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De forma directa y clara se refirió el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia al proyecto de reforma a la ley de educación superior, Ley 30 de 1992.
Ante el articulado radicado por el Gobierno en el Congreso de la República, el máximo órgano académico del Alma Máter se pronunció el viernes para "reconstruir brevemente el camino recorrido y fijar su posición".
Luego de presentar un breve contexto de la iniciativa, el Consejo recordó que había advertido sobre la inconveniencia de presentar un proyecto tan sensible en este año electoral, "además de la falta de claridad en sus propósitos, de la ausencia de coherencia, y del desatino de cambiar una ley sin que la que se propone como sustituta la supere en coherencia normativa, en finalidades precisas y en eficacia material".
A pesar de que en la propuesta final no se incluyó el componente que permitía a las universidades tener ánimo de lucro, para el Académico la discusión no se ha agotado.
Se refiere al caso de la tipología de las Instituciones de Educación Superior (IES), porque la reforma no reconoce la necesidad de tener tres clases de instituciones con "objetos misionales y académicos diferentes" que requieren asignaciones de recursos distintos.
Uno de los temas que más ha defendido la Ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, es el fortalecimiento de los créditos a través de Icetex para aumentar la cobertura. Al Académico del Alma Máter, sin embargo, le parece que la cobertura "no se garantiza con la fórmula de los "créditos con cero intereses", ya que, como lo muestra dramáticamente el caso chileno, el traspaso de esa responsabilidad, a los esfuerzos individuales y al presupuesto familiar, lo único que logra es pauperizar aún más las ya menguadas economías de la mayor parte de la población".
El tema del dinero
Esta semana el Sistema Universitario Estatal (SUE), emitió un comunicado en el que pide al presidente del Congreso de la República, Juan Manuel Corzo, agendar el proyecto de reforma para que sea votado. Uno de los argumentos para esa solicitud es que si no se cambia la ley vigente seguirían llegan recursos insuficientes al sistema.
El Consejo de la U. de A. comparte con el SUE que la situación financiera de las universidades públicas es insostenible y para que eso no sea una urgencia para aprobar la reforma hace una propuesta: "De manera transitoria se asignen, en la Ley del Presupuesto General de la Nación de 2012, recursos adicionales, y tratar así de asegurar un incremento en la base presupuestal en un porcentaje superior al aumento del índice de precios al consumidor, al menos de tres puntos".