caso de la violencia 2 3 De acuerdo a COMISEDH. Informe CVR, Vol. IX, Cap. 2. esto es especialmente importante. Los mensajes de impunidad reverberan en los hogares y en las calles, y sugieren que la violencia sexual no constituye una violación de los derechos humanos y que no recibirá atención judicial. Un reciente informe de la ONG APRODEH, sobre su trabajo con mujeres en la provincia de Abancay, pinta un cuadro especialmente sombrío sobre el legado en el periodo de paz de la violencia sexual en el periodo de guerra.4 El informe expone que es de conocimiento común en las comunidades campesinas que las mujeres retenidas en las bases militares, y luego liberadas, fueron violadas; sin embargo, aunque “todos” saben lo que sucedió, nadie quiere hablar sobre esto. La situación que estas mujeres enfrentan es muy difícil: cinco de las seis mujeres con las que APRODEH trabajó, sufrieron regularmente abuso físico, sicológico y, ocasionalmente, sexual, de sus esposos. Una de las mujeres, Cecilia, tiene una hija como resultado de haber sido violada en el periodo de guerra; el esposo le pone apodos debido a esa experiencia y es, en general, abusivo: ella, a su vez, es agresiva con sus hijos. Como mencioné en la introducción de este libro discutiendo el mismo caso, Cecilia, de acuerdo al informe sicológico incluido en el informe de APRODEH, no tiene noción de seguridad y ciudadanía, su percepción del yo está ausente, y su capacidad de pensar y actuar es limitada. Esta situación es el resultado del trauma que sufrió durante el periodo de conflicto y es mantenida por los continuos abusos que sufre en el periodo de paz. La justicia formal y el reconocimiento de lo que le sucedió podrían restaurar algún sentido del yo y de la ciudadanía. Sin embargo, no es probable que eso suceda. Los Tribunales Criminales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda han cumplido roles importantes al definir la violencia sexual como un crimen contra la humanidad, y al procesar a los perpetradores. Pero los subsecuentes juicios y tribunales han encontrado múltiples problemas. Un informe comparativo publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que, a pesar de la adopción de políticas y leyes para enfrentar la violencia contra la mujer, la evidencia muestra que la respuesta judicial es notablemente deficiente, especialmente considerando “la dimensión del problema” en las Américas.5 Por ejemplo, mientras la Corte Interamericana de 4 5 APRODEH Carpeta del caso 13–2002, 43. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de CIDH, Acceso Derechos Humanos ha fallado sobre varios casos, tales decisiones no han conducido a demandas domésticas, decisiones o reparaciones.6 Michele Bachelet, directora ejecutiva de UN Women hasta marzo 2013, observa en el prólogo del informe de 2011 Progress of the World’s Women 2011–2012: In Pursuit of Justice que “en donde las leyes y los sistemas de justicia trabajan bien, pueden proveer un mecanismo esencial para que las mujeres puedan gozar de sus derechos humanos” (p.3). El informe no sólo continúa esbozando cómo el acceso a la justicia ha ayudado a mejorar la vida de las mujeres en todo el mundo, sino que también enfatiza que la violencia sexual durante un conflicto es, en parte, posibilitado por la impunidad con la que los hombres violan en periodos de guerra. Si la impunidad en periodos de guerra no es enfrentada en situaciones de post conflicto, se permite que florezca la violencia contra la mujer y los derechos humanos de la mujer continúan siendo violados (p.84). Los dos últimos Informes del Desarrollo Mundial (2011 y 2012)7 también subrayan la necesidad de la rendición de cuentas en relación a la violencia doméstica así como de la violencia sexual en sociedades transicionales en periodos de guerra. Finalmente, Yakin Erturk, Rapporteur de las Naciones Unidas para la Violencia contra la Mujer hasta 2010, concluyó, en relación a la situación de la mujer en la República Democrática del Congo, que “si la violencia sexual asociada con la guerra es enfrentada aisladamente, la discriminación basada en el género y la violencia sufrida por la mujer en “paz” será groseramente desatendida y la guerra contra la mujer será reforzada”.8 Por lo tanto, la impunidad de la violencia sexual en periodos de Guerra está estrechamente asociada con una alta tolerancia social para tal tipo de violencia en periodos de paz. a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas ,2007, 52. http://www.cidh.org/women/acceso07/indiceacceso.htm 6 Caso de Raquel Meijía y prisión Castro, ver Ruth Rubio‐Marin y Clara Sandoval, “Engendering the Reparations Jurisprudence of the Inter‐American Courth of Human Rights: The Promise of the Cotton Field Judgement,” Human Rights Quarterly 33 (2011): 1062–1091. 7 Ver Sanam Naraghi Anderlini, World Development Report 2011 (Washington, DC: The World Bank, 2011); y World Bank, Gender Equality and Development, World Development Report 2012, (Washington, DC: World Bank 2012). 8 Concejo de los Derechos Humanos de las NNUU, “Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences,” Yakin Erturk, “Addendum—Mission to the DRC,” A/HRC/7/6/Add.4, Summary, www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/annual.htm , citado en Kimberly Theidon and Kelly Phenicie, “Gender, Conflict, and Peacebuilding,” en USIP Peace Briefing (Washington, DC: United States Institute of Peace, 2011), 76. El estar de acuerdo con la necesidad de procesar, desde una perspectiva de justicia de derechos humanos y de género, sin embargo, no necesariamente motiva a las víctimas‐sobrevivientes a dar un paso adelante y prestar testimonio. Por el contrario, la persistente impunidad sin duda alguna refuerza el silencio. Varios recientes informes y estudios confirman la idea que la impunidad relacionada con la violencia sexual impide a las víctimas dar ese paso adelante, ejercer sus derechos, y combatir efectivamente los marcos culturales que permiten que persista la violencia contra la mujer. Judith Zur sostiene, que la impunidad con la que el ejército y las patrullas civiles de Guatemala mataban y secuestraban durante La Violencia tiene profundos efectos sicológicos en los sobrevivientes, puesto que niega una realidad en la que las víctimas pueden ser inocentes, o los perpetradores culpables; la impunidad alienta la incertidumbre y deja a los sobrevivientes con una profunda conciencia de su propia falta de poder.9 La ambigüedad de la culpa y de la inocencia es central a la mayoría de casos de violencia sexual, como hemos visto en los capítulos dos y cuatro, y esto es así incluso en la mayoría de los casos de violación en periodos de guerra. La impunidad refuerza estas dudas, así como el silencio con el que las víctimas‐ sobrevivientes cubren sus experiencias. Como escribe Nicola Henry al discutir la ley internacional y la violación en periodos de guerra, “Una condena oficial del perpetrador de las acciones puede disminuir los sentimientos de complicidad y autoinculpación.”10 Henry continúa, observando que si las cortes no toman seriamente a las víctimas‐sobrevivientes, es probable que las consecuencias sean negativas. Por ello, si la dignidad de una víctima es importante, y sus derechos, en tanto que ciudadana, son tomados seriamente, estos silencios deben ser superados, se debe eliminar la ambigüedad, y los perpetradores –directos e indirectos‐ tiene que ser expuestos. Desde tal perspectiva, la búsqueda de justicia por Fernanda, incluye una demanda por ser reconocida como víctima de un crimen perpetrado contra ella, en tanto que ciudadana del Perú; posiblemente, sólo si tal reconocimiento es concedido –por medio de la justicia criminal y de reparaciones‐ ella será capaz de desafiar, efectivamente, cualquier forma de Judith Zur, “The Psychological Impact of Impunity,” Anthropology Today 10 (1994): 12–17. Nicola Henry, “Witness to Rape: The Limits and Potential of International War Crimes Trials for Victims of Wartime Sexual Violence,” International Journal of Transitional Justice 3, no. 1 (2009): 114–134, 121. 9 10 violencia que enfrente en el hogar. El reconocimiento formal de la violencia perpetrada contra mujeres individualmente puede dar legitimidad a una futura resistencia contra la violencia en el hogar. A pesar del silencio que rodea las experiencias de violencia sexual, la historia reciente de los procesos internacionales muestran que la receptividad institucional y societal, el apoyo sicosocial y la eficiencia judicial, y la sensibilidad para con aquellas que dan testimonio ayuda notoriamente al proceso de hacerse presente y buscar la justicia formal.11 En el caso del conflicto peruano, la mayoría de las víctimas de violencia sexual eran campesinas de descendencia indígena; mujeres de comunidades indígenas que no eran apoyadas por ningún sector de la sociedad “formal”, y que, para comenzar, sólo tenían una mínima noción de la ciudadanía y de hacer valer sus derechos. Pascha Bueno Hansen afirma que la histórica negligencia por parte del estado, y los hábitos de las comunidades rurales de resolver los conflictos sin la interferencia de la judicatura nacional, torna difícil para los abogados de derechos humanos convencer a las víctimas‐sobrevivientes y la comunidad en general a desafiar con el sistema nacional de justicia.12 Un desafío adicional es la ausencia de apoyo para, y el reconocimiento de, las experiencias de violencia sexual dentro de aquellas comunidades marginadas, reforzando el silencio de las mujeres. Por ello, la intersección de raza, clase y género aumenta el distanciamiento de la justicia de las mujeres – y el fracaso del estado y de la judicatura en proveer justicia consolida aún más la marginación de las mujeres. Bueno Hansen añade que la desconfianza de las víctimas‐sobrevivientes a comprometerse con el sistema judicial es reforzada “por un lado, por las promesas abstractas de justicia y reparaciones y, por el otro… por la amenaza del abuso, sancionado por el estado, y la impunidad”13 La búsqueda de justicia por parte de Fernanda fue posible debido a que su sentido de ciudadanía y su confianza en el estado Ver, especialmente, los casos de Tribunal Internacional Criminal de la ex Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) y del Tribunal Internacional Criminal de Ruanda (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) debatidos en Inger Skjelsbæk, The Political Psychology of War Rape: Studies from Bosnia‐ Herzegovina (London: Routledge, 2012) y Henry, “Witness to Rape.” 12 Pasha Bueno‐Hansen, “Finding Each Other’s Hearts: Intercultural Relations and the Drive to Prosecute Sexual Violence during the Internal Armed Conflict in Peru,” International Feminist Journal of Politics 12 (2010): 319–340. 13 Ibid., 325 11 peruano, como agente de justicia, no fueron totalmente destruidos; sin embargo, su propio testimonio no fue suficiente para sustentar un caso judicial. Como en los casos de violencia doméstica que discuto en el próximo capítulo, las mujeres tienden a retirar su informe si no se sienten respaldadas por la policía y la judicatura cuando presentan por primera vez su demanda. Esto también es cierto en los casos de violación en periodos de guerra: si el estado y las instituciones no brindan apoyo, ¿cómo puede nadie esperar que las mujeres se levanten, hablen y perseveren en sus demandas de justicia? Desgraciadamente, la expectativa de que las mujeres son renuentes a hablar y dar testimonio alimenta la ausencia de apoyo a sus casos, y viceversa, creando un círculo vicioso. Por ejemplo, cuando visité las oficinas del Ministerio Publico en Ayacucho en 2011, el fiscal público para los casos de violaciones de derechos humanos señaló a una mujer que se encontraba en la sala de espera y que iba a denunciar una violación en periodo de guerra. Él desestimó su caso porque “tendrá que dar testimonio”, “es un proceso largo” y “de todas maneras, no tendrá ninguna prueba”. La respuesta del fiscal revela una ausencia de confianza en el valor de las narrativas de las mujeres indígenas, especialmente de sus experiencias de violencia sexual y, por ello, una resistencia a escucharlas y dedicar tiempo a sus casos. También podría haber intentado servir al interés real de la víctima‐sobreviviente –no queriendo hacer que las mujeres sufran un proceso que pueden hacer revivir experiencias dolorosas‐ pero, en esencia, las mujeres son impedidas de decidir por sí mismas si y cuándo quieren hablar, y, al hacerlo, les impiden dar forma a su propia historia. La raza, la clase y el género, claramente juegan un rol en estos casos. La ausencia de la voz de las mujeres, y particularmente de las voces de las mujeres indígenas/rurales, en la sociedad peruana, no es necesariamente una consecuencia de que las mujeres no tienen una voz, sino mas bien al hecho de que no son escuchadas. En tal contexto de silencio generado por la naturaleza de la experiencia de la violación y reforzado por la ausencia de una audiencia receptiva, tal vez lo que debiera sorprendernos es que algunas mujeres exigieran justicia. Esto nos anima a preguntarnos por qué y cómo lo hicieron. La CVR pudo registrar 538 informes de violencia sexual; esto es, 538 mujeres dieron testimonio ante la Comisión, o confirmaron, durante entrevistas con investigadores de la CVR, que habían sufrido violencia sexual durante el conflicto armado en el Perú. De estos 538 casos, sólo unos pocos casos (16) fueron tomados para ser investigados por la comunidad de los derechos humanos;14 más mujeres denunciaron casos de violencia sexual ante las oficinas de los fiscales provinciales y demandaron judicialización post‐CVR, pero no está claro cuántas mujeres en total denunciaron. De acuerdo al Instituto de Defensa Legal, el incremento en informes después de 2003 puede haberse debido a las expectativas, de una parte de aquellas que presentaban demandas, de que recibirían reparaciones.15 Esto parece haber sido confirmado por el creciente número de hombres tanto como mujeres, que han informado al Registro Único de Victimas del Consejo de Reparaciones, desde su creación en 2006, haber sido objeto de violencia sexual. Por ello, el reconocimiento implícito en la idea de las reparaciones, así como la expectativa de reparaciones monetarias concretas, alentaron a las mujeres –y a algunos hombres‐ a denunciar la violencia de la que habían sido objeto. Podemos concluir que el reconocimiento institucional ayuda a las mujeres a dar un paso adelante y contar su historia. En el caso de la justicia retributiva, sin embargo, la judicatura no ha sido receptiva a los reclamos de las mujeres. IDL informa que el Ministerio Público en Ayacucho, por ejemplo, tenía nueve casos registrados en 2010, que involucraban a 27 víctimas‐sobrevivientes. Los nueve casos fueron todos presentados después del 2003, y se encuentran en etapa investigativa preliminar en las oficinas de los fiscales provinciales. Sin apoyo de las ONGs, observa IDL, es poco probable que estos casos sean investigados más.16 Los únicos casos que han sido investigados seriamente son aquellos que fueron seleccionados por la comunidad de derechos humanos, que desarrolló una elaborada estrategia que permite que las mujeres sean escuchadas y que discutiré más abajo. Buscando justicia Dos de las más importantes ONGs de derechos humanos radicadas en Lima, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Pro Derechos Humanos 14 Algunos de estos casos incluyen más de una víctimas. Instituto de Defensa Legal, Protocolo para la investigación de casos de violación sexual en el conflicto armado interno (Lima: Instituto de Defensa Legal (IDL), 2010), 60. 16 IDL Protocolo , 58. 15 (APRODEH), junto con la Red para la Infancia y Familia (RedInfa), buscan que se haga justicia en casos de abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas armadas. Dieciséis de los casos que conducen involucran la violencia sexual. Varias ONGs pequeñas, sobre todo Paz y Esperanza, una ONG cristiana, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), y Estudio de la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS, una ONG feminista) también han trabajado con APRODEH e IDL en los casos discutidos. La experiencia de estas organizaciones confirma que hay una variedad de obstáculos a la judicialización de los casos de violencia sexual, como discutimos antes. El primer obstáculo, como ya he sugerido, es la dificultad experimentada en la obtención de testimonios. Además del hecho que el trauma y el estigma adscritos a la violencia sexual hacen difícil que las víctimas‐sobrevivientes hablen sobre sus experiencias, hay el asunto del lenguaje (la mayor parte de las víctimas‐sobrevivientes tendrían que dar testimonio en quechua, en oposición al lenguaje institucional, castellano), los costos de transporte (muchas de las víctimas viven en lugares distantes de donde están situadas las instituciones) y la duración de los procesos judiciales, que supone otros costos, particularmente financieros y emocionales. Estos obstáculos no son específicos a los casos de violencia sexual en periodos de guerra, desde luego. Ellos reflejan problemas muy conocidos de acceso a la justicia para las comunidades rurales e indígenas en general. El Ministerio Público del Perú post‐conflicto ha fracasado en la resolución adecuada de estos desafíos básicos de acceso a la justicia. Otro obstáculo surge del hecho que para presentar cargos contra personal militar en retiro, las mujeres requieren garantías de seguridad puesto que la continua presencia e influencia de las fuerzas armadas puede ser amenazadora. Este sentido de vulnerabilidad se complica por el hecho que los miembros de las comunidades y de las familias, muchas veces no tienen voluntad de cooperar con las víctimas‐sobrevivientes presentando denuncias de abuso sexual a las autoridades. La falta de apoyo, desde la comunidad en general, para presentar casos de violencia sexual a la judicatura también significa que hay una ausencia de testigos dispuestos a apoyar los casos de las mujeres, minando la posibilidad de lograr suficientes pruebas en apoyo de estos casos.17 Esto es lo que IDL llama “la vergüenza colectiva”. Para lidiar con los variados obstáculos que enfrentan las víctimas‐ sobrevivientes a fin de ser escuchadas, las antes mencionadas ONGs despliegan una estrategia psicojudicial. Esta estrategia involucra apoyo psicológico informado por género, culturalmente sensible, y con perspectivas de derechos humanos. Una estrategia que incluye adecuado apoyo emocional, acompañamiento psico‐jurídico, y trabajo psicosocial para facilitar reintegrar a las víctimas‐sobrevivientes a sus comunidades es esencial al acto “público” de dar testimonio, y se ha mostrado esencial en procedimientos criminales desarrollados en Bosnia y Ruanda. De acuerdo al los Tribunales Criminales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, el Estatuto de Roma de 1988 que estableció el Tribunal Internacional Criminal en 2002 estipuló la formación de las Unidades de Apoyo a las Víctimas y Testigos específicamente para aquellas que daban testimonio sobre violencia sexual. Estas unidades deberían dar apoyo emocional y acompañamiento psico‐jurídico, así como apoyo psicosocial, para ayudar a reintegrar a las víctimas‐sobrevivientes en sus comunidades.18 RedInfa, una ONG con base en Lima que apoyaba y asesoraba durante las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, también acompañó a las víctimas‐sobrevivientes después de la CVR, con la esperanza que las mujeres pudieran expresarse y los tribunales pudieran demandar. Por ello, en el Perú, el proceso es conducido por ONGs legales y psicosociales antes que por los tribunales. En varios casos asumidos por APRODEH y el IDL, los psicólogos de RedInfa desempeñaron un rol de intermediario entre las víctimas‐sobrevivientes y sus comunidades, la judicatura y los abogados. En particular RedInfa aportó un monitoreo continuo a las víctimas‐sobrevivientes, administró las expectativas de la judicialización, e intentó apoyar a las mujeres durante el proceso de prestar testimonio. Este apoyo, si así pide, incluye también la total confidencialidad, lo que, en ciertos casos, ha significado que los casos de las mujeres no han sido 17 IDL Protocolo , 76–78. Fionnuala Ní Aoláin, Dina Francesca Haynes, and Naomi Cahn, On the Frontlines: Gender, War, and the Post‐Conflict Process (Oxford, New York: Oxford University Press, 2011), 159. 18 dados a conocer a sus familias y comunidades. En otros, la estrategia psico‐ judicial ha supuesto trabajar con comunidades. Rosa Lía Chauca, directora de RedInfa, sostiene que el apoyo psicojudicial tiene por objetivo “re significar la experiencia vivida” que incluya un entendimiento social y político del contexto en el que tuvieron lugar las violaciones y remover la censura y la culpa sobre las experiencias de violencia sexual. Chauca también pretende apoyar la “reconstrucción del tejido social” donde sea posible, trabajando con las mujeres y sus familias a nivel de la comunidad por medio de actividades, tales como escribir las memorias de las comunidades.19 La necesidad de este enfoque psico‐social al ayudar a las mujeres a dar testimonio, y a fin de que el Ministerio Público presente cargos, la enorme carga de trabajo en el proceso, y la escasez de recursos del grupo de las ONGs con capacidad de proveer tanto el apoyo legal como psicosocial, explica en parte el limitado número de casos en los procesos de judicialización. De acuerdo a los archivos de estas ONGs20, a fines del 2010 dieciséis casos (de los 538 casos identificados por la CVR) habían sido investigados y presentados al Ministerio Público; de aquellos dieciséis, tres fueron aceptados por la fiscalía supraprovincial; los otros trece continúan estando en investigación preliminar con el Ministerio Público. A fines de 2011, un caso esperaba el inicio del juicio en Lima (base militar de Manta y Vilca, en Huancavelica, aceptado para juico penal en 2009) y uno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No hay progreso en los otros casos. Por ello, a pesar de la presión de las ONGs de derechos humanos, sólo un caso ha sido aceptado para procesamiento por la Sala Penal, que concierne los mencionados abusos en dos bases militares en la provincia de Huancavelica. Lamentablemente, el caso sigue en etapa de instrucción cinco anos después del auto apertorio de 2009. Si este caso llega a los tribunales, será un ejemplo no sólo para el Perú, sino para América Latina y, desde luego, más allá. Hay mucho en juego en este caso. La práctica de la impunidad IDL Protocolo , 100. Nota de Prensa, Veintena de casos de violaciones sexuales a mujeres durante el conflicto armado están paralizados en fiscalías y juzgados de 7 regiones del país. (DEMUS, APRODEH, IDL, COMISEDH, Paz y Esperanza, Lima, diciembre 12, 2010). 19 20 Trazando el fracaso del sistema judicial peruano usando casos actuales, explico cómo el marco legal nacional e internacional es utilizado en los casos de violación relacionados con el conflicto. Al hacerlo, espero resaltar y enfatizar las dimensiones sociopolíticas del trabajo de la judicatura. Para analizar la practica de la impunidad en casos de violencia sexual relacionados al conflicto en el Perú post‐conflicto, he mirado con mayor detenimiento a ocho casos específicos. Todos estos casos fueron investigados por ONGs de derechos humanos en Lima; algunos casos son “viejos”, que fueron presentados a los abogados de derechos humanos por los miembros de las familias inmediatamente después que tuvieron lugar los hechos, a comienzos de los 80s o a comienzo de los 90s; otros casos fueron identificados por las ONGs de entre los testimonios brindados a la CVR entre 2001 y 2003, e investigados sólo después de 2004. El proceso de judicialización es como sigue: si las ONGs logran convencer a las mujeres que tienen un caso y que deben dar testimonio, mayormente por medio de la estrategia psico‐judicial, y son capaces de construir un caso lo suficientemente sólido que evidencia violencia sexual, entonces las partes presentan el caso a la fiscalía supra provincial del Ministerio Público. Como ha observado IDL, sin el trabajo de estas ONGs, las investigaciones preliminares bajo la supervisión del Ministerio Público tienden a no llegar a buen puerto. Un caso bien presentado a un voluntarioso fiscal supra‐provincial debe conducir a nuevas investigaciones forenses antes que la fiscalía emita cargos contra perpetradores identificados ante la corte; esta es la denuncia penal, la acusación criminal, de la que los contenidos determinará el proceso. En una audiencia previa al juicio, los jueces deciden si el caso debe ir a juicio; si la respuesta es SÍ, el caso es tomado por el fiscal superior penal, quien decide si lleva el caso a la corte especial criminal para derechos humanos, o procede en la corte penal común.21 Como indicamos antes, tras siete años de preparación de casos, sólo uno espera juicio. Todos los demás casos han sido clausurados por el Ministerio Público o están esperando en algún lugar del escritorio de un fiscal, aún en la fase preliminar de investigación. Estoy interesada en los argumentos usados por la judicatura peruana para descartar o cerrar casos de violencia sexual y ver cómo esos argumentos se 21 Ver IDEHPUCP para detalles de los casos propios de la corte especial: http://idehpucp.pucp.edu.pe/index.php?option=com_content [accessed December 2011]. relacionan con la legislación existente. El resto de este capítulo está organizado siguiendo la línea de argumentación de los argumentos usados para descartar casos viables para ser enjuiciados públicamente. De los ocho casos que discutimos aquí, cuatro casos conciernen a mujeres individuales y cuatro casos conciernen a varias víctimas, y forman parte de casos más amplios de flagrantes violaciones de derechos humanos tales como asesinatos extrajudiciales, matanzas, desapariciones y tortura. Una exhaustiva investigación de los casos existentes presentados por las ONGs de derechos humanos al Ministerio Público sugiere que fiscalías no presentan acusaciones en los casos de violencia sexual perpetrados por los militares durante el conflicto, por las tres razones siguientes: (1) definición del crimen, (2) falta de pruebas, y (3) ausencia de perpetradores. Discutiré estos tres argumentos en forma separada usando ejemplos de los ocho casos estudiados. Primero, los fiscales y los jueces tienden a definir los casos de violación como un crimen común, en vez de un crimen contra la humanidad. Definiendo la violación en periodos de guerra como un crimen común descontextualiza el acto de una situación de violencia sistemática y terror y anula los argumentos contextuales que pueden demostrar la probabilidad de la violencia sexual, tales como el marco temporal y el lugar en los que los eventos tuvieron lugar, y las características del crimen.22 Definir los conflictos relacionados con la violencia sexual como crímenes comunes significa que es impuesto un estatuto de limitaciones de nueve años, y los crímenes conllevan sólo una sentencia de cuatro años. Considerando que la mayoría de los casos de violencia sexual documentados por la CVR están relacionados a hechos ocurridos entre 1980 y 1995, definir a los casos de violencia sexual en periodos de guerra como crímenes comunes automáticamente mina su validez judicial, mientras que las limitaciones estatutarias no se aplican a los crímenes de guerra y a crímenes contra la humanidad.23 Por ello un primer paso para procesar exitosamente la violencia 22 IDL Protocolo, 140. Ver Kelly Askin, “Treatment of Sexual Violence in Armed Conflicts: A Historical Perspective and the Way Forward,” en Sexual Violence as an International Crime: Interdisciplinary Approaches , ed. Anne‐ Marie de Brouwer, Charlotte Ku, Renee Romkens and Larissa van den Herik (Cambridge, Antwerp: Insertia, 2013) 19–56, 45, pie de página 145. 23 sexual en periodos de guerra es que los crímenes tienen que ser definidos como crímenes contra la humanidad de acuerdo a la ley internacional. La Ley Criminal Internacional se define en gran medida por los casos legales desarrollados por los Tribunales Criminales Internacionales sobre la ex Yugoslavia y sobre Ruanda, y confirmada en el Estatuto de Roma emitido en 1998. El Perú ratificó el Estatuto de Roma en noviembre de 2001, y se estableció una comisión técnica parlamentaria (Comisión Especial Revisora del Código Penal) en octubre de 2002 para preparar una borrador de un nuevo Código Criminal que incluyera los crímenes del Estatuto de Roma. Sin embargo, sus consideraciones y adopción han sido postergadas hasta hoy.24 De acuerdo a las Reglas de Procedimiento y Evidencia (2002, Regla 69‐71) del Estatuto de Roma, las fiscalías penales supra‐provinciales deberían priorizar la noción de un “ambiente amenazante y coactivo, particularmente para mujeres considerando el carácter del conflicto,” como “prueba de los presuntos hechos,” y, si tal medio ambiente coactivo es probado, las cámaras “deberían considerar comprobados estos presuntos hechos.”25 Por ello, las Reglas de Evidencia del Estatuto de Roma indican claramente que el contexto del conflicto, puesto en evidencia por una serie de hechos diferentes de los hechos alegados, sirven como evidencia convincente de la violencia sexual si un testigo da testimonio de dichos eventos. Pero esto significa que, primero, los supuestos crímenes deben ser procesados como un crimen contra la humanidad, basado en la violación sistemática de los derechos humanos. El caso de violencia sexual contra Fernanda, cuya demanda de justicia da inicio a este capítulo, y otras ocho mujeres, junto con la masacre de 23 hombres cometida por los militares en 1984, fue presentada por el COMISEDH al Ministerio Público en 2005, enmarcada en la ley humanitaria internacional. COMISEDH consideró que tenía un caso sólido, pues los crímenes fueron parte de un, generalizado “ambiente amenazante y coactivo, particularmente para mujeres considerando el carácter del conflicto.” Además, el caso incluyó a cinco jefes militares identificados, responsables de las bases militares de Cangallo y 24 Ver Coalition for the International Criminal Court. http://www. iccnow.org/?mod=country&iduct=137 25 “Rules of Procedure and Evidence,” Estatuto de Roma, 2002, Regla 69–71. Huancapí, en donde las mujeres fueron retenidas, torturadas y violadas.26 Sin embargo, el procurador público, quien condujo el caso, realizó nuevas investigaciones y presentó evidencias al tribunal, y decidió fragmentar los hechos en casos de violación individual, independientes del contexto, y separados de los casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que formaban parte de la misma serie de eventos. Pero las violaciones de los derechos humanos de esta naturaleza son difíciles de probar en casos individuales, puesto que puede no haber evidencia física, testigos preparados o capaces de dar testimonio, o perpetradores directos identificados. Como resultado del temor de la retribución y el estigma en la comunidad, de las nueve víctimas‐sobrevivientes, sólo Fernanda estuvo dispuesta a dar testimonio, lo que significó que sólo su caso podía ser presentado como violación de los derechos humanos de acuerdo a la estrategia del procurador. Sin embargo, como el caso no contaba con evidencias como un caso individual, nunca fue procesado. Igualmente, el caso de Georgina Gamboa fue sacado de contexto y procesado como un crimen común. En este caso, hubo una sentencia, pero el castigo impuesto fue mínimo comparado con el crimen ‐ y posteriormente fue anulado. Como se discutió brevemente en el capítulo anterior, tras la incursión de Sendero Luminoso a la hacienda cercana a la comunidad en la que vivían Gamboa y su familia, ella y su familia fueron acusados de terrorismo y encarcelados por la policía local. Luego de ser puesta en libertad, nuevamente fue detenida, esta vez por policías entrenados en contrainsurgencia, o sinchis, y llevada violentamente y encarcelada en una celda pequeña, oscura y subterránea, en la que los sinchis la violaron repetidamente, mientras pretendían que la estaban interrogando. Se despertó horas más tarde, golpeada, con sus ojos cerrados debido a la sangre seca que cubría su rostro y su cuerpo. Según el caso judicial elaborado por COMISEDH27, en febrero de 1981, Georgina fue formalmente acusada ante la corte en Ayacucho de estar involucrada en un ataque de Sendero Luminoso contra una hacienda cercana a su pueblo. Solicitó y se le concedió un examen médico para demostrar que fue COMISEDH, Sumilla denuncia penal caso XXXX COMISEDH petición a la CIDH: Sumilla: petición relativa a la violación a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial por parte del ESTADO PERUANO, en contra de GEORGINA GAMBOA GARCIA (2008). 26 27 violada, y establecer que era menor y no debía ser juzgada en una corte para adultos. Dos exámenes médicos contradictorios concluyeron que no había pruebas de que Georgina había sido violada a pesar de que ella quedó embarazada mientras se encontraba presa. La fiscalía cerró el caso en 1982, cuando nació su hija, con el argumento de que no se podía demostrar nada porque no se contaba con la identidad de los autores de la violación – a pesar de que los nombres de los militares que la detuvieron y la de los que eran responsables de la comisaría eran conocidos. En los siguientes cuatro años se logró reabrir el caso en Lima con la ayuda de la comunidad de los derechos humanos, los acusados fueron identificados y procesados, pero el procurador lo definió como un crimen común. Los perpetradores recibieron pequeñas multas y breves sentencias de prisión, que fueron suspendidas. Por entonces Georgina ya había abandonado el caso para criar a su hija en Lima –nunca se le informó de la sentencia final. Posteriormente sólo habló ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2002, como se mencionó en el capítulo precedente. El caso fue reabierto en el 2004 con el apoyo de COMISEDH, la que preparó y presentó su caso al Ministerio Público de Ayacucho en el 2005 (Primera Fiscalía Supra provincial de Ayacucho) como un crimen contra la humanidad y tortura. Como el procurador no hizo avanzar el caso, COMISEDH también presentó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2007 y en el 2011, donde fue admitido en julio 2014.28 Actualmente hay varios casos en juicio en el Perú que involucran a jefes militares que cometieron diversos tipos de violaciones a los derechos humanos. Uno de los mayores y más importantes casos de violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, perpetrado en los Andes peruanos, concierne a “Los Cabitos” la base militar situada en Huamanga, la capital del departamento de Ayacucho. En octubre de 1981, el gobierno promulgó un estado de emergencia en Ayacucho, suspendiendo los derechos civiles. El 1 de enero de 1983, el general Roberto Clemente Noel fue nombrado jefe político‐militar del departamento. Estableció su base en Los Cabitos, los cuarteles contiguos al aeropuerto de Huamanga. La CVR documentó 138 casos de tortura, 28 CIDH, Informe No. 61/14, Petición 1235‐07. Admisibilidad. Georgina Gamboa García y familiares. Perú. 24 de julio de 2014. desapariciones, y asesinatos en Los Cabitos entre 1983 y 1985, mientras que el equipo de exhumación forense ha podido identificar, hasta setiembre 2013, los huesos de 109 personas. Algunas fuentes sugieren que por lo menos 300 personas fueron asesinadas en Los Cabitos entre 1983 y 1984;29 otros sugieren que puede haber habido 1000 asesinatos en un periodo de 7años (1983‐1990).30 Mientras las excavaciones forenses continúan, es probable que nunca será conocida la dimensión real de los abusos que ocurrieron ahí. Se han recuperado por los menos cuatro hornos en los que, después de 1985, los restos de los prisioneros eran quemados, haciendo imposible investigar con certeza el número e identidad de todos aquellos asesinados en Los Cabitos. Las tres generales a cargo de la base, en diferentes momentos, entre 1983 y 1985, Noel, Adrián Huamán Centeno y Wilfredo Mori, han negado que se cometieran actos criminales; sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes confirman la tortura y el asesinato sistemático en la base. Además, un ex soldado estacionado en la base de Los Cabitos, y posteriormente participante en varios de los más infames escuadrones de la muerte que empleó el ejército peruano, Jesús Sosa Saavedra, contó su historia de mercenario pagado por el estado a un periodista, Ricardo Uceda. Su testimonio, publicado en el libro Muerte en el Pentagonito, es una verdadera “historia íntima del asesinato”. Este testimonio también confirma la masiva violación por bandas de mujeres antes – o inmediatamente después‐ de ser asesinadas. Sosa Saavedra fue interceptado en 2008 después de haber permanecido en la clandestinidad, y se encuentra en juicio por varios violaciones a los derechos humanos. En mayo del 2011, se inició el caso Los Cabitos en la Corte Suprema. Seis jefes militares enfrentaron juicio por los delitos de crímenes contra la humanidad, detención arbitraria, retención ilegal de prisioneros, lesiones, secuestro agravado, humillación, asalto agravado y desaparición forzada, cometidos durante 1983.31 La violencia sexual y la violación no fueron Ricardo Uceda, Muerte en el pentagonito: Cementerios secretos del Ejército Peruano (Bogota, Colombia: Planeta, 2004). 30 De acuerdo a Luis Bromley Coloma del Instituto de Medicina Legal, en “Cerca de mil personas fueron recluidas en Los Cabitos y no salieron nunca más,” La República abril 27, 2008. 31 Los crímenes cometidos en otros años serán vistos en un proceso diferente. Ver Jo‐Marie Burt, El Juicio, and Los Cabitos, http://www.aprodeh .org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=176:el 29 incluidas en las acusaciones, pues la fiscalía inicialmente se negó a incluir los cuatro casos de violación por los que las víctimas‐sobrevivientes aceptaron dar testimonio. Cuando le pregunté al entonces (2011) fiscal de derechos humanos de Ayacucho, sobre sus comentarios por la exclusión de los cargos de violencia sexual en los casos que tenía a su cargo, él alzó los hombros y simplemente declaró que no había pruebas. En el 2012, las víctimas‐sobrevivientes dieron sus testimonios en el caso contra los seis jefes militares, y los testimonios de la violencia sexual forman parte de las pruebas generales de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, no se los ha reconocido ni han sido enjuiciados separadamente. Esta estrategia –incluir la violencia sexual en acusaciones de crímenes contra la humanidad tales como desapariciones, secuestro, tortura y trato inhumano‐ también ha sido usada en otros casos en el Perú, y, en ausencia de la posibilidad de juzgar separadamente, aún cuando está lejos de ser lo óptimo, por lo menos permite que las experiencias de las víctimas‐ sobrevivientes sean escuchadas y reconocidas en las cortes.32 Un segundo y tal vez el más persistente impedimento legal a procesar la violación tanto en periodos de guerra como de paz, es la idea que no se puede probar la coerción. Mientras que sí es posible establecer, mediante exámenes médicos y pruebas de paternidad, si se ha realizado el acto sexual, es más difícil probar la naturaleza coercitiva del sexo. Considerando las bajas tasas de convicciones por violación, como se discutió antes, la palabra de “él” tiende a pesar más que la de “ella”. Este prejuicio de género se asienta, en primer lugar, en las mismas ideas sobre los roles de las mujeres y de los hombres, que hacen tan difundida la violación sexual: la creencia que los hombres tienen un impulso sexual que la mujer puede y debe satisfacer. Una de las pocas sicólogas que trabaja con víctimas‐sobrevivientes en Apurímac y Ayacucho me dijo que en un taller de trabajo, donde también asistían jueces y fiscales, estos cuestionaban, para comenzar, la motivación de las mujeres para ir a las bases militares, sugiriendo que ellas provocaban la violación al hacerlo.33 El personal militar ‐juicio‐los‐cabitos&catid=76:noticias 32 Entrevista, Gloria Cano, APRODEH, Lima, abril 2011. 33 Rosalia Chauca, RedInfa, Entrevista en Lima en abril 2006. Ver también: Defensoría del Pueblo, Violencia Sexual en el Perú: un análisis decasos judiciales , Lima (2011) 004–2011‐ DP/ADM, capítulo 5. también ha expresado la idea que las mujeres indígenas quieren tener sexo con soldados no‐indígenas debido a su más alto status.34 Como vimos en los capítulos dos y tres, este es un marco normativo sustentado en el racismo tanto como en el sexismo, puesto que las mujeres indígenas son consideradas inferiores y por lo tanto disponibles para los soldados mestizos. Desde luego, si importantes sectores de la judicatura consideran que las mujeres indígenas eran las culpables de su propia violación (porque ellas la provocaban y esos pobres soldados tenían una necesidad), o no juzgan a la violación como violación cuando el uso de excesiva violencia no puede ser demostrada, entonces hay muy pocas posibilidades que se procese. Considerando este ambiguo entendimiento de la coerción y el consentimiento, la evidencia física de la lucha y la resistencia tiende a ser altamente valorada como evidencia de coerción. Los individuos que son violados son alentados a informar esto inmediatamente a la policía, quienes supuestamente deben asegurarse que se reúna la evidencia forense; esto es, la víctima es sometida a exámenes médicos a fin de determinar si ha habido actividad sexual bajo coacción. En los casos de violencia sexual en periodos de guerra, operan pocas instituciones que puedan recibir y examinar a las víctimas de la violencia, por lo que es muy corriente que no se pueda recobrar las evidencias. En muchos casos las únicas instituciones a las que se podía denunciar la violencia eran las de los perpetradores de tales violencias. Además la violencia sexual puede tener lugar con otras formas de coerción, aparte del uso de la violencia física. Cecilia, quien, en 1989, fue violada tras ser amenazada de ser cortada a pedacitos en una base militar de Abancay, y luego otra vez después que se le prometió entregarle información sobre su desaparecida hermana, tal vez no podría cumplir con la exigencia de indicios físicos de resistencia a la violación.35 Cecilia, cuyo calvario es presentado en la introducción de este libro, así como el de muchas otras mujeres, pueden haberse sometido a la violencia sexual a fin de obtener información sobre sus familiares, a fin de obtener su libertad; o a fin de prevenir la violación grupal aceptando la violación de un Ver también Carlos Iván Degregori, Jos é López‐Ricci, Marfil Francke, et al. Tiempos de ira y amor: Nuevos actores para viejos problemas (Lima: DESCO, 1990), 204–205. 35Ver también la investigación del Ombudsman sobre los procesos en periodos de paz de la violencia sexual: Defensoría del Pueblo, Violencia Sexual en el Perú . 34 militar de alto grado. En la Ley Criminal Internacional, estos casos constituyen violación porque ocurren en un ambiente amenazante en el que el consentimiento no puede jugar un rol; sin embargo, en la práctica legal peruana, toda sugerencia de consentimiento impedirá un caso criminal. En el Perú, como tal vez en la mayoría de países, la interpretación y aplicación de la ley más que la ley en sí misma, impide la justicia. Las Reglas de Procedimiento y Evidencia del Estatuto de Roma no exige evidencia física de violación para corroborar el testimonio del testigo. Incluso el código penal peruano de 1991 no se asienta en la evidencia física en caso de violencia sexual, e incluye “una amenaza o vis compulsiva que someta la voluntad de la víctima” como violencia.36 El código penal incluso considera el abuso de una posición de dominancia como agravante, y menciona específicamente como un elemento agravante la perpetración de violación por personal militar, policial y de seguridad cuando se encuentre en ejercicio de su función pública.37 Por ello, mientras muchos fiscales y jueces enfatizan la necesidad de la evidencia forense basada en daño físico visible, esta no es un requerimiento de la ley criminal nacional o la internacional; mas bien el hecho que los casos discutidos involucren a personas armadas cumpliendo funciones públicas debería ser un elemento agravante. En la práctica, desgraciadamente, la fiscalía pública así como la judicatura exigen evidencia médica forense en casos de violencia sexual. Esto lleva situaciones ridículas, por ejemplo en el caso de MMB.38 MMB era una estudiante de 19 años cuando la primera División de las Fuerzas Militares Especiales la secuestró en octubre de 1992 (capturada, con los ojos vendados, arrojada dentro de un automóvil, conducida a un destino desconocido y mantenida incomunicada por un tiempo). Fue acusada de participar en actividades de Sendero Luminoso, torturada, y violada en grupo durante dos días después de su captura. Para hacerle confesar ciertas actividades que posteriormente ella afirmó que no había realizado, y para forzarla a mantenerse en silencio sobre los abusos que había Defensoría del Pueblo, Violencia Sexual en el Perú , cap. 3, 39 Ibid., 40 38 Varios casos son nombrados por sus iniciales tras un acuerdo, sobre si revelar la identidad, entre varias organizaciones de derechos humanos que representaban sus casos y a los individuos involucrados. 36 37 sufrido, los perpetradores la amenazaron, así como a su familia. MMB hizo lo que le exigieron; ella confesó y fue sentenciada a 15 años en prisión por un tribunal de jueces sin rostro (jueces militares que cubrían sus rostros con pasamontañas). MMB denunció la violación y su falso testimonio varias veces, incluso ante un tribunal civil, pero no lo hizo frente a la intimidatoria corte de sin rostros que finalmente la sentenciaron. Cuando descubrió que estaba embarazada como resultado de la violación, trató de matarse, pero fracasó. Un informe sicológico de 1996, cuatro años después de los eventos, concluyó que MMB estaba traumatizada y mostró signos de autoinculpación causados por el miedo, el trauma y el abuso.39 En 1998, MMB fue perdonada, puesto que había suficientes indicios de que era inocente y que había sufrido abusos durante su detención militar.40 MMB dio testimonio público ante la CVR en 2002, y su caso fue asumido por IDL en 2003, que preparó el caso contra los perpetradores para ser presentados al fiscal público. Hay informes médicos que son testimonio del daño físico y sicológico, hay una hija nacida en prisión nueve meses después que fue secuestrada, y existen los perpetradores identificados. El fiscal público, sin embargo, solicitó nueva evidencia médica y quiso someter a MMB a un examen forense, ¡11 años después de los eventos! A pesar de toda la evidencia, la fiscalía rechazó el caso como sin sustento y sólo sometió un caso por secuestro, pero no por violación.41 Tal caso, posteriormente, fue aceptado por una diferente fiscal, pero aún está pendiente. 42 Como revela este caso, la disponibilidad de evidencia médica forense en casos de violencia sexual es interpretada de una manera extremadamente prejuiciada: muchos fiscales (y doctores) parecen aceptar sólo el daño muy severo y permanente al área vaginal como evidencia médica de violación. Esto sugiere que la violación sólo es violación cuando se usa una violencia tan extrema que una mujer queda física y permanentemente dañada (sin tomar en CVR, Audiencias temáticas, Audiencia Pública sobre legislación antiterrorista y violación al debido proceso, junio 4, 2002. http://www .cverdad.org.pe/apublicas/audiencias/atematicas/at01_sumilla01.php ) 40 http://prohibidolvidar.wordpress.com/2011/05/18/pastilla‐1‐caso‐de‐maria‐magdalena‐ monteza‐benavides‐1992/ 41 Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, ingreso No. 05–2007, septiembre 15, 2010. 42 Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, expediente judicial 314– 2010, noviembre 15, 2010. 39 cuenta el daño sicológico). En los casos en que las mujeres no eran vírgenes en el momento de la violación, reunir pruebas médicas es considerado inútil: en nuestro estudio de las políticas del periodo de paz contra la violencia íntima de la pareja, incluso se sugirió que las mujeres y niñas que no son vírgenes en el momento de ser asaltadas no tienen evidencia física de violación, y por tanto no pueden presentar cargos (ver el capítulo 6). Esta insistencia en el daño físico severo es insultante y perturbador, pero sobre todo, indica una falta total de comprensión de lo que es la violación, lo que es la violencia, y sugiere que por lo menos algunos elementos de la judicatura obstruyen, a propósito, casos de violencia sexual para impedir que lleguen a las salas penales. En el proceso de reunir evidencias, también hay énfasis en la evaluación sicológica, aunque no se la toma tan en serio como la evidencia médica. Sin embargo, las evaluaciones sicológicas también son en gran medida dependientes de los entendimientos normativos y la visión de mundo del sicólogo forense, y muchas veces son construidas en base a prejuicios. El caso de GCE es un buen ejemplo. GCE fue secuestrada en 1993, y acusada de ser miembro del MRTA. Fue capturada junto con un amigo, quien fue hallado muerte en una zanja tres días más tarde. La madre de GCE la halló en un hospital nueve días después de su secuestro, en donde se estaba recuperando de múltiples lesiones. Los médicos que la examinaron, designados entonces por un tribunal militar, verificaron que tenía heridas frescas en el rostro, los brazos y piernas, y que estaba deprimida, y también que su propia versión de eventos, en la que ella afirmaba que había sido torturada y violada repetida y severamente durante aquellos nueve días, no era verosímil. Los examinadores concluyeron que GCE era “una persona que manipula para obtener ventajas.”43 Sugirieron que estaba actuando, lo que hizo que su versión fuera invalidada. Es de destacar que los examinadores también tenían el rostro cubierto: no firmaron su informe. De acuerdo a un testimonio más reciente (2004),44 la estadía en el hospital de GCE no significó que cesara el abuso: una vez dada de alta del hospital, retornó a prisión en donde fue nuevamente torturada y abusada. El Instituto de Medicina Legal, realizó exámenes sicológicos en 2004 y 2007, a fin 43 44 Examen pericial medicina forense. GCE, 1993 (GCE file, APRODEH) Declaración de GCE, Instituto de Medicina Legal, 2004 (GCE carpeta, APRODEH). de apoyar procedimientos adecuados en nuevos casos judiciales. El informe del 2004 incluyó un testimonio detallado, emocional, pero consistente de GCE en el que describió la tortura y la violación a la que fue sometida en 1993. Sin embargo, la evaluación del médico legista no apoyó su versión; por el contrario, el informe hacía notar que GCE “viste ropa acorde a estación y sexo, cuidada en su arreglo y aliño personal, usa maquillaje llamativa (ojos y parpados pintados), se expresa con lenguaje fluido y coherente.” El informe también hace notar que “su inteligencia se encuentra dentro de parámetros normales para su edad y grupo sociocultural”, aunque también fue considerada inmadura e insegura. El informe considera luego que su comportamiento durante la entrevista era manipulativo y que ella “dramatiza los acontecimientos,” “pobre contacto visual con los evaluadores,” and “por momentos actitud altanera.” Los examinadores no encontraron indicios de trauma. Mas bien, la consideraron con “una personalidad de rasgos histriónicos y disociales”. La evidencia médica de su daño físico, en relación al examen de 1993 que observo lesiones en la cara, brazos, y piernas, fue considerado como “no relacionados a los maltratos que la acusada habría sufrido,” y por tanto inválido como evidencia de dicho maltrato.45 El siguiente juicio tuvo efectos desastrosos: mientras GCE y sus abogados demandaron su liberación y reparaciones civiles por la tortura y el abuso que sufrió, por medio de un habeas corpus, los jueces mas bien incrementaron su castigo de 15 años en prisión (empezando en 1993) a 25 años. El Tribunal Constitucional confirmó la sentencia dictada por la Sala Penal Nacional en 2005 después de la presentación de una queja y la solicitud de revocación en el 2007.46 La sentencia fue apoyada por varios informes sicológicos que confirmaron que GCE era histriónica y manipuladora. Después de esta debacle, APRODEH presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C., en donde fue discutida en el 2008. También se sometieron dos informes independientes: uno de un experto legal independiente, quien tenía conocimiento del contexto histórico de estos abusos de derechos humanos; y el otro de un sicólogo independiente afilado al estado. Ambos confirmaron la exactitud del testimonio 45Informe 46 médico siquiátrico, 2004, Instituto de Medicina Legal (GCE carpeta, APRODEH). Sentencia del Tribunal Penal. EXP. N. º 02348–2006‐HC/TC de GCE; el informe sicológico estableció que el comportamiento errático en las entrevistas era un “impulso de sobrevivencia” que es generalmente considerado como una respuesta normal después de haber sufrido un trauma sostenido. El sicológo halló claras evidencias de trauma con efecto en una depresión de largo plazo. Por ello, si bien el sicólogo también notó que la narrativa de GCE es algunas veces emocionalmente inestable, esto fue considerado como algo que debía esperarse considerando los eventos revividos al contarlos. Además, ambos informes del 2008 invalidaron los informes de 1993 puesto que no habían sido firmados –y por tanto la pericia no puede ser confirmada.47 Puesto que el estado peruano rechazó un acuerdo con la CIDH, el caso fue aceptado para juicio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica en el 2011. El tercero, de los principales argumentos, usados por la judicatura peruana para descartar los casos de violencia sexual relacionados al conflicto, concierne la identificación de los perpetradores. Muchos casos de violencia sexual tienen múltiples perpetradores; como hemos visto en los capítulos dos y tres, hay evidencia que las tropas violaron grupalmente a mujeres y niñas durante el conflicto armado. Hasta 1997, la ley peruana estipulaba que los violadores podían casarse con su víctima –supuestamente en forma voluntaria. Esto eliminaría la ofensa criminal y restauraría el honor de la mujer para salvar el honor de la familia. Esto también era permitido cuando la violación era grupal: si uno de los perpetradores se casaba con la víctima, todos los perpetradores podían escapar a juicio. Esta ley del periodo de paz algunas veces fue usada durante la guerra; varios casos registrados por la CVR muestran cómo los padres de jóvenes violadas buscaban un acuerdo de matrimonio con el soldado‐violador, tal vez para restaurar el honor, y tal vez también para prevenir una mayor exposición a la violación por parte de otros soldados. Como se ha visto en muchas situaciones de guerra, comprar la protección de un (alto) oficial contra la violación grupal, a cambio de sexo, era común. Prometer casarse con un violador puede haber sido parte de esa estrategia.48 Pero desde el punto de vista de la ley, Examen psicológico, 2008, e Informe pericial legal, 2008 (GCE carpeta, APRODEH). Jelke Boesten, 2014. De violador a marido: La domesticacion de los crimenes de Guerra en el Peru. En: Francesca Denegri y Alexandra Hibbett, eds. Dando cuenta: los testimonios de la violencia política en el Perú (1980‐2000). Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 47 48 esto puede ser considerado como una regulación de la violencia contra la mujer y, post‐conflicto, como el mal uso de una ley sexista para normalizar crímenes de guerra sistemáticos – y por tanto crímenes contra la humanidad. Considerando el hecho que estas prácticas deben haber dejado informes escritos con los nombres de las víctimas, violadores y superiores, está claro que los perpetradores pueden ser identificados, y juzgados por crímenes contra la humanidad de acuerdo a la ley internacional. Sin embargo, hasta la fecha, ni abogados ni fiscales comprometidos en casos de post‐conflicto han considerado asumir estos casos. Otro problema es la identificación de los perpetradores individuales: ha sido común que los soldados peruanos no sólo usen pasamontañas, sino que también tengan nombres en clave. Como tales, hay muchos certificados de nacimiento que identifican al padre como “Pedro Militar” o “Señor Capitán”. Tales documentos pueden, desde luego, ser usados como evidencia de violación. Sin embargo, las cortes afirman que no pueden identificar a estos soldados, incluso si las víctimas‐sobrevivientes pueden describir a la persona en cuestión y recordar su sobrenombre. Otros testimonios permiten desenmarañar cuáles sobrenombres fueron usados en una base particular en un determinado momento, y las estructuras de comando deben ser fáciles de reconocer. Con voluntad política y acceso a los archivos militares (que nos informarán quién sirvió en qué base militar bajo qué comando en un determinado periodo), estos soldados pueden ser fácilmente ubicados. El Ministerio de Defensa bloquea activamente el acceso a esta información, y los archivos militares se mantienen cerrados. Una ONG de Ayacucho que intentó acceder a esta información recibió una carta del Ministerio de Defensa en la cual admitía haber destruido los documentos relevantes.49 IDL observa cómo las políticas de destrucción de documentos del ministerio es mucho más que sólo una mala práctica. Es “una estrategia para obstaculizar y evitar que las investigaciones judiciales prosperen, contribuyendo a generar la impunidad en graves crímenes contra los derechos humanos.”50 Asimismo, de acuerdo a los archivos de la abogada de derechos humanos, Gloria Cano, el Ministerio Público en Ayacucho cerró por lo menos 100 casos de 49 50 Paz y Esperanza, Huamanga, Abril 2011. He visto una copia de la carta en cuestión. Ver IDL Protocolo , 83. violencia sexual entre 2008 y 2010, porque afirmaba que no contaban con los nombres de los perpetradores individuales. Cuando Cano le preguntó sobre el tema al fiscal para derechos humanos en Ayacucho, fue alentada a preguntar a autoridades de mayor nivel en la cadena de mando. Sin embargo, es la labor del fiscal presionar al Ministerio de Defensa a fin de que abra los archivos militares.51 Considerando que se había cometido ofensas criminales, graves violaciones de los derechos humanos y, según el estatuto de Roma, crímenes contra la humanidad, es de esperar que un juez independiente ponga presión sobre los dirigentes políticos para imponer el acceso a los archivos militares, y, si estos realmente han sido destruidos, crear un escándalo. El rechazo a conceder el acceso a los archivos existentes debe ser desafiado por la ley, según IDL, pues el Ministerio de Defensa puede ser acusado de “resistencia a la autoridad”.52 Sin embargo, está claro que esto no sucede; en cambio, los fiscales dan por hecho que no hay perpetradores. Por supuesto, la presión sobre los fiscales para seguir la línea que traza la política del gobierno es muy fuerte, como confirmó en 2005 el caso de la fiscal de derechos humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, cuando fue amenazada y degradada después de llamar a la corte al entonces candidato presidencial Alan García, por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su primer gobierno (1985‐1990).53 La ausencia de cooperación por parte del Ministerio de Defensa sugiere que las consideraciones políticas intervinieron y obstruyeron la resolución de los casos de violaciones de los derechos humanos. Los dirigentes políticos y militares ciertamente parecen trabajar juntos para impedir que los casos de derechos humanos lleguen a las cortes. Durante su presidencia (2006‐2011) Alan García intentó hacer aprobar una ley de amnistía para el personal militar, pero tuvo que retirar su propuesta ante la protesta pública. Asimismo, en los primeros meses de su gobierno, el presidente Ollanta Humala (desde 2011) propuso un punto final, esto es, el abandono de todos los casos de violación de los derechos humanos que involucren al personal militar. Pero se supone que el poder judicial es independiente, y ha demostrado su independencia y eficiencia Ver Gloria Cano, Lima, abril 2011. IDL Protocolo , 128 53 Ver http://www.aprodeh.info/index.php?option=com_content&view=ar t icle&id=370:colegio ‐abogados‐olazabal&catid=35:noticias&Itemid=41 51 52 al enjuiciar al ex presidente Fujimori, y al jefe del servicio secreto Montesinos. Jo‐ Marie Burt sostiene que el exitoso juicio de Fujimori fue debido a una ventana de oportunidad en la que un tribunal independiente contó con los recursos y la libertad para actuar ejemplarmente.54 Aparte de estos casos notorios, los casos de derechos humanos que comprometen a militares avanzan con suma lentitud. Los cálculos estadísticos basados en los juicios en 2005 y 2012 muestran que en la mayoría de los casos que llegan a la Sala Penal Nacional, la corte especializada creada para tratar los casos de derechos humanos, una mayoría de acusados fueron perdonados y sólo una minoría fueron realmente sentenciados.55 La influencia política ejercida sobre la corte en un caso particular en el 2013, registrada y transmitida vía los medios sociales, provocó una intensa protesta de la comunidad de los derechos humanos, y mina aún más la idea de una judicatura independiente.56 Así, mientras que la judicatura parece ser independiente y ha probado serlo en algunos casos significativos, su independencia también está comprometida en los más altos niveles. Como hemos mencionado antes, el caso de las violaciones en Manta y Vilca fue aceptada por la Sala Penal Supra provincial gracias al esfuerzo conjunto de ONGs y víctimas‐sobrevivientes. Este caso compromete a dos bases militares establecidas en las alturas de la provincia de Huancavelica, entre 1984 y 1995, en comunidades vecinas. Los militares de estas bases fueron acusados de crímenes sistemáticos de violencia sexual contra la población, así como de otras brutales violaciones de derechos humanos. Muchas mujeres fueron violadas, en las bases, en sus casas y en espacios públicos. Los numerosos niños nacidos producto de las violaciones han sido registrados como hijos de militares.57 El caso es relativamente claro: hay abundante evidencia de casos individuales y el contexto Jo‐Marie Burt, “The paradoxes of Post‐Conflict Justice Efforts: The Case of Peru.” Work in progress. 55 Jo‐Marie Burt, Estadísticas y Gráficos sobre las Sentencias en casos de Graves Violaciones de Derechos Humanos. http://rightsperu.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Ite mid=58 56 El caso Chavín de Huántar corresponde a una operación militar dirigida por los más altos niveles militares y de gobierno para liberar rehenes de los insurgentes del MRTA en la embajada de Japón. Todos los insurgentes fueron muertos en la operación, y la evidencia muestra que algunos fueron ejecutados, y no muertos en combate. Grabaciones del 2013, cuando el caso fue llevado a juicio, evidencia que el juez desestimó el caso debido a la presión gubernamental. 54 57 IDL Protocolo , 68 claramente indica el abuso sistemático, esto es, crímenes contra la humanidad.58 Los perpetradores han sido identificados, y las ONGs están trabajando con las víctimas sobrevivientes y sus familias para ayudarlos a enfrentar las secuelas y el proceso judicial. 59 Este es el más importante caso de violencia sexual sistemática investigado por la CVR y presentado a la Fiscalía Provincial de Huancavelica en 2003. En el 2007, la Fiscalía de la Nación estableció una Fiscalía Penal Supraprovincial en Huancavelica y nombró a un nuevo fiscal público. Este fiscal abrió un caso criminal contra diez soldados acusados de violencia, en apoyo de siete víctimas que estaban dispuestas a dar testimonio (la CVR documentó los testimonios de 24 víctimas‐sobrevivientes de este caso en particular). En vista de la amplitud de las acusaciones, el caso fue trasladado a Lima en el 2009 al Cuarto Juzgado Supraprovincial Penal para dar inicio a los procedimientos criminales contra estos diez soldados por crímenes contra la humanidad. Si bien este caso es presentado como ejemplar por activistas de derechos humanos y feministas, el caso se encuentra aún en el escritorio del fiscal. La probabilidad de que llegue a los tribunales es incierta. En suma, en el Perú, ninguno de los casos de violencia sexual en periodo de guerra que han sido investigados minuciosamente han aparecido ante los tribunales. La impunidad que rodea la violencia sexual es avalada por tres importantes elementos: (1) la ausencia de capacidades y recursos, (2) la influencia político‐militar ejercida sobre una judicatura “independiente”, y (3) un marco normativo anclado en ideas particulares sobre género, sexo, violencia y diferencia racial o cultural. Al discutir las principales razones presentadas por la fiscalía pública para abstenerse de presentar cargos, estos elementos se han vuelto visibles y, por cierto, aparecen relacionados. Mientras que los dos primeros puntos son importantes para el procesamiento de todos los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, y las violaciones de los derechos Juan Pablo Pérez‐León Acevedo, Caso Manta y Vilca: Informe sobre el auto de apertura de instrucción dictado en el proceso judicial por violencia sexual contra mujeres en conflicto armado, seguido actualmente ante la justicia peruana, (Lima: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2009), 3–38. 59 Ver Paula Escribens, Afectación del Proyecto de Vida de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado Interno (Lima: DEMUS, 2011); Escribens, 2012, Milagros y violencia del conflicto armado interno. Embarazo forzado (Lima: DEMUS, 2012); Escribens, Diana Portal, Silvia Ruiz, y Tesania Velazques, Reconociendo otros saberes. Salud mental comunitaria, justicia y Reparación (Lima: Editorial Linea Andina SAC, 2008). 58 humanos perpetrados por los militares, el segundo y más importante impedimento para procesar está evidentemente relacionado a los marcos normativos de los periodos de paz en relación al género, la violencia y la (racializada) sexualidad. Mientras que las especificidades del caso peruano deben ser contextualizadas, la manera en que los marcos normativos de género se infiltran en los procesos judiciales no es única al Perú. Académicas feministas argumentan que la impunidad en relación a la violencia sexual está generalmente anclada en marcos normativos de género. En su informe comparativo sobre las tasas de convicción contemporáneas, Liz Kelly declara: El que sucesivas reformas legales y de procedimiento hayan fracasado en aumentar la proporción de casos que dan lugar a procesos y/o condena [en toda Europa] sugiere que procesos sociales y culturales más profundos conducen cómo el sistema judicial responde a los informes de violación. Uno de los factores es la persistencia de una cultura de escepticismo entre los policías en relación a las denuncias de las mujeres de haber sido violadas. Mientras aquellos que implementan las leyes retengan entendimientos superados de la violación, la masculinidad, la femineidad y la sexualidad, los casos continuarán siendo conducidos de la misma manera, al margen de las reformas legales, puesto que el personal de la justicia criminal goza de la discreción de decidir si la evidencia es suficiente para acusar, continuar procesos y condenar acusados. La idea que la violación es primariamente un crimen entre extraños en el que se usa una fuerza dañosa para lograr la sumisión de una víctima resistente, persiste.60 Kelly concluye en su estudio que, tras los cambios sustanciales en la ley, en las reglas relacionadas con las pruebas, e incluso en los procedimientos policiales, todos promovidos por feministas en los 1970s y 1980s, las tasas de convicción de violaciones denunciadas han caído en vez de aumentar. Esto es debido, en Liz Kelly, “Contradictions and Paradoxes: International Patterns of, and Responses to, Reported Rape Cases” in Sex as Crime , ed. Gayle Letherby, Kate Williams, Philip Birch, and Maureen Cain (Portland: Willan, 2008), 253–279. La disminución de tasas de convicción en Inglaterra y Gales durante los 1990s es confirmada por el estudio por Kathleen Daly and Brigitte Bouhours, “Rape and Attrition in the Legal Process: A Comparative Analysis of Five Countries,” Crime and Justice 39 (2010): 565–643. 60 gran medida, a que el marco normativo con el que los profesionales, especialmente la policía, establece los casos no han cambiado.61 Las tasas de convicción en Europa no se comparan con la impunidad en el Perú del post‐conflicto. Los casos de impunidad más comparables en relación a la violencia contra la mujer serían tal vez los de México, Guatemala y la RDC, que revelan, todos, altas incidencias de violencia sexual relacionadas a un conflicto, y la ausencia de responsables por dichos crímenes.62 En los casos de impunidad que rodean la violencia sexual y el asesinato, o feminicidios, en las ciudades fronterizas del Norte de México, un marco normativo sexista va de la mano con altos niveles de corrupción, una economía informal criminal que alimenta una economía neoliberal de frontera, y mano de obra femenina “barata”.63 En Guatemala, la impunidad en relación a la violencia sexual de periodos de guerra es parte del continuado poder de los militares y la generalizada impunidad de las atrocidades masivas durante la guerra civil. Los feminicidios contemporáneos de periodos de paz están relacionados, de acuerdo a Victoria Sanford, a la existencia de poderes paralelos (criminales) que “poseen el recurso a la violencia que incrementa su poder”, que actúa con impunidad pues el estado tiene una participación en la limpieza social que resulta de la violencia criminal urbana.64 La naturaleza de género y sexual de los crímenes contra la mujer en periodos de paz y de guerra en Guatemala, son ignorados por el estado y las instituciones debido a un marco normativo sexista. Tanto México como Guatemala son nominalmente estados democráticos con marcos estatutarios que criminalizan la violencia contra la mujer y la violencia sexual. Sin embargo, la violencia contra la mujer es muy alta y la impunidad le permite persistir, o incluso aumentar. En estados más frágiles con un historial reciente de, o continuado, conflicto político y generalizada violencia sexual, tales como la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, la impunidad 61Ibid. 62 Los altos niveles de violencia criminal y las represalias por parte de las fuerzas armadas, y los muy altos niveles de violencia sexual y asesinatos de mujeres jóvenes desde hace varias décadas, sugieren que México está en un estado de conflicto; sin embargo la naturaleza del conflicto está por definir. 63 Rosa‐Linda Fregoso and Cynthia Bejarano, eds., Terrorizing Women. Feminicide in the Americas (Durham and London: Duke University Press, 2010). 64 Victoria Sanford, “From Genocide to Feminicide: Impunity and Human Rights in Twenty‐First Century Guatemala,” Journal of Human Rights 7 (2008): 104–122. está claramente relacionada a la ausencia de un sistema judicial en funciones y la quiebra de la autoridad civil en las áreas rurales65 La ausencia de responsabilidad judicial en los casos de violencia sexual en México, Guatemala y, desde luego, Perú, nos lleva a cuestionar la naturaleza democrática del estado y la independencia y capacidad del poder judicial. Sin embargo, como he sustentado en este capítulo en relación al Perú, la impunidad en los casos de violencia sexual es también, y tal vez principalmente, delineada por el sexismo y el racismo institucionales que permean la judicatura tanto como a la sociedad en general en la que se cometen estos crímenes. Conclusión: Sexismo y Racismo Institucionalizado Considerando que tanto la ley nacional como la internacional proporcionan las directrices para procesar estos complejos casos de violencia sexual, incluyendo la violación, en periodos de guerra, podemos concluir que los obstáculos aquí discutidos son mayormente consecuencia de una falta de voluntad para enjuiciar. La sensibilidad política y la influencia de los militares sobre los dirigentes políticos pueden ser los principales obstáculos para enjuiciar cualquier violación de los derechos humanos. Sin embargo, como hemos visto en este capítulo, en los casos de violación, hay un grupo diferente de razones para el impase legal, que es particular a la violencia sexual. Estas razones derivan de la incertidumbre legal respecto de las evidencias en dichos casos, la renuencia de las víctimas a dar un paso adelante y perseverar, y a las ideas existentes y persistentes sobre la “legitimidad” de las acusaciones de la violencia sexual como un delito criminal o como una violación a los derechos humanos. Una ausencia de capacidad –de recursos, conocimientos, habilidades y entrenamiento‐ para procesar casos complejos y sensibles es promovida por marcos normativos de género desfavorables y persistentes en gran parte de la judicatura (y en la sociedad en general). Los argumentos para descartar casos de violencia sexual por procesar, reflejan los marcos normativos de género que hacen, en primer lugar, que esa Ver, por ejemplo, Passy Mubalana, “Efforts to Strengthen DRC Judiciary Floundering, Institute for War and Peace Reporting,” ACR no. 289 (Institute for War and Peace Reporting, 2011) http:// iwpr.net/report‐news/efforts‐strengthen‐drc‐judiciary‐floundering (acceso febrero 27, 2012) 65 violencia sea posible. Tal como los militares, la mayoría de fiscales y jueces en el Ministerio Público y la judicatura adhieren a estereotipos racializados y de género particulares y creencias que muchas veces menosprecian, o descartan sin apelación, que las traumáticas experiencias de violencia sexual sufridas por mujeres merezcan ser objeto de consideración judicial o de reparación judicial. Recientemente, bajo presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno peruano finalmente firmó un acuerdo que lo compromete a dar entrenamiento a los jueces en temas de género.66 Si bien esta es una excelente iniciativa que reconoce la responsabilidad del estado de proveer justicia de manera igualitaria, es tardía, parcial y poco probable que tenga efecto inmediato. Mas bien, el acuerdo muestra que hay mucho por hacer antes que la judicatura peruana sea capaz de tratar seriamente los casos de violencia sexual. WarmiPeru, Revista DEMUS, Representantes de Estado peruano y peticionarias de caso MM en CIDH acuerdan se dé formación de género para jueces y juezas en el Perú . http://www.demus.org.pe/pronunciamientos.php?id=701 (acceso noviembre 5, 2012). 66 6: La violencia en periodos de paz Los extremos de la violencia de género en periodos de guerra son claros; la crueldad, niveles y la escala de la violencia que envolvió al Perú en los 1980s y 1990s son diferentes de una violencia más estructural en periodos de paz. El conflicto violento es una ruptura de la vida cotidiana en este sentido: en periodos de paz, quizas pocas personas son asesinadas, torturadas y desaparecidas; pocas mujeres son violadas por grupos, bajo severa tensión y sometidas a otras formas de abuso y tortura.1 Es importante destacar la naturaleza extrema de la violencia en los periodos de Guerra para reconocer el sufrimiento de aquellos que fueron sometidos a ésta, y que aún sufren las consecuencias; que esperan por una justicia formal, una reparación, o reconocimiento; o que sufren en silencio. Pero también es importante subrayar el extremismo de la violencia en los periodos de guerra a fin de ser capaz de iluminar los paralelos entre la violencia del periodo de guerra y la del periodo de paz, a fin de entender por qué podríamos tener que hablar sobre un continuum de violencia. La violencia sexual no es “sólo” un problema de actores armados y situaciones de guerra, ni es una aberración: los actos de violencia sexual no son específicos a los periodos de guerra y excepcionales en los periodos de paz –como podríamos decir de la tortura. La violencia sexual está generalizada en las sociedades formalmente en paz, y es generalmente alta en las sociedades post‐conflicto. El Perú experimenta altos niveles de violencia contra las mujeres, siempre, guerra o paz. Esa violencia es muchas veces definida como violencia de pareja íntima, violencia doméstica, o violencia intrafamiliar.2 En toda América Latina, las activistas cada vez más se están concentrando en el asesinato de mujeres, lo que se denomina feminicidio, un fenómeno que ha alcanzado tasas 1Persisten las formas extremas de abuso y violación, y las situaciones y contextos similares a la guerra continúan en algunas áreas del Perú, especialmente aquellas que son afectadas por altos niveles de tráfico de drogas. Sin embargo, la situación de abuso sistemático militar o abuso insurgente de vastos sectores de la población ha cesado. 2 Técnicamente, la violencia intrafamiliar incluye más posibles perpetradores y víctimas, como también la violencia doméstica, que se refiere a la violencia entre personas que viven en el mismo hogar, mientras que la violencia íntima de la pareja, o VIP, se refiere a la violencia en la pareja íntima y excluye la violencia contra otros residentes. Todos estos términos son relevantes. alarmantes en México, El Salvador, Honduras y Guatemala.3 En el Perú, los estimados recientes sugieren un promedio de diez feminicidios al mes; 120 mujeres asesinadas al año.4 Estos investigaciones se basan en noticias en los medios y en el Ministerio Publico. Uno puede sospechar que la cifra real es mucho mas alta considerando el alto nivel de la violencia de pareja, pero que solo casos identificados como feminicidios (es decir, asesinato por ser mujer) entran el registro. De acuerdo a una investigación recientemente publicada que amalgama las estadísticas de diferentes instituciones peruanas (Policía, Centros de Emergencia, Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social), se recibieron 68 818 informes de violencia sexual durante los últimos diez años: un promedio de 6 881.8 al año, o 18.8 al día. Estas cifras colocan al Perú en una posición bastante alta en el ranking mundial de casos registrados de violencia sexual (posición 16) y en primer lugar en América Latina –aunque hay que tomar en cuenta que esta basado en denuncias y no encuestas.5 En el 2009, el Instituto de Medicina Forense llevó a cabo 34,513 exámenes de “integridad sexual” que sugiere un nivel aún más alto de violencia sexual, y un problema en el registro y archivado de los casos denunciados, puesto que esta cifra es mucho más alta que el promedio de 6881.8 al año.6 Además de la alta incidencia de la violencia sexual, el Perú también tiene un historial muy pobre en el combate a tales formas de violencia. Pocos casos denunciados son procesados judicialmente, y aún menos En el Perú, como en la mayor parte de América Latina, el término feminicidio es preferido al de femicidio, tal como es usado en el mundo anglo‐sajón. Sin embargo, ambos términos existen y son usados en inglés. Ver Rosa‐Linda Fregoso and Cynthia Bejarano, eds., Terrorizing Women. Feminicide in the Americas (Durham and London: Duke University Press, 2010), para un debate, así como Patricia Muñoz Cabrera, Intersecting Violences: A Review of Feminist Theories and Debates on Violence against Women and Poverty in Latin America (London: CAWN, 2011). 4 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MIMDES, Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer (Lima: MIMDES, 2010), 29, http://www.mimdes.gob.pe/attachments/322_PNCVHM_2009–2015.pdf (acceso junio 2012); Rocío Villanueva Flores, El Registro de Feminicidio del Ministerio Público, enero‐diciembre 2009 (Lima: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 2010) y Villanueva Flores, El Registro de Feminicidio del Ministerio Público, enero‐diciembre 2010 (Lima: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 2011). 5 Jaris Mujica, Violaciones sexuales en el Perú 2000–2009. Un informe sobre el estado de la situación .Lima: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PromSex, 2011). Informes del mismo caso a otras agencias no han sido tomados en cuenta por lo que se obvia los datos. El hecho que las cifras están basados en denuncias podría indicar que en el Perú las mujeres han empezado a denunciar, mientras que en otros países todavía no. 6 El examen de integridad sexual es el examen médico usado como evidencia de abuso sexual, y registra cualquier indicio de actividad sexual y de fuerza. La diferencia entre el número de exámenes y el número de informes de casos de violación, sugieren que las mujeres y las muchachas retiraron la acusación si no contaban con la evidencia médica. 3 casos terminan en condenas (un promedio de 642 por año calculado para el periodo 2006‐2009, lo que da cuenta de menos del 10 por ciento).7 Los expertos estiman que sólo el 16 por ciento de las víctimas de violencia sexual denuncian el abuso a las instituciones apropiadas; por ello, las cifras representan sólo la parte visible del iceberg. Además, la policía peruana recibió 95 749 informes de violencia doméstica en el 2009, de los que el 90 por ciento correspondían a mujeres victimizadas y sólo el 10 por ciento a hombres.8 Todo el personal operativo entrevistado para esta investigación, en Lima y en el departamento de Ayacucho, considera que la violencia en las familias es el mayor problema en sus comunidades. Quizás el mejor estudio para evidenciar que en el Perú se vive altas tasas de violencia contra la mujer es un estudio comparativo de la Organización Mundial de la Salud. El merito de este estudio es que es basado en encuestas llevadas a cabo como parte de un estudio comparativo multi‐país que incluye países en Europa, Asia, África y las Américas. Perú sale, junto con Etiopia, como el país con mas altas tasas de violencia contra la mujer. Basado en cuestionarios detallados presentados a mujeres de diferentes sectores en Lima y Cuzco, el estudio concluyó que una de cada dos mujeres en Lima, y dos de cada tres en Cuzco, habían sufrido violencia sexual y/o física por parte de sus parejas durante sus vidas. Si bien las cifras son más altas en el interior que en la costa urbana del Perú, y más altas entre aquellos con menos educación que aquellos más educados, la geografía o la educación no es una explicación definitiva de la violencia, considerando las aún altas cifras de violencia en parejas íntimas en las bien educadas y urbanas clases medias.9 Como ya he destacado la violencia sexual en periodos de guerra es profundamente diferente de la violencia sexual en los periodos de paz. Sin embargo, reconocer las diferencias no nos impide constatar importantes paralelos. Los dos paralelos más claros son el predominio, antes discutido, y la Un reciente estudio de 31 casos judiciales de violación presentados bajo nuevas, supuestamente mejoradas, reglas judiciales mostró que sólo uno de estos casos terminó con el perpetrador encarcelado: Defensoría del Pueblo, “Violencia Sexual en el Perú : un análisis de casos judiciales,” en Serie Informes de Adjuntía (Lima: Defensoría del Pueblo, 2011), 004–2011‐ DP/ADM. 8 Mujica, Violaciones sexuales en el Perú. 9 Ana Guezmes, Nancy Palomino, y Miguel Ramos, Violencia sexual y física contra las mujeres en el Perú (Lima: Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”: Universidad Peruana Cayetano Heredia; Organización Mundial de la Salud, 2002); Miguel Ramos, Masculinidades y violencia conyugal (Lima, Universidad Cayetano Heredia, 2006). 7 impunidad, sugiriendo la ausencia de respeto por los derechos de las mujeres y de su autonomía corporal, que suplantan la diferencia entre guerra y paz, y que, lo que es importante, está institucionalizado. Esto también significa que el marco normativo en el que tiene lugar dicha violencia es sólo marginalmente diferente en los periodos de guerra y en los periodos de paz, y su función de reproducir las jerarquías de género y sexuales está enclavado en la sociedad peruana – independientemente de su estado de guerra o paz. En la última sección de este capítulo discutiré la impunidad en los periodos de paz y qué marco normativo institucionalizado impulsa la política social en relación a la violencia contra las mujeres, y la violencia sexual en particular. Primero, discutiré paralelos más ambiguos, que son parte del entendimiento de mujeres y hombres de la violencia sexual en los periodos de guerra y los periodos de paz. Continuums de violencia En el 2003, entrevisté a Maurita, una mujer de algo más de 50 años que vivía en una choza en un poblado urbano, un barrio de inmigrantes, en Huamanga, la capital del departamento de Ayacucho. Maurita vivía sola, con sus animales, en un terreno, rodeado por un cerco, de unos 20 metros cuadrados. Era conocida por su relativo aislamiento y en el barrio se le respetaba por esta característica. Nos presentaron –el cerco de por medio‐ mi asistente de investigación, quien vivía a un par de parcelas de la de Maurita. Maurita me preguntó qué quería, y dubitativamente respondió que no estaba interesada en conversar. Mi asistente de investigación me sugirió que retornara sola al día siguiente. Ese día Maurita me invitó a entrar y me ofreció una piel de cordero para sentarme sobre unas piedras en el frente de su casa, de cara al patio y a sus animales. Empezó a contar la historia de su vida calmadamente y de una manera muy queda. Le pregunté cuándo apareció la violencia en su vida, asumiendo que mencionaría la violencia política de los 1980s. En cambio, ella se refirió a la “hacienda”, la propiedad rural en la que ella creció. Maurita dijo que cuando ella era una niña pequeña trabajaba allí por alimentos y que en muchas ocasiones fue golpeada por sus empleadores. La narrativa de la violencia durante su niñez, a fines de los 1950s y 1960s, pasó sin sobresaltos de la violencia “del patrón” a la violencia de “los soldados”. Un día, a comienzos de 1980s, al romper la mañana, cuatro soldados que buscaban insurgentes se introdujeron en la casa que Maurita compartía con su familia, y mataron a su hermana y a su hermano en frente de ella y a la hija menor de su hermana. Si bien la experiencia remeció profundamente a Maurita, ella no aceptó en silencio la violencia de Sendero Luminoso, ni la de los militares. En cambio, como hicieron muchas mujeres en los 1980s y 1990s, Maurita se unió a organizaciones de mujeres como los clubes de madres, para resistir la violencia que envolvía a Ayacucho. No quiso hablarme de la violencia que ella personalmente pudo haber experimentado durante aquellos años, y prefirió recordar la resistencia que ella y sus colegas organizaron contra la opresión militar, una historia que yo transcribo en mi libro anterior, Intersecting Inequalities. Lo que es relevante aquí, en la narrativa de Maurita, es cómo la violencia del patrón parece esfumarse en la violencia de los militares. Por la manera cómo contó su historia, pareciera que una autoridad violenta y abusiva fue reemplazada por otra. Maurita no es la única persona que detecta un paralelo. Los investigadores Eloy Neira y Patricia Ruiz Bravo, afirman que la idea del todopoderoso patrón se refleja en la metáfora del estado e influye en la comprensión que tiene el pueblo andino de la violencia perpetrada contra ellos. Las entrevistas que Neira y Ruiz Bravo realizaron con habitantes contemporáneos, de tres diferentes regiones, sobre memorias y percepciones de las relaciones entre hacendados y comuneros, son ilustrativas. El periodo al que se refiere es relativamente reciente: la primera mitad del siglo veinte hasta la reforma agraria de 1969, que desintegró el sistema de explotación de las grandes propiedades de tierras y trabajadores dependientes, si no las jerarquías sociales y económicas asociadas con esta división del trabajo. Los adultos que vivieron durante el conflicto armado de los 1980s y los 1990s tenían el sistema de patronazgo, desigual y paternalista, como punto de referencia previo a la guerra, como Maurita claramente lo tuvo, y como es descrito por José María Arguedas y otros escritores, tal como fue discutido en el capitulo tres. En el caso de los Andes sur centrales (en contraste con los diferentes sistemas recordados por los entrevistados en la Costa norte y en las áreas de la Selva oriental), en donde la violencia política causó el mayor daño, Neira y Ruiz Bravo hallaron una memoria colectiva de explotación y abuso, un odiado patrón que imponía reglas arbitrarias a las poblaciones de pobres y marginados.10 Las mujeres también recuerdan el abuso sexual, el temor por la seguridad de las hijas adolescentes, y los niños que el patrón no reconoció como propios. Recuerdan la expulsión y el abandono de las mujeres embarazadas; las madres y abuelas de las entrevistadas, sugieren los autores. La antropóloga Mercedes Crisóstomo, quien dialogó ampliamente con mujeres de comunidades en Huancavelica sobre sus experiencias del periodo de guerra, también hace notar que las mujeres hacían un paralelo entre los hacendados abusivos y los soldados abusivos: el estado democrático puede haber remplazado el orden semi‐feudal, pero no disminuyó el abuso como consecuencia.11 Como Neira y Ruiz Bravo, Crisóstomo ve un claro continuum histórico en la violencia vivida por las mujeres en los Andes sur centrales. La organización feminista DEMUS, que trabajó con mujeres violadas durante el conflicto en Huancavelica, considera este continuum histórico como central a las experiencias actuales de las mujeres, y más allá de los bien definidos perpetradores que los patrones, hacendados, o soldados puedan representar. En su informe sobre su trabajo en el área, DEMUS anota que: Huancavelica es una zona donde la violencia no sólo ha sido potestad de los años de conflicto armado interno, sino que ha sido una constante en los vínculos entre campesinos y abigeos, dentro de las parejas, entre hombres y mujeres, y entre padres e hijos, antes, durante y después de este periodo crítico donde la violencia se incrementó. Asimismo, a partir de los relatos se recoge que la violencia sexual contra las mujeres ocurrió antes, durante y después del conflicto armado, es decir, que no sólo se da en situaciones de guerra, donde adquiere características específicas, sino que se instala como forma de relación, donde las mujeres se encuentran siempre en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión.12 Eloy Neira y Patricia Ruiz Bravo, “Enfrentado al patrón: una aproximación al estudio de las masculinidades en el medio rural peruano,” en Estudios Culturales, discursos, poderes y pulsiones , ed. Gonzalo Portocarrero, Victor Vich, Sinesio López, y Rocío Silva Santisteban (Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú , 2001), 9 de copia electrónica. 11 Mercedes Crisóstomo, Entrevista, agosto 2005, Lima. 12 Escribens, Diana Portal, Silvia Ruiz, Tesania Velazques, Reconociendo otros saberes. salud mental comunitaria, justicia y reparación (Lima: Editorial Linea Andina SAC, 2008), 30. 10 Las autoras del informe consideran el abuso de las mujeres a lo largo de un continuum histórico que ha normalizado la violencia como una gramática de las relaciones sociales dentro de las familias y las comunidades. Las mujeres son abusadas no sólo por las poderosas autoridades sino también por sus parejas, tíos y vecinos. Tal violencia no sólo es el resultado de las desigualdades de género por las que los hombres imponen su poder sobre las mujeres en un escenario cultural específico, sino que también tiene que ser considerado en un contexto histórico más amplio que involucra el sistemático abuso de la población, y es reproducido en la esfera íntima de la familia. La violencia sexual es entonces un aspecto de unas relaciones violentas más generalizadas que implican que la violencia física y sicológica conllevan diferentes mensajes, en los que la violencia sexual tiene un rol muy específico en la naturalización y jerarquización de la diferencia. Tal como muestra tan vívidamente el estudio de Alcalde sobre las mujeres migrantes pobres en Lima, las desigualdades estructurales de raza, clase y género, tornadas visibles por los niveles educacionales, lenguaje y vestido, expone a las mujeres de un contexto rural pobre a la violencia tanto en el hogar como en la comunidad.13 La violencia de género no es una característica cultural del pueblo andino, sino una expresión de las diferencias jerárquicas conformadas históricamente a nivel nacional, en las que las mujeres indígenas ocupan una posición particularmente vulnerable. En este análisis, los periodos de conflicto armado refuerzan, normalizan y consolidan la violencia existente en los periodos de paz. Es importante hacer notar, una vez más, que otras formas de violencia de los periodos de guerra, tales como la tortura o el asesinato de hombres, no se reproduce de la misma manera durante los periodos de paz, a los mismos altos niveles, como la violencia contra las mujeres. Por ello, la naturaleza sexual y de género de tal violencia de los periodos de guerra amerita una atención específica. Algunas mujeres y hombres en los Andes dan explicaciones algo diferentes a los altos niveles de violencia cotidiana en sus vidas, aún cuando M. Cristina Alcalde, The Woman in the Violence. Gender, Poverty and Resistance in Peru (Nashville: Vanderbilt University Press, 2010). Ver también , “Domestic Violence in the PeruvianAndes,” en Sex and Violence. Issues in Representation and Experience , ed. Harvey and Peter Gow (London, New York: Routledge, 1994), 66–90; Olivia Harris, “The Condor and Bull: The Ambiguities of Masculinity in Northern Potosí ,” en Sex and Violence, ed. Harvey and Gow, 40–66. 13 estas explicaciones no son tan disímiles a las enunciadas anteriormente. Un grupo de mujeres, a las que entrevisté en San Miguel, en La Mar, Ayacucho, son de la opinión que el aumento de la violencia post conflicto en las familias es el resultado del trauma mutuo y, en algunos casos, del alcoholismo que puede resultar de tales experiencias.14 De acuerdo a este grupo, organizado bajo el nombre de Defensoría y Promoción de la Mujer, el Niño y Adolescente (DEPROMUNA), las esposas y madres pueden ser tan violentas como los esposos y los padres, y los niños por lo general soportan el impacto de la violencia. Las encuestas entre las mujeres en el departamento de Ayacucho confirman que el uso de la violencia contra los niños es muy alto –alrededor del 85 por ciento.15 Junto con organizaciones provinciales no gubernamentales, DEPROMUNA ha ofrecido terapia de grupo a parejas. Siguiendo los lineamientos de la investigación realizada por Paula Escribens, DEPROMUNA también observa que los niños nacidos producto de la violación en periodos de guerra crecen en una mayor violencia, pues sus madres muchas veces tienen dificultades con los niños, y las parejas de las madres a menudo hacen responsables a las mujeres por la violación que dio lugar al nacimiento del bebé.16 Por ejemplo, Cecilia, sobre cuya historia nos referimos en el capítulo uno, fue golpeada y abusada por su esposo, quien la culpó por el abuso que sufrió a manos de los militares y del niño que concibió como resultado de dicho abuso. De acuerdo a la sicóloga que trabajó con ella, Cecilia era muy abusiva con sus niños. Escribens, reflexionando sobre su trabajo con niños‐sobrevivientes de Entrevista con Nelly Mejia, DEPROMUNA, San Miguel, La Mar, departamento de Ayacucho, Perú, abril 2006. Uso el concepto de “trauma” para referirme a un conjunto de problemas de salud mental causados por las experiencias con violencia del periodo de guerra. Soy consciente de la necesidad de una evaluación crítica del término en relación a la propia interpretación de la gente de los problemas de salud mental, pues el concepto de trauma puede ser una idea impuesta internacionalmente (Occidente) con consecuencias biomédicas. Agradezco sobremanera las matizadas reflexiones de Kimberley Theidon sobre como el “habla‐trauma” remplazó las interpretaciones locales, andinas, del malestar mental y físico, en Intimate Enemies. Violence and Reconciliation in Peru. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013), 24–53. Sin embargo, en Occidente como en los Andes, el término se ha convertido en un “cajón de sastre” para los problemas de salud mental asociados con malas experiencias personales y colectivas, y es ampliamente usado por mis entrevistadas en sus discusiones sobre las consecuencias y secuelas de la guerra. Por ello, el término, aquí parece adecuado. 15 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MIMDES. Levantamiento de indicadores para la línea de base del programa integral contra la violencia familiar y sexual, Ayacucho. Informe Final. (Ayacucho, MIMDES, 2005). 16 Entrevista con Nelly Mejía, DEPROMUNA, San Miguel, La Mar, departamento de Ayacucho, Perú, abril 2006; Paula Escribens, Milagros y la violencia del conflicto armado interno. Una maternidad forzada (Lima: DEMUS, 2012). 14 violaciones en la rural Huancavelica, también observa las grandes dificultades que enfrentan las mujeres para cuidar a sus niños.17 Tan difíciles relaciones familiares forjadas tras el conflicto sugieren que la tensión emocional causada por las experiencias con la violencia en periodos de guerra, es un importante factor en la creación de ciclos de violencia. La idea de que los problemas de salud mental, y sus potenciales consecuencias como el alcoholismo y el desempleo,18 alimentan la violencia doméstica no está limitado al Perú. Rashida Manjoo, Rapporteur especial de las NNUU para la violencia contra la mujer, recientemente sustentó que lo mismo explica los altos niveles de violencia doméstica en Bosnia y Herzegovina.19 Nuevamente la naturaleza de género de tales problemas y la violencia relacionada –y sus expresiones sexuales‐ no pueden ser subestimados. Otra explicación por los altos niveles de violencia en las parejas íntimas tras la guerra concierne los cambios en las estructuras de autoridad después del conflicto armado. En un documental realizado por la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), las mujeres de una comunidad en la zona rural de Ayacucho contaron de la violación en el periodo de guerra tanto de “mujeres solteras como de mujeres casadas” y como la violencia sexual estaba aún presente entre ellas. Ex miembros de las Rondas Campesinas, antes bien recibidos en las comunidades, “también aprendieron como violar”. Como resultado, estas testigos afirman que las mujeres y las niñas siguen sufriendo abuso.20 Las mujeres dicen que, hoy, los hombres nuevamente tienen a su cargo las recién instaladas instituciones de justicia, pero que no les importa la violencia perpetrada contra las mujeres. “No nos prestan atención” afirman las mujeres. Escribens, Milagros y la violencia . La procuradora pública para derechos humanos, Cristina Olazábal, también mencionó que los altos niveles de alcoholismo y desempleo fomentan la violencia en la familia, incluyendo la violencia contra la mujer. La pobreza, la debilidad institucional, el estrés mental relacionado al conflicto se juntan para crear un medio ambiente muy destructivo. Entrevista con Cristina Olazábal, Huamanga, Ayacucho, marzo 2006. 19 Rashida Manjoo, Special Rapporteur on Violence against women finalises country mission to Bosnia and Herzegovina, UN, 2012, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12742&LangID=E (acceso noviembre 2012). 20 “No es sólo mi problema, es de todo mi pueblo,” Película documental (Ayacucho: Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH, 2003). 17 18 Antes de la guerra, afirman esas mujeres, no había violencia contra las mujeres, pues el varayoc,21 el líder de la comunidad, no lo permitía. Aún cuando tal anhelo de un pasado pacífico no necesariamente coincide con la realidad pre conflicto, sus reclamos se refieren a una realidad contemporánea en la que hay muy poco apoyo institucional en los casos de violencia familiar. También sugieren que la violencia que las mujeres sufren en la actualidad, tras el paso de la guerra, es una secuela de dicha guerra. Mientras que, antes, los perpetradores de abuso sexual eran externos a la comunidad (hacendados, patrones, soldados), ahora ellos se encuentran en la familia y entre las autoridades de la comunidad. Desde luego, como ha sido discutido in extenso por Kimberly Theidon, mucha de la violencia en los 1980s y a inicios de los 1990s tuvo lugar entre vecinos, sugiriendo que muchos perpetradores no eran nada “externos” a la comunidad. 22 Sin embargo, y posiblemente relacionada con esta “intimidad” de las hostilidades, las estructuras sociales existentes desaparecieron mientras las nuevas estructuras aún estaban en desarrollo, lo que algunas veces genera mayores conflictos o da lugar a tensiones, como se relata en el documental realizado por otra ONG, Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional (CEPRODEP), en las áreas rurales de Ayacucho.23 El personal que atiende, en primera línea, la violencia doméstica en Huanta –una ciudad que vio a su estadio convertido en un campo de prisión y tortura en los 1980s‐ no descarta el análisis de la población traumatizada. Sin embargo, varias entrevistadas también apuntan a un problema de dominación masculina y la falta de interés político para enfrentar el problema. El personal del Centro de Emergencia de la Mujer en Huanta, una agencia respaldada por el estado que da apoyo a las mujeres maltratadas, dijeron que simplemente no podían lidiar con el número de pedidos de ayuda. No tenían los recursos para ayudar a las mujeres, y no podían emitir advertencias a los perpetradores – quienes “se reían ante los pedazos de papel”.24 Vladimiro Hurtado, un facilitador de la salud pública en Huanta, quien ha trabajado durante muchos años con Dirigente quechua de una communidad y anciano. Theidon, Intimate Enemies. 23 “Difundiendo la verdad,” Película documental (Ayacucho: Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional, CEPRODEP, 2004). 24 Entrevista con Noemí Barbosa, CEM Huanta, departmento deAyacucho, julio 2011. 21 22 niños y adolescentes en temas de sexualidad y salud reproductiva, me dijo que si bien es cierto que el estrés post‐traumático es un factor que contribuye a los altos niveles de violencia doméstica en Huanta, también es usado como una excusa. Hurtado percibe que vastas estructuras contribuyen a la reproducción de la violencia de género: los dirigentes a nivel de municipio y distrito que no están interesados en los problemas sociales, que descartan a la violencia de género como si no fuera un problema serio, y quienes, en palabras de Hurtado, son también unos “machos violadores”. Además, estos machos violadores se consideran mejores que la población quechua hablante y la maltratan verbal y físicamente.25 En su análisis de la situación en la que la violencia contra las mujeres y los niños es ahora lo normal y generalizado, Hurtado parece favorecer un entendimiento estructural, de más largo plazo, de las causas de tal violencia antes que una explicación que favorece el cambio “momentáneo” en las relaciones sociales. Según Hurtado, las autoridades que supuestamente deben proteger a la población, incluyendo a las mujeres y niños, no se toman los problemas con la seriedad necesaria. Estas autoridades no proveen fondos para los proyectos, para coordinar la intervención o para fiscalizar los recursos y, lo que es crítico, no piensan sobre una reforma educacional de la educación sexual o de los derechos de la mujer, porque no les conviene. En un intento por acceder a las opiniones de hombres violentos, la ONG CEPRODEP, de Huamanga, y yo desarrollamos una guía semi‐estructurada para entrevistar hombres en tres pueblos del departamento de Ayacucho. En estas entrevistas, les preguntamos sobre el rol de la violencia en su niñez, sus memorias acerca de la violencia política, y sus opiniones sobre los roles de género en sus propias relaciones. Entrevistamos a 16 hombres en el área de Huanta, que fueron identificados como agresores físicos de sus esposas por la policía y el Centro de Emergencia Mujer. Los entrevistados tenían entre 20 y 56 Entrevista con Vladimiro Hurtado, Huanta, departmento de Ayacucho, julio 2011. El abusivo racismo con el que las autoridades, incluyendo al personal de sanidad, educación y seguridad se aproximan a la población en los pueblos andinos es, cada vez más, estudiado. Ver, por ejemplo Patricia Oliart, “Temas para la investigación y la reflexión en torno a la sexualidad adolescente en el Perú rural,” en Desarrollo rural y sexualidad , ed. Maria Emma Mannarelli, Nina Laurie, Patricia Oliart, and Diane Richardson, (Lima: Fondo Editorial UNMSM, British Council, Newcastle University, 2008), así como Jelke Boesten, Intersecting Inequalities: Women and Social Policy in Peru, 1990–2000 (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2010). 25 años, eran procedentes del área rural, con una historia de migración del mundo rural al (semi) urbano, y todos menos uno (el más joven) habían experimentado directamente la violencia política. Doce dijeron haber sido testigos de violencia en sus familias cuando crecían, y la mitad de los hombres dijeron que ellos golpeaban a sus hijos como parte de un castigo o corrección. Los hombres tenían muy poca noción de la violencia sexual, no creían en la violencia sexual como parte de las relaciones íntimas (no consideraban que esto existiera) y tendían a culpar a las mujeres por su propia (masculina) violencia. Sin embargo, no justificaban fácilmente su comportamiento violento y tenían conciencia de los derechos de la mujer, aún si no todos estaban de acuerdo con esos derechos (seis hombres los rechazaban, cinco eran ambiguos, y cinco consideraban que los derechos de la mujer eran algo bueno). Desde luego, estos hombres recibieron reprimendas por sus comportamientos, que es como los identificamos para entrevistarlos, y lo que los debe haber hecho más conscientes de los derechos de la mujer. Otros resistían la idea de los derechos de la mujer y sugirieron que las mujeres usaban esos derechos para mentir y que se aprovechaban de las leyes para obtener una ganancia económica (p.ej. solicitud de alimentos, penas impuestas a los perpetradores de violencia, y contribuciones para pagar los gastos de hospitalización). Algunos (tres) consideraron que el sistema es corrupto y sólo protege a las mujeres pero no a los hombres, sugiriendo sentimientos de pérdida de poder como consecuencia de la afirmación de los derechos de la mujer. Los hombres que vieron a sus padres golpear a sus esposas (12 de los 16) recordaron cómo sus madres aguantaban la violencia, incluso cuando era severa. No había instituciones a las cuales acudir, fuera de la mediación familiar, y éstas tendían a favorecer la reafirmación de los roles de género. Cuando niños, estos hombres habían soportado palizas con un fuete, algo que muchos de estos hombres (siete) hacían a sus propios hijos, especialmente a los niños. Recordando a sus sufridas madres, estos hombres reconocieron que el mundo ha cambiado y que hoy las mujeres pueden ir, y van, a la policía cuando son golpeadas. Aunque no todos los hombres estaban de acuerdo con estos cambios, es importante notar que son cada vez más conscientes de los derechos de las mujeres. Por supuesto, esta observación del cambio también da cuenta de la creciente visibilidad –de la idea de un incremento en‐ la violencia doméstica, en la medida en que más y más mujeres se niegan a aceptar el abuso perpetrado por sus parejas. Estos hombres tienen, todos, memorias de la violencia política, pero sus explicaciones de la violencia en sus familias fue construida en torno a disciplinar a los niños y a la mujer: las mujeres hablan mucho, no les sirven bien, salen y se van a hablar demasiado con otras, hablan a los hombres, se visten provocativamente, necesitan generalmente ser “dirigidas” por hombres, según las palabras de uno de los entrevistados. En su comprensión de la violencia familiar era la normalidad de dicha violencia‐en su propia infancia y en cómo enfrentaban los conflictos en casa‐ lo que destacó, no las memorias de la guerra o del trauma. Así también, Miguel Ramos, un sociólogo y experto en salud sexual, concluye que “En las historias personales contadas por los participantes, aparecían formas de relacionarse y patrones de conducta violentas tan naturalizadas, tan aceptadas culturalmente, que se hacían invisibles para ellos mismos, haciéndose difícil que identifiquen diversas expresiones de su violencia.”26 Ramos explica la violenta conducta de los hombres, y la tolerancia de las mujeres a dicha conducta, como el resultado de la socialización y la resultante normalización dentro de estructuras patriarcales. La doble elasticidad de la norma –expectativas de proezas sexuales masculinas versus inocencia sexual femenina‐ hacen a la mujer vulnerable a la violencia sexual, incluso si dicha violencia muchas veces no es reconocida como tal.27 Las relaciones jerárquicas en casa son reforzadas por el ejemplo y por medio de la violencia. Normalización de la violencia cotidiana Las percepciones de la violencia cotidiana que hemos discutido sugiere (a) una ideología de género en la que los hombres consideran que la violencia contra sus esposas es ampliamente legítima, (b) la ceguera institucional en relación a la violencia cotidiana es un problema serio, que es alimentado por una ideología de Ramos, Masculinidades y violencia conyugal, 13. Nancy Palomino, Miguel Ramos, Rocío Valverde, y Ernesto Vázquez, Entre el placer y la obligación. Derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres y varones de Huamanga y Lima (Lima: Universidad Cayetano Hereda & Population Concern, 2003). 26 27 género desigual y dañina y (c) un continuum en el que tal ideología de género es fomentada por las históricas relaciones de poder, de desigualdad y abuso racial y de clase. La violencia política es parte de ese continuum histórico que ha exacerbado y reafirmado la violencia como una forma legítima de comunicación y de las jerarquías de género, de clase y raciales que la alimentan. Además, como observa Patricia Oliart, la negligencia por parte de la institucionalidad contemporánea, los limitados servicios de salud, la restringida y prejuiciada educación sexual en las escuelas, la pobreza y el acceso a una educación pobre, particularmente en el caso de las niñas en las zonas rurales y en las comunidades de los Andes, hacen muy difícil crear una brecha a través de la desigualdad de género y en los ciclos de violencia sexual y física.28 En una reciente historia del conflicto político en la región de Ayacucho en los 85 años antes de que Sendero Luminoso le declarara la guerra al estado a la sociedad peruano, Jaymie Heilman sostiene que el estado no dominó políticamente al Perú rural, sino que lo abandonó. Vía este abandono, de acuerdo a Heilman, a los poderosos locales –hacendados, gamonales, sacerdotes, jueces de paz‐ se les permitió gobernar arbitrariamente reforzando una violenta cultura de la impunidad, sostenida por las jerarquías de raza y clase. Varios proyectos políticos para romper las estructuras de desigualdad y abuso fracasaron en el transcurso del siglo veinte. La violencia de Sendero Luminoso, así como la respuesta del estado, encaja en esta historia del abandono por el estado, las luchas de poder locales, los movimientos políticos radicales, y las “ráfagas de violencia política”.29 Sendero Luminoso no deshizo las desiguales estructuras de clase, raza y género, sino que quedó entrampadas en ellas; esto explica parcialmente la violencia sexual que desplegó contra la población andina, lo que contradecía sus propias reglas. Las desigualdades y los prejuicios históricos, profundamente enraizados, que dominaron a la sociedad y a la política peruana, y la persistente cultura de la impunidad, son esenciales si queremos entender la persistencia de la violencia de la pareja íntima. Oliart, “Temas para la investigacion.” Jaymie Heilman, Before the Shining Path: Politics in Rural Ayacucho, 1895–1980 (Stanford, CA: Stanford University Press, 2010), 9. 28 29 La noción de que las relaciones políticas y económicas históricamente desarrolladas entre lo urbano y lo rural, entre blanco, mestizo e indígena, y civiles y autoridades han moldeado las relaciones entre hombres y mujeres nos ayuda a entender el muy frecuente uso de la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual. Las comunidades en las que la violencia contra la mujer es normalizada y tolerada, raramente descansan en una “cultura de la violencia” interna que legitima la violencia, contrariamente a la creencia popular (racista).30 Los debates en torno al Perú Andino como poseído por una “violencia endémica” étnicamente determinada, han sido reemplazados por análisis más relacionales y específicos en el contexto.31 La importancia se la debe atribuir a la interacción entre factores, pueblos e instituciones que fomentan y normalizan la violencia contra la mujer en todos los grupos poblacionales, pero que hacen a algunas mujeres más vulnerables que otras debido a una violencia estructural desarrollada históricamente. Los vectores sociales de la diferenciación dan forma a la vulnerabilidad. Es imposible proveer pruebas contundentes que puedan apoyar la tesis que la violencia de la pareja íntima en el Perú Andino es parte de un continuum histórico, tanto como es difícil probar que tal violencia se ha incrementado sustancialmente en años recientes32 Tampoco hay evidencia de lo contrario. En la literatura de ficción de los siglos diecinueve y veinte, discutida en el capítulo 3, la violencia contra la mujer forma parte de un continuum de subordinación racial y clasista, sugiriendo un proceso histórico que fomenta la Por ejemplo, los dichos populares en el Perú como “más me pegas más te quiero” sugiere que la violencia contra la mujer es típica de los pueblos indígenas. 31 El informe de la investigación escrito por Mario Vargas Llosa y otros para explicar el asesinato de ocho periodistas en 1983 por comuneros en Uchuraccay, en el departamento de Ayacucho, es ampliamente considerado y criticado como ejemplar de una visión de dos Perús: uno moderno y civilizado, el otro retrasado y violento. La idea de que el Perú andino es étnica y culturalmente violento y diferente del resto del Perú es rebatido por muchos, por ejemplo, Theidon, “Terror’s Talk” and Intimate Enemies ; Deborah Poole, Unruly Order: Violence, Power and Identity in theSouthern High Provinces of Southern Peru (Boulder, CO: Westview Press, 1994); Heilman, Before the Shining Path. 32 Hay unos cuantos buenos estudios históricos sobre la violencia contra la mujer, pero estos no proveen la evidencia estadística que sería necesaria para indicar una prevalencia creciente o decreciente. Ver Tanja Christiansen, Disobedience, Slander, Seduction, and Assault: Women and Men in Cajamarca, Peru, 1862–1900 (Austin: University of Texas Press, 2004). Christine Hunefeldt, Liberalism in the Bedroom . Quarreling Spouses in Nineteenth Century Lima (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2000); Silverblatt, Luna, sol y brujas: géneros y clases en los Andes prehispánicos y coloniales, (Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas,” 1990). 30 violencia. Así mismo, en la imaginación histórica de los entrevistados en los estudios antes discutidos, la violencia contra la mujer era prerrogativa de las autoridades y estaba relacionada a un sistema más amplio de abuso de la población, bien antes o durante el conflicto. Posiblemente, entonces, las nuevas estructuras de la autoridad del post‐conflicto (un estado descentralizado) no han logrado poner en marcha mecanismos de seguridad y justicia que puedan imponer un nuevo orden social democrático que ayude a reconfigurar las comunidades fragmentadas y traumatizadas y las debilitadas instituciones locales. La habilidad del estado post‐conflicto para legislar y regular sistemáticamente la violencia cotidiana debe ser cuestionada, especialmente considerando el énfasis discursivo de los sucesivos gobiernos sobre la igualdad de género y en contrarrestar la violencia de género, como discutiré más adelante. Cristina Alcalde, afirma también que “Sin cambios en las condiciones estructurales subyacentes que han creado un contexto social en el que varias formas de racismo y sexismo pueden florecer, es poco probable que la violencia [contra la mujer] disminuirá significativamente”.33 Paradójicamente, es precisamente la atención del estado sobre la violencia contra la mujer, y la igualdad de género en general, que destaca en la política nacional post‐conflicto. Perú fue uno de los primeros países en América Latina en desarrollar la legislación y las políticas para enfrentar la violencia contra la mujer, tan temprano como a inicios de los 1990s. Pero estas políticas fueron en gran medida el resultado de un contexto político particular, en el que un presidente crecientemente autoritario, Alberto Fujimori, usó la política social de género para aproximarse a los sectores progresistas nacionales e internacionales durante sus diez años de gobierno (1990‐2000). Al examinar el impacto de aquellas primeras intervenciones se constata que las políticas y la legislación diseñadas para reducir la violencia contra la mujer carecían de un marco legal definido; y carecía del financiamiento necesario para mejorar o incluso administrar cotidianamente los servicios sociales para las mujeres.34 Las investigaciones de rastreo muestran sorprendentemente muy pocos cambios en los últimos quince años, particularmente en relación a la implementación de las 33 34 Alcalde, The Woman in the Violence , 222. Boesten, Intersecting Inequalities. políticas.35 Para darle sentido a este persistente fracaso en la tarea de enfrentar de manera efectiva la violencia contra la mujer, a pesar de una serie de medidas e intervenciones, propongo darle vuelta a la pregunta: en vez de preguntar qué hace el estado para reducir la violencia contra la mujer, pregunto cómo perpetúa dicha violencia. Desigualdades cruzadas y gobierno patriarcal Para examinar el rol de la intervención del estado al responder a los altos niveles de violencia contra las mujeres, es útil dar una mirada a la influencia del patriarcado en las relaciones contemporáneas entre el estado y la sociedad. Aún cuando el término perdió algo de su popularidad tras la sostenida crítica feminista de fines de los 1980s y 1990s, no puede ser descartado completamente. Una de las mayores críticas que le hicieron las feministas académicas fue que la aplicación del patriarcado como categoría analítica es simplista y subteorizada e ignora los roles de la mujer en la reproducción del patriarcado,36 y, refiriéndose al mundo occidental, simplifica la fraternidad horizontal de los hombres al gobernar sobre la mujer.37 Yuval‐Davis critica cómo los académicos desarrollaron el patriarcado como un concepto Euro‐céntrico, y la manera como se ciega frente a las desigualdades cruzadas, que resulta en mujeres que también gobiernan sobre otras mujeres, y hombres sobre otros hombres, especialmente en sociedades postcoloniales.38 Recientemente, sin embargo, Gwen Hunnicutt reexaminó el patriarcado como un concepto teorético que ayuda a explicar la violencia contra las mujeres, porque se centra en la subordinación sistemática de la mujer por los hombres, tanto estructural como ideológicamente. Hunnicutt desempaca las varias críticas al término y desarrolla un marco teorético cuidadoso del patriarcado que acomoda la variedad histórica así como las desigualdades cruzadas que influencian y estructuran las consecuencias de las relaciones de género. Pone énfasis en que los sistemas Jelke Boesten and Betsy Flores Sandoval, “Violencia doméstica y política social en el Perú 1990–2010: ¿qué ha cambiado?” POLIS Working Paper No 5. (Leeds: University of Leeds, 2011). 36 Deniz Kandiyoti, “Bargaining with Patriarchy,” Gender and Society 2, no. 3 (1988): 274–290. 37 Carole Pateman, The Sexual Contract (Stanford, CA: Stanford University Press, 1988). 38 Nira Yuval‐Davis, Gender & Nation: Politics and Culture (Londonand Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1997) 35 patriarcales se basan en la dominación jerárquica que muy usualmente intersectan con otras divisiones jerárquicas como raza, clase y edad, y que la ideología patriarcal puede persistir a pesar de, o junto a, avances en la equidad de género.39 Mientras que el patriarcado está estrechamente asociado con el gobierno colonial católico en América Latina, la autoridad patriarcal sobre la familia, y por tanto sobre las mujeres, no fue necesariamente debilitada por la secularización tras la independencia. Como sostiene Elizabeth Dore, los estados postcoloniales en América Latina intentaron modernizar al gobierno patriarcal, incluido el gobierno patriarcal doméstico, pero no abolirlo.40 En el Perú, como subraya McKinley, el patriarcado legal fue reemplazado por la codificación liberal durante los inicios de la era republicana, que fue en gran medida un reflejo de los códigos civiles franceses, puesto que éstos fueron percibidos como modernos. Sin embargo, la legislación colonial existente fue modificada sólo ligeramente o acomodada para que coexista, creando una ley civil llena de contradicciones.41 La ley de familia regulaba las relaciones de género y aún estaba bajo fuerte influencia de la Iglesia Católica y el gobierno patriarcal existente, a pesar de la liberalización del siglo diecinueve.42 La violación fue incluida en el código penal de 1924 como un crimen contra el honor de la víctima y su familia. Pero la violación dejaba de ser violación si se cometía dentro del matrimonio civil o religioso. Si un violador aceptaba casarse con su víctima, no sería juzgado. Como vimos en los capítulos 2 y 4, esta ley fue invocada por algunas jóvenes y sus familias, en un intento de controlar la violencia sexual perpetrada en las niñas por los soldados en los 1980s y los 1990s, hasta que la ley fue revocada en 1997.43 Gwen Hunnicutt, “Varieties of Patriarchy and Violence Against Women. Resurrecting ‘Patriarchy’ as a Theoretical Tool,” Violence against Women 15, no. 5 (2009): 553–573. 40 Elizabeth Dore, “One Step Forward, Two Steps Back: Gender and the State in the Long Nineteenth Century,” in Hidden Histories of Gender and the State in Latin America , ed. Elizabeth Dore and Maxine Molyneux (Durham and London: Duke University Press, 2000), 3–32, 22. 41 Michelle McKinley, “Emancipatory Politics and Rebellious Practices: Incorporating Global Human Rights in family Violence laws in Peru,” Journal of International Law and Politics 39, no. 1 (2006): 75–139, 100. 42 Hunefeld, Liberalism in the Bedroom. 43 Jelke Boesten, “Marrying the Man Who Raped You: Domesticating War Crimes in Ayacucho, Peru,” in Gendered Peace: Women’s Search for Post‐War Justice and Reconciliation , ed.Donna 39 En el siglo veinte, gran parte del sustento legal del gobierno patriarcal sobre las mujeres en América Latina (tales como los derechos de herencia, los derechos parentales, la salud reproductiva, y los “crímenes contra el honor de la familia”) fueron mejorados en favor de las mujeres bajo presión de los movimientos sociales feministas.44 Sin embargo, a pesar de la secularización del estado en el siglo diecinueve y las innovaciones legales en relación a la igualdad de género en el veinte, la moralidad católica se mantiene en gran parte de la América Latina del siglo veintiuno, debido a una fuerte e influyente iglesia que aún influye en la política y en los temas de políticas relacionados a la familia y la sexualidad.45 En el Perú, la igualdad de género ante la ley fue establecida en el Código Civil de 1984, indicando un importante cambio en el razonar sobre el género, la sexualidad y la ley durante los 1980s y 1990s.46 Aún así, la Iglesia Católica en el Perú, a pesar de haber sido central al desarrollo de la Teología de la Liberación, fue y es dominada por grupos conservadores e influye claramente en la política, así como en el entendimiento de género y sexualidad. Desde luego, la continuidad de la desigualdad de género más allá de la ley y de la religión institucionalizada también indica que cambiar un grupo de leyes escritas no cambia fácilmente los marcos socioculturales. De acuerdo a Hunnicut, el énfasis en el patriarcado no necesariamente implica un entendimiento estático del término, o de la sociedad peruana.47 Mas bien, el funcionamiento de las relaciones de poder patriarcales, especialmente en asuntos relacionados a la familia y la sexualidad, y por tanto de los derechos de las mujeres, depende de las divisiones sociales y las jerarquías en la sociedad: de factores socioeconómicos así como de las relaciones jerárquicas entre hombres, y entre mujeres. La intersección de clase, raza y género informa la violencia estructural en el Perú, y determina el acceso individual y de grupo a los recursos, Pankhurst (London: Routledge, 2007); Narda Henríquez, Cuestiones de género y poder en el conflicto armado en el Perú (Lima: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYTEC, 2006). 44 Maxine Molyneux, “Twentieth‐Century State Formations in Latin America,” in Hidden Histories of Gender and the State , ed. Dore and Molyneux, 53–84, 70. 45 Merike Blofield, “Women’s Choices in Comparative Perspective: Abortion Policies in Late‐ developing Catholic Countries,” Comparative Politics 41, no. 4 (2008): 399–419. 46 Este cambio fue, desde luego, modulado por la creciente presión de las activistas feministas, como lo sugiere Michelle McKinley en “Emancipatory Politics and Rebellious Practices,” 109. 47 Hunnicutt, “Varieties of Patriarchy and Violence against Women.” los servicios, la presencia política y la justicia.48 En un país en el que la raza es basada, en gran medida, de la posición socioeconómica, el origen geográfico, la educación, los patrones de consumo, el vestido y el lenguaje, y estas características están fuertemente influidas por el género (las mujeres generalmente son más pobres, menos educadas y de quienes se espera que se vistan de acuerdo a la “tradición”), las mujeres son por lo general percibidas como más “Indias”, y son ubicadas en posiciones inferiores, en la escala racial, a las de los hombres del mismo grupo.49 Estas desigualdades cruzadas facilitan la violencia contra aquellas percibidas como inferiores. Más aún, como Cristina Alcalde convincentemente muestra, las desigualdades estructurales y cruzadas son reproducidas aún en las relaciones íntimas, y la violencia es muchas veces usada para mantener y perpetuar las jerarquías.50 Así, en una sociedad patriarcal, las mujeres se encuentran en una posición muy vulnerable, sea en el espacio público o en el privado; esto es así especialmente para las mujeres indígenas. El estado es ciertamente un agente fundamental en la reproducción de estas desigualdades y jerarquías o, al menos, de no enfrentarlas adecuadamente. Marcela Lagarde sostiene, en relación a los feminicidios en México, que la ideología patriarcal sostiene la impunidad. Lagarde añade que esta ideología patriarcal naturaliza la inferioridad de la mujer, y por medio de la impunidad, normaliza la violencia.51 Mientras que en el Perú, la impunidad por la violación en periodos de guerra está relacionada a la dificultad generalizada de juzgar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los militares, la violencia interpersonal de periodos de paz no lo está. Como veremos, tal como sucede con la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto, la ausencia de capacidades y recursos son también aspectos que juegan un rol en la dificultad de garantizar justicia y seguridad a las mujeres en los periodos de paz. Sin embargo, esto está fuertemente relacionado con el marco normativo de género Boesten, Intersecting Inequalities. Marisol De la Cadena, “‘Las mujeres son más indias. Etnicidad y género en una comunidad del Cusco,” Estudios y Debates 1 (1991): 6–29. 50 Alcalde, The Woman in the Violence. 51 Lagarde, Marcela, “Presentación a la edición en español,” en Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres [traducción de Radford and Russell (eds.), 1992] (Mexico City: Centro de Investigación Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEIICH, cited in Muñoz Cabrera, Intersecting Violences , 2006), 39. 48 49 con el que se diseñan e implementan las políticas y la legislación, tal como lo es en relación a la justicia por la violencia sexual en periodos de guerra. El entendimiento patriarcal de las relaciones de género, en las que la hetero‐ normatividad y la unidad familiar dominada por lo masculino intersecta con una organización jerárquica siguiendo las líneas de la raza y la clase, informa la política social, la reforma legal, y la implementación de las intervenciones dirigidas a atajar la violencia contra la mujer. Intervención Estatal e Impunidad En esta sección, discuto en cierto detalle el marco de política contemporánea diseñado para abordar la violencia contra las mujeres en el Perú. La información reunida para mi estudio anterior de las políticas sobre violencia doméstica52, fue actualizada por medio de entrevistas en el 2011. Con Betsy Flores Sandoval, una investigadora y sicóloga forense de Lima, entrevistamos a seis oficiales de la policía (de los que dos eran hombres), seis fiscales de familia (uno masculino), y una trabajadora social, una promotora y una sicóloga en Centros de Emergencia Mujer, todas mujeres. También entrevistamos a nueve mujeres que habían pasado por el sistema y se hallaban en un refugio o habían participado en un programa para víctimas de la violencia en el momento de la entrevista, conducido por otra ONG, todas en el mismo distrito de Lima. Al centrarnos en los servicios establecidos en un distrito urbano pudimos analizar cómo diferentes sectores del estado trabajan juntos, y cómo se relacionan a una política más amplia y a los marcos legales.53 La representatividad de lo hallado es aún más evidente por el uso de otro estudio de caso en tres ciudades diferentes del departamento de Ayacucho (Huanta, San Miguel y Huamanga), en donde entrevisté a otros cinco miembros del personal que trabajaban en un centro de emergencia para la mujer (un hombre, cuatro mujeres). Además, entrevistamos un juez en Lima y uno en Huamanga (ambos hombres), cinco miembros del Jelke Boesten, “Pushing back the Boundaries: Social Policy, Domestic Violence, and Women’s Organisations in Peru,” Journal of Latin American Studies 38, no. 2 (2006): 355–378, and Boesten,Intersecting Inequalities . 53 El distrito seleccionado es un área pobre de un distrito establecido en el norte de Lima, en donde viven migrantes de primera y segunda generación. 52 personal de una ONG en Lima y tres en Huamanga, así como dos miembros del personal del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y uno en la oficina del Defensoría del Pueblo.54 Para preservar el anonimato de los participantes y la coherencia de los argumentos, los resultados son presentados en una narrativa no siempre identificando quién dijo qué –salvo que sea importante para los resultados de la información analizada. Luego de delinear brevemente la trayectoria de la política en discusión desde los 1990s, señalaré las tensiones entre los objetivos de la política para enfrentar la violencia contra las mujeres, de un lado y, de otro lado, el estado patriarcal que apuntala la política. Como he discutido anteriormente, la intervención del estado en el asunto de la violencia contra las mujeres tiene que ser vista a la luz del contexto político de los 1990s, cuando el gobierno de Fujimori respondió a la violencia política y a la crisis económica con creciente autoritarismo. Fujimori se presentó como un hombre fuerte que conseguiría la estabilidad política y económica, y la seguridad para el Perú. Lo hizo empleando una política del miedo.55 En aparente contraste a este gobierno crecientemente autoritario y “masculino”, Fujimori empezó a usar una notoria estrategia política de género, hablando a feministas sobre las demandas de una mayor participación de las mujeres en política, de un ministerio para asuntos de la mujer, de un mejor cuidado de la salud reproductiva y acceso al control de la natalidad (culminando en un programa de esterilización forzada), de un programa de distribución de alimentos (clientelista) dirigido a las “madres abnegadas” del Perú, y, desde luego, a las intervenciones para combatir la violencia contra las mujeres.56 Las políticas “pro‐mujeres” de Fujimori estaban motivadas por políticas autoritarias e incrustadas en una estrategia patriarcal de control sobre una población ya Todas las entrevistas con el personal de primera fila, víctimas sobrevivientes y perpetradores son anónimas. Se solicitó permiso a los supervisores adecuados para entrevistar a los miembros de personal de primera fila, y los individuos del personal participaron voluntariamente. A los refugios se llegó gracias a las ONGs actuantes en el distrito, y las mujeres fueron entrevistadas con su pleno consentimiento e información. 55 Jo‐Marie Burt, Political Violence and the Authoritarian State in Peru: Silencing Civil Society (New York: Palgrave Macmillan, 2007). 56 Boesten, Intersecting Inequalities. 54 privados de sus derechos.57 Aún cuando las intenciones cambiaran algo, los gobiernos siguientes continuaron con la misma política y legislación diseñada en los 1990s para enfrentar la violencia contra las mujeres, sin mayores cambios a su diseño original. La intervención para enfrentar la violencia contra las mujeres incluía legislación, planes de acción nacional, comisarías de la policía especiales para mujeres (la primera fue inaugurada a fines de los 1980s), Centros de Emergencia de la Mujer (CEMs) que proveería servicios combinados a mujeres golpeadas, y oficinas para resolver temas de derechos de los niños (DEMUNAs). El diseño y la implementación fue responsabilidad del Ministerio de la Mujer y de Grupos Vulnerables, antes MIMDES y un ministerio que cambió su enfoque (y nombre) por lo menos tres veces desde su primera inauguración en 1996. Pero la implementación del ministerio fue precedida por una reforma legal. El Perú fue pionero, en relación al resto de América Latina, en la promulgación de legislación que enfrentaba la violencia contra las mujeres. Un nuevo código penal de 1991 incluyó la violación como una ofensa criminal “contra la libertad sexual” (para mujeres mayores de 18 años), o “inviolabilidad sexual” (para menores a los 18 años, que no tienen capacidad para dar su consentimiento), en vez de un crimen “contra el honor”, como había sido desde la reforma del código penal de 1924. El código de 1924 no distinguía el estatus marital de la víctima, pero, en la práctica, como observa Hurtado Pozo, la violación en el matrimonio simplemente no existía.58 Tal código de 1991, y las subsecuentes enmiendas al acta sobre los crímenes contra la libertad sexual, sí incluyó como perpetradores potenciales a las parejas íntimas, incluyendo esposos, así como hombres en el poder, tales como empleadores (las empleadas Como han destacado varios autores, Fujimori usó la retórica feminista sobre el control de la natalidad, la representación de la mujer en política, y un abanico de otros temas para parecer moderno y democrático. Tenía un alto número de ministras cercanas a él, y éstas fueron muchas veces presionadas a justificar lo injustificable. El cada vez mayor autoritarismo y las políticas de género fueron de la mano. Ver Cecilia Blondet, El encanto del Dictador (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2002); Gregory D. Schmidt, “All the President’s Women: Fujimori and Gender Equity in Peruvian Politics,” in The Fujimori Legacy: The Rise of Electoral Authoritarianism in Peru , ed. J. F. Carrion (University Park, PA: Penn State University Press, 2006), 150–77. 58 Jose Hurtado Pozo, “Moral, sexualidad y derecho penal,” en Derecho penal y discriminación de la mujer. Anuario de derecho penal 1999–2000 , ed. Hurtado Pozo (Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú , Universidad de Freiburg. 2001), 25–35. 57 domésticas fueron específicamente mencionadas como víctimas potenciales en una enmienda de 2007), personal de seguridad y profesores. Sin embargo, a pesar de estos cambios legales, las mujeres abusadas enfrentaban obstáculos insuperables cuando buscaban reparación legal. La violencia sexual perpetrada por parejas íntimas, o más en general, contra mujeres adultas, no fue tomada seriamente por las autoridades. Fiscales y doctores forenses sugieren que sólo se puede demostrar la violación perpetrada contra una virgen, descartando así la posibilidad de la violación contra una mujer adulta y dentro del matrimonio. Sólo el daño físico severo como evidencia de lucha y resistencia es considerado prueba de “coerción”, o del uso de la fuerza. Como resultado, pocas mujeres golpeadas están dispuestas a presentar cargos de violación en su matrimonio, y ninguno de los proveedores de servicios entrevistados lo consideró un tema relevante de conversación en el contexto de la violencia de la pareja íntima.59 Para la mayoría de mujeres entrevistadas (ocho de nueve) el sexo forzado era parte de la violencia general que sufrían en sus casas, pero no incluyeron a éste en su queja formal. En cambio, las mujeres golpeadas son generalmente dirigidas a la fiscalía de familia, y no penal. En 1993, la ley 26260 “contra la violencia familiar” fue aprobada, y esta ley fue subsecuentemente fortalecida en varias oportunidades. La violencia contra la mujer recae en gran medida en la categoría de “violencia familiar”, y es resuelta en cortes de familia, en vez de las cortes criminales.60 Un caso pasa de la ley de familia a la ley criminal cuando se considera delito de lesiones en vez de falta contra la persona sólo si y cuando un doctor forense confirma que la víctima ha sido gravemente lesionada.61 Sin embargo, la decisión sobre la severidad de la querella es muchas veces tomada arbitrariamente.62 De acuerdo a nuestros informantes, incluyendo un juez, el umbral para la policía, los Ivonne Macassi, Liz Meléndez, Claudia Rosas and Gina Yáñez, Entre luces y sombras, caminos para acceder a la justicia. Estudio de la Comisaria de Mujeres de Villa El Salvador‐Perú(Lima: Flora Tristán y Manuela Ramos, 2010), 138. 60 Texto Único Ordenado de la Ley 26260 y sus Modificaciones, http://www.mimdes.gob.pe/index.php?option=com_content&view =article&id=1542&Itemid=2 45 61 Codigo Penal 1991, Decreto Legislativo 635, Libro Segundo, Parte Especial. Delitos, Capitulo III. 62 Ver también comparativamente Susan Franceschet, “Explaining Domestic Violence Policy Outcomes in Chile and Argentina,” Latin American Politics and Society 52, no. 3 (2010): 1–29; Fiona Macaulay, “Judicialising and (de) Criminalising Domestic Violence in Latin America,” Social Policy and Society 5, (2006): 103–114. 59 doctores y los fiscales para considerar una ofensa “criminal”, en vez de relacionada a la “familia”, es alto. El criterio formal para afirmar que ha sido gravemente lesionada es la necesidad de, por lo menos, diez días de descanso para recuperarse de las consecuencias físicas de la violencia. Si el doctor forense decide que ocho días de descanso es suficiente, entonces no ha habido asalto y, por lo tanto, no habrá proceso criminal. En este sistema, la mayoría de los casos son considerados mala conducta y tienden a quedar dentro de la ley de familia, en la que la policía y la judicatura disponen de un rango limitado de medidas legales para proteger a la mujer y castigar al hombre. Sin embargo, si un caso llega a la corte criminal, el juez puede ordenar periodos de prisión de tres a cinco años. En la práctica y de acuerdo a nuestros informantes, estas órdenes son generalmente anuladas por una sentencia suspendida.63 Muy pocos casos concluyen realmente con el encarcelamiento de los agresores. Esto significa mayor peligro aún para la víctima, quien entonces estará expuesta a la venganza del hombre, quien se puede sentir terriblemente insultado. Cuando un informe de violencia doméstica es inscrito, la policía y la judicatura tienen a su disposición una serie de medidas, tales como una orden de restricción, alejamiento del hogar, breves encarcelaciones y multas (menores) para proteger a las mujeres y castigar a los perpetradores. Nuestras entrevistas indican que la mayoría de policías son conscientes que estas medidas no son efectivas puesto que, en gran medida, se trata de emitir documentación que no es continuada en la práctica. Por ejemplo, la policía tiene el poder de encarcelar inmediatamente a los agresores durante 24 horas a fin de brindar inmediata protección a las mujeres amenazadas con más violencia. Esta medida es raramente usada, pues la mayoría de las mujeres informan del acto de violencia 24 horas después de cometido, o simplemente porque los agresores no son intervenidos por la policía. Si la mujer denuncia la violencia “en el acto” y la policía detiene al agresor, una breve encarcelación raramente tiene un impacto en la seguridad de la mujer. Según lo expresado por un policía, la medida le da al hombre 24 horas para superar la borrachera y dormir “la mona”, y en la versión de un abogado de la CEM, el tiempo para descansar para regresar a casa y continuar lo que estaba haciendo en el punto en que lo dejó. Una joven policía, 63 Ver también Defensoría del Pueblo, Violencia Sexual en el Perú. quien recientemente había empezado su trabajo como oficial especializada en violencia de familia en una comisaría de un pueblo de Ayacucho, dijo que las 24 horas de cárcel sirven para obligar al agresor a meditar sobre sus acciones, aunque no estaba segura si esto era efectivo. Un fiscal dijo que la medida puede ser efectiva si es acompañada de tratamiento sicológico para el perpetrador, una medida que es parte de la ley, pero que no la hemos visto implementada. En suma, los proveedores de servicios no consideran la regla de las 24 horas de cárcel una medida de protección muy efectiva. Más allá de la regla de las 24 horas inmediata, hay otras medidas de protección, tales como órdenes de alejamiento, suspensión temporal de los derechos de visita y, una medida añadida a la ley en el 2008, la prohibición de poseer y portar armas de fuego. Una regla aprobada en el 2009, añade que los fiscales simplemente no pueden emitir una orden de “cese de violencia”.64 El fiscal puede exigir que el agresor sea retirado de su hogar durante un largo periodo.65 La implementación del “retiro del agresor” o la “garantía personal” es emitida por el fiscal, quien debe hacer llegar las órdenes al tribunal de familia. Este documento tiene que ser firmado por el agresor, pero no hay manera de asegurarse que éste cumpla con las órdenes –aunque la ley estipula que “para la ejecución de estas medidas, [la victima] debe solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario’.”66 De acuerdo a varios informantes, los perpetradores de violencia saben que la pieza de papel no puede afectarlos, y muchas veces continúan amedrentando a la víctima. O incluso castigan a la mujer por haber informado del acto violento cometido. Un funcionario de la policía repitió: “el papel aguanta todo”; un abogado de la CEM dijo que el “hombre bota el pedazo de papel y continúa golpeándola”,67 otro policía simplemente dijo que el agresor “se ríe de esto”.68 La policía no interviene –o no tiene la capacidad de intervenir‐ Ministerio Público, ‘Intervención de los fiscales de familia, penales y mixtos frente a la violencia familiar y de genero.’ Directiva No 005–2009‐MP‐FN, Lima, 2009, p11 www.observamujerpuno.org.pe/files/DIRECTIVA.pdf 65 Una nueva enmienda a la ley añade que a las víctimas se les debe ofrecer protección en un refugio, y apoyo para víctimas. 66 Texto Único Ordenado de la Ley 26260 y sus Modificaciones http://www.mimdes.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1542&Itemid=2 45 67 Entrevista, abogado CEM, región de Ayacucho, abril 2011. 68 Entrevista, norte de Lima, abril 2011 (1). 64 cuando los agresores no cumplen con las órdenes. Las autoridades responsables generalmente no parecen tener mucha fe en estos procedimientos. Una Garantía Personal que fue emitida con el nombre incorrecto es un buen ejemplo, el fiscal no había cambiado el formulario del caso previo.69 Sin embargo, el problema más importante que surge de la implementación de estas medidas es el fracaso de la policía, los fiscales y los médicos examinadores para juzgar el riesgo y las lesiones. La evaluación del riesgo es necesaria para la emisión e implementación de órdenes restrictivas, para juzgar un caso como ofensa criminal o no, y para determinar qué tipo de ofensa criminal ha sido perpetrada (p. ej. Intento de asesinato por amenazas con armas, o por lesiones serias). Los criterios para estar “en riesgo” no son claros y dependen de la capacidad profesional para juzgar el riesgo, y de una comunicación efectiva y la colaboración entre los proveedores de servicios. Tanto los oficiales de policía como los fiscales son los responsables de tomar estas decisiones; la policía, en la primera instancia, debe enviar todos los casos a los fiscales e incluir una evaluación del riesgo. Los fiscales entonces tienen que juzgar el tipo de medidas que son necesarias para asegurarse que la mujer en cuestión no esté expuesta a más violencia. Los doctores forenses necesitan evaluar correctamente las lesiones de manera que se pueda establecer correctamente el daño causado. Nuestras entrevistas muestran que los policías no siempre conocen los mecanismos que le están disponibles; no siempre informan al fiscal, y demasiado frecuentemente descartan casos y envían a las mujeres a sus hogares sin ningún tipo de seguimiento. Los policías parecen renuentes a colaborar más estrechamente con la oficina de los fiscales y los consideran inaccesibles; así también, los fiscales consideran que los policías tienen una deficiente capacidad de juicio y son poco confiables. El personal del CEM tiende a desconfiar tanto de los policías como de los fiscales. La falta de colaboración puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas de la violencia. Todas nuestras informantes indicaron que la policía –generalmente el primer punto de acceso para las mujeres que están siendo abusadas, golpeadas y 69 Entrevista, policía, Lima Norte, marzo 2011 (6). perseguidas‐70 generalmente no las apoyan. La actitud negativa de la policía es ampliamente conocida entre las mujeres, y claramente las disuade de denunciar la violencia.71 Las historias de las mujeres sobre cómo finalmente llegaron al refugio incluyen el apoyo del personal del CEM, mientras que la falta de apoyo, e incluso la rudeza, proviene de los policías. Las mujeres dijeron tener miedo a la policía; una mujer dijo que pueden ser sobornados por los agresores; y a una mujer ecuatoriana que entrevistamos, casada con un peruano, se le dijo que la ley no estaba vigente para ella. Todas estas mujeres finalmente terminaron en un refugio administrado por una ONG, y todas fueran reenviadas por un CEM, no por la policía. Sus casos continúan abiertos. Está claro que la combinación del personal del CEM bien entrenado y que apoya, mas la disponibilidad de un refugio otorga la protección que estas mujeres necesitaban. Sin embargo, es posible que muchas otras se sientan renuentes a presentar cargos y buscar protección –pues esto supone procedimientos largos y potencialmente muy costosos‐ tras llenar su primera denuncia a un policía mal entrenado y, por lo general, rudo. Por ello, la mayor parte que denuncia la violencia, vuelve para denunciar más violencia en varias oportunidades, pero muy probablemente a diferentes lugares –la policía especial, la comisaría para mujeres, un CEM, una comisaría regular, una DEMUNA, o directamente a la fiscalía de familia. Como los centros de datos no están conectados y la colaboración y la comunicación entre las diferentes agencias responsables es por lo general inadecuada, no hay posibilidad de hacer el seguimiento de los casos existentes y realizar evaluaciones de riesgo basadas en incidentes previamente denunciados. Esto también significa que hay muy poca información estadística disponible sobre cuántas mujeres apelan al sistema múltiples veces, sin lograr una solución. Altos niveles de feminicidio sería un indicador de que las mujeres no encuentran soluciones, incluso si denuncian la violencia en algún momento,72 pero como las bases de datos que registran la violencia doméstica –una o varias veces‐ y los feminicidios no están conectadas, no podemos brindar evidencia de tal Confirmado por las cifras recuperadas por Jaris Mujica Violaciones sexuales en el Perú. Ver también Alcalde, The Woman in the Violence , 165 72 MIMDES recientemente estableció un registro para feminicidios y contó 12 casos por mes para el 2009. Los informes anteriores preparados por DEMUS y Flora Tristán llegaron a las mismas conclusiones. Ver Teresa Viviana, Registro de feminicidio para enfrentar la violencia hacia la mujer en el Perú (Lima: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MIMDES, 2010). 70 71 reclamo.73 El nuevo registro de feminicidios mantenido por el Ministerio Público solo relaciona aquellos casos de violencia contra las mujeres que son registrados por la fiscalía con feminicidios identificados, y el autor del informe del 2010 reconoce que es probable que muchas más mujeres denuncien la violencia a la policía que el número de casos que está registrado en la fiscalía.74 Mientras que el aspecto técnico de conectar las bases de datos puede ser un tema, el que la policía no informe a la oficina de la fiscalía de todos los casos que le llegan, que es lo que se supone que deben hacer según la ley, es una falta por parte de la policía, pues no toma seriamente las denuncias de las mujeres. Hay, desde luego, otros impedimentos más técnicos a la adecuada implementación de la ley y de la política: la política social es inspirada por el paradigma contemporáneo de desarrollo que combina un discurso neoliberal de eficiencia económica con ideas de gobernanza democráticas. Esta combinación puede dar lugar a una variedad de medidas y resultados de política, como ha sido analizado por Christina Ewig para el sector salud.75 En el caso de las políticas relacionadas a la violencia contra las mujeres, la descentralización política y la desestabilización de los contratos laborales presentan serios problemas para la implementación de las políticas. El personal entrevistado que trabaja en los Centros de Emergencia de Mujeres dio testimonio de las precarias condiciones laborales en que se encuentran, muchas veces trabajando con contratos a plazo fijo, con muy pocos beneficios sociales.76 La descentralización desplazó la responsabilidad financiera a las municipalidades, algunas de las cuales no priorizan a los CEMs y no proveen las condiciones básicas para que puedan De acuerdo a los policías entrevistados, la comisaría de mujeres del norte de Lima tiene una base de datos computarizada que rastrea múltiples asaltos, que les permite informar a la procuraduría después que se constata que hay varios informes de violencia cometida por una persona. No hemos visto tal búsqueda y seguimiento en ninguna otra agencia, y no pudimos evaluar la efectividad del sistema en esta comisaría. 74 Villanueva observa, en 2011, : “El 10.1% de las mujeres asesinadas (11) había presentado un total de 18 denuncias en el Ministerio Público por violencia familiar contra el presunto victimario. Respecto de las denuncias presentadas por violencia familiar, en el 66.7% de los casos el Ministerio Público formuló demanda ante el Poder Judicial (12) y el 33.3% de las denuncias fue archivado (6). […]Es probable que otras víctimas presentaran una denuncia ante la comisaría que nunca llegó al Ministerio Público. Como se sabe, el trámite de una denuncia por violencia familiar suele iniciarse ante la Policía pero puede tardar meses antes de llegar al Ministerio Público, o simplemente no llegar nunca.’ En Villanueva Flores, El Registro de Feminicidio, 12. 75 Cristina Ewig, Second‐Wave Neoliberalism: Gender, Race, and Health Sector Reform in Peru (University Park, PA: Pennsylvania StateUniversity Press, 2010). 76 Entrevistas con personal del CEM en Lima Norte y la región de Ayacucho. Enero a abril 2011. 73 operar los servicios.77 Además, las municipalidades pueden oponerse a la propuesta de los CEMs e insistir en interpretaciones más conservadoras de la familia y de la violencia contra las mujeres.78 Este último punto –la posibilidad de interpretar la política nacional en una miríada de maneras‐ es un problema incrustado no sólo en las estructuras de implementación de la política, sino también en la ambigüedad discursiva incrustada en la ley contra la violencia en la familia y el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer. Planes de intervención nacional De acuerdo a las observadoras de ONGs feministas así como de la Oficina del Ombudsman y del mismo Ministerio, el último Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer (Plan Nacional para 2009‐2015) representa un importante avance en relación al previo Plan (2009‐2015). Estas entrevistadas comentaron que el nuevo Plan es amplio y cubre la violencia tanto en los espacios públicos como en los privados y considera a múltiples posibles perpetradores –incluido el estado. El Plan también incluye indicadores y mecanismos que deben ayudar su implementación.79 Sin embargo, en la práctica, el programa de acción que ha resultado del Plan Nacional no muestra ninguna mejora sustancial en relación a los problemas antes mencionados, aparte de la expansión geográfica de los servicios. El Plan Nacional 2009‐2015 incluye la promesa de un mayor número de comisarías especiales y refugios, pero hasta ahora estos no se han materializado. Los refugios existentes son financiados externamente y muchas veces son administrados por una combinación de grupos de mujeres locales, ONGs y organizaciones feministas, no por el estado.80 El Plan ha facilitado considerablemente el establecimiento de CEMs en todo el país, con 128 centros de este tipo para el 2011. Entrevistas con el personal del CEM en la región de Ayacucho, abril 2011. Entrevista con el administrador del CEM, Lima 2011. 79 MIMDES 2010, y entrevista con un funcionario de alto nivel empleado por el PNCVHM, MIMDES, Lima en julio 2011. 80 Hay algunos refugios municipales, el estado aún no ha cumplido con esta ley (No. 28236, art. 1, ver http://www.mimdes.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=834&Itemid= 327 ) 77 78 Este es un desarrollo positivo, sin embargo subsisten muchos problemas. Los Centros operan con fondos limitados, contratos laborales inseguros, continuas amenazas de mayor reducción de los fondos y poco apoyo de la policía y la judicatura.81 El personal del CEM en Ayacucho manifestó que cuando se quejaban a las autoridades municipales sobre el limitado apoyo que reciben, muchas veces se les acusaba de ser feministas. Está claro que ser feminista no es apreciado, ni siquiera cuando se trabaja formalmente por los derechos de las mujeres. Los informes de cómo los policías, fiscales, doctores y jueces (tanto hombres como mujeres) tratan los casos de violencia –descartando los relatos de las mujeres, tratándolas rudamente, poniéndose de lado de los abusadores, advirtiendo a las mujeres que deben huir, rechazando referir los casos a las cortes criminales, negándose a penalizar a los perpetradores, y, en un caso, negándose a apoyar a una mujer porque no era peruana –sugiere que el sistema que se supone debe proteger a la mujer de la violencia, está mayormente servido por personal que prefiere identificarse con una ideología existente en la que el hombre domina a la mujer, y en la que la mujer debe aceptar ciertos niveles de violencia, al mismo tiempo que rechaza el feminismo. La resistencia del personal de primera línea de la policía y la judicatura empleada para defender los derechos de la mujer es profundamente perturbadora, y no es desafiada por las intervenciones políticas. El Ministerio de la Mujer afirma abogar por los derechos de la mujer, pero, en la práctica, aboga por la familia. Como han indicado varias activistas feministas, la perspectiva del ministerio es “familiar”. La política contra la violencia contra la mujer está basada en una ley contra la “violencia familiar” y los programas nacionales invariablemente se refieren a la violencia familiar en vez de referirse a la violencia de género o la violencia contra la mujer, o incluso la violencia doméstica. La ley contra la violencia familiar es interpretada como una herramienta para proteger la integridad de la familia, y se considera cada vez más que los niños necesitan de la protección del estado contra la violencia familiar, especialmente el abuso sexual.82 Así que mientras se condena la Boesten and Sandoval, “Violencia doméstica y política social.” Ver Defensoría del Pueblo, La aplicación de la justicia penal ante casos de violencia sexual perpetrados contra niñas, niños y adolescentes, Informe Defensorial N ° 126, Lima 2007. 81 82 violencia en las familias y se establecen servicios para apoyar a las mujeres que son víctimas de tal violencia, los derechos de las mujeres no son la piedra angular de esas políticas. De hecho, como subraya Molyneux, las agencias estatales en América Latina tienden a promover la igualdad de género así como la promoción y protección de la familia, “como si la primera fuera coincidente con la última”.83 Este apoyo ambiguo a la familia, junto con la negligencia para con las mujeres, está inscrita en la política y en la legislación, y mantiene la autoridad patriarcal firmemente en plaza, como lo demuestran las respuestas antes discutidas. Hay poca evidencia que la primera línea de apoyo a la víctima, y de aplicación de la ley, tome partido por las mujeres; mas bien, la mujer es muchas veces responsabilizada por la situación en que se encuentra. Mientras que los servicios dedicados a la mujer, tales como los CEMs y las comisarías especiales, realizan claramente una mejor labor a este respecto, operan desde una posición que no es apoyada por el ambiente de la judicatura y la prejudicatura. La política que enfrenta la violencia contra la mujer en el Perú no provee un marco que pueda ayudar a cambiar las relaciones de género, y no exige a sus operadores en los servicios establecidos para las mujeres (aparte del CEM) que trabajen desde una perspectiva que asuma la igualdad de género y los derechos de la mujer. Mas bien, está incrustada en un marco patriarcal en el que la familia gobernada por el hombre es la piedra angular de la sociedad y el objetivo primario de la política. La distancia ideológica que existe entre el personal de los CEM –dedicado a los derechos de las mujeres, y que son empleados por el MIMDES‐ y la fiscalía de familia, las comisarías para mujeres, o el laboratorio forense son tangibles. Los primeros optan por dedicar su vida laboral a los derechos de la mujer, los segundos, generalmente, no lo hacen. Esto nos fuerza a hacer preguntas sobre el entrenamiento que recibe cada uno de estos grupos de personal en sus instituciones. Por ejemplo, de acuerdo a varios de nuestros entrevistados, los policías son asignados por su especialización y, por lo general, no se les permite escoger dónde prestar servicio. El entrenamiento tiene lugar cuando ya se encuentran trabajando. Esto puede provocar resentimiento entre aquellos que tienen tareas asignadas que no les gusta realizar. También significa que el 83 Molyneux, “Twentieth‐Century State Formations,” 70. entrenamiento de estos policías para enfrentar la violencia contra la mujer, y su entendimiento de los asuntos de género en general, “ha sido añadido” en el contexto de esta tarea específica, y no es parte del entrenamiento que se provee a todos los policías. Problemas similares se presentan en la judicatura. Un reciente informe sobre feminicidios de la Defensoría del Pueblo lamenta la ausencia de conocimiento de los derechos de las mujeres en la judicatura peruana, y recuerda al MIMDES su obligación, tal como está establecida en la PNCVHM, para “‘la inclusión de la violencia basada en género en el currículo de la Academia Nacional de la Magistratura y de la Escuela de Formación del Ministerio Público’.”84 Más allá de la cuestión del entrenamiento, la discordancia en el entendimiento del problema de la violencia debe ser observado desde una perspectiva sociocultural. El Perú no sólo es una sociedad patriarcal en la que se espera que los hombres dominen a las mujeres y a los niños –aun cuando esto ya no está incrustado en la ley‐ sino también una sociedad racista en la que la raza, la etnicidad y la clase social están históricamente entrelazadas con la desigualdad de género para determinar los privilegios y la marginación. Mientras que la ley avanza notoriamente al cambiar el medio ambiente institucional y las realidades de estas desigualdades, otorgando derechos e igualdad ante la ley a los individuos y a los grupos, las actitudes societales no necesariamente siguen al mismo ritmo, y por tanto obstaculizan la aplicación de la ley. Esto es relevante a nuestra discusión actual pues los servicios primarios sólo pueden ser efectivos si el objetivo de estos servicios es cambiar la incidencia de la violencia contra las mujeres, es decir, si el objetivo último es reducir la aceptación societal del maltrato a la esposa y otras formas de violencia contra las mujeres. Para hacer esto, mujeres, hombres y niños necesitan ser vistos como personas portadoras de derechos, independientemente de su género, raza, clase u otros factores sociales. Incluso si está formalmente incluido en la ley, los individuos no se percibirán a sí mismos como individuos portadores de derechos si no hay “receptividad institucional” a tales reclamos.85 De acuerdo a Sally Engle Merry, Defensoría del Pueblo, Feminicidios en el Perú: Estudio de expedientes judiciales , Lima: Defensoría del Pueblo, 2010), 167. 85 Sally Engle Merry, “Rights Talk and the Experience of Law: Implementing Women’s Human Rights to Protection from Violence,”Human Rights Quarterly 25 (2003): 343–381. 84 esto explica por qué las mujeres denuncian la violencia y luego, muchas veces, retiran su denuncia –si las mujeres no se sienten apoyadas en su identidad como sujetos de derechos, retornarán a identidades más negativas como esposas y madres que soportan un cierto nivel de violencia –una actitud para con las mujeres golpeadas que muchas veces es confirmada por los policías que reciben las denuncias de las mujeres, y para la frustración de estos mismos policías. Por lo tanto no es suficiente con “empoderar” a las mujeres y decirles que tienen derechos. Mas bien, la opinión pública en general necesita cambiar en apoyo de la igualdad de género y contra el racismo y la discriminación basada en posiciones socioeconómicas. Los policías, abogados, fiscales, jueces y doctores podrían, y debieran, estar en la primera línea de estos cambios, pero son parte tanto del ambiente institucional como societal que tiene que cambiar con ellos. Las políticas pueden contribuir a cambios tan fundamentales, promoviendo la igualdad de género, la intolerancia a todas las formas de violencia, y una perspectiva de derechos humanos que reconozca que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La política actual contra la violencia de género no logra esto. En primer lugar, el Plan Nacional no es claro en su lenguaje: se refiere a la violencia contra las mujeres (las palabras con las que el Plan esta incrustrado en la ley) o contra la violencia de familia y sexual (cómo el Programa y sus correspondientes políticas son promovidos en su sitio web y en las publicaciones). Mientras que el actual documento del PNCVHM parece ser exhaustivo, inclusivo y basado en derechos, esto no se refleja en la manera como el Plan es implementado o promovido. Desde luego, el énfasis en las mujeres como portadoras de derechos difiere del énfasis en la familia como la portadora de los derechos. La interpretación por parte de las autoridades locales, de una política enfocada en la familia en vez de una enfocada en los derechos de las mujeres, es en parte consecuencia de este mensaje ambiguo emitido desde el gobierno central. El énfasis en la familia, más que en las mujeres, también es evidente en la organización de la judicatura, que hace una distinción entre la ley de familia y la ley penal. Se supone que el uso de los tribunales podrá prevenir que los tribunales penales se atasquen con quejas “menores” que pueden ser resueltas con la ley civil. Con el mismo objetivo, las instituciones financieras internacionales apoyaron el establecimiento de procedimientos de conciliación paralegal obligatorio para las denuncias de violencia doméstica a mediados de 1990s, pero esta política fue revisada en 2001, gracias a las masivas campañas de organizaciones feministas.86 Sin embargo, la actual separación de la ley penal y familiar no necesariamente mejora los procedimientos de conciliación, pues la mayor parte de los casos de violencia de pareja íntima son llevados a la esfera privada. Esto contribuye al manejo arbitrario de los casos individuales y a la ausencia de acción política sobre la violencia contra las mujeres más allá del paradigma familial.87 Incluso tenemos evidencia que, en la práctica, la conciliación es ampliamente usada; no sólo en términos extrajudiciales, sino mas bien, frente a un juez. En uno de las comunidades de Ayacucho, donde realizábamos nuestro trabajo de campo en el 2011, un secretario judicial nos mostró, en papel, que todos los casos de violencia doméstica que mensualmente llegaban a su oficina, eran conciliados por el juez (entre 8 y 15 casos al mes). Esto significa que la práctica legal está, por lo menos, diez años retrasada en relación a la reforma legal, o, considerando que la ley de conciliación sólo duró muy poco tiempo en la segunda mitad de 1990s, que la brecha entre la práctica legal y la ley es inmensa. De cualquier manera, está claro que falta claridad o consenso político, social o judicial sobre la naturaleza de la violencia contra la mujer. Conclusión La violación generalizada de mujeres durante el conflicto político de los 1980s y 1990s, ha perpetuado las desigualdades basadas en la raza, la clase y el género, fortalecido el control masculino sobre la sexualidad femenina; y normalizado aún más la violencia contra la mujer. Aunque resulta difícil establecer de qué maneras el conflicto político ha configurado los altos niveles de violencia contra la mujer contemporánea en el periodo de paz, ciertamente hay paralelos de cómo dicha violencia es percibida por las víctimas, los Deborah Poole, “Between Threat and Guarantee: Justice and Community on the Margins of the Peruvian State,” in Anthropology in the Margins of the State , ed. Veena Das and Deborah Poole (Santa Fee: School of American Research Press, 2004), 35–66. 87 Macaulay, “Judicialising and (de) Criminalising Domestic Violence.” 86 perpetradores y el estado. Los argumentos usados por la judicatura peruana para descartar casos de violación en el periodo de guerra refleja las actitudes de aquellos que se encuentran en la primera línea de la respuesta a la violencia contra las mujeres en los periodos de paz: ambos rechazan contundentemente las demandas de las mujeres de una vida libre de violencia, negando activamente la severidad de la criminalidad de tal violencia. Hasta aquí, la judicatura, bajo presión del gobierno, interpreta la violación en periodo de guerra, sobre todo, de mujeres indígenas, como un crimen común, desprovisto de contenido o propósito político. El fracaso de los gobiernos postconflicto de dar solución tanto a la violencia doméstica como a la violencia política contra las mujeres, tiene que ser mirado por el mismo lente: es un fracaso que refleja la existencia, y un atrincheramiento, del estado patriarcal que ve la violencia contra las mujeres como “legítima” en muchos casos, y trivial en la mayoría. Sucesivos gobiernos y sus agencias han desarrollado una serie de mayormente inefectivas políticas sociales para enfrentar la violencia contra la mujer. Como he demostrado en este capítulo, para enfrentar un problema tan enquistado no se puede ser efectivo si no se desafía activa y abiertamente los entendimientos normativos de género, raza y clase que apuntalan, en primer lugar, la violencia contra la mujer. Las instituciones del estado como el ejecutivo, la judicatura, la policía y las fuerzas armadas están pobladas por individuos que comparten un marco sociocultural similar en relación al género y la violencia; por ello, reproducen los mismos dañinos marcos normativos en el diseño y la implementación de las políticas. El análisis de la política de estado en relación a la violencia contra la mujer en el Perú muestra que el compromiso con la igualdad de género no tiene sentido si no son cuestionadas y desafiadas las formas como el poder, incluyendo las instituciones del estado, asumen el género en la sociedad. 7: Violencia sexual y justicia pos‐conflicto Examinar la violencia sexual en los periodos de guerra y de paz en el Perú, pone en evidencia la complejidad de un problema persistente con resonancia global. En este último capítulo, resumiré algunas de las conclusiones a las que llegamos en los capítulos individuales, a fin de identificar los principales factores que contribuyen a la persistencia de tal violencia en el Perú. Además, discutiré lo que podemos aprender del caso peruano sobre los medios con los que la violencia sexual es examinada en la actualidad en el discurso y la práctica internacional, tales como los enfoques de las justicias transicional y penal. Entendimientos de la Violencia Sexual La violencia sexual es solo un aspecto de la violencia de género, entendida como toda violencia perpetrada a personas, mujeres, hombres y niños, debido a su género o su comportamiento de género. En este libro me he concentrado principalmente en la violencia sexual contra la mujer debido a que está muy difundida y tiene efectos muy profundos en los individuos como en la sociedad y, por esta razón, es una “herramienta tan efectiva” de la subordinación en la guerra y en la paz, de hombres y de mujeres y de grupos enteros de la población. Sin embargo, lo que es considerado “violencia” y lo que es considerado “violencia sexual” es en sí misma el resultado de una interpretación: una construcción social, en las palabras de Muehlenhard and Kimes.1 Un entendimiento interpretativo de la violencia ayuda a explicar por qué algunas formas de violencia son enfrentadas y otras son descuidadas; por qué actos de la misma naturaleza (p.ej. penetración del cuerpo bajo amenaza o fuerza activa) pueden ser juzgados en forma diferente según quién es el perpetrador o la víctima o, incluso, según cuál es la relación entre el perpetrador y la víctima. En este Charlene L. Muehlenhard and Leigh Ann Kimes, “The Social Construction of Violence: The Case of Sexual and Domestic Violence,” Personality and Social Psychology Review 3, no. 3 (1999): 234– 245. 1 estudio, considero a la violencia sexual como aquellas experiencias que son percibidas como tal por sus víctimas; mujeres y hombres que informaron de la violencia a la Comisión de la Verdad, los fiscales, la policía, o cualquier otra agencia que registra los incidentes violentos. También examino las interpretaciones de la violencia sexual tal como fue desplegada por otros actores tales como perpetradores, miembros de la judicatura, de la comisión de la verdad y reconciliación y del comité de reparaciones, y de los entendimientos desplegados por el estado por medio de sus políticas dirigidas a la violencia en periodos de paz. Al hacerlo, he tratado de identificar en qué se contradicen las diferentes interpretaciones de la violencia sexual. Medir el predominio de la violencia de género y sexual es notoriamente difícil debido al silencio que envuelve a esta violencia, y a las diferentes interpretaciones que las victimas, los perpetradores y las instituciones puedan tener de tal violencia. Considerando las cambiantes interpretaciones y definiciones de la violencia de género y sexual, es prácticamente imposible comparar las estadísticas con el objetivo de identificar el cambio. Para enfrentar mejor el problema de la medición, la Comisión de la Verdad y Reconciliación se basó en la práctica internacional y usó una metodología muy respetada para determinar el predominio de la violencia sexual durante el conflicto. Las cifras resultantes (583 víctimas identificadas que son sólo una fracción del número real de mujeres violadas, en muchos casos, por las fuerzas armadas del estado) están siendo revisadas por académicos usando diferentes métodos sobre la misma información,2 quienes, a pesar de cierta variación, llegan a la misma conclusión: la violencia sexual fue sistemática durante la guerra (aún cuando las conclusiones difieren de la CVR, en que los hombres también fueron identificados como víctimas mayores, aún cuando en cifras significativamente menores que las mujeres). Violencia “sistemática” sugiere planificación e intención política, esto es, sugiere el uso de cierto tipo de violencia de una manera estratégica. Pero, como he sugerido en este libro, otros factores que escapan a la lógica de la máquina de guerra, tales como las ideologías de género existentes, el racismo o la violencia Michele Leiby, “Digging in the Archives: The Promise and Perils of Primary Documents,” Politics & Society 37, no. 1 (2009): 75–99. 2 estructural y simbólica institucionalizada, también actuaban en el contexto peruano e influyeron en los patrones de violencia sexual en conflicto. Como también he sugerido en los capítulos precedentes, estas estructuras no relacionadas con la guerra que alimentaban el gran predominio de la violencia sexual durante el conflicto, también actúan en los periodos de paz. La investigación sobre el predominio de la violencia sexual contra la mujer en los periodos de paz, confirma las sospechas iniciales de que, en el Perú, tal violencia es alta. Un informe del 2011 que examina cómo se informaba sobre la violencia sexual en el Perú, comparando con países de similares niveles de desarrollo y sistemas de seguridad, concluía que el Perú tiene el más alto número de casos de violencia sexual en toda la América del Sur.3 Desgraciadamente, estos importantes informes cuantitativos no pueden ofrecernos evidencias sólidas que la violencia sexual y la violencia de género en el periodo de paz han aumentado en el Perú post‐conflicto, puesto que no tenemos cifras para compararlos. Además, es posible que haya aumentado dramáticamente la información debido a una variedad de factores, incluyendo más y mejores servicios estatales dirigidos a resolver la violencia sexual, el activismo y el empoderamiento de las mujeres, al mismo tiempo que se reduce la tolerancia de la sociedad sobre la violencia. No podemos saber realmente si el Perú tiene la mas alta incidencia de violencia sexual en América del Sur, sólo sabemos que hay mucha información. Aún así, las cifras indican claramente que la violencia sexual y de género es muy alta tanto en periodos de guerra como en los de paz. En los periodos de guerra en el Perú, surgió una distinción entre la violencia sexual como la perpetraban los insurgentes y como lo hacían los militares. Los insurgentes tomaban como objetivo, intencionalmente, a aquellos que eran percibidos como sexualmente “desviados”, en su misión por construir un nuevo orden. Finalmente, tal violencia contra grupos específicos percibidos como desviados sexualmente –prostitutas, adúlteros, homosexuales y transexuales‐ tenía por objetivo ayudar a establecer un orden moral centrado en la dominación masculina heterosexual. Esta violencia cae en la amplia categoría Jaris Mujica, Violaciones sexuales en el Perú 2000–2009. Un informe sobre el estado de la situación . (Lima: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos sexuales y reproductivos, PromSex, 2011). 3 de la violencia de género puesto que tiene como objetivos específicos a grupos de personas debido a su género, sexualidad y comportamiento sexual, aún si la violencia misma puede no haber sido de naturaleza sexual. Los insurgentes no usaron la violación para intimidar o conquistar, pero la evidencia de la CVR sugiere que los grupos insurgentes normalmente recurrían a la violencia sexual contra las mujeres y muchachas en la forma de prostitución forzada y esclavismo sexual. Como mínimo, esto apunta a una misoginia generalizada que permitía que esta violencia sexual tuviera lugar en contradicción de, particularmente en el caso de Sendero Luminoso, la doctrina moralizante del partido. En contraste, los militares, la policía y los Comités de Autodefensa campesina, usaron la violencia sexual como medio para una variedad de objetivos, tales como satisfacción sexual, entretenimiento, intimidación, botín y sumisión de comunidades enteras. Como discutí en el capítulo 2, distinguir entre la violación usada estratégicamente por razones militares, esto es, como un arma de guerra, y la violencia sexual que parece ser perpetrada como consecuencia de la guerra, pero que está relacionada a una serie de otras dinámicas tales como la presión del compañerismo masculino, la necesidad de la lealtad de las tropas armadas y las fuerzas aliadas, y las oportunidades que los paisajes de los periodos de guerra ofrecen en relación a saldar cuentas y escalar la violencia misógina entre militares así como entre comunidades, añaden un nivel de complejidad a nuestro entendimiento de la violencia sexual en periodos de guerra, que muchas veces es ignorado. Asimismo, la investigación realizada entre las víctimas‐sobrevivientes y perpetradores de violencia sexual en otras sociedades post‐conflicto, también muestran que el análisis de la “violación como arma de guerra” sólo explica un lado del uso de tal violencia en la guerra. La idea que la violación fue usada como un arma de guerra se origina en el pensamiento feminista sobre el significado simbólico de la violación, en tanto que relacionado a entendimientos de “nación” y/o etnicidad. Dicho pensamiento nos ofreció entendimientos cada vez más complejos sobre cómo la identidad del grupo depende no sólo de las divisiones laborales de género, sino también de los significados simbólicos relacionados a esa división del trabajo: mujeres como reproductoras biológicas de niños, quienes, por omisión, se constituyen en el futuro de la nación; esto es, la idea que las mujeres reproducen las principales características (biológicas) de la nacionalidad.4 Este entendimiento significa que los cuerpos sexuales de las mujeres son, por definición, mas raciales que los cuerpos de los hombres, puesto que las mujeres son percibidas como reproductoras de raza. Las ideas sobre la raza, y las jerarquías raciales, tienen entonces un tremendo efecto en cómo son tratados los cuerpos de las mujeres, y cómo son tratados los niños de las mujeres. Vemos esto, por ejemplo, en los discursos y prácticas coloniales en torno a la legitimidad e ilegitimidad de los encuentros sexuales y los niños que estos pueden producir. Por ello, la cultura colonial y las hazañas económicas que esa cultura produjo también tenían características definidas por género. Tal significado simbólico de la sexualidad de las mujeres tienen muy poco que ver con las mujeres individualmente, sus derechos, su dignidad, pero existe sólo en relación a los hombres y al grupo de identidad: qué se puede hacer, y qué no se puede hacer, al cuerpo de una mujer depende de la relación con la sociedad masculina. La violación de la sexualidad de las mujeres luego viola a los hombres y al grupo. Por ello, desde esta perspectiva, la violación se convierte en un medio efectivo para destruir al grupo y hiere a los hombres. Estas dinámicas fueron particularmente confirmadas en las guerras en la ex Yugoslavia y en Ruanda, donde los cuerpos de las mujeres fueron explícita y sistemáticamente asaltados para destruir a un grupo culturalmente definido: bosnios musulmanes en partes de la ex Yugoslavia y tutsis en Ruanda. Por primera vez en la historia, la escala de la perpetración de la violencia sexual así como las diferentes formas y usos de tal violencia fue documentada mientras tenía lugar, dando lugar a una condena internacional sin precedentes. Los eventos en estos dos conflictos confirmaron que la violación era un “arma de guerra” y catapultó el análisis de esta modalidad de violencia sexual en la tendencia principal. Los eventos y desarrollos durante los 1990s atrajo una creciente atención internacional a la violencia como arma de guerra, distanciándose de la idea de que la violencia sexual en la guerra es siempre inevitable porque los “chicos siempre serán chicos”. Este desarrollo hizo posible diseñar políticas y firmar tratados, e incluye la violencia sexual en la ley criminal internacional. En Nira Yuval‐Davis , Gender & Nation: Politics and Culture (London and Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1997) 4 palabras de Skjelsbæk, esto fue “nada menos que una revolución menor”.5 Sin embargo, mientras la tesis del arma de Guerra ha sido una útil frase feliz para colocar la violencia sexual en la agenda internacional, no ha ayudado al uso de entendimientos más complejos de la ocurrencia de la violencia sexual en la guerra. Como sustenté en el capítulo 2, usando el caso peruano como ejemplo, mientras que la violación puede ser usada sistemáticamente durante la guerra, y puede tener propósitos estratégicos en su empleo, hay más sobre la violación que lo que el argumento de la violación‐como‐arma‐de‐guerra reconoce. El caso peruano muestra que mientras los entendimientos de género del mundo social se hallan en el corazón de la violencia sexual, la manera en la que la violencia sexual tiene lugar en las guerras puede diferir significativamente de caso a caso, y depende de las configuraciones de poder existentes en cada situación particular. Los entendimientos de cómo el poder es organizado siguiendo las líneas de género, raza, etnicidad, grupos socioeconómicos y sexualidad, en el caso peruano resultó ser muy significativo. Cómo dichas categorías de diferenciación son entendidas y cómo se relacionan con el poder es, en sí misma, una cuestión que lleva a diferentes respuestas en ambientes socioculturales e históricos diferentes. Así, para explorar qué es lo que hace que la violencia sexual se propague en la guerra, exploré en el capítulo 3 qué es lo que hace la violencia. Como han demostrado los investigadores en relación a la violencia sexual en conflictos motivados por razones étnicas o nacionalistas, la violación sistemática de la población femenina enemiga conlleva no sólo la connotación simbólica de la derrota y la subordinación, como en el Berlín de la post‐Segunda‐Guerra‐ Mundial, sino que también puede tener como objetivo alterar la composición étnica de la sociedad, como fue el caso del uso sexual de la violencia en Bosnia y Herzegovina y en Ruanda en los 1990s. Pero no todo uso sistemático de la violencia sexual que victimiza a un particular grupo étnico explícitamente busca destruir a ese grupo. En el caso de América Latina, se puede encontrar diferentes patrones. La investigación que examina la violencia sexual y de género en los Inger Skjelsbæk , The Elephant in the Room. An Overview of how Sexual Violence came to be seen as a Weapon of War (Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2010), 3. Por cierto, la violencia sexual fue documentada mucho antes de los 1990s, pero nunca en tal detalle, y con tanto interés por parte de los medios de comunicación internacionales, como en estas dos guerras. 5 países latinoamericanos con una gran proporción de indígenas pobres y una población de raza‐mixta, tales como México, Guatemala y Perú, muestran que la intersección de clase, raza y género hace a algunas mujeres más vulnerable a la violencia que a otras. Esta vulnerabilidad tiene raíces históricas en el desarrollo de rígidas relaciones desiguales de poder en lo político, económico, social, y, desde luego, las esferas familiares de vida. Sin embargo, a pesar de las claras divisiones y la aparente vulnerabilidad diferenciada en estos conflictos, estos no son entendidos como conflictos étnicos (aún cuando gran parte de la violencia durante el conflicto en Guatemala es considerada como motivada étnicamente). Repensando los patrones de la violencia sexual del periodo de guerra en el Perú como lo identificamos en el capítulo 2, usando el prisma de narrativas de la violencia establecidas en la literatura peruana en el capítulo 3, ayuda a destacar la naturaleza productiva de la violación. Las mismas jerarquías basadas en raza, clase, género y sexualidad fueron reproducidas tanto en la violencia sexual de los periodos de guerra como en las narrativas de la violencia de los periodos de paz, colonial o postcolonial. La violencia sexual es capaz de producir y reforzar ciertas relaciones de poder que van más allá del género, para incluir otras divisiones sociales, y más allá de la guerra, para producir jerarquías sociales resistentes. Este tipo de lectura del uso de la violencia sexual en la guerra la retorna a las más amplias estructuras de la sociedad, estructuras que en sí mismas son violentas. El rol de la violencia sexual en el mantenimiento y la perpetuación de las estructuras normativas violentas es naturalizar las divisiones sociales en las que están basadas las desigualdades cotidianas: la intimidad, el estigma social, y las consecuencias reproductivas de la violación tienen una clara influencia en los marcos normativos con los que las personas se conocen y conocen a otros. Esto no empieza o termina con el conflicto político pero, mas bien, está anclado y reverbera a lo largo de la sociedad en los periodos de paz. Dicho de otra manera, la manera en que la violencia sexual es estratégicamente desplegada durante los conflictos, así como la manera en que la violencia sexual ocurre no estratégicamente durante los conflictos, se cimenta en las configuraciones existentes de poder y entendimientos del rol del género, la sexualidad y la raza en la producción de poder en una sociedad dada. Los paralelos entre la violencia sexual en los periodos de guerra y la violencia de género en los periodos de paz yacen no en la escala o las características de la violencia perpetrada –puesto que estas pueden ser muy diferentes‐ sino en cómo la violencia sexual reproduce jerarquías específicas expresivas de diferencias de clase, género y raza, en ambos contextos. Este reconocimiento debería informar la manera en que son formuladas e implementadas las respuestas nacional e internacional a la violencia sexual en las guerras, así como la violencia de género en la paz.6 Justicia Post‐Conflicto Los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación eran conscientes del rol jugado por las persistentes desigualdades existentes en las causas y Una de las consecuencias de la persistente naturalización de las jerarquías de género y de sus implicaciones para las percepciones nacionales de raza y clase puede ser ejemplificada por el programa de población que el gobierno Fujimori implementó a mediados de los 1990s. El programa, financiado por la USAID, terminó siendo uno de dañina esterilización, y notoriamente coercitivo, cuyo objetivo eran las mujeres indígenas pobres. Como he sustentado en otra oportunidad, el programa contenía claros indicios de las estrategias neo‐Maltusianas para controlar la pobreza por la vía del control de los cuerpos reproductivos de una población indeseada: una población que no calzaba con la imaginación nacional de un Perú próspero y moderno. Las medidas usadas (un sistema de cuotas para el personal de salud en zonas de baja densidad de población y áreas rurales pobremente servidas, haciendo uso de la fuerza, el soborno y el engaño para esterilizar mujeres de todas las edades, algunas veces en condiciones espantosas) y los objetivos buscados (la reducción de la pobreza vía la reducción biológica de la población pobre) pueden, decididamente, ser considerados violencia sexual con el objetivo de cambiar la composición étnica del país. Ver Jelke Boesten, Intersecting Inequalities: Women and Social Policy in Peru, 1990–2000 (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2010). Sin embargo, el episodio de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno Fujimori sólo recientemente se ha convertido en un tema importante para los activistas de derechos humanos y feministas, quienes demandan justicia para aquellos afectados, mediante la verdad, la determinación de responsabilidades y la reparación. Un pequeño pero importante grupo de investigadores y activistas dieron a conocer el programa a fines de los 1990s, y forzaron las primeras investigaciones sobre el tema. En los últimos años se ha establecido la relación entre la violencia sexual propia del conflicto, la violencia contra la mujer en los periodos de paz, y la esterilización forzada. Las campañas por el logro de la justicia, igualmente, son también bastante recientes (ver http://forzadas.pe/ ). El libro publicado en este serie de la Biblioteca Nacional, y editado por Alejandra Ballón, Memorias del caso peruano de esterilización forzada, (2014) junta algunos de los textos e investigaciones de este episodio. 6 consecuencias del violento conflicto entre 1980 y el 2000.7 La investigación que realizó sobre la violencia, y el informe que publicó, retratan a un país en el que la pobreza, la ausencia de oportunidades, la abierta discriminación y la marginación podían alimentar la insurgencia, la extrema violencia, el miedo y la vulnerabilidad, y una respuesta militar incapaz de distinguir entre terroristas y civiles. Las consecuencias fueron horrendas y aún son materia de debate y división. La respuesta a la violencia sexual perpetrada por las fuerzas armadas (militares, policías y Comités de Autodefensa ) promovida por el estado, debe ser vista a la luz de una sociedad en la que los militares aún mantenían una fuerte influencia (recuérdese que el presidente Alan García, elegido democráticamente en el 2006, también fue presidente entre 1985 y 1990, algunos de los peores años de violencia militar, y que el actual presidente Ollanta Humala, elegido en 2011, tiene un pasado militar y fue acusado y absuelto de abusos de derechos humanos). La persistente fragmentación de la sociedad peruana explica la discontinuidad entre la CVR y sus recomendaciones, por un lado, y la implementación post CVR por la otra. En el caso de los daños de género, la discontinuidad es violenta: mientras que la CVR realizó un esfuerzo concertado por incluir la perspectiva de género en sus investigaciones e informe, luego no hubo rendición de cuentas por los perpetradores ni reparaciones adecuadas. Como sostuve en el capítulo 5, esta falta de rendimiento de cuentas es debida, parcialmente, a la dificultad de juzgar a miembros de las fuerzas armadas en un país en el que los militares continúan siendo una fuerza política importante. La falta de presión desde la sociedad civil, más allá de un grupo de derechos humanos relativamente pequeño y de víctimas y abogados, permite una mayor marginación de los juicios por derechos humanos. Sin embargo, en el caso de la violencia sexual, hay características especiales a la impunidad que la rodea. Los argumentos usados por fiscales y jueces para descartar casos de violencia sexual relacionados al conflicto, reflejan ideas persistentes del periodo de paz sobre género, sexualidad racializada y violencia. Charles Tilly’s Durable Inequality (Berkeley: University of California Press, 1998) es útil mencionarlo aquí para subrayar la persistente y arraigada naturaleza de las desigualdades, y la comprensión de que éstas se reproducen cotidianamente. 7 Por otra parte, a pesar de su esfuerzo por ser justa con todas las víctimas‐ sobrevivientes y respetuosa con aquellos que perdieron la vida, la CVR tampoco fue inmune a los prejuicios existentes. La Comisión ha sido criticada por una actitud paternalista frente a los testimoniantes, y ha sido acusada de ser elitista. La CVR no logró superar enteramente sus prejuicios, y en un análisis de los testimonios muestra que las narrativas de violencia sexual fueron recibidos desde un marco normativo que enfatizaba los estereotipos femeninos como la maternidad, el sufrimiento, y el sacrificio. Lo que dijeron las mujeres fue oído de manera tal que fue soportable para la audiencia, a pesar de las continuas luchas y llamados de las mujeres por algún tipo de justicia y reparación. Este sutil e involuntario encuadramiento de las narrativas de la violencia sexual dentro de un marco normativo que pone en desventaja a las mujeres, es muy importante para mostrar como esta violencia es percibida en las cortes y por la sociedad en general. Sólo un limitado número de casos de violación demasiado evidentes, en los que no había ambigüedad posible sobre la coerción o el consentimiento, fueron seleccionados para ser presentados en las audiencias públicas de la CVR. Mientras que el grupo de género de la CVR usó una definición amplia e inclusive de la definición de violencia sexual, y registró un amplio abanico de eventos y experiencias, sólo incluyó en sus estadísticas la violación penetrativa. Esto, a su vez, resultó en un número de personas limitado que pudieron reclamar las reparaciones. Tal vez, lo que es peor, este entendimiento tan limitado y exclusivo de la violencia sexual enfatiza que algún tipo de violación es “violación real”, mientras que otras violaciones son sólo parte de la vida cotidiana – en el sistema legal, esto equivale a crímenes contra la humanidad versus crímenes comunes, y en la práctica enfatiza la irrelevancia de la violación para la esfera pública, y adjudica la culpa de sufrir la violencia sexual, firmemente, en la mujer. Hay varios puntos que ilustra el caso peruano, pero que no son exclusivos al Perú y, sin embargo, son relevantes para las futuras prácticas de la justicia transicional en otros países. Como indica claramente el Informe Final de la CVR peruana, y como Salomón Lerner, presidente de la CVR, puso énfasis en la presentación del informe al presidente de la república, las desigualdades existentes que dan forma a las relaciones de poder y a las jerarquías cotidianas en el Perú, también dieron forma a la naturaleza de la violencia política entre 1980 y 2000, así como a las respuestas a esa violencia.8 Estas desigualdades también dieron forma al uso y la frecuencia de la violencia sexual en el conflicto. Un análisis detallado de los significados e interpretaciones de la violencia sexual durante el conflicto sugiere que la violencia sexual no sólo refleja desigualdades, sino que activamente produce, y hasta naturaliza, tales desigualdades. Esto también significa que tenemos que entender los efectos de la violencia sexual en la guerra más allá del género, a fin de incluir otras divisiones sociales que son centrales a cualquier sociedad –en el Perú, los entendimientos de raza, etnicidad, sexualidad, clase y género se han mostrado claves para entender (a) quiénes eran vulnerables a la violencia sexual; (b) cual era el impacto societal general de dicha violencia; (c) como respondieron las instituciones y las comunidades a dicha violencia, a los perpetradores y a las víctimas; y, finalmente, (d) qué era reconocido como violencia sexual. Un entendimiento más complejo habría permitido una mayor expansión de lo que es la violencia sexual, a fin de incluir un rango más amplio de perpetradores (especialmente no combatientes) y víctimas (hombres, niños, combatientes) en sus análisis, y un abanico más amplio de crímenes (tales como prostitución forzada o embarazo forzado). El hecho que esto último fue incluido en la violencia sexual al final del Informe no descarta la forma limitada en la que la violencia sexual fue posteriormente medida y presentada al público en general. Desde luego, este tipo de enfoque hará el diseño e implementación de los procesos y mecanismos de la justicia transicional más difíciles; sin embargo, si el objetivo es erradicar la violencia sexual y brindar justicia a las víctimas, esta visión societal más compleja es necesaria. Esto nos conduce a mi siguiente punto, que es que el enfoque restringido a un grupo específico de víctimas y sus historias para adecuarlas a la imaginación de las audiencias, o a su capacidad de escuchar y comprender, obstruye un entendimiento más complejo de la violencia sexual. La importancia de la emergente investigación que destaca la violación sexual de hombres y niños en los periodos de guerra, no puede ser subestimada; sólo haciéndola visible El Informe Final de la CVR y el discurso de Lerner está en el website: http://www.cverdad.org.pe/informacion/discursos/en_ceremonias05.php 8 podemos empezar a ver.9 Pero la violencia homofóbica en periodos de guerra aún pasa desapercibid,10 y la violencia sexual dentro de los grupos de combatientes, así como contra los convictos femeninas y masculinos, si no invisible, es ignorada por lo general. Una interpretación restringida de la violencia sexual no sólo oscurece otras formas de violencia e injusticia sufrida por muchas víctimas‐ sobrevivientes, sino que también limita la agencia e identidad de las víctimas‐ sobrevivientes “clásicas”. El discurso vigente en torno a la violencia sexual en periodos de guerra tiende a sexualizar grupos enteros de mujeres y, con ellas, muchas veces a miembros del mismo grupo racial, étnico o de clase. Las mujeres son victimizadas y sexualizadas en una manera que las puede desempoderar profundamente. Esta es parte de una importante crítica de la manera en que las comisiones de la verdad, incluyendo la CVR peruana, aplican el género. Tienden a enfocarse en daños específicos, generalizando “mujeres” como una categoría especial de víctima. Esto no es sólo característico de las comisiones de la vedad; los académicos e investigadores que trabajan en el campo de las mujeres y la seguridad, muestran que aunque ha habido una creciente atención por la inclusión de las voces de las mujeres en los procesos de justicia transicional y de fortalecimiento de la paz, así como atención a las violaciones específicas de los derechos de las mujeres en la ley humanitaria internacional, se ha realizado muy poco progreso en la transformación de las relaciones de género, la reducción de la desigualdad, y en la mejora de la seguridad para las mujeres en situaciones de postconflicto.11 Los académicos observan que en política internacional “género” Ver especialmente el trabajo del Proyecto de Ley del Refugiado de la Universidad Makerere en Kampala, por ejemplo, Refugee Law Project, “Promoting Accountability for Conflict‐Related Sexual Violence against Men: A Comparative Legal Analysis of International and Domestic Laws Relating to IDP and Refugee Men in Uganda.” Refugee Law Project Research Paper No. 24, Makerere University, Kampala, 2013. 10 El Movimiento Homosexual de Lima, MHOL, lleva a cabo campañas en pro de mayores investigaciones sobre la violencia homofóbica, y lentamente está revelando más incidentes de dicha violencia. Ver Gio Infante, Las otras memorias. Persecución, tortura y muerte de homosexuales durante el conflicto armado interno. La Mula, agosto 28, 2013, http://gioinfante .lamula.pe/2013/08/28/las‐otras‐memorias/gioinfante/ (acceso el 28 de agosto, 2013). 11 Hay una atención creciéntemente crítica a cómo es adoptado el género en la justicia transicional y en el estalecimiento de una paz internacional, del que haré uso en este capítulo: Susanne Buckley‐Zistel and Ruth Stanley, Gender in Transitional Justice: Governance and Limited Statehood , (New York: Palgrave Macmillan, 2011); Fionnuala Ní Aoláin, Dina Francesca Haynes, 9 se refiere a “mujeres”,12 y por ello se pasa por alto el compromiso tanto de hombres como de mujeres en la reproducción de los estereotipos de género y la violencia, haciendo que las políticas sean incapaces de transformar las estructuras de género. Por cierto, los procesos de justicia transicional cuyo objetivo es investigar y destacar los “daños de género” tienden a privilegiar la violación que atrae a los medios de comunicación antes que una investigación más profunda de las estructuras que sostienen la desigualdad de género. Los equipos de género en los procesos de justicia transicional por lo general se han concentrado en la violencia sexual, descuidando otros crímenes de género o, en general, la naturaleza de género de la guerra. Demasiado énfasis en la violencia sexual en los procesos de búsqueda de la verdad, antes que desmontarlos, refuerza los estereotipos de género.13 Por ejemplo, Cynthia Enloe ha sostenido que el énfasis en las mujeres como víctimas, y la exhibición de la vulnerabilidad femenina en los tribunales y en los medios de comunicación, pueden convocar a la necesidad de la protección masculina que, a su vez, refuerza el binario de género y la lógica and Naomi Cahn, On the Frontlines: Gender, War, and the Post‐Conflict Process (Oxford, New York: Oxford University Press, 2011); Christine Bell and Catherine O’Rourke, “Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An Introductory Essay,” International Journal for Transitional Justice 1 (2007): 23–44; Christine Chinkin, “Peace Agreements as a Means for Promoting Gender Equality and Ensuring Participation of Women” (United Nations Division for the Advancement of Women Expert group Meeting, 2003); Karen Engle, “Feminism and its (Dis)contents: Criminalizing Wartime Rape in Bosnia and Herzegovina,” The American Journal of International Law 99 (2005): 778–816;Katherine M. Franke, “Gendered Subjects of Transitional Justice,” Columbia Journal of Gender and Law 15 (2006): 813–828; Julie Mertus, “Shouting from the Bottom of the Well: the Impact of International Trials for Wartime Rape on Women’s Agency,” International Feminist Journal of Politics 6 (2004): 110–128; Vasuki Nesiah, “Discussion Lines on Gender and Transitional Justice: An Introductory Essay Reflecting on the ICTJ Bellagio Workshop on Gender and Transitional Justice,” Columbia Journal of Gender and Law 15 (2006): 799–812; Diane Otto, “The Exile of Inclusion: Reflections on Gender Issues in International Law Over the Last Decade,” Melbourne Journal of International Law 10 (2009): 1–15. 12 Natalie F. Hudson, Gender, Human Security and the United Nations: Security Language as a Political Framework for Women (New York and London: Routledge, 2010), 50; Laura Sjoberg, “Gender, the State, and War Redux Feminist International Relations across the ‘Levels of Analysis,’” International Relations 25, no. 1 (2011): 108–134; Alice Edwards, Violence against Women under International Human Rights Law (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2011), 319. 13 Buckley‐Zistel and Zolkos, Gender in Transitional Justice , 2; ver también Nesiah “Discussion Lines on Gender and Transitional Justice”; Mertus “Shouting from the Bottom of the Well”; Kirsten Campbell, “The Gender of Transitional Justice: Law, Sexual Violence andthe International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,” International Journal of Transitional Justice 1 (2007): 411–432. militar del hombre fuerte que protege a la mujer débil.14 Vasuki Nesiah observa que un excesivo énfasis en la violencia sexual también puede revictimizar a las mujeres, despojándolas de su agencia, marcando a todas las mujeres como víctimas de violación, y este énfasis les dice a las víctimas de la violación cuan mal y traumatizadas se deben sentir, imponiendo sentimientos que de otra manera no tendrían por qué manifestarse.15 Desde luego, como género, por lo general, se equipara a mujeres, y la violencia sexual es particularmente interpretada como un “problema femenino”, la violencia sexual contra hombres y muchachos es más oscurecida aún.16 Pero la violencia sexual no es un problema sólo de la mujer ni de la guerra; como vimos a lo largo del libro, es un complejo resultado de desigualdades y luchas de poder.17 Destacar sólo a las mujeres como víctimas de crímenes sexuales durante el conflicto, muchas veces seguidos por mas impunidad, descarta los reclamos políticos más amplios de las mujeres y las historias más complejas de resistencia y supervivencia,18 y pasa por alto a las mujeres como perpetradoras de violencia, así como la persistente violencia estructural en situaciones de pre‐ y post‐conflicto.19 Por ello, como Katherine Franke sostiene, si bien es cierto que la atención a la violencia sexual es importante, la falta de balance con otras historias pueden “tener un impacto contraproducente para las más amplias interrogantes sobre la justicia de género”.20 De hecho, puede reforzar el binario género que requiere ser minado a fin de erradicar la violencia.21 Además, la ausencia de justicia en la forma de Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics (Berkeley: University of California Press, 1990), 12: la lógica del ‘protector versus protegida’ alimenta una cultura militar y patriarcal y ayuda a justificar la intervención militar. 15 Nesiah, “Discussion Lines on Gender and Transitional Justice.” 16 Buckley‐Zistel and Zolkos, Gender in Transitional Justice , 6. 17 Helen Scanlon and Kelli Muddell, “Gender and Transitional Justice in Africa: Progress and Prospects,” African Journal on Conflict Resolution 9 (2009): 9–28. 18 Emily Rosser, “Depoliticised Speech and Sexed Visibility: Women, Gender and Sexual Violence in the 1999 Guatemalan Comisión para el Esclarecimiento Historico Report,” International Journal of Transitional Justice 1 (2007): 391–410; Alison Crosby and M. B. Lykes, “Mayan Women Survivors Speak: The Gendered Relations of Truth Telling in Postwar Guatemala,” International Journal of Transitional Justice 5 (2011): 456–476, 409. 19 Nahla Valji, Gender Justice and Reconciliation, Dialogue on Globalization: Occasional Paper (Friedrich Ebert Stiftung, 2007). 20 Franke, “Gendered Subjects of Transitional Justice”, 823. 21 Edwards, Violence against Women, 32. 14 procesos judiciales y/o reparaciones para las víctimas de violencia sexual, implícitamente descarta la importancia de las experiencias de las mujeres más allá de un sentimiento generalizado de empatía, y puede mas bien transmitir el mensaje de que los hombres pueden librarse de la justicia tras violar.22 Esta crítica es relevante al Perú. La culpa no puede ser descargada sólo a los procedimientos de la CVR o al proceso de justicia transicional en el Perú. Mientras que todos los procesos de justicia transicional son diferentes y específicos a un contexto particular y a la dinámica política vigente, también sufren una clara influencia de las tendencias internacionales, por la vía del financiamiento, el intercambio de conocimientos, el establecimiento de paradigmas, y los desarrollos y estándares legales internacionales. Las cortes criminales peruanas adolecen de capacidad, independencia y sensibilidad de género para procesar crímenes sexuales, como he demostrado. Sin embargo, también tenemos que reconocer los pobres antecedentes en el procesamiento de crímenes sexuales en todo el mundo, incluida la Corte Criminal Internacional (CCI). Las académicas feministas que estudian la práctica y la ley criminal internacional tienden a elogiar los rápidos desarrollos en la legislación internacional en relación a los crímenes sexuales, y las decisiones ejemplares en cuanto a violencia sexual procesada como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia (TCIY), el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda (TCIR), el Tribunal Criminal Internacional para Sierra Leona (TCISL) y las Cámaras extraordinarias de las Cortes de Camboya (CECC). Al mismo tiempo, y muchas veces con el mismo suspiro, tales observadoras lamentan el fracaso de estos, y otros tribunales y cortes, al no asumir seriamente una mayoría de casos de violencia como crímenes contra la humanidad y/o crímenes de guerra en sí, en vez de cómo subproductos de otras atrocidades cometidas.23 Se debe hallar un mejor balance Margaret Urban Walker, “Gender and Violence in Focus: A Background for Gender Justice in Reparations,” in Gender and Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies while Redressing Human Rights Violations , ed. Ruth Rubio‐Marin (New York: Cambridge University Press, 2009), 46 y pie de página 69. 23Para una revisión de estas críticas, ver Kelly Askin, “Treatment of Sexual Violence in Armed Conflicts: A Historical Perspective and the Way Forward,” in Sexual Violence as an International 22 entre, de un lado, la inclusión de crímenes sexuales como parte de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad en los procesos a perpetradores y, por otro, el reconocimiento de la naturaleza específica y el significado de la violencia sexual en la guerra en tanto que distinta de otros crímenes de guerra o atrocidades. A pesar de los grandes logros en materia de leyes internacionales en los últimos diez años, es evidente que aún existe mucha confusión sobre qué es la violencia sexual. Las tensiones en las definiciones de la violencia sexual, tal como ha sido definida por los TCIY, TCIR y CCI, así como por el Estatuto de Roma y la ley de derechos humanos, deben ser resueltas.24 Varios expertos observan que la justicia de las cortes es muchas veces revictimizadora debido a la ausencia de sensibilidad y los largos interrogatorios que intentan minar la credibilidad de las mujeres.25 Esto es no sólo el resultado de cómo funciona la justicia legal (esto es, el derecho a un juicio justo y la protección de los derechos de los acusados) sino que está también asentado por los entendimientos normativos de la violencia sexual en tanto que crimen y el rol de los estereotipos de género, y las presunciones en torno al estatus y la sexualidad de la mujer, en las percepciones de tales crímenes.26 Estas percepciones, presentes en las cortes nacionales e internacionales, tienen que ser combatidas usando los estándares legales internacionales, especialmente las Reglas de Procedimientos y Evidencias del Estatuto de Roma. Como tal, hay mucha confianza en la remoción de la idea de “consentimiento” de las Reglas de Procedimientos y Evidencias en casos de violencia sexual. El énfasis en las circunstancias coercitivas del acto “desplaza el foco de los procedimientos del consentimiento del querellante al contexto y la Crime: Interdisciplinary Approaches , ed. Anne‐Marie de Brouwer, Charlotte Ku, Renee Romkens, and Larissa van den Herik (Cambridge, Antwerp: Insertia, 2013): 19–56. 24 Patricia Viseur Sellers, “The Prosecution of Sexual Violence in Conflict: the Importance of Human Rights as Means of Interpretation,” United Nations Office of Human Rights, (2007), 1–41. 25 Mertus, “Shouting from the Bottom of the Well”; Ní Aoláin, Haynesand Cahn, On the Frontlines. 26 Viseur Sellers, “The Prosecution of Sexual Violence in Conflict”; Fiona de Londras, “Prosecuting Sexual Violence in the Ad Hoc International Criminal Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia,” en Transcending the Boundaries of Law. Generations of Feminism and Legal Theory , ed. M. A. Fineman (New York and London: Routledge, 2010), 290–304; Ní Aolain, Haynes, and Cahn, On the Frontlines, 165. conducta del demandado”.27 De acuerdo a estos nuevos argumentos, el testimonio de las mujeres debe ser tomado como verdadero y visto en contexto, sin recurrir a las líneas de interrogación que minan la credibilidad de la mujer (al referirse a la historia sexual de la mujer, el comportamiento o incluso al sugerir la posibilidad de consentimiento).28 Si el tema del consentimiento fuera efectivamente removido (tanto de la práctica como de la ley) los testimonios de las mujeres podrían ser registrados en ambientes privados para ser vistos en la sala de la corte, sin la potencialmente invasiva necesidad del interrogatorio. Sin embargo, como de Brouwer, Ku, Romkens, y van den Herik añaden a la mayormente positiva valoración del retiro de la idea de consentimiento en los juicios por violación, no hay acuerdo en la práctica de la ley sobre qué es lo que esto realmente significa.29 Un mandato limitado y un entendimiento inflexible de los crímenes relacionados al género causó los parcialmente fallidos procesos sobre violencia sexual en Sierra Leona y Camboya.30 En el Perú, una definición limitada de violencia sexual tal como fue representada en las estadísticas de la CVR y posteriormente en el Programa de Reparaciones, también ha obstruido una propuesta holística y una reparación global para las víctimas‐sobrevivientes y sus familias. Además, condujo a perder la oportunidad de incluir los crímenes reproductivos, sin duda incluyendo las esterilizaciones forzadas, y los crímenes homofóbicos como graves violaciones de los derechos humanos.31 Estas Tadros 1999 citado en Campbell, “The Gender of Transitional Justice,” 430. Viseur Sellers, “The Prosecution of Sexual Violence in Conflict”; de Londras, “Prosecuting Sexual Violence.” 29 de Brouwer, Ku, Romkens, and van den Herik, Sexual Violence as an International Crime, 5, pie de página 7. 30 Sobre las oportunidades despediciadas en Sierra Leona, ver Michelle Staggs Kelsall and Shanee Stepakoff, “‘When We Wanted to Talk About Rape’: Silencing Sexual Violence at the Special Court for Sierra Leone,” International Journal of Transitional Justice 1 (2007): 355–374. On ECCC: Silke Studzinski, “Neglected Crimes: The Challenge of Raising Sexual and Gender‐based Crimes before the Extraordinary Chambers in the Courts for Cambodia,” in Gender in TransitionalJustice, ed. Buckley‐Zistel and Stanley, 88–115. Las Cortes Extraordinarias en los Tribunales de Camboya, aunque formalmente se atienen al Estatuto de Roma, definen la violencia sexual como violación, excluyendo otras formas de violencia sexual, como tortura, esclavitud y matrimonio forzado. (p.22) Además el marco legal de las ECCC requiere la identificación de los intentos discriminatorios para cada crimen, lo que resultó demasiado difícil de cumplir para la violencia sexual y de género. 31 Estoy de acuerdo con Eduardo González (exposición en el Seminario Internacional “Políticas en justicia transicional. Diez años de verdad y memoria en el Perú ,” Instituto de Estudios 27 28 decepciones sugieren que la colaboración y la comunicación entre los diferentes componentes de la justicia transicional y las agencias asociadas es esencial para el desarrollo de la justicia criminal y el logro de reparaciones significativas.32 Como he sostenido, la responsabilidad por los crímenes sexuales cometidos durante los años de la guerra en el Perú es importante para el desarrollo de la cultura de los derechos humanos, para enfrentar la impunidad, para garantizar la no repetición, y, sobre todo, para detener la violencia contra las mujeres así como, la más general, violencia de género. Pero, como vimos, hay muchos obstáculos a los procesos domésticos por crímenes de género, relacionados a las normas de género predominantes en las instituciones, la ausencia de reforma institucional sensible al género, la legislación anticuada y el déficit de jueces y fiscales entrenados en la leyes criminal y de derechos humanos internacional.33 A la luz de esto, está claro que las reglas internacionales de procedimientos y evidencias debe ser “domesticada”, esto es, adaptada completamente, antes que ser “reconocidas” por las judicaturas nacionales.34 Al mismo tiempo, surgen críticas sobre el uso de la justicia criminal en primer lugar.35 Los procesos criminales se concentran en la protección de los derechos del perpetrador, no los de la víctima. Los procesos por los crímenes de género en Sierra Leona mostraron que estos pueden negar a las víctimas‐ sobrevivientes el espacio y el tiempo que requieren para contar sus historias en Peruanos, 28 agosto , 2013) que el programa de esterilización forzada implementado durante el régimen Fujimori (ver nota 6, más arriba) no estaba directamente relacionado con el conflicto armado. Aún así, estas fueron serias violaciones de los derechos humanos, y sí formaron parte del periodo de investigación de la CVR. 32 Juliette Guillerot, “Linking Gender and Reparations in Peru: A Failed Opportunity,” in Where Are the Women? ed. R. Rubio‐Marin (Chicago: Social Science Research Council, 2006), 136–193. 33 Ver también Liz Kelly, “Contradictions and Paradoxes: International Patterns of, and Responses to, Reported Rape Cases,” in Sex as Crime, ed. Gayle Letherby, Kate Williams, Philip Birch, and Maureen Cain (Portland, OR: Willan, 2008), 253–279. 34 Nahla Valji, “A Window of Opportunity? Making Transitional Justice Work for Women,” UNIFEM, 2010. 35 Ver, por ejemplo, Kjersti Lohne, “Development on Trial: Sexualized Violence and the International Criminal Court.” Ponencia presentada al Transformative Gender Justice Workshop, University of Leeds, septiembre 11–12, 2013; Engle, “Feminism and Its (Dis)Contents.” favor de hechos cuyo valor como evidencia puede ser discutible.36 Además, las experiencias de daño y violencia de las mujeres está muchas veces íntimamente conectadas con sus roles de género en la sociedad y con su responsabilidad de orientar y cuidar a sus hijos. Por ello, los daños emocional, social y económico relacionados con la privación intencional y la violencia en situaciones de conflicto también tendrían que ser considerado.37 Deberían preveerse mecanismos alternativos de justicia cuyo objetivo sea reparar las consecuencias de tales crímenes. Desde luego, si aceptamos que la violencia sexual en la guerra refuerza las jerarquías de género así como otras divisiones sociales, entonces juzgar a los perpetradores puede no ser satisfactorio en primera instancia para la transformación de la sociedad (aunque puede dar cierta satisfacción a las víctimas‐sobrevivientes que reclaman justicia). Debe buscarse un balance entre los procesos criminales enfocados en los perpetradores y el problema más amplio de las estructuras de violencia de género y las desigualdades que se intersectan, especialmente por medio de reparaciones amplias.38 Considerando las dificultades para, y los costos asociados con, buscar la compensación legal, las reparaciones pueden constituir una forma de justicia más realista y deseable para las mujeres así como un camino a una transformación de género de más largo aliento.39 Las reparaciones monetarias individuales que diferencian los daños son muy difíciles de administrar, como indica el caso peruano, y tal vez puede ser logrado realistamente por la vía de los procesos judiciales. Como muy pocos casos individuales de violencia de género llegan a una solución judicial satisfactoria, como hemos discutido anteriormente, las reparaciones colectivas son consideradas, cada vez más, una Marie‐Benedict Dembour and Emily Haslam, “Silencing Hearings? Victim‐witnesses at War Crime Trials,” European Journal of International Law 15 (2004): 151–177. Kelsall and Stepakoff, “‘When We Wanted to Talk About Rape,’” 37 Ní Aoláin, Haynes, and Cahn, On the Frontlines , 153, aboga por una mayor investigación empírica para “mapear” las experiencias de daño de las mujeres en tanto que diferentes de las de los hombres, y el potencial para aplicar creativamente la ley criminal internacional, especialmente la categoría de crímenes contra la humanidad. 38 Romi Sigsworth and Nahla Valji, “Continuities of Violence against Women in South Africa: The Limitations of Transitional Justice,” en Gender in Transitional Justice , ed. Buckley‐Zistel and Zolkos, 115–136, 128. 39 Ruth Rubio‐Marin, ed., The Gender of Reparations. Unsettling Sexual Hierarchies while Redressing Human Rights Violations (New York: Cambridge University Press, 2009), 5. 36 alternativa.40 Crecientemente entonces, las reparaciones por graves violaciones de los derechos humanos (y sus similares) son percibidas como esenciales para otorgar a las víctimas un adecuado reconocimiento y reparación como forma de justicia. Las reparaciones intentan reparar males pasados, así como ayudar a reconstruir la futura sociedad de una mejor manera.41 Los programas de reparación, bien diseñados, deberían tener como objetivo transformar las estructuras de la sociedad que condujeron a la desigualdad, la discriminación y la marginación. De acuerdo a los Principios sobre el Derecho a Remediar y Reparaciones para Víctimas de Graves Violaciones de la Ley Internacional de Derechos Humanos y Serias Violaciones de la Ley Internacional Humanitaria de las Naciones Unidas, los estados y las personas halladas responsables de graves violaciones de derechos humanos, tienen la obligación legal de proveer reparaciones. El reconocimiento por parte de los estados de su responsabilidad de brindar reparaciones a los ciudadanos es una parte integral del sentido de la justicia que las reparaciones pueden otorgar. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas reconocen las cinco formas de reparación siguientes: restitución (restauración de los derechos, propiedad, estatus de ciudadanía de una víctima) rehabilitación (apoyo sicológico y físico), compensación (reparación material) satisfacción (reconocimiento de culpabilidad, apología, entierro, construcción de memoriales, etc.) y garantías de no repetición (reforma de leyes y estructuras civiles y políticas que condujeron o alimentaron la violencia). Estos, como los principios y directrices de las Naciones Unidas tienden a ser, es una perspectiva ideal sobre el potencial de reparaciones. Pero ha habido algunos éxitos. Una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009, en relación a la tortura, violación y asesinato de tres mujeres en el Norte de México, conocido como el ‘Cotton Field Ruling’, fue mostrada como un primer ejemplo de la ley internacional ordenando a un estado a cumplir con una serie de medidas de reparación que serán transformadoras de las estructuras de género de la 40 41 Ibid. Ibid., 382 sociedad mexicana.42 Su mayor logro es la combinación de reparaciones monetarias individuales, otorgadas a la familia de acuerdo al daño individual, incluyendo violencia no física y sufrimiento; la demanda de reconocimiento público y de responsabilidad por medio de la publicación de la decisión, y las responsabilidades internacionales del estado; la provisión de acceso a servicios de salud física y mentales por personas entrenadas en violencia de género; y el énfasis en la diligencia apropiada y no repetición vía la reforma institucional y la política pública. Desgraciadamente, la implementación de la Decisión no se ha completado, minando su potencial influencia transformadora. La CIDH no tiene los medios para hacer que el gobierno mexicano cumpla con la implementación, destacando el limitado alcance de las cortes regionales y/o internacionales. Las reparaciones no pueden ni deben siempre ser impuestas por las cortes, pues esto haría el proceso no realizable, y sin sentido si no se continúa; por ello, las instituciones de la justicia transicional deben desarrollar estrategias para influir en las agencias estatales, para que ayuden a implementar mas cambios estructurales que puedan ser interpretados como reparadores. El programa de reparaciones peruano recibió el mandato para hacerlo, pero como vimos en el capítulo 4, aun no ha sido empoderado para hacerlo efectivamente. Esto muestra nuevamente la necesidad de una mejor colaboración y comunicación entre las diferentes agencias de la justicia transicional para desarrollar reparaciones exhaustivas. También apunta a la necesidad de una voluntad política y el financiamiento que permita implementar adecuadamente un programa de reparaciones amplias.43 Más importante aún es que mientras que las reparaciones individuales puedan tener una fuerte atracción para las víctimas‐sobrevivientes y para aquellos que los apoyan, puede haber otras medidas que pueden ser mucho más valiosas en el largo plazo, que serán más transformadoras y que no requerirá que se haga público el estatus de nadie como víctima. El reconocimiento público de su responsabilidad por parte del estado y de los militares en lo que respecta a la Ruth Rubio‐Marin and Clara Sandoval, “Engendering the Reparations Jurisprudence of the Inter‐American Court of Human Rights: The Promise of the Cotton Field Judgement,” Human Rights Quarterly 33 (2011): 1062–1091. 43 Guillerot, “Linking Gender and Reparations in Peru.” 42 violencia sexual, entendida en su más amplia acepción, puede ir de la mano con la reforma legal, el entrenamiento de género para la policía, los militares, la judicatura y el personal de salud, el fortalecimiento de la programación nacional contra la violencia de género, las campañas para elevar la conciencia y las reformas educacionales, y el empoderamiento político y económico. Y podría haber otras maneras de desafiar la ideología de género predominante, como trabajar con hombres y muchachos, el uso de los medios sociales para informar, prevenir y mejorar el conocimiento sobre la violencia de género, y la expansión de los derechos reproductivos y sexuales. Las dinámicas de un discurso normalizador con relación a la violencia sexual y de género están, desde luego, presentes en los periodos de paz, o en la vida cotidiana. Es por esta razón que las reparaciones transformadoras son tan esenciales para un futuro más justo. La idea de la no repetición como condición de las reparaciones integrales sugiere que la violencia de género en periodos de paz es tomada seriamente, por lo menos retóricamente. Desgraciadamente, como sugiere el examen de la política social del Perú contemporáneo, en el capítulo 6, la política actual es poco probable que transforme las relaciones de género: el programa vigente está orientado a la protección de la familia, no de la mujer, y el personal de primera línea, tales como los policías y los fiscales, trabajan en general como una extensión del estado normativo patriarcal. Las percepciones socioculturales de género, raza, clase y sexualidad determinan qué es considerado violencia y qué no lo es. La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente aquellos que ocurren en la esfera privada de las relaciones íntimas, no son considerados dignos de atención. La invisibilidad e impunidad de la violencia contra la mujer normalizan aún más dicha violencia en las interacciones cotidianas entre personas, entre los miembros de las familias (incluyendo a los padres y a los niños), y en las relaciones íntimas, reproduciendo y perpetuando no sólo violencia sino también las desigualdades asociadas basadas en el género, la raza y la clase. Mientras que la atención global por la violencia sexual en la guerra es importante, considerando su persistencia, este libro demuestra que esto no es suficiente. Sólo la atención a la violación en los periodos de guerra no podría, y no lo hace, impedir la desigualdad de género, u otras desigualdades reforzadas y naturalizadas por medio de la violencia sexual. Más aún, la manera como hoy se ve a la violencia sexual en la justicia criminal y transicional nacional e internacional, es que no se logra que llegue la justicia a una mayoría de víctimas, o desafíe el género binario que se encuentra en su corazón, sino que tiende a reforzar esas desigualdades. El resultado es continuos altos niveles de violencia de género en “periodos de paz” y la reproducción de las desigualdades sustentadas por las divisiones sociales y los prejuicios existentes. Se necesita, urgentemente, un entendimiento más complejo e inclusivo del género, por un lado, y de la violencia sexual, por otro. THE END Bibliography Adelman, Madelaine. “The Military, Militarism and the Militarization of Domestic Violence.” Violence against Women: An Interdisciplinary and International Journal 9, no. 9 (2003): 1118–1152. Alcalde, M. Cristina. The Woman in the Violence: Gender, Poverty, and Resistance in Peru. Nashville: Vanderbilt University Press, 2010. 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Violencia sexual en la guerra y la paz. Género, poder, y justicia posconflicto en el Perú. Biblioteca Nacional del Perú, 2016.

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