Carta a la CEC sobre eutanasia

Excelentísimo monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).

Le escribo esto como colombiano sorprendido por la errada visión que tiene la CEC de la normatividad nacional y el valor que, para ustedes, deben tener los principios Católicos dentro de esa regulación.

He leído con atención la preocupante carta que envió el episcopado colombiano el 12 de abril de 2015, por medio de su Oficina para las Relaciones con el Estado, al ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, con la postura de la Iglesia Católica en cuanto a la reglamentación sobre la eutanasia.

Empiezo por decir que la misiva, firmada por el Padre Pedro F. Mercado Cepeda, nace de un error grave y sustancial, que es desconocer que la Constitución de 1991 establece que Colombia es un Estado laico y secular. Punto.

Al tratar de imponer los planteamientos religiosos de una parte de la sociedad, los de la Iglesia Católica, para temas como la reglamentación de la sentencia T-970 de 2014 de la Corte Constitucional que ordenó diseñar la ruta para que se garantice la muerte digna a los colombianos en todos los hospitales del país, se pretende quebrar la separación que debe haber, y hay de acuerdo a la ley, entre el Estado y la Iglesia.

Y eso es alarmante.

Ahora bien, los puntos específicos de su comunicación también merecen debate, como el concepto que contiene del derecho a la vida, que dice: “el Episcopado colombiano quiere reafirmar su clara, firme e inamovible condena ética y moral a la eutanasia directa, que constituye un grave atentado contra la dignidad del enfermo y contra la inviolabilidad del derecho fundamental a la vida, consagrado el artículo 11 de nuestra Constitución”. (Ver el segundo párrafo del texto. Error de redacción original de la carta)

Atacar la eutanasia asegurando que el derecho a la vida es inviolable, basados, en sus creencias religiosas o concepciones internas de la moralidad, es respetable, pero errado.

Me explico.

Si la vida es un derecho, el Estado no puede de ninguna manera obligar a los individuos a ejercerlo en contra de su voluntad. Las personas pueden elegir entre la vida y la muerte propia, del mismo modo que pueden optar por el silencio como una manera de ejercitar su libertad de expresión.

Diferente es para las personas que siguen los principios del Catolicismo, o de otras religiones, que, basados en la moral que profesan o en su definición de pecado, entienden la vida como una obligación.

Para esas personas, pero únicamente para esas personas, estamos de acuerdo que las circunstancias de la vida, o de la enfermedad, no importan. Pero para la legislación colombiana, y el resto de ciudadanos, sí.

Jurídicamente la vida es un derecho y no obligación. Y el argumento que importa para la regulación colombiana, para el Congreso de la República y para el Ministerio de Salud, es el jurídico, no el moral.

Así de claro y así de sencillo.

Por eso mismo el Código Penal colombiano no tipifica la tentativa o el acto de suicidio como delito, pese a que para las diferentes religiones es un pecado. Y si eso no está penalizado, por qué debe estar prohibido que la persona que atraviesa por una enfermedad terminal degenerativa, pueda elegir ponerle fin a su agonía. No tiene sentido.

Hay peores cosas que el pecado, monseñor Castro. Y la vida obligada en medio de los sufrimientos crónicos en la que los dolientes desean la muerte, es una de ellas. Y en eso hasta un santo estaría de acuerdo, pero la Iglesia a nombre de la palabra de Dios, no.

Y por eso la CEC es capaz de imponer sus planteamientos, incluso, por medio de amenazas, como las contenidas en la carta del Padre Mercado que rezan: “quiero desde ahora advertir que ni el personal sanitario católico ni las instituciones de salud vinculadas a la Iglesia Católica practicarán la eutanasia bajo ninguna circunstancia (…) y (si no se garantiza la objeción de consciencia) se pondría en riesgo nuestra actual cooperación con el Estado en el campo sanitario y se afectarían nuestras relaciones de colaboración en otros importantes campos”. (Ver segunda página en el penúltimo párrafo)

Errado.

Como también lo fueron las declaraciones amedrentadoras del presidente de la Comisión de Vida de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, que dijo que si el gobierno insiste en reglamentar la eutanasia, cerrarán todos sus hospitales, incluido el Universitario San Ignacio de Bogotá, y el Pablo Tobón Uribe de Medellín, entre otros en el país. (Ver declaraciones)

Eso no es un ejemplo del valor de la vida humana. Y eso, como religión, es precisamente lo que deberían estar dando, no imponiendo sus credos por medio de las amenazas o difundiendo miedo. Ya que aseverar eso, o peor aún, hacerlo, es tomar como rehenes a los enfermos de esos hospitales, que son finalmente las personas que deberían estar procurando defender.

Finalmente monseñor Castro, estoy convencido que la Iglesia está en todo derecho de emitir su opinión sobre el tema de la eutanasia, pero tampoco me queda duda que esa no es vinculante para la normatividad nacional. Así que no la pueden imponer por medio de intromisiones o incluso amenazas.

Aquí, para bien o para mal, lo vinculante es la decisión de la Corte Constitucional. Los principios de la Iglesia Católica son obligantes sólo para sus adeptos, pero para nadie más. Un respetuoso y cordial saludo.

@yohirakerman