Por: Alfonso Insuasty Rodríguez y David Sánchez Calle
Después de 2019, los Estados Miembros de la ONU deberían poner fin a los planteamientos punitivos frente al control de drogas y anteponer a las personas y las comunidades. (IDPC, 2018)
Acuerdo de Paz en Colombia: ¿una oportunidad perdida?[i].
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez[ii] y David Sánchez Calle[iii]
Resumen.
El acuerdo de paz, firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC, trae una importante propuesta de lucha contra las drogas en donde se reconoce la vida, situación, necesidad de políticas de superación de la pobreza que se debe implementar con y para las comunidades campesinas. Pero, Colombia por un lado viene desconociendo los acuerdos en su implementación esencial y por otro, ha girado su política de lucha contra las drogas para satisfacer las exigencias y enfoques del gobierno norteamericano. Trae esta situación contradictoria, un aumento de los conflictos territoriales, la injusta criminalización de los campesinos y demás trabajadores rurales, afectando sus derechos, el desarrollo territorial y por ende la Paz.
Palabras clave: acuerdo de Paz, lucha contra las drogas, vida digna, derechos de los campesinos.
"Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros somos víctimas. Caímos en una trampa y tenemos que levantarnos poco a poco y volver a sembrar comida". Líder social.
Recientemente Consejo de Derechos Humanos, aprobó la “Declaración de los derechos de los campesinos y de otros trabajadores rurales”, impulsada por movimientos sociales, como la vía campesina.
Se recoge en esta declaración asuntos que perecerían obvios, que el campesino existe y es sujeto de derechos.
Reconoce que el campesinado tiene un contexto cultural propio, por su relación con la tierra, el tejido social, la construcción de territorio, arraigo, por su lugar esencial en la sociedad como productor de alimentos y sus formas de relación societal, colectiva, familiar, sus circuitos económicos y condiciones particulares de vida.
El campesinado y otros trabajadores rurales, son actores de primer orden en la conservación de la vida, en tanto productores de alimentos, conservación de la biodiversidad y en la mitigación del cambio climático, a través de una agricultura sustentable.
Pero su forma de vida y relación particular se encuentra permanente mente amenazada por las lógicas del mercado global (sean sus formas legales o ilegales) este mundo globalizado históricamente ha acaparado tierras, los han violentado, expulsado, perseguido para darle paso a la expansión de la agroindustria (legal e ilegal), la minería (legal e ilegal) y la especulación inmobiliaria (legal e ilegal).
Esta declaración concluye que el campesinado y otros trabajadores rurales como grupo social, requieren un reconocimiento y protección especiales de los Estados pues: son titulares de todos los derechos humanos, además, se les debe reconocer derechos especiales debido a su particular situación como el derecho a la tierra, a sus propias prácticas productivas, a una vida digna, a la protección de sus conocimientos productivos tradicionales, sus formas culturales, al uso de las semillas que produzcan.
En Colombia si bien el campesinado es esencial en la vida, cultura y economía del país, éste ha sufrido históricamente expulsión, despojo, persecución, criminalización, procesos consecutivos de exterminio físico, cultural y político, ni siquiera han contado para ser contados en un censo oficial, las comunidades campesinas, han venido sobreviviendo en medio de limitaciones para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a los medios necesarios para aplicar sus conocimientos como productores agropecuarios eficientes.
El negocio de la compraventa de la hoja de coca, hace parte de este histórico abandono al que han sido cometidos los campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas, etc. (Uprinmy, 2018)
La pobreza y desigualdad que se vive en todo el país se siente con mucha más fuerza en el sector rural colombiano (DANE, 2017). Las condiciones de miseria han propiciado que el campesino, otros trabajadores rurales, indígenas, comunidades afro, se vea obligado a entrar en el ciclo de producción del narcotráfico, para garantizar su supervivencia y la de su familia, percibiendo solamente el 1,4 % de las ganancias (Semana, 2017).
El campesino cultivador de coca es quien, de toda la cadena, recibe la mayor violencia de las organizaciones criminales, comisionistas extranjeros y grupos armados encargados de la producción y distribución de cocaína, además, es quien más soporta la violencia estatal en el marco de su ofensiva militar contra este mercado ilegal, nada más complejo.
Vale decir que, éste fenómeno se encuentran en estas zonas donde la violencia es pan de cada día y el abandono estatal es la regla.
Esta situación deviene en: pérdida de autonomía, soberanía alimentaria, cambio cultural, atomización organizativa de las comunidades campesinas, un tratamiento criminal, simbólicamente se les asume como narcotraficantes, se genera desarraigo, desplazamiento, nada de esto se estima por la institucionalidad a la hora de fijar el tratamiento a esta problemática.
Ésta figura simbólica, el estigma cultural que recae sobre este tipo de campesino fortalece la idea de seguir tratándole penalmente como un delincuente y no como víctima de los diversos actores, pero, sobre todo, del abandono histórico al que han sido sometidos por la institucionalidad.
La transformación de estas condiciones no es de un día para otro y no se materializan con la firma del acuerdo, se necesitan décadas para la transformación del campo colombiano y una voluntad política inquebrantable y decidida para transformarlo, que vaya más allá de los intereses electorales o extranjeros, que propendan por una articulación eficiente y eficaz de los componentes de seguridad y desarrollo necesarios. (Grupo Semillas, 2017)
Presión de Estados Unidos.
Si bien el Estado colombiano ha desconocido y sigue desconociendo esta realidad de las comunidades rurales, esta realidad se acentúa aún más al imponer la política de lucha contra las drogas de Estados Unidos, aun pasando por encima de los acuerdos con las comunidades, de su bienestar y del mismo acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno y las FARC.
Es de anotar que en materia de drogas Estados Unidos ha construido un discurso simplista e inflexible dedicado a señalar una amenaza externa, en este caso la producción de hoja de coca en Colombia, aun sabiendo que las cifras de consumo y muerte por sobredosis dan cuenta de un auge de otros tipos de drogas, y que baja el consumo de la cocaína en tanto ganan fuerza otros tipos de drogas (Vargas , 2017).
Es ésta, una guerra que soporta la base de la sociedad colombiana, una guerra que aún no responde claramente: ¿a quién en últimas, beneficia?
El resultado de aplicar la directriz norteamericana es el de descargar la responsabilidad de toda la cadena de producción y comercialización de la droga, en el eslabón más débil de la cadena: los productores.
Esta estrategia no avanza más allá del uso de la fuerza, buscando aumentar el precio de la droga en el mercado final, bajar la calidad y pureza de la droga, creyendo que así, se va a desestimular al consumidor final. Se exige así: la reducción de áreas cultivadas en plazos perentorios y con la amenaza de intervención militar, criminalización y persecución.
Olvidan entre otras, que los productores son una parte vulnerable de la cadena de las drogas porque:
- Son sujetos de explotación por parte de intermediarios y compradores de materia prima;
- Deben someterse a grupos armados ilegales que prestan servicios de seguridad, y
- Sufren las consecuencias de las acciones de un Estado contradictorio que envía a sus cuerpos de seguridad a erradicar plantaciones aún después de haber firmado pactos de sustitución con los productores, pactos cuya sostenibilidad depende de solucionar los problemas de fondo que provocan el aumento de las áreas de cultivos. (Vargas , 2017)
El gobierno colombiano viene obedeciendo este enfoque y al mismo tiempo, asume los costos de esta, una medida probadamente inútil.
Es un hecho evidente hoy, que el uso de la fuerza para erradicar ha devenido en fracaso.
El fracaso de 10 años de lucha contra las drogas en el Mundo.
En 2009, la comunidad internacional aprobó una estrategia global de 10 años con la adopción de la “Declaración Política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas”.
En el artículo 36 de la Declaración Política, se fijó el año 2019 “como objetivo para que los Estados eliminen o reduzcan considerable y mensurablemente” el cultivo, la producción, el tráfico y el uso de sustancias sometidas a fiscalización internacional, el desvío de precursores y el blanqueo de dinero. (IDPC, 2018)
Dichos objetivos no se han logrado:
Tabla: relación objetivos vs alcances.
Objetivo | Estado hoy |
Eliminar o reducir considerable y mensurablemente “El cultivo ilícito de adormidera, arbusto de coca y planta de cannabis”. | no se redujo la escala global de cultivo de opio, coca y cannabis. De hecho, durante este período, el cultivo aumentó un 130 % en el caso de la adormidera y un 34 % en el del arbusto de coca. |
Eliminar o reducir considerable y mensurablemente “La demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y los riesgos sanitarios y sociales relacionados con las drogas”. | Se calcula que unos 275 millones de personas en todo el mundo de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años consumió drogas en al menos una ocasión en 2016, una cifra que representa un aumento del 31 % con respecto a 2011. El cannabis sigue siendo la droga que más se consume, seguido de los opioides y, a continuación, las anfetaminas, cuyo uso ha aumentado un 136 % desde 2011. La UNODC calcula que la prevalencia mundial del VIH entre las personas que se inyectan drogas se ha mantenido estable, en un 11,8 %, del mismo modo que la prevalencia de la hepatitis C, en un 51,9 %, y la tuberculosis, en un 8 %. Por otro lado, el número de muertes relacionadas con las drogas se ha disparado un 145 %, de 183 500 muertes notificadas en 2011 a 450 000 en 2015. |
Eliminar o reducir considerable y mensurablemente “La desviación y el tráfico ilícito de precursores”. | A pesar de los esfuerzos realizados por los Estados Miembros para controlar y dar seguimiento a los precursores, durante los últimos cinco años, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha notificado un incremento del uso y el número de precursores en la producción ilícita de drogas. |
Eliminar o reducir considerable y mensurablemente “El blanqueo de dinero relacionado con las drogas ilícitas”. | Si bien se han adoptado políticas y reglamentaciones nacionales, regionales y globales más estrictas para luchar contra el blanqueo de dinero, cada año se blanquea a escala mundial una cantidad que oscila entre los 800 millones y los 2 billones de dólares estadounidenses (USD), lo cual representa entre el 2 y el 5 % del PIB global. Se estima que un 25 % del total de ingresos de la delincuencia organizada transnacional procede de la venta de drogas, y que el mercado mundial de drogas alcanza un volumen que se sitúa entre los 426 000 y los 652 000 millones de USD. De estos, más de la mitad de las ganancias brutas generadas se canalizan hacia el blanqueo de dinero, mientras que el dinero blanqueado que se confisca se sitúa por debajo del 1 %. |
Fuente: elaboración propia tomando datos de: (IDPC, 2018)
Este informe, además, evalúa los avances alcanzados por ésta Declaración Política y el Plan de Acción de 2009, examinó así las prioridades más generales de la ONU:
Tabla 2: avances según declaración política y plan de acción 2009.
Proteger los derechos humanos | las políticas de drogas excesivamente punitivas centradas en erradicar el mercado ilegal se han asociado con un amplio abanico de violaciones de los derechos humanos y amenazas a la salud y el orden públicos. Estos abusos han tenido consecuencias graves en las vidas de personas y comunidades marginadas de todo el mundo Varios organismos de la ONU han identificado la penalización y la estigmatización de las personas que usan drogas como un grave obstáculo para que accedan a la prestación de servicios. En el ámbito nacional, 26 países han adoptado un modelo de despenalización, con el fin de facilitar el acceso a los servicios de salud y reducir el estigma y la sobrepoblación penitenciaria.. |
Fomento de la paz y la seguridad
| Las políticas de drogas excesivamente punitivas, en lugar de reducir la escala global del mercado ilícito, en muchas ocasiones han exacerbado la violencia, la inestabilidad y la corrupción. Asimismo, a pesar de las campañas de erradicación forzada en Colombia entre 2009 y 2016 el cultivo de coca aumentó un 115 %. Las actividades de incautación en el país han llevado a nfrentamientos violentos entre las comunidades afectadas y la policía y el ejército, lo cual ha propiciado el desplazamiento interno de millones de personas. |
Avances alcanzados hacia el desarrollo y, en particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | El tercer gran ámbito de análisis del Informe sombra se centra en los Las pruebas recopiladas para el Informe muestran que las iniciativas de fiscalización de drogas han consistido principalmente en medidas de erradicación y que se ha prestado poca atención a aspectos decisivos que enfrentan las comunidades afectadas en contextos rurales y urbanos en materia de desarrollo. Aunque el desarrollo alternativo ha ganado mucha visibilidad en los foros y los debates de la ONU durante la última década, estos programas se han utilizado, por lo general, para justificar campañas de erradicación de cultivos, en lugar de concentrarse en crear las condiciones necesarias para mejorar los medios de subsistencia de las personas y reducir su dependencia del cultivo ilegal. El uso de pesticidas nocivos para destruir cultivos de drogas ha afectado a la salud de las comunidades locales y perjudicado el medioambiente, al desplazar a los agricultores de subsistencia hacia zonas más remotas, como parques nacionales y territorios indígenas. En Colombia, el 32 % de la coca se cultiva en parques nacionales y reservas indígenas. Reconociendo las preocupaciones relativas a los perjuicios humanos y ambientales asociados con los pesticidas nocivos, Bolivia, Ecuador, Perú y Tailandia han prohibido el uso de estos agentes químicos. |
Fuente: elaboración propia tomando datos de: (IDPC, 2018)
Según el informe sombra:
“El objetivo de lograr un mundo sin drogas es poco realista e inalcanzable. La búsqueda de los objetivos del mundo sin drogas ha dado lugar a políticas y prácticas de aplicación de la ley punitivas, que han menoscabado la salud, los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad (…) Deberían por ende, reflexionar en profundidad sobre los efectos que tienen las políticas de drogas en los objetivos de la ONU de promover la salud, los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad, y adoptar políticas y estrategias en materia de drogas que contribuyan activamente al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial para las personas más marginadas y vulnerables” (IDPC, 2018)
Y agrega el mismo documento como una de sus centrales conclusiones y recomendaciones:
“Después de 2019, los Estados Miembros de la ONU deberían poner fin a los planteamientos punitivos frente al control de drogas y anteponer a las personas y las comunidades. Para ello, entre otras cosas, se debe promover y facilitar la participación de la sociedad civil y de las comunidades afectadas en todas las facetas de la concepción, la aplicación, la evaluación y la supervisión de las políticas de drogas”. (IDPC, 2018)
El informe sombra, además hace un llamado para replantear:
Los objetivos general de dicha política Global (…), replantear los indicadores y los sistemas de medición, éstos deberán estar formulados en una mayor sintonía con los documento final de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) (Asambles General ONU, 2016) como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2016). Centrándose en la necesidad inmediata de minimizar los daños a la salud relacionados con las drogas, mejorar el acceso a la atención médica, defender los derechos humanos básicos, garantizar la igualdad de género, reducir la pobreza en las zonas de cultivo y tráfico, mejorar la seguridad ciudadana y rebajar la corrupción. (IDPC, 2018)
Urge desarrollar investigaciones serias, contextualizadas, pormenorizadas y periódicas sobre las consecuencias de las políticas de drogas a escala local, nacional, regional e internacional, asunto que sustente la toma de daciones más acertadas y ubicadas.
Observar más informes alternos a los emitidos por el Gobierno, así construir un contexto de realidad más acorde. Esencias incorporar a la sociedad civil y estudios académicos.
Estudiar ejemplos y experiencias exitosas como las de Tailandia y Bolivia ha adoptado una estrategia de desarrollo de largo plazo, han permitido que los agricultores cultiven una cantidad suficiente de coca con fines de subsistencia (Bolivia), facilitando el acceso a un mercado interno legal para los productos de coca y mejorando el acceso al agua potable, la educación y otras fuentes de ingresos. Ambos modelos se han sustentado en una amplia y efectiva participación comunitaria, dichas propuesta de base, reconocen la pobreza como un factor importante que impulsa la participación en el tráfico ilícito de drogas y otras actividades relacionadas
“nosotros no somos narcotraficantes”.
Colombia hoy cuenta con un instrumento ideal para enfrentar el fenómeno de los cultivos de uso ilícito y de la comercialización de este, es el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC
Una acuerdo que superar la mirada punitiva y criminalizadora de la cadena básica del narcotráfico: los productores.
En Colombia no es posible seguir persiguiendo y condenando a los campesinos y demás trabajadores rurales, sin ofrecerle las garantías necesarias para su subsistencia, esto implica proyectar un funcionamiento realmente coordinado de las instituciones encargadas de dinamizar la implementación del punto uno de Reforma Rural Integral. El cuarto punto del Acuerdo es fundamental para la consolidación de la paz.
Pero nos enfrentamos a una lamentable realidad: (Instituto Kroc, 2018)
- El Gobierno Colombiano viene cumpliendo a cuenta gotas y con displicencia lo acordado.
“El 45% de los compromisos consignados en el Acuerdo se han implementado de forma mínima, intermedia o completa, mientras que del 55% no se han iniciado actividades de implementación”, se lee en el documento de 108 páginas, que se dio a conocer a autoridades, líderes excombatientes y medios de comunicación. (Noguera, 2017)
En este punto señala el Instituto Kroc, órgano oficial encargado de acompañar la implementación de los acuerdos, y que a la fecha ha emitido dos informes que dan cuenta del porcentaje implementado a la fecha un 17%. Lo que exige un esfuerzo coordinado para avanzar.
- Si el Estado colombiano privilegia el enfoque de Estados Unidos, como efectivamente parece hacer, por encima de los acuerdos con las comunidades y el mismo acuerdo de paz, se retrocedería de manera preocupante y llevaría la construcción de paz a un escenario negativo, en tanto posibilitaría el auge de los conflictos territoriales, la inseguridad.
Vale reiterar e insistir que, avanzar en el cumplimiento del punto 1 del acuerdo, será esencial para avanzar en el punto 4, es por ello que las organizaciones sociales han hecho un llamado al actual gobierno de Colombia (2018-2021) para que incluya en su Plan Nacional de Desarrollo las iniciativas priorizadas en los diferentes municipios (PDET) del País, que permitan la puesta en marcha (formulación-estructuración y ejecución) de estas a través de los proyectos viabilizados y con los recursos necesarios para su implementación en un escenario de tiempo de mediano plazo (10 años).
Es de recordar que los PDET tienen por finalidad la transformación estructural del campo y el ámbito rural; es un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. Buscan asegurar el bienestar y el buen vivir; la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural; el desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de producción de los pueblos, comunidades y grupos étnicos; el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto y, el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales; y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación.
En los PDET concurren tres dimensiones clave para la profundización democrática del país: la planeación participativa, el desarrollo territorial y la construcción de paz, es decir están formulados en clave de los objetivos y lineamientos de la ONU.
Estos instrumentos y mecanismos participativos deben posibilitar que las comunidades se involucren y participen de manera directa en la identificación de sus necesidades, pero también en la generación de propuestas y acciones para superar dichas condiciones; en este sentido, creemos que los PDET son necesarios para la superación de la pobreza, pero también para potenciar el crecimiento de los territorios y de las regiones que han sido tan fuertemente golpeadas por el conflicto armado.
Vale hacer un último llamado a las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afros, para que potencien su capacidad organizativa, articular sus procesos, fortalecer su capacidad de incidir en la toma de decisiones, entender que la movilización social es un derecho indelegable, y una vía clave para visibilizar problemáticas sentidas en los territorios, las contradicciones del Estado, la falsa información que busca desorientar a los actores estratégicos en la toma de decisiones, evitar ser cooptados por promesas de proyectos que se dilatan e incumplen una y otra y otra vez, exigir sus derechos, hacerlos valer, fortalecer ese poder local blindándose incluso de la cooptación electorera que sigue a cada proceso de elección de gobierno municipal departamental y nacional, fortalecer sus redes de comunicación efectiva, canales de denuncia, fortalecer la construcción tan necesaria de la Autonomía territorial.
Referencias Bibliográficas.
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Instituto Kroc. (agosto de 2018). Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia diciembre 2016 – mayo 2018. Obtenido de kroc: https://kroc.nd.edu/assets/284864/informe_2_instituto_kroc_final_with_logos.pdf
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Notas.
[i] Ponencia presentada como REDIPAZ y Grupo de investigación y editorial Kavilando, en la pasada audiencia púbica citada por la cámara de representantes y realizada en el municipio de Yarumal (Antioquia) sobre el estado de la sustitución de cultivos de uso ilícito en Antioquia.
[ii] Docente investigador, Universidad de San Buenaventura Medellin, Editor revistas El Agora USB. Miembro de REDIPAZ. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[iii] Investigador, integrante del Grupo de investigación y Editorial Kavilando, miembro de la UTL de la concejal Luz María Múnera, Medellín. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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