Comunidades indígenas, “aliados” de los bosques frente a amenazas ambientales
Frente a la expansión de grandes proyectos agroindustriales y los desarrollos turísticos invasivos, los pueblos indígenas han demostrado durante décadas que son los “grandes aliados” para la conservación de los bosques, aunque persiste su discriminación y desplazamiento por parte del Gobierno mexicano.
Actualmente, según datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, hay registrados en el país más de 60 conflictos entre comunidades y grandes empresas que amenazan los bosques.
Las comunidades indígenas “no están en contra del desarrollo, pero sí del desarrollo depredador que va en contra de los recursos naturales”, dice el director general de la asociación, Sergio Madrid, en una entrevista a Efe con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
“Creemos que el Estado mexicano le ha estado dando prioridad a los grandes desarrollos, está apostando para que llegue una gran inversión, sin importar los impactos sociales y ambientales que pueda generar”, apunta.
Esta “luz verde” que están proporcionado las autoridades, concediendo permisos a empresas nacionales y extranjeras para hacer sus proyectos, generan conflicto porque no tienen en cuenta que “la tierra tiene dueño”.
Entre las amenazas que sobrevuelan las áreas forestales en manos de los pueblos indígenas -en cuyas regiones se asientan el 39 % de los bosques y el 60 % de las selvas del país- está la expansión de ciertos proyectos agroindustriales de grandes dimensiones.
Cultivos de palma africana, aguacate, agave tequilero o soya, que está desencadenando una alta conflictividad en el suroriental estado de Campeche, son algunos de los que están en pleno desarrollo a costa de la compra venta de terrenos comunitarios, subraya Madrid.
Además, ciertas empresas que se encargan de estos cultivos tienen una “visión” enfrentada con los valores ambientales de las comunidades: “Buscan el lucro, la recuperación de su inversión en el menor plazo posible, y los esquemas más responsables ambientalmente y socialmente a veces no son los que tienen mayor margen de utilidad”.
Otros conflictos son los mineros, que se dan en estados como Guerrero, o los vinculados con el turismo, como los que buscan la construcción de grandes complejos hoteleros a costa de los manglares.
El 90 % de la producción maderera nacional viene de aquellos bosques manejados por estos pueblos, quienes forman empresas forestales comunitarias.
“Hay cerca de 600 empresas formadas por comunidades campesinas indígenas que tienen permiso de aprovechamiento forestal, cumpliendo con la normatividad”, subraya Madrid.
Hay 56 ejidos y comunidades que cuentan con la certificación del Forest Stwardship Council (FSC), que reconoce a nivel internacional que el aprovechamiento forestal cumple los requisitos para que sea considerado sustentable, y otros 42 se encuentran en proceso de conseguirlo.
La asociación señala que el 30 % de los beneficios que obtienen estas empresas comunitarias son destinadas a obra social, como la construcción de escuelas, clínicas o caminos.
Sumado al trabajo con la madera, la línea que se está siguiendo actualmente en las comunidades es la diversificación, porque no todos los bosques son aptos para producir la madera comercial que se demanda en la industria.
Madrid pone como ejemplo que muchas están ampliando su producción apícola y están teniendo una “buena producción”, o se están enfocando en el carbón vegetal o la resina, para hacer aguarrás y pinturas.
El director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible destaca que las comunidades indígenas son las “mejores aliadas” para la conservación del capital natural del país.
“Vale la pena como sociedad parar un momento y valorar la importancia que tiene el papel de las comunidades”, concluye.
