En Puebla, siete de cada 10 trabajos son informales, cinco de cada 10 personas empleadas son asalariadas y dos de cada 10 laboran en condiciones críticas, como pueden ser jornadas largas y sueldos menores a dos salarios mínimos. Así lo reflejaron los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el segundo trimestre del presente año.
Cierto es que en los años recientes los índices de ocupación laboral en la entidad se ha incrementado, pero por desgracia y como lo demuestran las cifras del INEGI, los empleos tienen la característica de la precariedad, es decir, sus condiciones de desempeño están por debajo de lo que la ley indica y, sobre todo, los emolumentos que reciben los empleados les son insuficientes.
La situación de precariedad laboral es entendible en un contexto como el del imperio por tres décadas de un régimen neoliberal a nivel nacional, en el que se ha brindado todo tipo de privilegios y prebendas a los grandes capitales, entre ellas, el castigo a los derechos y salarios de los trabajadores.
A nivel estatal el principal lastre sigue siendo la excesiva dependencia de la industria automotriz, pues las autoridades han sido incapaces de generar polos o cadenas productivas distintas a las que están ceñidas a los destinos de la planta armadora de autos Volkswagen y más recientemente a la fábrica de Audi.