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Interior de un establecimiento comercial dedicado en exclusiva a la venta de electrodomésticos. / El Correo
Si no sabía qué hacer con su secador, con su plancha o con su maquinilla de afeitar eléctrica vieja debe saber que en unos meses las podrá entregar en las tiendas de electrodomésticos para su reciclaje. El nuevo Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) obliga a los establecimientos de más de 400 metros cuadrados a instalar contenedores para la recogida gratuita de los aparatos con menos de 25 centímetros de diámetro, algo que el sector andaluz pretende extender también a las pequeñas tiendas.
En Andalucía hay 1.800 empresas dedicadas en exclusiva a la venta de electrodomésticos, subsector que genera 10.000 empleos directos e indirectos, según la Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL). Su secretario general, Carlos Bejarano, asegura que la obligación recogida en el nuevo decreto estatal afecta a entre un 20 y un 30 por ciento de estos establecimientos, si bien la medida se extenderá.
«Vamos a realizar una campaña en 800 puntos de compra para que en ellos se recojan los pequeños electrodomésticos en el segundo semestre del año y la mayoría de ellos están por debajo de los 400 metros cuadrados de superficie comercial. El sector está muy implicado y cumple una función social importante», añadió Bejarano, quien remarcó la necesidad de reciclar estos materiales.
Además, el secretario general de FAEL explicó que este periódico que a las 1.800 empresas especializadas en electrodomésticos se suman otras 15.000 en las que se vende este tipo de producto en mayor o menor porcentaje. Así, en total, contando con supermercados, ferreterías o tiendas de bricolaje, «el sector genera unos 40.000 empleos en Andalucía».
En cuanto al nuevo decreto estatal, que será analizado mañana y pasado en las Primeras Jornadas Andaluzas de la Distribución de Electrodomésticos y la Jornada sobre Gestión de Residuos Electrónicos –que tendrán lugar en Sevilla–, Bejarano opinó que la «filosofía es positiva para cumplir con el objetivo de recoger 4 kilos por persona y año de este tipo de residuos, si bien apuntó que hay que desarrollar aún el reglamento y constituir la plataforma electrónica recogida en la norma.
Según establece el nuevo Real Decreto los productores siguen siendo los responsables de financiar al menos la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos depositados en puntos o redes de recogida del sistema, en las instalaciones de recogida de entes locales y de los distribuidores. También quedan obligados a organizar la recogida separada de residuos de los aparatos profesionales puestos por ellos en el mercado.
Además, el texto establece igualmente la necesidad de que los productores estampen de forma indeleble en los aparatos que ponen en el mercado el símbolo que informa sobre la necesidad de no depositar los estos residuos en la basura doméstica. Pero, según denuncia el sector, no permite que en el ticket de compra se informe al consumidor del coste que incorpora el precio del producto destinado a financiar la gestión una vez que se convierte en residuo.
Entre las novedades del Decreto también figura la asignación de la categoría de «productor» a aquellos que vendan aparatos eléctricos y electrónicos en España por medios de comunicación a distancia, ya se vía telefónica o a través de internet.
Tres cuartas partes de residuos, sin gestión legal
«Para evitar que tres cuartas partes de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se sigan gestionando de forma ilegal, Recilec cree que deben incrementarse las campañas de concienciación y divulgación para que todos los ciudadanos sepamos que estamos pagando de nuestro bolsillo unas determinadas cantidades para que el residuo electrónico se descontamine». Así de contundente se muestra Leonardo Díaz, gerente de Recilec, la mayor planta de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos de Andalucía. El año pasado se trataron adecuadamente más de 2.500 toneladas de residuos y el este año el sector espera superar las 3.500 toneladas, lo que será «un síntoma claro que el convenio pionero en España suscrito por todo el sector está funcionando bien».
Por su parte, Carlos Bejarano, secretario general de la Federación Andaluza de Electrodomésticos, entiende que el nuevo Real Decreto añade «requisitos más exigentes». «Es muy importante que se haga una correcta y adecuada gestión de estos residuos, que toda la trazabilidad esté bien hecha desde que se compra un electrodoméstico hasta que se lleva a una planta autorizada de tratamiento. Habrá que hacer adaptaciones –añade– tanto en sistemas informáticos como en procesos».
Al tiempo, la Junta estudia cómo encajar el Real Decreto con la legislación autonómica. Según el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Fernando Martínez Vidal, lo que «nos está preocupando más es cómo los ayuntamientos, con la competencia, van a llevar a cabo tanto la vigilancia como la trazabilidad del residuo».