Desdibujada como organismo público modelo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) está en proceso de renovación de su titular, en momentos en que la actual, Perla Gómez Gallardo, transita por duros cuestionamientos sobre su gestión, por parte de defensores, organizaciones sociales, trabajadores de la institución, víctimas de violaciones a derechos humanos no atendidas, e incluso exaliados, como es el caso del también académico de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Ernesto Villanueva. La actual ombudsperson, designada en noviembre de 2013 tras una concertación entre el exsecretario general de Gobierno, Héctor Serrano y el entonces presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados (Proceso 1932 y1933), compite por su permanencia junto con otros once aspirantes, en un proceso que se determinará en esta semana, luego de que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, , presidida por el diputado Luciano Jimeno Huanosta, de Encuentro Social, ponga a consideración del pleno su dictamen final. La renovación de la presidencia de la CDHDF, en la que participan 88 organizaciones no gubernamentales en el llamado Comité Observador Ciudadano, arrancó con cuestionamientos de la gestión de Gómez Gallardo, a través de una carta dirigida a Huanosta y al presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, firmada por once exconsejeros –entre ellos la investigadora Elena Azaola, el expresidente del IFE, José Woldenberg y el religioso Miguel Concha Malo- y dos consejeras en funciones, Nancy Pérez García y Tania Espinosa Sánchez. En la misiva, fechada el 30 de agosto, se evalúa la actual gestión como débil, con “nula articulación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC)”; de ser “un espectador de graves violaciones a derechos humanos”, de erogar 40 millones de pesos en la liquidación de personal, además de despedir injustificadamente a empleados. A esta carta le seguirían otras más, de defensores, trabajadores y de integrantes del mismo Comité Observador que descalificaban la actuación de Gómez Gallardo, y que se lo hicieron saber a los asambleístas en sendos oficios. Los temores de la confirmación de Gómez Gallardo radican en el mismo proceso de renovación, considera Ricardo Luévano de Artículo 19, organización que forma parte del Observatorio Ciudadano de las Designaciones, integrada en el Comité. En entrevista, Luévano explica que “por principio de cuentas, el Comité no tiene mecanismo regulatorio para emitir una votación, ni de consulta, más allá de la formulación de preguntas sin un acompañamiento real”, y que al hacer una revisión en internet de las 88 organizaciones, sólo 12 “cumplen con los criterios de experiencia en derechos y el acta constitutiva”. El defensor destaca que lo que en principio pidieron las organizaciones fue una especie de “consejo de notables, pero los diputados ampliaron el número de organizaciones porque lo entendieron como un riesgo, y lo que vimos, en la comparecencia de Perla (el 17 de octubre), fueron aplausos y acarreo”. Cuauhtémoc Rueda, de Efecto Útil, una organización dedicada a monitorear el desempeño de organismos públicos de derechos humanos, agrega que en este proceso electivo más allá del perfil, lo relevante es “cuál va a ser el futuro de la institución”, que no cambió la política de “trato selectivo de los casos”. En un documento entregado a los legisladores, Efecto Útil destaca que a partir de 1999, la CDHDF recibe entre los 7 mil y 8 mil al año, pero emite entre 10 a 20 recomendaciones. El mismo informe refleja que durante la gestión de Gómez Gallardo se dio un énfasis por el cierre de casos. En 2016, por ejemplo, entre quejas que ingresaron ese año y las acumuladas en años anteriores, 6 mil 518 se concluyeron por falta de elementos y 8 mil 637 por solucionarse durante el trámite. “Esos cierres han ido en detrimento de las víctimas y de las investigaciones, pero también ocurre que casos en que se identificaron violaciones no tengan salida”, apunta Rueda. Ignacio Islas, vecino de la colonia Piedad Narvarte, es un quejoso que recurrió a la CDHDF desde 2014, para denunciar construcciones irregulares que han dañado su propiedad sin que hasta ahora su queja tenga respuesta. “Sólo espero que antes de que se vaya esta señora (Perla Gómez) salga mi recomendación, el licenciado que me está atendiendo dice que todo va bien, pero no me da fecha para sacar el documento”, confía Islas en entrevista. Un caso que ejemplifica el actuar cotidiano de personal de la CDHDF es el de Matilde Cruz Domínguez, vendedora en un puesto semifijo desde hace 29 años. El 2 de octubre pasado, su puesto fue retirado de forma irregular por empleados de Mercados y Vía Pública de la delegación Coyoacán, y aunque en el organismo ya tenían antecedentes del caso, al visitador adjunto que lleva su caso, se le prohibió acompañarla para documentar la arbitrariedad. “Seguimos yendo a ver al licenciado (de la CDHDF), me ha ayudado a hacer escritos a Contraloría y al delegado (Valentín Maldonado), y está pendiente de lo que le diga la delegación, pero no le responden”, dice la afectada. El 13 de octubre, trabajadores entregaron un documento a la comisión legislativa que supervisa el proceso, en el que precisamente advertían que “la Comisión se ha mutilado en sus facultades y poco a poco ha perdido su encomienda institucional para la que fue concebida, permitiendo la proliferación de violaciones a derechos humanos por parte del gobierno de la Ciudad de México”. Visitadores adjuntos entrevistados a condición de reservar su nombre, para evitar represalias, confían que de manera cotidiana se ven obstaculizados por sus superiores para determinar las violaciones a derechos humanos, que hay dependencias “intocables” como la Procuraduría, la Consejería Jurídica, la Secretaria de Movilidad y el Tribunal Superior de Justicia; así como las áreas dominadas por los grupos políticos de Mauricio Toledo, Víctor Hugo Lobo y Leonel Luna. Los visitadores tampoco pueden perturbar a las dependencias donde hay incrustados integrantes de los grupos políticos de Mauricio Toledo, en Coyoacán; Víctor Hugo Lobo, en la Gustavo A. Madero y de Leonel Luna, en delegación Álvaro Obregón. Uno de los trabajadores apunta: “muchos asumimos que no podemos indagar más, porque si comprobamos la violación a derechos humanos e incluso hacemos propuesta de recomendación, quien tiene que aprobarla es la doctora, y por lo general no procede si no está dentro de sus consideraciones”. Otro lamenta recurrir a la acumulación de expedientes en recomendaciones como la 12/2014 con 21 casos de construcciones irregulares, la 14/2014 con 47 por tortura. “Deberían emitirse una recomendación por expediente, porque los casos no son iguales, lo que genera inconformidad de las víctimas y dificultad de las autoridades para atender las recomendaciones”, comenta. Hay víctimas que también se quejan de la actuación de la ombudsperson, como la señora Lourdes Mejía Aguilar, quien del primero al 3 de marzo de 2017 permaneció a las puertas del organismo para reunirse con Gómez Gallardo y exigir que emita una recomendación por la muerte de su hijo, el estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, Carlos Sinhué Cuevas Mejía, quien habría sido víctima de ejecución extrajudicial el 26 de octubre de 2011, atribuida a personal de la PGJ. “Lo que Perla Gómez quiere es que yo concilié con la Procuraduría, me presionan para que deje en paz el caso, pero cómo voy a hacerlo si se trató de una ejecución extrajudicial, hay hasta un video de ello”, exclamó indignada Mejía Aguilar mientras se manifestaba en contra de la ratificación de la ombudsperson, fuera del recinto de Donceles el 17 de octubre, día en que compareció ante legisladores. Gómez Gallardo ha sido descalificada quien fuera uno de sus impulsores para llegar a la CDHDF, Ernesto Villanueva, quien a través de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), presentó el jueves 26 de octubre una querella contra la presidenta del organismo ante la PGR por “peculado, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, entre otros”. Entre los elementos que el también colaborador de Proceso considera actos de corrupción por parte de Gómez Gallardo están las contrataciones de Carla Mirón Buchacra, hija del subprocurador local, José Antonio Mirón Reyes; la de Clara Isabel González Barba, quien contaba con dos inhabilitaciones del DIF de la Ciudad de México cuando fue incorporada como cuarta Visitadora General, y la de Gabriel Santiago López, inhabilitado “por obstrucción a la justicia por la contraloría interna del INFODF”, y que ha ocupado diversos cargos dentro de la CDHDF, siendo actualmente director General Jurídico. En el caso de González Barba, la reportera tuvo acceso a las versiones pública de las resoluciones de los expedientes CI/DIF/D/0034/2011, de fecha 31 de julio de 2012, y CI/DIF/D/0167/2012, del 9 de agosto de 2013, con inhabilitaciones por uno y dos años, respectivamente, tras su paso por la Subdirección de Prevención y Atención al Maltrato Infantil del DIF, donde estuvo antes de ser nombrada Cuarta Visitadora de la CDHDF, el 16 de diciembre de 2013. A la visitadora se le sancionó por entregar “solicitudes de valoraciones psicológicas y/o estudios socioeconómicos” a distintas instancias jurisdiccionales, en 27 de 36 requerimientos revisados, y por la pérdida de 630 expedientes referentes a “datos, estudios psicológicos, sociológicos y todo lo que contenía cada uno de los reportes de maltrato infantil”, correspondientes a casos atendidos por el DIF de 2005 a 2008. González Barba no acudió a las audiencias de la contraloría interna, aunque según las resoluciones fue notificada para que se defendiera. En entrevista, Perla Gómez Gallardo sale al paso de los señalamientos de sus detractores. A cada crítica sobre su gestión, responde “de parte de quién”, al considerar que responden al interés de simpatizantes de algunos de los aspirantes a ocupar su cargo o de quienes hace tres años compitieron con ella o de quienes la antecedieron al frente de la CDHDF. “En materia de derechos humanos no hay puros ni hay limpios”, ataja Gómez Gallardo en entrevista con la reportera el 19 de octubre. “Es importante que no se deslegitime ni el trabajo de las organizaciones de derechos humanos ni de las instituciones, no nada más es pegar par a llegar a este puesto, que sí es un puesto fuerte, sí es un puesto que ayuda a lograr el equilibrio hacia las víctimas, de las que me ocupé, no del escaparate”, se defiende la ombudsperson, en una salita adjunta a su oficina en la CDHDF. Metódica, Gómez Gallardo trae a cuenta parte de la numeralia que presentó durante su comparecencia ante la comisión legislativa, en busca de repetir en el encargo: 93% de los 5 mil 800 expedientes heredados de anteriores gestiones concluidos, sin dejar de atender las 32 mil recibidas en su administración; mil 329 víctimas reconocidas que equivalen al 46% del total; 58 recomendaciones; generación de “una economía de 19 millones de pesos”; sanciones para “86 u 87 autoridades”; indemnizaciones liquidadas para víctimas del orden de “30 o 40 millones de pesos”, por reparaciones que van “desde 130 pesos hasta 700 mil u 800 mil pesos” a víctimas de algunas de las dependencias más recomendadas, sobre todo de la Procuraduría, el Sistema Penitenciario, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud. La ombudsperson, quien dice que en la CDHDF “no quemamos el documento más importante que es la recomendación”, atribuye a su gestión las renuncias del procurador, Rodolfo Ríos Garza, separado el 24 de junio, y la del secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, en diciembre de 2014. De la sociedad civil, dice que para ella “no hay organizaciones VIP ni derecho de piso”, y que incluso el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria “que saca su carta diciendo que hay lejanía con sociedad civil, lleva tres años cobrando en proyectos más de 200 mil pesos, que se le asignó por su trabajo”. Deslegitima la carta de exconsejeros y consejeras, porque una de las firmantes, Nashieli Ramírez, busca su cargo, además de que el Consejo Consultivo habría aprobado las remociones de personal. De las expresiones de la mamá de Carlos Sihué, quien dice recibió 70 mil pesos de la Procuraduría y quiere más recursos, Gómez ve en sus reclamos la mano de la organización que lleva el caso, I (dh)eas, Litigio en Derechos Humanos, en cuyo consejo directivo están “mi antecesor (Luis González Placencia), Rocío Culebro, y varias personas que también se postularon para estar en la Comisión”. Al concluir su periodo al frente de la CDHDF, a la doctora en derecho especializada en defensa de libertad de expresión, parece no afectarle la oposición porque continúe en el cargo. “No es un tema de quedar bien con nadie, sería hasta sospechoso que todos estuvieran contentos, a la autoridad le gusta que le recomiendes y tienes que orientar al peticionario si algo no corresponde a una violación, tienes que evitar que abusen, porque también hay víctimas que lamentablemente quieren usar su dolor, lucrar con él y no va por ahí, porque deslegitiman a otras que ni dinero quieren”, concluye Gómez Gallardo.