El Gobierno Nacional expresó su preocupación por la aprobación en el Congreso de la República, del proyecto de ley que buscaba reducir los aportes de los pensionados a salud del 12% al 4%.

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El texto que recibió el visto bueno de los senadores difiere de aprobado por la Cámara de Representantes, por lo cual deberá pasar a conciliación antes de ser sancionado como ley.

Sin embargo, el trámite no está definido debido a que los aportes a salud son definidos como parafiscales, que dicho de otra manera son un impuesto, por lo cual lo aprobado por el Congreso sería una “exención tributaria”, según fuentes consultadas por Portafolio.

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El problema para conclusión del proyecto es que de acuerdo con expertos para poder aprobar un proyecto con motivaciones fiscales, este “debe ser de origen gubernamental, o en su defecto, el Gobierno debe dar el aval para que este avance en el legislativo”, manifestó una fuente del Ministerio de Hacienda.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conceptuó negativamente a lo largo del trámites que hizo el proyecto tanto en la Cámara como en el Senado.

PRIMER ESCOLLO

La conciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República no será fácil.

El documento que aprobó la primera, sostiene que la reducción al 4% en lo aportes a salud, cobijará a todos los pensionados del país, es decir, el Ejecutivo dejará de recibir por este concepto alrededor de $3,3 billones; ente tanto, el Senado le dio el visto bueno a la reducción a la cuarta parte de lo que hoy aportan, solamente a aquellos pensionados que reciben mesadas inferiores a las cuatro salarios mínimos legales vigentes, que al día de hoy son cerca de $2.950.000. La diferencia no es menor, lo aprobado en Senado implica $2,3 billones menos en favor del Gobierno. En la conciliación deberán llegar a un acuerdo sobre los beneficiados por la medida, ya que $1 billón separa a las partes en la actualidad.

Una vez concluida la conciliación, pasará a sanción presidencial, aunque por la Corte Constitucional podría pronunciarse antes de que eso suceda ya que fuentes del Gobierno consultadas dicen que el proyecto va en contravía de la Ley 819 del 2013.