“Javier estaba en el lugar donde no tenía que estar y lo pagó con su vida”

 El asesinato del ingeniero informático Javier Pauluk (35), cometido en pleno microcentro posadeño hace exactamente ocho años, continúa siendo uno de los casos más conmocionantes de la historia policial de esta ciudad  registrado durante los últimos años.
Tras cumplirse el octavo aniversario del hecho, la hermana de la víctima, Miriam Pauluk, dialogó ayer por la mañana con el programa Acá te lo Contamos de Radioactiva 100.7 y contó sus sensaciones en torno a cómo sobrelleva tanto ella como su familia el paso del tiempo y la falta de una resolución judicial.
Con la certeza de no perder nunca las esperanzas de que el hecho va a esclarecerse, Miriam comenzó su relato haciendo referencia a las últimas detenciones registradas a fines del año pasado -un remisero y una mujer de la comunidad gitana de esta ciudad- y que de alguna manera volvieron a poner en el tapete de la opinión pública el caso Pauluk.

“Con respecto a estas dos personas, ya estaban agregadas al expediente en el mes de septiembre del 2009 y para nosotros esto no es novedad. Yo muchas veces creo que el juez de turno mueve un cachito el expediente como para conformarnos a nosotros por eso nosotros sostenemos que acá alguien con mucho poder está manejando el expediente por debajo de la mesa”, sostuvo.
“Se tomaron su tiempo como para tomar una medida con estas dos personas. Yo aclaro, mucho se ha hablado de Lola, la gitana que es vecina nuestra y vive a la vuelta de la casa de mis padres (...). Yo no sé si ella es culpable o no, el juez tiene datos como para sostener que ella es culpable. La familia de ella presenta contrapruebas que demostrarían que no era de ella el celular, pero yo creo que el juez con una prueba es el que tiene que decidir. Nosotros no tenemos nada contra nadie, nosotros lo que queremos es que esté detenido el que mató a mi hermano. A nosotros no nos interesa que sea Juan, Pedro o quién sea. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia”, añadió con énfasis.
Al recordar la fatídica jornada de aquel viernes 10 de abril de 2009, Miriam dijo que todo ocurrió “en pleno centro, a dos cuadras de la Jefatura de Policía y a tres cuadras del colegio donde fui yo y donde todos los días pasan chicos que van a la escuela. Ahí estuvo el auto desde las 5 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Según las pericias, lo mataron en el lugar, nadie vio nada. Hoy por hoy, a ocho años, este es un caso más de impunidad en la provincia de Misiones. ¿Qué me quiere decir esto? Que nosotros en Posadas no estamos seguros como yo creo que hoy no lo estamos en ningún lado de la Argentina. Esto no es una cuestión política, es una cuestión de realidad pura, salimos a la calle y no sabemos si volvemos. Yo creo que todo colabora para que pase esto, la Policía, la Justicia, todo colabora para que nunca se sepa la verdad, para que los culpables paguen por lo que hicieron, entonces todo va sumando”.
También fue clara al sostener que detrás del crimen de su hermano hay motivos más que fuertes para quienes encubren lo ocurrido sigan manteniendo en silencio y en la clandestinidad a los responsables del hecho. “Fue en pleno centro, todo tenían a mano y sin embargo a ocho años se dieron vueltas. Yo lo único que digo es que se hicieron papelones de parte de la Justicia, todos los que intervinieron hicieron lo imposible para que no se sepa la verdad. Realmente, éste es un expediente donde se muestra la corrupción que hay en la Justicia y donde se muestra que el juez que esté de turno no va hacer nada para morder la mano del que le está dando de comer”.
“Nosotros estamos convencidos de que Javier estaba en el lugar que no tenía que estar y lo pagó con su vida, vio algo que no tenía que ver y lamentablemente lo pagó con su vida. Y no porque sea mi hermano y no porque hoy ya no esté con nosotros, pero yo creo que él no iba a tranzar con nada ni nadie que fuera en contra de la ley”, indicó.

Nuevas pericias
Lo último que El Territorio publicó en torno a novedades del caso investigado por el juez Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno, fue un nuevo pedido de informes hecho a una empresa de telefonía celular ante el hallazgo de diferencias entre dos resultados efectuados por la misma firma prestataria.
En un informe que figura en el expediente, Patricia Lola Miguel (39) -actualmente procesada con prisión preventiva bajo la calificación de partícipe secundario- fue colocada como dueña de la línea con la cual se habría utilizado el teléfono celular de la víctima pocos días después del asesinato.
Sin embargo, un informe similar solicitado por el abogado de la sospechosa a la misma empresa y certificado por un escribano público, da cuenta de que el número en cuestión estuvo activo durante siete años a nombre de otra persona.
El primero fue solicitado por el juez Cardozo y el resultado fue el primer vínculo de la mujer con el asesinato. Fue el puntapié inicial de una exhaustiva investigación que habría confirmado con alto grado de certeza que la mujer tuvo en sus manos el teléfono del ingeniero y estaría de manifiesto en un registro de llamadas y mensajes de textos que supuestamente envió.
Mientras se aguardan novedades sobre este pedido, Miguel continúa detenida en una celda de la Alcaidía de Mujeres.
Su situación procesal es similar a la del remisero obereño David Martínez (36), quien también está procesado con prisión preventiva por el mismo delito ya que el uso del aparato con un chip a su nombre lo sujeta al misterioso crimen.
El trabajador del volante fue el primero en ser detenido por la Policía y su arresto se produjo durante un allanamiento realizado en su casa de Oberá. Días más tarde, se abstuvo de declarar ante el magistrado que ordenó que siga preso en la Seccional Cuarta de la Capital del Monte.
En cuanto a la gitana, su aprehensión se hizo en Córdoba, donde vive desde hace años. Como no se presentó de forma voluntaria ante el requerimiento judicial una comitiva policial la buscó y la trajo a Misiones.