En su lucha por una educación de calidad para él y sus compañeros de una escuela en zona rural de Colombia (Huila), Eduar Armando Bastidas Cardozo llegó hasta la Corte Constitucional. En 2013, teniendo apenas 17 años, este joven interpuso una tutela para que la Secretaría de Educación de Huila contratara a un profesor de química debido a que la escuela en la que estudiaban no contaba con uno desde el 10 de mayo de 2012. La maestra que dictaba la materia había sido trasladada por esta misma entidad debido a que la escuela no tenía la cantidad suficiente de alumnos.
En su tutela, Eduar rechazó que la Secretaría no tuviera en cuenta que su escuela se encontraba en una zona de conflicto y que la falta de alumnos se debía a que muchos de ellos se habían desplazado por cuenta de la violencia. Por eso cuestionó “que la entidad se niegue a nombrar el profesor que se requiere, considerando, exclusivamente, la cantidad de alumnos que asisten a dicho plantel educativo” y dijo que el nombramiento debía realizarse “teniendo en cuenta la calidad de la educación que él y sus compañeros merecen”. Además adjuntó a su tutela las firmas de unas 150 personas, entre estudiantes y padres de familia, que apoyaban su solicitud.
La Secretaría y el Ministerio de Educación respondieron que, de acuerdo con el decreto 3020 de 2002, “el número promedio de alumnos por docente en la entidad territorial debe ser como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural” y que en la escuela de Eduar el promedio era de 13,25 alumnos por maestro por lo que, en su criterio, la tutela debía ser negada. El juez del municipio les dio la razón a estas entidades en primera instancia. Incluso sostuvo que “la formación del estudiante depende en mayor grado de las ganas de éste por salir adelante, de aprender, de investigar, del empeño que se proponga por resolver, y no de la cantidad de docentes que existan en el plantel educativo. El maestro es una simple guía en nuestra formación”.
Agregó que “el Estado en ningún momento puede obligar a los jóvenes a que vayan a estudiar, eso es personal, de cada uno; de tal manera que si tú eliges ser un profesional, lo serás. Y si tú decides ser un analfabeta o un delincuente, así lo serás”. El joven no se dio por vencido y su caso llegó entonces a la Corte Constitucional.
Eduar fue vehemente ante los magistrados del alto tribunal: si no se contrataba a un profesor de química, eso afectaría “nuestro promedio en las pruebas y nuestro futuro, ya que deseamos continuar nuestros estudios universitarios. Hasta el momento han desertado 41 compañeros y es muy probable que otros lo hagan, ya que muchos padres de familia y estudiantes han manifestado que de no solucionarse esta situación, el próximo año enviarán a sus hijos a otras instituciones y algunos otros se dedicarán a labores del campo”. Aclaró que “no está pidiendo un profesor por alumno, como lo supuso el juez de primera instancia. Lo que solicito es un profesor para toda una comunidad que está situada muy distante de otros centros educativos”.
La Corte le dio la razón. Primero señaló que la Secretaría de Educación de Huila vulneró los derechos fundamentales de estos jóvenes al hacer el traslado y no contratar a nadie en reemplazo. De esta forma, se puso a Eduar y sus compañeros en desventaja frente a otros miles de muchachos con una mejor enseñanza para ingresar, por ejemplo, a una universidad. La Secretaría “no adoptó ninguna medida encaminada a remediar los inconvenientes que causó el traslado de la anterior maestra, ni le concedió la menor importancia a que los estudiantes se hubieran visto obligados a desplazarse los fines de semana para recibir sus clases, ni a que algunos de ellos estuvieran contemplando la posibilidad de desertar”, sostuvo.
Y agregó que “permitir que los habitantes de las zonas rurales sigan resignando sus aspiraciones de movilidad social a las limitadas posibilidades que les brinda el sistema educativo oficial riñe con el principio de trato preferencial consagrado por la Constitución a favor de los grupos tradicionalmente marginados. El Estado tiene una deuda pendiente con la prestación de un servicio educativo rural cualificado”. En cuanto a los argumentos del juez de primera instancia, la Corte dijo que “es inaceptable que un juez critique a un peticionario por el solo hecho de haber acudido a la tutela (…). Sobre todo, inquieta que tales críticas se dirijan a un menor de edad (…). Las recriminaciones del juez denotan un absoluto desconocimiento de la Constitución y dejan una impresión lamentable acerca de quien debería ser el principal interesado en propugnar por los valores constitucionales”.
Con este panorama, la Corte le ordenó a la Secretaría de Educación de Huila tomar todas las medidas para que la escuela de Eduar cuente con un profesor de química, medidas que, por orden de la Corte, deben estar acompañadas y vigiladas por la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Colombia. Igualmente, la Corte exhortó al Ministerio de Educación para que capacite a las secretarías de Educación municipales y departamentales sobre su responsabilidad en la adopción de medidas destinadas a asegurar la disponibilidad de la educación que se presta en las zonas rurales del país.
El Espectador intentó comunicarse con Eduar pero fue imposible. Al parecer ya se graduó del colegio. Quizás esté luchando ahora para ingresar a la universidad. Lo que es seguro es que a su corta edad ya cambió la historia, por lo menos de su comunidad.