Esta es  la PNL presentada por Joan Baldoví (Coalició Compromís) al Congreso de los Diputados / Esta és  la PNL presentada per Joan Baldoví (Coalició Compromís) al Congrés dels Diputats.

El Artículo 57 de la Constitución española establece taxativamente el carácter hereditario de la Corona, y así dispone que en su apartado primero que “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica.”

Como vemos, nada se dice respecto a la posibilidad de abdicación en favor de dicha u otra persona ni en cuanto a la posibilidad de donación previa al fallecimiento, siendo la herencia el único mecanismo previsto por la Carta Magna cuyo origen únicamente puede venir mortis causa.

La reciente noticia hecha pública el 2 de junio de 2014 de abdicación del rey en favor de su hijo, supone situarse en un supuesto de hecho carente de regulación al que el Parlamento ha de dar respuesta inmediata.

La única solución a la falta de regulación es la democrática: ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de manifestarse mediante referéndum sobre la posibilidad de que todos los cargos públicos y representativos del Estado español, incluida la Jefatura del Estado, sean designados mediante elección de los ciudadanos y ciudadanas, ya sea de manera directa o a través de sus representantes, tal y como establece el art. 23 Constitución Española.

La abdicación del rey y el vacío legal existente abren la posibilidad de la construcción de un estado en el que la ciudadanía pueda decidir libremente su representación política e institucional, una opción cuya regulación ha de nacer de este Parlamento.

Por todo ello,

1. El Congreso de los Diputados insta al gobierno a impulsar el proceso legislativo relativo a la regulación de la situación creada ante la abdicación del rey en el sentido de profundizar en la democratización del Estado español estableciendo el principio de elección directa o a través de sus representantes de todos los cargos públicos e institucionales, incluida la Jefatura del Estado, por parte de los ciudadanos y ciudadanas, garantizando el principio de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas tanto en el sufragio pasivo como en el activo.

2. Dicho proceso debe contar con la máxima participación ciudadana de todos los ámbitos políticos, sociales y académicos al objeto de iniciar un debate público acerca de la democratización del Estado.

3. Este proceso deberá concluir mediante referéndum, para que de manera libre y directa la ciudadanía pueda decidir acerca de los cambios en el ordenamiento jurídico que esta propuesta requiere.