Al conseller Raül Romeva le preguntaron ayer en Bruselas muchas cosas sobre la situación que vive Catalunya. También le pidieron su opinión sobre la fuga de unas 800 empresas desde el primero de octubre. La respuesta fue que “no hay impacto sobre la actividad económica”. Nada más.
Se nota que la actividad parlamentaria está paralizada o únicamente dedicada a la marcha del proceso hacia la independencia. Se habla de la fuga de empresas en la calle, en los bares y en las familias. Las radios lo despachan como si fueran noticias puntuales y la república de tertulianos no discute mucho sobre el tema. Pienso que es una de las consecuencias más negativas que han ocurrido desde que el proceso entró en su fase más crítica.
En cualquier país europeo sería una cuestión principal que se llevaría al Parlamento, se debatiría y se pedirían explicaciones al gobierno de turno. Aquí no se ha tratado en el Parlament. Se han producido declaraciones, eso sí, pero no se han rendido cuentas. El vicepresident Oriol Junqueras, responsable de Economía del Govern, ha hecho alguna manifestación sin entrar en el fondo de la cuestión y, sobre todo, sin confirmar un éxodo empresarial de estas magnitudes.
El 5 de octubre Junqueras dijo que “no va a haber una huida de empresas de Catalunya”. Al cabo de unos días, cuando el sector financiero había anunciado que se trasladaba a Alicante y Valencia, dijo que “el traslado de sedes tiene un impacto más psicológico que real”. Y para mitigar el impacto de la fuga de Banc Sabadell y CaixaBank se le ocurrió que “no trasladarán la sede a Madrid, sino aquí cerca, en los Països Catalans”. También añadió que “el cambio de sede social es algo temporal”.
Las opiniones de Junqueras son muy respetables, pero no me parecen responsables en un movimiento empresarial que puede afectar al futuro económico, industrial y productivo de Catalunya. Es una cuestión que debería tratarse ampliamente en el Parlament y si está inactivo por las razones conocidas, el vicepresident de Economía tendría que salir con todas los datos que disponga sobre este trasiego de sedes sociales de empresas.
No hace falta que nos ofrezca más opiniones o valoraciones, sino que nos facilite los datos para que nos podamos hacer una idea de lo que significa para la economía del país. Lo mismo cabe exigir a la alcaldesa Ada Colau, contraria a la expansión turística en Barcelona, que nos dé cuenta de cómo piensa recuperar el notable descenso de visitantes en la ciudad.
Parece que a los que nos gobiernan sólo les interesa un tema que es muy importante, ciertamente, pero no el único. No sé cuándo se celebrarán las próximas elecciones, pero es muy probable que haya sorpresas en la noche en que se abran las urnas. En política no se pueden olvidar los intereses de los ciudadanos.