CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA:
UNA VISIÓN DESDE LAS RELACIONES
ESTADO-SOCIEDAD*
Eugenio D’Medina Lora**
El análisis tradicional del conflicto social en el Perú ha situado el
centro de gravedad del problema en la lucha de clases. Sin embargo,
la creciente complejidad del conflicto requiere explicarlo desde una
visión más amplia. El presente ensayo plantea que los detonantes
de los conflictos sociales en Perú, especialmente desde la década de
los años sesenta en adelante, pueden tener origen en un creciente
resentimiento de la relación de la sociedad con el Estado, que se ha
plasmado en una consistente percepción desfavorable de la opinión
pública hacia las instituciones estatales, y por extensión, hacia el
sistema democrático en el que se insertan.
1 Introducción
Si existe algún tema de agenda política de real vigencia en el Perú, al
finalizar la primera década del siglo XXI, este es, sin duda, el conflicto
Revista de Economía y Derecho, vol. 6, nro. 23 (invierno de 2009). Copyright © Sociedad
de Economía y Derecho UPC. Todos los derechos reservados.
* El presente ensayo recoge algunos de los desarrollos teóricos presentados en el II
Congreso Latinoamericano del World Association of Public Opinion Research (WAPOR):
“Opinión pública, democracia y conflicto en América Latina”, realizado en Lima, Perú, del
22 al 24 de abril de 2009.
** Director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos del Perú (Cepper), investigador
asociado de la Sociedad de Economía y Derecho, miembro del Departamento de Economía
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor
y profesor de economía y ciencia política en el Posgrado de Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas y la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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social. Desde las confrontaciones entre el Estado y los pueblos nativos
amazónicos por la disputa acerca del alcance de determinados dispositivos legales hasta las diferencias por los asuntos medioambientales,
se configura un escenario caracterizado por un conflicto que llega a
percibirse, por la opinión pública, como incompatible con un relacionamiento sostenible entre el Estado y la sociedad peruana, cuando
no, como un indicio peligroso de una inviabilidad de país que aparece
factible ante ciertos desbordes de los actores del conflicto. Por tanto,
el conflicto social constituye un fértil campo de investigación y exploración intelectual, cuya complejidad hace imprescindible examinarlo
desde distintos ángulos y enfoques renovados.
¿Cómo entender al conflicto social en el Perú? Siguiendo la definición clásica de Lewis Coser, se conceptúa en el presente ensayo que
un conflicto adquirirá la categoría de “social” cuando trascienda la
esfera individual y se origine en la propia estructura de la sociedad,
entendida esta como el sistema colectivo que comprende la organización social y los valores de los miembros de una sociedad1. A partir de
esta definición, los conflictos no sociales serán los que se originen en
el ámbito de lo estrictamente individual pero además, cuyo origen no
esté en la estructura de la sociedad. No todo conflicto entre miembros
de la sociedad configura conflicto social. Tampoco es necesario que el
conflicto social se manifieste en movilización de masas. Por tanto, lo
que interesa para catalogar y, posteriormente, analizar el conflicto2,
es encontrar un origen del mismo en algún aspecto de la estructura
misma de la sociedad.
El análisis tradicional del conflicto social en América Latina, y particularmente en el Perú, ha situado el centro de gravedad del problema en la lucha de clases. Esto significaba, de una manera u otra,
que el conflicto social era resultante de fuerzas en lucha que, además,
tenían fuertes contenidos psicológicos que representaban estados de
ánimo individuales, las cuales materializaban, por un lado, descontentos ante la desigual distribución de la riqueza y, en algunos casos,
el empobrecimiento o la pauperización de ciertos segmentos de la
sociedad, mientras que, por otro, reflejaban la conservación de posesiones, el temor y la reacción de otros grupos sociales ante las pretensiones de quienes amenazaban con desposeerlos que lo que habían
adquirido.
El presente ensayo pretende mover este centro de gravedad hacia
otros elementos propios de la estructura social peruana y que podrían
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explicar mejor otras aristas del conflicto social que, a nuestro juicio, ya
no son satisfactoriamente explicadas por la visión tradicional. Es un
estudio básicamente a nivel conceptual y, por ende, un punto de partida para uno más profundo en el contexto de una investigación más
extensa. De hecho, a modo ilustrativo, aunque por razones de enfoque
y extensión, el análisis se circunscribirá al conflicto contemporáneo en
el Perú, es posible postular la hipótesis de que la visión alternativa
que se propone pueda aplicarse al estudio histórico del conflicto en
el Perú desde los orígenes de la República y, posiblemente, antes, lo
cual puede abrir nuevas líneas de exploración. Por lo pronto, se postula
esta visión alterna, construida sobre la base de algunos de los aportes
teóricos más relevantes de la teoría del conflicto3.
2 Rayando la cancha: la sociedad y el Estado
2.1 Sociedad y Estado
Una sociedad es comúnmente definida como una agrupación de individuos que comparten fines, conductas y cultura y que se relacionan
interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una
comunidad. Compartir fines y cooperar entre sí se convierten en elementos constitutivos de una sociedad, a partir de esta definición.
Pero estas categorías, como constituyentes de una definición amplia,
deben ser conceptuadas en términos igualmente amplios. Porque es
posible que una agrupación humana –sea cual fuere– constituya una
sociedad aun si tiene variados fines, muchos de ellos en abierta contraposición; si presenta distintas conductas que se traducen en modus
vivendi también distintos; si coexisten culturas disímiles configurando
un panorama multicultural. En otras palabras, la diversidad es constituyente intrínseco de las sociedades, lo que se hace más claro en
las sociedades modernas4. Por otro lado, también es posible que una
sociedad cobije miembros que incluso se interrelacionan no solo bajo
vínculos cooperativos sino también otros del tipo competitivo, como
resultado de la defensa de intereses grupales que reflejan la diversidad
aludida anteriormente.
De igual modo, se puede definir al Estado desde una perspectiva
amplia o estrecha. Bajo una concepción amplia, el Estado es, en sí, una
sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que
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le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un
orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien
público temporal de sus componentes. Sobre la base de esta definición,
los elementos clásicos del Estado son: i) el territorio, que constituye el
espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal; ii) el pueblo, pues
no puede existir Estado si no hay ciudadanos, o cuanto menos, pobladores que habiten el territorio de la jurisdicción estatal; y iii) el poder,
entendido como la capacidad de ejercer coacción, dominio y control
sobre los individuos, con el objeto de limitar su libertad para adecuar
su comportamiento a una convivencia social entendida como adecuada
y sustentada en un sistema de subordinación de orden jerárquico de
competencias y de cooperación basadas en la ley. En esta concepción
amplia, el Estado incluye a la sociedad y se funde con ella.
Desde una perspectiva menos amplia, el Estado es una entidad
organizada que tiene legitimidad sobre el poder de coerción en una
determinada sociedad, compuesto por el conjunto de instituciones que
poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan
dicha sociedad, ejerciendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Esta es la acepción en que se usará el concepto
de “Estado” en el presente ensayo, es decir, como “aparato estatal”.
Para cumplir esas funciones, dentro del Estado se incluye instituciones
como las Fuerzas Armadas, la administración pública, el Parlamento,
los tribunales y la policía, los que le permiten al Estado asumir las
funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad, las relaciones
exteriores y de intervención en la economía.
2.2 El sistema Estado-sociedad
Puede considerarse, para efectos metodológicos de la explicación del
conflicto social contemporáneo en el Perú, un modelo sistémico en
que la sociedad y el Estado se relacionan a través de cuatro grandes
subsistemas, dentro del marco de un gran supra sistema cultural. Estos
subsistemas son: i) jurídico-protectivo; ii) político; iii) de provisión de
servicios públicos; y iv) económico. Interactúan entre ellos y configuran relaciones de complementariedad y relaciones de conflicto.
El subsistema jurídico-protectivo está conformado por el conjunto
de instituciones, normas, procedimientos, fuerzas coactivas, elementos
logísticos y funcionarios públicos y pobladores de una sociedad, que
garantizan el marco jurídico que proporciona la seguridad jurídica y el
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uso legal de la fuerza para la protección efectiva de los ciudadanos. El
subsistema político incluye los procedimientos explícitos e implícitos
que permiten tramitar las discrepancias ideológicas y las alternancias
en el ejercicio del poder gubernamental, para lo cual el Estado provee
las instituciones que encauzan las dinámicas que se suscitan por el
devenir de la política partidaria. El subsistema de provisión de servicios públicos lo componen las entidades y sistemas de oferta de bienes
públicos, incluyendo las infraestructuras de transportes, energéticas,
de comunicaciones, de saneamiento, entre otras. El subsistema económico está compuesto por el conjunto de instituciones, consumidores y
productores que interactúan para resolver el problema económico de
la escasez, definido como el desbalance entre necesidades ilimitadas a
satisfacer con recursos limitados.
Todos estos subsistemas interactúan dentro de un gran supra sistema cultural, que establece los términos implícitos del relacionamiento Estado-sociedad a través de cada subsistema. Consecuentemente, lo lógico es que el conflicto se tramite precisamente a través
de los canales de relacionamiento entre el Estado y la sociedad, donde
lo cultural es el gran marco del conflicto. El conflicto es, así, inherente a las relaciones sociales, por que lo esperable es que se produzca
siempre que existen agrupaciones humanas, y que su magnitud y proliferación se incrementen en relación con el tamaño y la complejidad
de tal colectivo humano. El conflicto es, entonces, de naturaleza multánime, diverso y caótico. Y también, intrínsecamente vinculado a las
relaciones de autoridad que el Estado ejerce sobre la sociedad.
La sociedad y el Estado son construcciones pendientes siempre y
en cualquier país, sea desarrollado o no. ¿Por qué? Porque son entidades vivas, parte de un orden evolutivo que las hace transformarse
permanente y continuamente. Las sociedades con el resultado de la
evolución materializada a través de infinitas relaciones entre individuos, por un lado, y entre estos y el Estado. Por tanto, siempre y en
todo momento y lugar, están cambiando y configuran construcciones
dinámicas no completadas por definición. La “construcción social”, si
algo así puede existir5, es siempre una construcción incompleta, por
definición.
Una revisión histórica muestra que esta construcción se realiza
siempre a través de relaciones de conflicto social. De hecho, todo conflicto puede verse como una manifestación del caos6. Pero ¿por qué se
produce el conflicto? ¿Cuál es su fuente?
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3 Conflicto de clases o conflicto sin clases
3.1 La visión tradicional
La visión más tradicional enmarca la problemática del conflicto dentro
de la lucha de clases que postula la teoría marxista7 como motor de la
dinámica de la historia y de la evolución social8. Lucha que se produce
por la confluencia de asimetrías en la distribución de la riqueza y de las
reacciones psicológicas ante tales desigualdades. Lucha que se transforma en conflicto social y que se torna tan permanente como lo son la
existencia de desigualdades y las reacciones psicológicas ante ellas.
Entonces, para el marxismo, el conflicto es el principal factor
estructural de la historicidad de las sociedades. Marca el ritmo de la
historia y, en tal sentido, existe una permanencia de la presencia de
los conflictos en toda sociedad, pues el conflicto es siempre inherente
al individuo, y, por ende, a la vida en sociedad. El conflicto aparece
entonces como el principal motor de la historia, porque tarde o temprano genera impactos y transformaciones que pueden observarse violentamente o sutilmente. Además, los conflictos sociales representan
confrontación de intereses y estructuran un escenario dialéctico de
oposición entre individuos que defienden una situación beneficiosa
para ellos y otros individuos interesados en cambiar dicha situación.
En el contexto de esta visión, toda sociedad configuraba un escenario de confrontación de clases sociales que explicaba una parte fundamental del cambio social. No lo hacía en su totalidad, pues el cambio
social era también el resultante de fuerzas exógenas a la sociedad, que
actúan desde afuera de ella, como el medio geográfico, el clima, los
desastres naturales y demás. Pero otra parte del cambio se explicaba
por la presencia de fuerzas endógenas de cambio, nacidas del propio
sistema social, resultantes del funcionamiento y de la estructura del
mismo sistema. En otras palabras, la propia dinámica del sistema social
originaría las fuerzas que lo irían transformando, a base de confrontaciones dialécticas y precisamente a través del procesamiento de las
relaciones de conflicto entre miembros de la sociedad.
De este modo, en la visión marxista, el conflicto está inscrito en la
naturaleza misma de la organización social y provoca en ella no solo el
cambio, la evolución y, en algunos casos, las revoluciones, sino también
genera su propia historia. En línea con esta lógica, el interés meto98
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
dológico del análisis marxista se centra exclusivamente en la lucha
de clases, lucha que resulta de las contradicciones estructurales de
la sociedad como resultado de la desigual distribución de los medios
de producción y que debe conducir invariablemente, por un determinismo histórico, a la resolución del conflicto mediante las revoluciones.
Es decir, con cambios bruscos y radicales que dan por resultado la
sustitución absoluta de unos individuos que detentan el poder, la autoridad y el control social, por otros individuos que poseen la característica esencial de pertenecer a la clase social sojuzgada por la clase a la
que pertenecen los primeros. Esta solución revolucionaria es la que
permite el cambio social para alcanzar un orden en que se reemplace
el Estado que perenniza la distinción de clases por otro Estado que
esté conformado por una sola clase social, que sería la vencedora de la
revolución: el proletariado.
La revolución se convierte, así, en el correlato necesario de la
lucha de clases y de la solución última del conflicto social, hasta el
punto en que todo lo que antecede a una revolución no contribuye
más que a construir un sistema de oposición de clases que, una vez
llegado su punto extremo de maduración, acabado o perfecto, simplemente alcanza su estadio de contradicción máxima, destruyéndose a sí
mismo, para dar lugar a un sistema nuevo, que, a su vez, se construye
progresivamente, en reemplazo del anterior. Por tanto, el tiempo de
la revolución es el único tiempo en que se hace historia, pues todo lo
demás solo prepara las condiciones para la revolución.
La generalización marxista es congruente con todo su andamiaje
conceptual en lo político, pues si todo conflicto es únicamente resultante de confrontación de clases sociales, la eliminación de las mismas
por efecto de la igualdad de todos los miembros de la sociedad eliminaría también todo conflicto social. Marx creyó en el advenimiento de
una sociedad sin clases tras la desaparición de la propiedad privada, lo
que sería entonces la solución al conflicto social, con lo cual claramente
entendía que la sociedad capitalista constituía el estadio más propicio
para que este conflicto se extremara y, por consecuencia, también se
intensificara su solución. Esto es muy comprensible, teniendo en consideración que, en la sociedad capitalista del siglo XIX, la propiedad
y el control de los medios de producción aparecían indisolublemente
vinculados. Sin duda que de esta idea es muy fácil deducir que se
hace importante la existencia de una entidad que pueda producir esa
igualdad, que no se produce por orden espontáneo, sino que hay que
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generarlo deliberadamente. Esa entidad tendría que poseer suficiente
poder y autoridad como para alzarse como el gran ordenador, el gran
regulador de la sociedad, para conducir a sus miembros a la resolución
del conflicto madre de todos los conflictos, que sería la desigualdad
social. Desde luego, tal entidad tendría que ser el Estado.
3.2 Una nueva mirada al conflicto social
Marx comprendió acertadamente que tales relaciones de conflicto son
intrínsecas a la esencia de la sociedad misma y su gran logro estriba
en ubicarlo en una posición central del análisis social. Sin embargo,
el devenir histórico del siglo XX puso en evidencia algunos hechos
que no eran consistentes con la predicción marxista. De hecho, la evidencia empírica mostró que gran parte de los conflictos no respondían
a cuestiones vinculadas a la tenencia desigual de la propiedad privada
y de los bienes materiales, sino que también se relacionaban a bienes
inmanentes como la libertad o la defensa del medio ambiente, por
ejemplo.
Además, la evidencia empírica mostró que las revoluciones no
constituyen una consecuencia inexorable de la historia, sino que son
hechos esporádicos que ocurren bajo condiciones muy particulares,
las cuales tampoco son siempre consecuencia de una desigual distribución de los medios de producción. Incluso si se concibe un perfecto
sistema de oposición de clases, que cobija relaciones dialécticas predecibles, no tiene que desembocar necesariamente en una revolución,
sino que por regla general da lugar a constantes transformaciones del
propio sistema: transformaciones que podrían ser también el resultado
de relaciones dialécticas que podrían permitir al sistema perpetuarse
mediante la evolución, en vez de la revolución. De hecho, la constatación histórica permite observar que es más común, en todo caso,
la evolución expresada en cambios progresivos de estructura que no
entrañan necesariamente, o bruscamente, la sustitución de personas o
grupos dominantes, sino, en todo caso, la sustitución de agendas y prioridades políticas que abren paso a nuevos actores que antes pudieron
estar marginados.
El énfasis metodológico marxista fue desafiado desde la identificación de sus falencias, lo que dio lugar a otras visiones alternativas.
Una de las más interesantes, aunque no por eso tan radical, es la de
Lewis Coser, para quien todo conflicto es un proceso de lucha por los
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CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de
la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales.
Aunque ya no considera directamente la lucha de clases como fuente
del conflicto, la visión de Coser sitúa la disputa por los recursos escasos
como uno de los motores del conflicto, aunque lo relativiza poniéndolo a la par de otros factores también relevantes como los valores, el
estatus y el poder. Toma la forma de conflicto social cuando trasciende
lo individual y la fuente del mismo proceda de la propia estructura de
la sociedad9.
Otro importante enfoque alternativo que resulta particularmente
útil para avanzar en la línea de análisis del presente ensayo, es el
modelo de conflicto de Ralf Dahrendorf10. Este enfoque plantea que
no es suficiente explicar los conflictos sociales desde lo distributivo o
lo psicológico, como si resultaran exclusivamente de las disparidades
de riqueza y de los sentimientos o de las emociones de los miembros
de la sociedad, expresados en el resentimiento producido porque unos
tienen lo que otros carecen. Según este análisis, la reducción del conflicto al problema dialéctico de las clases sociales, sobre simplifica la
complejidad subyacente al mismo, porque la variedad de los subsegmentos de la sociedad da lugar a la enorme variedad de intereses, los
cuales unas veces están ligados a lo que se puede entender11 como
“reivindicaciones de clase”, y otras veces, no lo está.
La “clase” es vista solo como uno de los grupos de interés de la
sociedad y la “lucha de clases” no es más que uno de los conflictos de
intereses que confronta a diversos grupos de interés. Por tanto, es una
sobre simplificación situar el origen de los conflictos de clase en la
propiedad de los medios de producción, ya que es posible la disociación entre propiedad privada de los medios de producción y el control
sobre ellos. En el capitalismo moderno, la propiedad está a menudo
diseminada entre miles de accionistas que no ejercen control alguno
sobre el uso de los medios de producción. Este manejo se encuentra,
usualmente, en manos de tecnócratas y burócratas del sector privado.
E indirectamente, dependiendo de su grado de intervención, también
termina en manos de tecnócratas y burócratas del sector público.
Así, siguiendo el andamiaje teórico y las categorías marxistas, sería
el control sobre los medios de producción, más que la propiedad de los
mismos, el factor esencial y primordial del conflicto de clases. Y si no
se siguiera los parámetros del análisis marxista, habría que prescindir
del concepto de clase, para concluir que el control sobre los medios
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de producción, y no la propiedad privada sobre ellos, es el factor fundamental del conflicto entre los grupos que conforman las sociedades.
Esta es la piedra angular del enfoque del conflicto de Dahrendorf,
que abre nuevas vías de entenderlo, incorporándolo a una concepción
dinámica evolutiva de la sociedad y alejándolo de la concepción estática de la revolución como gran ordenadora del conflicto social.
3.3 Los orígenes del conflicto: de la “clase” al “grupo de
interés”
Dahrendorf buscó las fuentes estructurales del conflicto social más
allá de los aspectos psicológicos o éticos que surgían de una situación
estructural de desigualdad y plantea, en cambio, que hay que buscarlas
en el modo en que funciona objetivamente la estructura de la organización social. Encontró que lo esencial, en cualquier estructura social,
es decir, el común denominador de las sociedades, más allá incluso si
se trata de sociedades políticas o religiosas –e incluso, anarquistas– es
la autoridad. Pues, de hecho, es lo que le da cohesión a la organización
social y lo que la define, ya que es inconcebible sin la autoridad. Porque
en toda colectividad hay siempre personas o grupos que ejercen autoridad y personas o grupos sujetos a esa autoridad.
Es un hecho ineludible que la autoridad existe en toda colectividad
humana, porque forma parte de la misma estructura social. Puede presentarse en formas diferentes y ejercerse de formas diversas, dependiendo de factores culturales o de los escenarios sociales que dicte la
real politik. Entendiendo que toda sociedad, para funcionar, lo hace a
partir de relaciones de autoridad, Dahrendorf establece que la principal fuente estructural de conflictos sociales no es la desigual distribución de los medios de producción, sino la desigual distribución de
la autoridad.
Para entender mejor este planteamiento, es decir, por qué la autoridad está a la base de la estructura social, es conveniente partir de la
distinción entre autoridad y poder. Siguiendo a Max Weber12, el poder
refleja la posibilidad o la capacidad de que un individuo cualquiera,
implicado en una relación social, de conseguir lo que quiere contra
toda resistencia que se le oponga, independiente de la base sobre la
que se fundamente esa posibilidad o capacidad. El poder se define
en relación con el individuo y sus posibilidades y capacidades. Puede
depender de la fuerza física de un individuo, de su talento, de su
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carisma, del lugar que ocupa en una estructura jerárquica o de sus posibilidades económicas13. En cambio, la autoridad es un caso especial de
poder, específicamente, un poder definido por bases de fundamento
social que implican obediencia y aceptación de un grupo determinado
de miembros de la sociedad. Estas bases de la autoridad pueden ser
de tipo legal, político o económico. La autoridad está estrechamente
vinculada al puesto ocupado, al rol desempeñado en una organización
social o a la ley. La autoridad se vincula a la existencia de cierta legitimidad y de una estructura jerárquica que conlleva a ordenamientos
institucionalizados. En la medida en que es legítima, toda autoridad se
sustenta en bases normativas, que pueden ser la ley y las normas.
A raíz de la legitimidad, la autoridad se distingue del simple poder
fundamentado en la fuerza legítima o ilegítima, así como también del
liderazgo, que se basa en la persuasión. La relación de autoridad es
una relación de órdenes y obediencia, en la cual, quien detenta la autoridad, tiene el derecho de mandar y los otros la obligación de obedecer. Este concepto de la autoridad está íntimamente relacionado, en
cualquier sociedad, a la existencia y al papel del Estado en su relación
con la propia sociedad, por cuanto toda estructura social, para ser tal,
requiere de la existencia de relaciones de autoridad que regulen el
comportamiento social de sus miembros. La autoridad, de esta manera,
es el nervio de la estructura social.
Por todas estas consideraciones, si lo que se quiere buscar son las
fuentes estructurales de los conflictos, hay que encontrarlos en la autoridad, y no en el poder, que, bajo la definición weberiana, es lo que
podrían ejercer las clases dominantes sobre las dominadas, siguiendo
la concepción marxista. Al ser la autoridad un elemento esencial de la
estructura social, se infiere que si el conflicto está siempre presente en
la sociedad, este es intrínseco a la misma estructura social y, por ende,
también al ejercicio de la autoridad. Donde hay autoridad, hay conflicto potencial. La autoridad y la división de la autoridad son necesidades inherentes a la estructura y al funcionamiento del sistema social,
pero, al mismo tiempo, provocan conflictos que afectan y modifican al
sistema.
El gran nexo entre autoridad y conflicto está en la particular naturaleza de la desigualdad en el ejercicio de la primera. En efecto la
autoridad está desigualmente distribuida, pero de manera que tiene
distintos efectos que la desigualdad de la riqueza. Aunque algunos
individuos posean más que otros, respecto de algún tipo de riqueza, es
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posible que estos últimos posean al menos algo. No es una distribución
dicotómica, en el sentido de poseer todo o no poseer nada, respecto
de algo específico. En cambio, respecto de algo concreto, mientras
algunos pueden detentar autoridad, otros carecen absolutamente de
ella. Es una distribución dicotómica. Lo central del concepto de la distribución dicotómica de la autoridad es que se produce un conflicto de
intereses entre quienes detentan la autoridad y quienes están sujetos a
ella pero no poseen nada de la misma. Por consiguiente, los que ocupan
puestos de autoridad tienen intereses en común que no pueden compartir con quienes están sujetos a la autoridad. Inversamente, los que
están sujetos a la autoridad comparten ciertos intereses, por el hecho
mismo de su situación común de desposesión compartida. A raíz de
esto, los intereses de ambos son contrarios, contrapuestos y, eventualmente, confrontacionales.
Un grupo de interés es toda agrupación de personas que posee
una cierta organización, un programa de acción y objetivos bien definidos, tal como un gremio empresarial, un sindicato de trabajadores,
un partido político, una organización vecinal, un frente de defensa,
un comité en defensa de alguna causa, etcétera. El grupo de interés
no es la clase social, aun cuando la conducta y la acción del primero
puedan parecerse, en algunos casos, a la segunda, o cuando sus miembros integrantes puedan ser catalogados como pertenecientes a una
determinada clase. El grupo de interés constituye una unidad de análisis más reducida y parcial, a partir de la cual se analiza el conflicto y
sus consecuencias, porque solo el grupo de interés puede ser el agente
del conflicto.
Pero la sola existencia de los grupos de interés no basta para que
se produzca el conflicto social. Para que ocurra, debe darse una condición: que los intereses latentes se conviertan en intereses manifiestos14.
Adicionalmente, no toda presencia de intereses genera conflicto social
porque no todo grupo de personas que comparten intereses constituye
un grupo de interés. Los latentes pueden provocar conflicto de intereses, pero al no ser concientes, ni explícitos, solo pueden dar lugar a
la formación de cuasi grupos y, por tanto, no pueden generar conflicto
social. Al contrario, los intereses manifiestos son factores mucho más
poderosos de conflicto. En torno a ellos se constituyen los grupos de
interés activo, capaz de elaborar una política de acción organizada y
de planificar una estrategia, orientada al logro de objetivos específicos,
que dan lugar al conflicto social. En grupos reducidos, asociaciones
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CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
cerradas o sociedades tribales, esta dicotomía es muy clara. En una
sociedad global, no, porque las personas o los grupos que ejercen una
autoridad en una organización particular pueden carecer de la misma
en los restantes sectores de la misma sociedad. En la práctica, las
mismas personas y los mismos grupos que ejercen una autoridad en un
colectivo humano, sea la sociedad en su conjunto, en un sector de esta
o una organización, pueden ejercer también algún tipo de autoridad
en otros sectores u organizaciones15.
Dahrendorf completa su concepción del conflicto social estableciendo dos niveles de análisis del mismo y vinculándolos a la acción de
los grupos de interés. Estos niveles son la intensidad y la violencia. La
intensidad de un conflicto hace referencia a la suma de energía desplegada en el conflicto, o sea, a las pasiones o emociones que suscita,
a la importancia que se dé a la victoria o a la derrota. La violencia, en
cambio, se refiere a los medios empleados, a las armas utilizadas para
combatir a las fuerzas opuestas. Ambas escalas son independientes
entre sí. La intensidad de un conflicto decrece en la medida en que los
grupos de interés puedan organizarse, cuando no se superponen los
unos a los otros y siempre que la distribución de autoridad no coincida
con la distribución de las posibilidades económicas. La violencia de los
conflictos decrece en la medida en que los grupos de interés puedan
organizarse o si los que se ven privados de autoridad comienzan a
tener, por lo menos, cierta ventaja económica, o si los conflictos son
racionalizados bajo esquemas en que las partes reconozcan lo que las
separa y establezcan reglas comunes.
4 El actor faltante en la escena del conflicto social
Partiendo del punto donde lo dejan Dahrendorf y Coser, pretendemos
entender las causas del conflicto en países como los latinoamericanos,
en particular en el Perú, donde los pilares institucionales son débiles,
las masas críticas de pobres son altas y la cultura del despojo y la
jerarquización vertical prevalece. Para entender cómo la lucha por la
autoridad se tramita en sociedades políticas particularmente débiles
es necesario recordar que la sociedad política es una organización
social heterogénea que ha superado el estado de naturaleza y que está
dotada, por lo tanto, de un aparato estatal, sistemas de comunicación y
de una organización jerárquica, centralizada y gestora, con capacidad
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para controlar y organizar la vida de grandes agrupaciones de individuos, orientada a mantener la propiedad del propio territorio frente
a otras sociedades políticas y a mantener la unidad resultante del
proceso de atracción y convergencia, en torno a sí, de las partes que
pueden ser, en principio, divergentes entre ellas, a través del manejo
del conflicto social.
A tal efecto, podemos entender entonces que, si la expresión máxima
de autoridad, en una sociedad política16, la representa el Estado, se
deduce que la búsqueda del acceso a la autoridad ejercida desde el
Estado se convierte en el elemento de conflicto por excelencia. En
consecuencia, el conflicto puede pensarse como el proceso de confrontación entre grupos de interés de una sociedad que disputen intereses
manifiestos de apropiarse de parte de la autoridad ejercida desde el
Estado. Los grupos de interés competirían por lograr porciones de ese
poder estatal, para su propia satisfacción de sus intereses de grupo.
De este modo, el Estado entra como actor en la escena del conflicto,
algo que no está presente en el análisis tradicional. En efecto, bajo el
enfoque predominante, los conflictos se producían debido a la dicotomía entre clases dominantes y dominadas, pudientes y pobres, altas y
bajas, propietarias y proletarias. En particular en América Latina, este
modelo del conflicto resultaba particularmente adecuado debido a los
antecedentes socio-históricos que enmarcan las disputas diversas en el
seno de las sociedades de la región. Antecedentes que configuraban
básicamente una historia de despojos y sometimientos sociales que
datan incluso desde antes de la constitución de las repúblicas latinoamericanas. De esta manera, las luchas entre sociedades indígenas y los
sometimientos subsecuentes, el proceso de conquista y posterior coloniaje español y portugués y las posteriores disputas entre los criollos
descendientes de europeos y los mandatos de las Coronas insulares,
configuraron un telón de fondo al conflicto social latinoamericano que
explotó después de la independencia con las confrontaciones entre lo
criollo y lo indígena y que calzó muy bien con el modelo dialéctico de
confrontación entre dominantes y dominados.
En todo este proceso, el conflicto aparece como disputas entre
grupos de la sociedad, mientras que la figura del estado se convierte
en casi una imagen decorativa y contemplativa. Pero esta visión ha
dejado pasar por alto que, en teoría política, el papel del estado en la
sociedad es probablemente el tema de mayor controversia en la actualidad, aunque podría rastrearse esta problemática hasta los tiempos
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CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
de Platón y Aristóteles. Para no extender la línea temporal del análisis, en el debate contemporáneo, principalmente desde la Revolución de 1989, los ataques del 9/11 y la crisis global de 2008, el centro
del debate ha estado en definir cuánta intervención del Estado en la
vida de la sociedad, resulta deseable políticamente, adecuado desde la
perspectiva moral y eficiente en la creación de riqueza y en la erradicación de la pobreza.
La naturaleza del conflicto social, sus características y su despliegue
de intensidad y violencia, variará según el tipo de Estado que rija determinada sociedad, cada uno de los cuales se define por cuánto se considera admisible su intervención en los asuntos de la sociedad. En una
rápida y somera revisión, puede advertirse que en la historia moderna
de las sociedades, diferentes modelos de Estado han surgido. El Estado
socialista, como el Estado igualador de resultados y destructor de diferencias de clase, llamado a construir una nueva sociedad desde sus
cimientos donde el proletariado sea el que maneje el Estado y sea este
un instrumento de clase, de la clase proletaria. El Estado providencia,
como el Estado proveedor de bienestar, encargado de suministrar a
todos los miembros de la sociedad un conjunto mínimo de condiciones
que les garantice un nivel de vida adecuado para desarrollar una vida
plena. El Estado liberal, esto es, el Estado creador y guardián de las
condiciones de las libertades económicas, políticas y socio-culturales.
El Estado conservador, transformado en el Estado protector del statu
quo clasista y defensor de privilegios establecidos por la tradición y
las estructuras de clase establecidas. El “Estado” anarco capitalista, es
decir, el Estado inexistente que no viola el axioma de la no agresión
y que, para no hacerlo, debe sencillamente desaparecer. Y el Estado
fascista, en su papel de Estado ordenador y sobre todo, discriminador,
que vele por el orden y la disciplina y erradique todo lo que perturbe
ese ordenamiento sin reparar en los medios empleados a tal fin. Esta
rápida, muy somera y extremadamente incompleta revisión de los distintos matices de la concepción del estado en la teoría política, permite
observar que gran parte del ordenamiento ideológico, que simplistamente muchas veces se identifica con una distribución unidimensional
del tipo “izquierda-derecha”, está íntimamente ligada a la interpretación que se tenga del papel más deseable para el Estado en su papel
interventor sobre los asuntos de la sociedad. Cada tipo de Estado establece pautas para distintas variedades del conflicto social, por cuanto
son distintas también sus formas de relacionamiento con la sociedad. Y
107
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
puede pensarse que, cuanto más se concibe como deseable y admisible
la intervención del Estado en la sociedad, se hace también más intenso
y violento el conflicto derivado de la pretensión de conseguir parte de
la autoridad estatal por parte de los grupos de interés.
Marx ya había acertado cuando colocó al Estado dentro de la ecuación del conflicto. En su concepción, el Estado era un instrumento
de la opresión burguesa que servía para perpetuar las estructuras
de dominación. Por eso, no era en sentido estricto, un pro-Estado.
Sin embargo, sus seguidores centraron el problema en la dialéctica
burguesía-proletariado y colocaron al intervencionismo del Estado
deseable como parte de la solución. ¿Por qué? El problema del Estado
no era su nivel de intervención sino quién lo controlaba. En tanto
fuera un Estado controlado por el proletariado, el conflicto se resolvería porque sería parte de la clase social que era la única sostenible
históricamente. Por tanto, el marxismo no cuestionaba la existencia del
Estado, sino quién se hacía cargo de sus funciones.
Es interesante notar que el liberalismo, en contrario de lo que
usualmente se piensa, tampoco cuestionó la existencia del Estado. A
diferencia de los anarco capitalistas, que postulan que la misma existencia del Estado representa intrínsecamente una violación inmoral
de las libertades por contar con prerrogativas únicas que le permiten
entrometerse en la vida de los ciudadanos17, liberales conspicuos como
Adam Smith, John Locke o Friedrich Hayek, cuya militancia doctrinal
está exenta de toda duda, reconocieron un importante rol del Estado en
la vida social. La diferencia es que el liberalismo no considera importante quién está a cargo del aparato estatal, sino cuáles son los límites
de este, independientemente de quien llegue a ejercer el gobierno.
Por tanto, bajo esta perspectiva, no es un asunto menor determinar qué efectos han tenido sobre los conflictos sociales la presencia
o ausencia del Estado en las dinámicas sociales y, además, qué tipo de
relaciones impone. En concreto, cuando el estado está sobre presente,
el conflicto es por conseguir autoridad estatal a expensas de otros.
Cuando el Estado está ausente, el conflicto es para habilitar alguna
presencia de aquel, sobre la cual se busca ejercer autoridad desde el
grupo de interés. Pero aún subsiste una cuestión central: ¿para qué
obtener autoridad? Porque es la forma en que perciben los individuos
que es el mejor mecanismo para lograr los propósitos últimos que postulaba el modelo de Coser: valores, estatus, poder y recursos escasos.
Es decir, la autoridad se busca como un medio, mas no como un fin.
108
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
En sociedades altamente jerarquizadas, que a la vez tienen una tradición cultural autoritaria y clientelista y en los que la institucionalidad es débil –como en el caso de la mayoría de las sociedades latinoamericanas, y en forma muy particular, en la sociedad peruana– el
acceso a la autoridad del Estado se convierte en el instrumento más
importante para obtener los propósitos últimos. ¿Por qué? Porque el
Estado es débil por la fragilidad institucional, pero, a la vez, es extenso
por la necesidad de sostener tanto las estructuras jerárquicas sobre la
sociedad así como las relaciones de autoritarismo y clientelismo18. Esto
hace del Estado un ente “capturable”, esto es, un Estado de prácticas
mercantilistas, que configura un escenario de relacionamiento Estadosociedad basado en incentivos para diversos grupos de interés para
influir en la sociedad, a través de la captura del Estado.
La anterior discusión deja claro que cualquier análisis del conflicto
social en el debate contemporáneo no puede prescindir de un marco
conceptual de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Tampoco
puede enmarcarse exclusivamente en la antigua concepción de la lucha
de clases. Los hechos empíricos registrados en el Perú en materia del
conflicto contemporáneo demuestran que hay que explorar nuevas
hipótesis. En consecuencia, el conflicto social no puede analizarse
fuera del marco conceptual de las relaciones sociedad-Estado ni referirse solamente a las relaciones dialécticas de clase. De hecho, el conflicto entre clases sociales, que es el que postula el enfoque marxista,
no es el único que marca las relaciones Estado-sociedad. En general,
todo conflicto social es un choque de intereses de grupos sociales, sean
estos grupos articulados o no alrededor del concepto de “clase”.
5 Anatomía del conflicto contemporáneo en el Perú
5.1 La visión tradicional del conflicto en el Perú
La literatura sobre el conflicto en el Perú, no obstante, ha estado unánimemente alineada a la visión de diversas expresiones de la lucha
de clases. Las visiones de reputados intelectuales peruanos para
explicar diversas aristas del conflicto social en el Perú han presentado
un panorama del conflicto en el cual una clase dominante oprime a
otra clase dominada, mediante estructuras de discriminación económicas, étnicas, socioculturales y haciendo uso de instrumentos opre109
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
sivos vinculados a privilegiadas posiciones de poder político y económico. La visión ha sido dialéctica, confrontacional entre solamente dos
actores sociales, siempre identificados con posiciones de clase. De esta
manera, el tratamiento del conflicto peruano se ha caracterizado por
un enfoque excluyente de otros actores fuera de los actores sociales de
clase, sea blancos-indios, latifundistas-campesinos, aristócratas-proletarios o empresarios-trabajadores. Así, la perspectiva del conflicto
siempre ha estado comprendida dentro de la visión tradicional.
Esta perspectiva puede encontrar explicación en que se puede concebir que, al inicio de su historia republicana, el conflicto social en el
Perú se pudiera interpretar por las diferencias de clase, vinculadas a
la problemática de las diferencias raciales y de pertenencia a grupos
articulados a la dominación española, principalmente. De alguna
manera, este fue el escenario al que se confrontó Mariátegui cuando
colocó el problema del indio en el centro del análisis del conflicto
peruano19. Por eso, el conflicto social se ha visto predominantemente,
y por muchos años, como una expresión de reacción ante la opresión al
indio, primero, y, más adelante, como expresión de un conflicto entre
una minoría blanca de ricos y una mayoría cobriza de pobres.
Sin embargo, re-visitando el conflicto en el Perú, a la luz de las
nuevas teorías, deja de ser claro que las mejores explicaciones puedan
ir exclusivamente por el lado de la visión tradicional20. Este desafío al
enfoque tradicional del conflicto se hace más evidente en el mundo
contemporáneo, con la aparición de situaciones de conflicto que ya no
pueden ser explicados desde la óptica de la confrontación de clases.
Un ejemplo palpable y de gran actualidad es el la polarización nacional
que ha producido en el Perú el juicio por delitos de lesa humanidad y
la sentencia subsecuente a Alberto Fujimori por estos cargos específicos. Seguramente pocos hechos en la historia del Perú han generado
este nivel de polarización y confrontación en la sociedad peruana. Pero
este tipo de conflicto no puede explicarse desde la perspectiva de clase.
¿Son las víctimas de los hechos atribuidos a la autoría del ex presidente
representantes de una clase social desposeída? ¿Son el ex presidente y
sus allegados representantes de una clase social rica y dominante? ¿Y
los que se alinean en uno u otro bando, es decir, los que están a favor
del juicio y la sentencia, son pertenecientes a una clase social determinada? ¿Cómo explicar, desde la visión tradicional, que a ambos lados
del conflicto existan individuos de todos los estratos socioeconómicos
de la sociedad peruana?
110
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
Parece entonces que la evolución de la complejidad de la dinámica
de la sociedad peruana ha hecho devenir al conflicto social, en otros
niveles que bajo el paradigma marxista, no resultaban tan claros: el
conflicto entre militares y civiles, el conflicto transversal entre grupos
de interés de la misma clase (social, territorial, gremial y hasta religiosa) y muy especialmente, el conflicto entre las burocracias estatales
y la sociedad civil, de la cual, la corrupción, la violencia y la usurpación
de la propiedad son los detonantes más importantes. El conflicto social
evolucionó y, por tanto, sus mecanismos de resolución ya no pueden
proceder de una pretendida solución de las diferencias de clase, sino
que debe encontrarse en algo más.
5.2 Cifras y características del conflicto contemporáneo
peruano
La revisión de la situación actual de conflicto en el Perú puede realizarse a través de los reportes oficiales de la Defensoría del Pueblo21.
El cuadro 1 presenta una tipología de conflictos que se ha preparado
a partir de la clasificación que dicha institución ha elaborado para los
años recientes. Esta clasificación no corresponde exactamente a la
que presentan los informes de la Defensoría. Sin embargo, recoge los
principales criterios empleados por dicha institución en los reportes
de 2006 a 2009, aunque en los años 2004 y 2005 la tipología era bastante distinta. Para los efectos metodológicos del presente trabajo, se
considera conflictos socioambientales, conflictos derivados de asuntos
subnacionales, conflictos provocados por problemas de demarcación
territorial y disputas comunales, conflictos laborales y gremiales, conflictos por la existencia de cultivo ilegal de coca y otros conflictos.
De todos estos conflictos debidamente tipificados, se puede afirmar
que solamente los conflictos laborales y gremiales podrían ser catalogados dentro de la categoría de conflictos de clase, esto es, enmarcados en una lógica dialéctica de ricos-pobres. Incluso esta categorización es un tanto arbitraria, por cuanto claramente las denominadas
reivindicaciones laborales o gremiales responden más a intereses de
grupos específicos, antes que a una pretendida reivindicación de una
clase social. Pero relajando este nivel de rigurosidad, se puede aceptar
que caen en la visión dialéctica de ricos y pobres. No es el caso de los
demás tipos de conflicto, en los que claramente no tienen que ver con
un enfoque de conflictos de naturaleza clasista.
111
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
CUADRO 1
TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS REGISTRADOS POR
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Tipo de conflicto
Descripción
Socioambientales
Enfrentamientos entre poblaciones y empresas que
explotan recursos naturales.
Asuntos subnacionales
Cuestionamientos al desempeño o acciones de
autoridades o funcionarios municipales y regionales.
Demarcación territorial
y asuntos comunales
Confrontaciones entre departamentos por demarcación
territorial y recursos naturales y entre comunidades por
delimitación, propiedad y acceso a recursos.
Laborales y gremiales
Reivindicaciones laborales o gremiales.
Cultivo ilegal de coca
Cuestionamientos de agricultores de hoja de coca a
política gubernamental de erradicación de cultivos.
Otros
Conflictos variados por cuestiones de índole electoral,
demandas al gobierno nacional, etcétera.
Fuente: Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.
Elaboración propia.
Los conflictos socioambientales no son conflictos de clase, aunque
muchas veces estén vinculados a la explotación comercial de recursos
naturales, principalmente mineros, que está a cargo de empresas transnacionales, en detrimento del medio ambiente de poblaciones pobres.
La naturaleza de estos conflictos está normalmente vinculada, aunque
no en todos los casos, a negociaciones a lo Coase22, es decir, a la posibilidad –o imposibilidad– de llegar a acuerdos entre las partes sobre
esquemas compensatorios al detrimento medioambiental. En muchos
casos, los términos de referencia de la resolución de estos conflictos
no contemplan la posibilidad de eliminar la actividad comercial que
genera el impacto ambiental, sino dos tipos de soluciones de naturaleza
económica. Por un lado, el control de los elementos perjudiciales, que
supone incurrir en costos adicionales de producción para mejorar la
tecnología utilizada. O en su defecto, por otro lado, para transferir a las
comunidades que sufren el impacto, un conjunto de bienes y servicios
112
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
públicos a fondo perdido, lo que implica incurrir en costos adicionales
no productivos, pero sí de índole general. Hay que añadir el hecho
empírico de que, incluso cuando no se llega a soluciones al conflicto,
existen miembros de las comunidades afectadas que se benefician con
la presencia de la entidad generadora del impacto, a pesar de que otros
pueden perjudicarse23. En consecuencia, los conflictos socioambientales no constituyen luchas por una defensa de clase, sino por la obtención de beneficios concretos para grupos de interés también concretos
e identificables24.
Es el mismo caso de los conflictos vinculados a la problemática de
la descentralización, bajo la cual pueden incluirse a los conflictos por
asuntos de naturaleza subnacional, es decir, relativos a las regiones y
municipios, y a los conflictos por temas de demarcación territorial y
asuntos comunales. En todos estos casos, los vacíos legales en la normatividad de la descentralización, la deficiente estrategia de comunicación del Estado y la captura de muchas instancias de decisión por
parte de grupos de interés del gobierno nacional como de los gobiernos
regionales y municipales permanentemente generan disfunciones que
derivan en esta clase de conflictos. Que tampoco constituyen conflictos
de clase sino normalmente a causa del manejo de recursos naturales,
económicos o financieros.
Los conflictos relacionados con el cultivo ilegal de coca son particularmente representativos del tipo de conflicto que se origina en una
secular ausencia del Estado o de una ineficaz intervención de este.
Estos conflictos, a los que se les puede aparejar los del nuevo fenómeno
narcoterrorista que está ganando presencia en el proceso político del
país desde el año 200625, tampoco pueden ser comprendidos desde
la perspectiva de la lucha de clases, sino que tienen un elevadísimo
contenido de defensa de intereses comerciales. Intereses que incluso
pueden enfrentar a campesinos pobres insertados en el circuito de la
droga con otros campesinos que no lo están y que, incluso, forman
parte, en algunos casos, de comités de autodefensa civil que luchan
contra otros de su misma condición social.
La propia clasificación de la Defensoría del Pueblo muestra un
enfoque ecléctico respecto del conflicto en el Perú. Admite que su
complejidad no permite encasillarlo en una simple dicotomía de ricos
contra pobres, que subyace a la lucha de clases. Incluso la clasificación
previa de la propia Defensoría del Pueblo ya recogía esta complejidad.
Para los años 2004 y 2005, se clasificó a los conflictos en las siguientes
113
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
categorías: i) irregularidades en manejo de recursos económicos; ii)
cuestionamiento de decisiones judiciales o administrativas; iii) falta de
transparencia en la gestión pública; iv) incumplimiento de promesas
electorales o de acuerdos; v) no realización de obras públicas; vi) nepotismo; y vii) agresiones físicas y lesiones.
El recuento de los conflictos en el Perú de 2006 a 2009 se muestra26
en el cuadro 2. Lo primero que se deduce de esta información es el
gran incremento de conflictos que se han presentado en 2008 y 2009 a
nivel nacional, la mayoría de los cuales involucra a los sectores pobres
y pauperizados. Lo segundo a tomar en cuenta es que desde 2007 los
conflictos socioambientales han alcanzado el mayor número, seguido
de los conflictos de índole subnacional, es decir, los derivados de la
acción de los niveles de gobierno instaurados a raíz del reciente proceso de descentralización peruano27, a los cuales, si se les suma los conflictos por demarcación territorial y por disputas comunales, pueden
ser considerados como derivados, en conjunto, del mismo proceso de
descentralización.
En tercer lugar, es de notar que los conflictos por causa del cultivo
ilegal de coca van tomando un peso propio en el mapa de conflictos
CUADRO 2
CONFLICTOS REGISTRADOS OFICIALMENTE 2006-2008
Tipo de conflicto
Años
2006
2007
2008
2009
Socioambientales
20
37
93
133
Asuntos subnacionales
39
28
36
69
Demarcación territorial y asuntos comunales
24
5
20
28
Laborales y gremiales
11
5
15
27
Cultivo ilegal de coca
3
3
4
4
29
7
197
268
Otros
Total
97
Fuente: Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.
114
78
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
nacional, lo que indica que su alta complejidad y el consiguiente tratamiento diferenciado ya justifica tenerlos en cuenta de modo individualizado, no solamente desde el número de conflictos creciente, sino desde
las muchas aristas que presentan. Y cuarto, los conflictos por cuestiones
laborales o gremiales son una clara minoría, alcanzando apenas el 11%
en 2006, 6% en 2007, 8% en 2008 y 10% en 2009.
A partir de este análisis, y tomando como base criterios de especialistas en la materia28, se puede identificar una problemática del
conflicto contemporáneo en el Perú que presenta características
muy definidas. Las dos primeras son características referidas más al
contexto del conflicto en el Perú y reflejan la complejidad, la diversidad y la particularidad inherentes al conflicto social. Por un lado,
está la complejidad, reflejada en el escenario general del conflicto.
Efectivamente, los conflictos configuran eventos complejos debido a
múltiples elementos como la masa crítica de individuos involucrados,
las raíces históricas, las violaciones a derechos humanos, la simultaneidad con que se presentan y por su incremento en los últimos años.
Por otro lado, está la desarticulación, que significa que los conflictos
no tienen articulación a una dimensión nacional. En vez de eso, son
básicamente orientados a la reivindicación de agendas de grupos
específicos, lo que lleva a la existencia de dirigencias que exigen tratamientos diferenciados.
En adición, existen otras características del conflicto contemporáneo peruano, vinculadas a los procesos en sí mismos, como es el caso
de las siguientes:
Canalización ineficiente. Sabiendo que el conflicto es inherente a la
vida social, existe una insuficiente capacidad de respuesta del Estado
para canalizar los conflictos debido a escaso conocimiento de las técnicas de prevención y manejo de conflictos, fallas en la normatividad y
desconocimiento de los problemas que los originan y de sus contextos
sociales y culturales específicos. Casos que ejemplifican este manejo
ineficiente están en las concesiones fallidas de proyectos energéticos
en el sur o de los proyectos mineros en el norte, derivados de un
manejo torpe de la estrategia comunicacional con stakeholders de las
zonas de influencia.
Desconfianza. Los conflictos sociales derivan siempre en soluciones
esperadas desde el Estado. Pero existe una generalizada desconfianza
en los actores estatales debido a que el Estado opta normalmente
por ignorar el conflicto, dar largas al grupo de interés movilizado,
115
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
a firmar actas con promesas que se sabe no posibles de cumplir o,
directamente, a reprimir con violencia. Esto es muy común cuando,
por ejemplo, el Estado negocia soluciones con comunidades alejadas
que son afectadas por problemas de contaminación o por políticas de
interdicción.
Exclusión. La sociedad peruana se caracteriza por la existencia de
altos niveles de exclusión, en los aspectos sociales, económicos, políticos
y culturales. Gran parte de esta exclusión se origina, precisamente, en
la aplicación de determinadas políticas públicas desde el Estado, que
no permiten eliminar esas barreras a la inclusión en los aspectos explicitados. Entre estas, pueden mencionarse desde preferencias arancelarias o medidas proteccionistas que favorecen a determinados grupos
empresariales hasta las disposiciones legales que discriminan derechos
para los homosexuales.
Percepción resolutiva de la violencia. Existe una percepción de la
violencia como el medio más eficaz de alcanzar los objetivos de cualquier demanda o reclamo. El caso más evidente son las tomas de carreteras principales a manos de activistas que promueven determinadas
plataformas reivindicatorias, configurando actos abiertamente contrarios a la ley. Esto ocurre porque el Estado es percibido como débil en
su capacidad de hacer cumplir la ley. Los mecanismos de diálogo se
instalan como consecuencia de las medidas de fuerza y ya cuando los
conflictos están avanzados, lo que paradójicamente terminan institucionalizando la violencia en detrimento del diálogo.
Disfunciones interculturales. Los conflictos se agravan por la dificultad de la comunicación entre grupos de interés debido a elementos
culturales que, en algunos casos, podría prevenir, aliviar o resolver los
conflictos. Normalmente ocurre esto en las zonas más alejadas de los
grandes centros urbanos, en los que el Estado no genera los canales de
comunicación más apropiados que tengan la prolijidad de considerar
el contexto cultural de las diversas comunidades, como los pueblos
amazónicos, entre otros.
Cultura confrontacional. Hay una ausencia de una tradición de diálogo en los miembros de la sociedad peruana, fruto de una herencia
autoritaria y de una falta de arraigo de las prácticas democráticas. Esta
cultura tiene profundas raíces también en la historia latinoamericana,
en general29. Esa poca capacidad de diálogo y, consecuentemente, la
incapacidad para construir acuerdos orientados al logro de resultados
de mejora para las partes involucradas incrementa notablemente el
116
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
grado de dificultad de las soluciones probables. En tal sentido, la responsabilidad del Estado está en el desinterés absoluto por incorporar
en la ecuación de la educación una “cultura del acuerdo orientado
al logro”, en reemplazo de la cultura del no-diálogo y del despojo, la
autoflagelación y la victimización.
Legalidad desconocida. Existe un gran desconocimiento de los
procedimientos legales para resolver conflictos. Tal desconocimiento
se debe a que el Estado no difunde adecuadamente los mecanismos
disponibles para resolverlos o mitigarlos, ni tampoco, en otros casos,
los presenta a la ciudadanía de manera simplificada y con bajos costos
de transacción. Las características antes mencionadas tienen como
común denominador que todos ellos tienen un origen en un deficiente
comportamiento del Estado en relación con las demandas sociales. Es
fácil deducir que si ese comportamiento fuera distinto, es altamente
posible que el conflicto social tuviera otras características menos complejas o que muchos conflictos, sencillamente, no se producirían.
Finalmente, hay dos características adicionales vinculadas a la
presencia de actores sociales ajenos directamente al conflicto social,
pero que tienen alta incidencia en el alcance de su resolución porque
impactan en la formación de la opinión pública directamente. Una se
refiere a la presencia de agendas políticas en la sombra. Esto ocurre
cuando se verifica la existencia de proyectos políticos con agendas
ocultas que promueven los conflictos, porque les son funcionales a
dichas agendas, sea como mecanismo de lanzamiento político, de afirmación de un proyecto político o de intereses que, en algunos casos,
están asociados a actividades ilícitas, como el narcoterrorismo. En todos
estos casos, el conflicto genera escenarios de alta disconformidad y distracción de los miembros de la sociedad que desembocan en clamor
por respuestas radicales que pueden colocar las agendas ocultas en la
primera línea de la atención de la opinión pública. Otro es el involucramiento mediático, que se produce cuando los medios de comunicación se vuelven actores en los propios conflictos. Muchas veces, no se
limitan informar, sino que se vuelven parte activa y toman parte, aun
sin la preparación y el conocimiento de los elementos completos del
conflicto. Esta intromisión mediática va desde problemas vinculados
a la denominada responsabilidad social hasta juicios políticos. La exacerbación de muchos conflictos, por parte de los medios de comunicación, multiplica los efectos y la complejidad de los mismos, lo que
dificulta aún más su solución30.
117
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
6 El correlato del conflicto contemporáneo en la
opinión pública: evitando la “atracción fatal”
6.1 Las “4A” del desencanto de la opinión pública
La opinión pública es la tendencia de las preferencias, reales o estimuladas, de una sociedad hacia hechos sociales que le reporten interés. Al
estar estrechamente vinculada al interés de individuos y grupos lo está
por transitividad también del concepto del conflicto social. Por tanto,
los impactos de los conflictos sociales que puedan suscitarse inciden
también en la percepción de la opinión pública, que va a exceder el
ámbito directo de lo que era materia de conflicto. Por ejemplo, una
huelga de médicos no resuelta, o resuelta en condiciones poco favorables para los grupos de interés que patrocinaron el conflicto, genera un
impacto en la percepción negativa frente a las autoridades y funcionarios del sector salud, pero es inevitable que tal negatividad se extienda
hacia otros elementos vinculados a dicho sector.
Lo anterior deviene un desencanto respecto de las instituciones y
el sistema político. Las encuestas de opinión sostenidamente muestran desaprobación casi generalizada a la acción pública, expresada en
múltiples entidades del Estado: desde el Congreso y los ministerios
hasta las Fuerzas Armadas y policiales. Clara muestra de este desencanto se da cuando hay situaciones de extrema emergencia, como en
los denominados “friajes” o en los desbordes causados por El Niño31, la
responsabilidad de coordinar la ayuda organizada a los damnificados se
suele entregar a otras entidades fuera del Estado, como la Iglesia católica. Otro ejemplo se encuentra cuando, con ocasión del terremoto de
2006 que afectó al sur peruano y principalmente al sur de Lima y a Ica,
en vez de canalizar la ayuda bajo la responsabilidad de los gobiernos
regionales de Lima provincias e Ica, o a los alcaldes provinciales y distritales, se nombró un “zar de la reconstrucción” especialmente para
este propósito. Un reconocimiento tácito a la poca efectividad de las
entidades estatales y, desde luego, a la poca confianza de la opinión
pública en las instituciones públicas.
Este desapego de la sociedad con respecto a su aparato estatal, se
puede sistematizar en cuatro efectos sobre la opinión pública. Estos
efectos pueden definirse como las 4A del desencanto: apatía, anomia,
anarquía y autoritarismo.
118
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
La apatía es un estado de ánimo de indiferencia. Cuando se hace
general y extendido, como resultado de una pérdida de esperanza de
que las cosas puedan funcionar mejor, se convierte en apatía social y
también en indolencia social. La apatía generalizada abre paso no solo
al relativismo y debilitamiento de valores ciudadanos, sino también a
la corrupción generalizada del Estado y la permisión de su incapacidad
para resolver problemas, terminando por aceptar ambas –corrupción e
incapacidad– como atributos inevitables del Estado y, por ende, como
condiciones irreductibles de su relación con la sociedad. Cuando se
hace crítica, la apatía social se transforma en anomia.
La anomia es un estadio social de desviación, distorsión y ruptura
del comportamiento individual en sociedad, caracterizado por la imposibilidad de cumplir con las normas sociales y por su degradación, lo
que eventualmente conlleva a su desaparición, sin llegar necesariamente a violar las leyes, pero sí a convivir con el desacato a las normas,
situación que se produce debido a una falta de capacidad de la estructura social de proveer a ciertos grupos de individuos lo necesario para
alinearse a las metas de la sociedad en conjunto. La anomia configura
un escenario de elevada tensión social debido a que las normas aceptadas entran en conflicto con la realidad que se vive en esa sociedad.
Por tanto, los individuos pertenecientes a los niveles socioeconómicos
más bajos son los que reciben la mayor presión para caer en la anomia.
De esta forma, la anomia deriva en conductas que se generalizan y
devienen en un colapso de gobernabilidad, por resultar incontenible
una emergente situación de distorsión, desviación y ruptura de esta
naturaleza32. Es el resultado de la relación entre los fines culturales
como deseos y esperanzas de los miembros de la sociedad, las normas
que determinan los medios para permitir que los individuos accedan
a esos fines y el reparto existente de estos medios. Merton señala que
la anomia es una disociación entre los objetivos culturales y el acceso
de ciertos sectores a los medios necesarios. Luego, la ruptura social
aparece cuando la relación entre los medios y los fines se debilita.
Es entonces cuando se facilitan los conductos hacia la aceptación del
autoritarismo o de la anarquía.
El autoritarismo es una modalidad del ejercicio de la autoridad del
Estado sobre las relaciones sociales, en la cual se extreman la reducción de las prácticas democráticas, la verticalidad en las decisiones,
la ausencia de consensos, el relajamiento del Estado de derecho y la
carencia de explicaciones para la implementación de las políticas, ori119
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
ginando un orden social opresivo y carente de libertad para grupos
amplios de la sociedad. Los Estados se suelen tipificar de autoritarios cuando pretenden conservar y ejercer el poder político mediante
mecanismos que colisionan con las libertades, incluyendo el uso injustificado de la coacción y la violencia33.
La anarquía34 es posiblemente el estadio más extremo al que se
llega con el desencanto. Estriba en el absoluto desdén por lo estatal
y su orden, en la negación total de todo lo que implica la presencia
estatal en la vida de la sociedad y en la utopía de lo autorregulable en
todos los niveles y aspectos de la sociedad. Cuando la sociedad deriva
en anarquía, solo queda la “ley de la selva”, donde el paso a un orden
inspirado en un “darwinismo social” es solo una consecuencia lógica de
la pérdida absoluta de confianza en el orden establecido. Junto con el
autoritarismo, es el otro escenario verdaderamente antisistema.
Cuando aparecen las 4A del desencanto, las sociedades pulverizan
su capital social y empiezan a “coquetear” con propuestas antidemocráticas o, cuanto menos, con proyectos alejados del modelo de la democracia liberal35. Una “atracción fatal” que puede llevar a empeorar los
caldos de cultivo del conflicto. O, peor aún, a repotenciarlos hasta
extremos en que ya dejen de ser funcionales a la dinámica de las sociedades, sino que pasan a poner en cuestión la viabilidad de las mismas.
6.2 Algunas cifras del desencanto
La “atracción fatal” que producen las 4A es con respecto a los modelos
democráticos verticales o no-liberales, llamados también autoritarismos competitivos36, o a los modelos abiertamente dictatoriales. El
correlato del conflicto social desplegado en los diversos subsistemas
de relacionamiento Estado-sociedad es el deterioro de la imagen del
Estado y de sus instituciones, además de la pérdida de confianza en
la democracia como sistema político capaz de habilitar un Estado que
responda a las demandas ciudadanas. Las expresiones coloquiales que
piden la solución dictatorial37 son un reflejo de la opinión pública en
cuanto al desencanto peligroso con las fuentes del conflicto, que a
la larga, en alta medida, encuentran en el Estado un peso más que
importante.
Lo concreto es que el desencanto que produce el conflicto en el
Perú se refleja en la percepción de cuánto el sistema político les sirve
a los miembros de la sociedad para mejorar su situación de vida. Esta
120
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
percepción puede analizarse a partir de algunos datos sobre percepción de la opinión pública peruana en relación con la democracia.
Empezando por la pregunta directa de cuán satisfecha están los
individuos con la democracia, se tiene la información del cuadro 3
con data producida por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú38. Mayoritariamente la población
peruana manifiesta no estar satisfecho, en ningún grado, con la democracia. Solo el 33% afirma estar satisfecho o muy satisfecho, en tanto
que el 65% está insatisfecho o muy insatisfecho39, lo que de por sí, ya
muestra un problema de base muy delicado con miras a cultivar una
“cultura democrática”.
CUADRO 3
SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ (EN PORCENTAJE)
Total
Género
Nivel
socioeconómico
Edad
Mas. Fem. 18-29 30-44 45 a +
A/B
C
D/E
Muy satisfecho o satisfecho
33
38
27
32
30
37
40
31
29
Insatisfecho o muy insatisfecho
65
59
70
68
66
60
59
68
64
3
3
3
1
4
3
1
1
7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
No precisa
Totales
Fuente: Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Informe a noviembre de 2008. Elaboración propia.
Es muy interesante desdoblar este resultado en los componentes
de género, edad y nivel socioeconómico. Se aprecia que la insatisfacción con la democracia se acentúa en las mujeres, en los jóvenes y en
los niveles socioeconómicos principalmente de clase media y pobre.
Teniendo en cuenta que, desde lo demográfico, la población peruana
tiene un porcentaje algo superior de mujeres que hombres, está predominantemente compuesta por jóvenes y tiene una muy baja proporción de personas de clase alta y clase media alta40, existen causas
estructurales que orientan la opinión pública fuertemente al rechazo
al modelo de democracia entendida como hasta ahora y bajo los parámetros vigentes.
121
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
Sin embargo, a pesar de este rechazo mayoritario a la democracia,
coexistiría en el caso del Perú una fuerte proclividad a preferir a este
sistema de gobierno a cualquier otro sistema, aunque las cifras no
son contundentes. Para examinar estas reacciones, podemos empezar
analizando la información registrada por el IOP-PUCP que recoge el
cuadro 4, en el cual se observa que dos tercios de los peruanos prefieren la democracia a cualquier otro sistema gubernamental.
CUADRO 4
ACTITUD FRENTE A LA DEMOCRACIA Y LA DICTADURA EN EL PERÚ (EN PORCENTAJE)
Total
Género
Nivel
socioeconómico
Edad
Mas. Fem. 18-29 30-44 45 a +
A/B
C
D/E
La democracia es preferible a
cualquier forma de gobierno
66
65
64
65
64
64
70
65
57
La democracia es tan buena o
mala como una dictadura
20
18
22
21
20
19
13
19
28
La dictadura a veces puede ser
preferible a una democracia
14
16
12
14
13
15
17
14
11
2
2
2
4
2
1
2
4
100
100
100
100
100
100
100
100
No precisa
Total
100
Fuente: Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Informe a noviembre de 2008. Elaboración propia.
Lo que puede ser una contradicción, no necesariamente lo es,
puesto que la democracia hacia la que se siente la insatisfacción que
se refleja en el cuadro 3 puede ser distinta de la democracia que se
prefiere como objetivo en el cuadro 4. Es decir, aun admitiendo que la
democracia es percibida como un mejor sistema de gobierno, es claro
que no es al tipo actual de democracia la que se tiene como meta. Por
otro lado, las preferencias por la democracia se registran casi igual de
intensas entre hombres y mujeres y en todo el espectro de edades. Sin
embargo, marcadamente la preferencia por la democracia es en los
sectores más pudientes económicamente, donde llega al 70%, pues en
los sectores medios y pobres, aunque es mayoritaria, la preferencia es
bastante menor.
122
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
Sin embargo, como ya se ha señalado, tal proclividad por la democracia resulta cuestionable, cuanto menos a la luz de otras evaluaciones.
Como se indica en el Cuadro 5, donde se registra la percepción de los
peruanos frente a su propia democracia, así como la de otros países
latinoamericanos selectos, según la Corporación Latinobarómetro,
esta preferencia es menos intensa, alcanzando al 45% de los peruanos,
nivel bastante menor que el promedio latinoamericano. Según este
reporte, el Perú sería un país de “media tabla” en cuanto a su predilección por la democracia, por cuanto el país latinoamericano más proclive a la democracia sería Uruguay, donde el 79% prefiere decididamente a la democracia como mejor sistema de gobierno, en tanto que
el que menos entusiasmo mostraría a dicho sistema sería Guatemala,
donde apenas el 34% muestra preferencia por ella.
No es sorprendente el caso uruguayo, ya que la percepción de su
población es que su propio país es muy democrático y que este sistema responde a las necesidades de la gente. Caso distinto el del Perú,
donde, como se ha visto, existe una insatisfacción mayoritaria frente a
CUADRO 5
PERCEPCIÓN DE LOS PERUANOS FRENTE A LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ
(EN PORCENTAJE)
Cuán
La democracia
democrático
es preferible a
es el país
cualquier otro
(1: nada;
sistema
10: totalmente)
La democracia La democracia
La democracia
funciona mejor
es indispenes por el bien
en el propio
sable para el
del pueblo
país
desarrollo
Perú
5,0
45
8
7
76
América Latina
5,8
57
25
21
66
País mejor calificado
País peor calificado
7,1
79
49
44
85
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Chile
Venezuela
5,0
34
8
15
55
Perú, México,
Paraguay
Guatemala
Perú
Perú,
Honduras
Bolivia
Fuente: Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2008.
Elaboración propia.
123
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
los resultados de la democracia y que se refuerza por el hecho de que
solamente el 7% de los peruanos piensan que el Perú es el país en el
que la democracia funciona mejor, lo que los coloca no solo muy por
debajo del promedio de 21% de América Latina, sino además, junto
con los hondureños, como los latinoamericanos que peor percepción
tienen de sus propios países en relación con este atributo. Vale la pena
destacar que el país en el que mejor percepción se tiene de que la
democracia funciona mejor “en casa” es Chile, sin duda, reflejo de
la prosperidad que se vive en ese país como resultado de los cambios
estructurales producidos en la década de 1970.
Lo anterior refleja una sensación que es refrendada por el hecho de
que el Perú es el país latinoamericano que menos percibe que el sistema democrático sea por el bien de la gente, con un magro 8%, comparativamente, por ejemplo, con el propio Uruguay, donde la mitad de
la población piensa que su país tiene una democracia que responde a
las necesidades de su población, o, inclusive, con el promedio de América Latina, en la cual la cuarta parte de latinoamericanos percibe que
en sus propios países la democracia es por el bien del pueblo. Respecto
a este atributo, el Perú vuelve a ser el peor calificado.
Asimismo, debe notarse que, junto con los mexicanos y los paraguayos, los peruanos son los latinoamericanos que peor percepción
tienen de cuán democrático es su propio país, a pesar de que no sienten
que no sea democrático, pero sí que es bastante menos que sus pares
de América Latina, o que, en todo caso, es una democracia apenas
mediana, a la que le falta la mitad del camino por recorrer41. Estas
percepciones sí resultan más coherentes con la insatisfacción respecto
a la democracia que se mostraban en el cuadro 3 y que parecen ser
desafiadas por los resultados del cuadro 4.
No obstante, el cuadro 5 también muestra que los latinoamericanos perciben que la democracia es indispensable para alcanzar el
desarrollo económico y, en este atributo, el Perú está por encima del
promedio de América Latina (76% versus 66%). Esta percepción es
consistente con la hipótesis de que los peruanos podrían no estar pensando en el mismo tipo de democracia cuando la critican que cuando
la proyectan. Es decir, cuestionan desde muchas aristas su democracia
actual, como se ha registrado en el análisis anterior, pero, al mismo
tiempo, la siguen concibiendo como fundamental para el desarrollo, a
futuro. Pueden estar pensando en modelos democráticos de corte más
vertical, en especial, teniendo en cuenta que el país latinoamericano
124
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
que mejor expectativas tiene respecto a la democracia como condición
del desarrollo es precisamente Venezuela, aunque, por otro lado, no
deja de sorprender que sea Bolivia el país de América Latina en donde
menos “peso relativo” le dan a dicho sistema en cuanto a su importancia para su propio desarrollo. Y esto, a pesar de que ambos países
son socios políticos en el modelo de democracia adoptado.
¿Qué relación tiene estas sensaciones relativas a la democracia
con la percepción de la acción estatal? El cuadro 6 presenta algunos
resultados relativos a la actitud frente al desempeño del gobierno y del
sistema democrático. Según la Corporación Latinobarómetro, el Perú
registra un nivel de satisfacción con la democracia bastante inferior al
medido por el IOP-PUCP, ubicándolo prácticamente a la mitad de lo
estimado por este último. Siguiendo la Corporación Latinobarómetro,
en Perú hay un 16% de la población que muestra satisfacción con la
democracia, mientras que el promedio latinoamericano se ubica en
el 37%. De hecho, el Perú es el país con menor satisfacción con la
democracia entre todos los países de Latinamérica, en tanto que nuevamente Uruguay es el país en que la democracia tiene mayor aceptación, con un 71% de su población que manifiesta estar satisfecho con
ese sistema.
CUADRO 6
ACTITUD FRENTE AL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO Y DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO
(EN PORCENTAJE)
Aprueba la
gestión del
gobierno
Satisfacción
con la
democracia
Confianza en
la conducción
del país
Confianza en
el gobierno
En democracia
el gobierno
funciona bien
Perú
14
16
25
15
18
América Latina
52
37
47
44
23
País mejor clasificado
País peor clasificado
86
71
87
84
36
Paraguay
Uruguay
Paraguay
Paraguay
Nicaragua
14
16
25
15
10
Perú
Perú
Perú
Perú
Argentina
Fuente: Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2008.
Elaboración propia.
125
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
La percepción del desempeño del gobierno también se hace
congruente con la que se tiene de la democracia. Solo el 14% de los
peruanos aprueban la gestión de su gobierno, convirtiendo así al Perú
en el país con más bajo reconocimiento a sus autoridades estatales de
toda América Latina, donde el promedio de aprobación es de 52%,
aunque no sucede lo mismo, a nivel del promedio de países, con respecto al funcionamiento del gobierno en democracia, que muestra un
nivel menos optimista. Además, solamente el 25% de los peruanos
manifiestan tener confianza en la conducción de su país pero tan solo
el 15% sienten confianza en su gobierno, lo que implica que, aun si
se pueda percibir que, en general, el gobierno conduce el país por
un buen camino, esta presunta buena performance no se traslada a la
confianza de la sociedad en el Estado, sea por escepticismo respecto
a su eficiencia y eficacia o, simple y llanamente, porque se presume
que existen elevados niveles de corrupción estatal. Estas percepciones
hacen que, en estos ítems, el Perú califique último en el ranking latinoamericano. Por otra parte, Paraguay es el país que aparece mejor
CUADRO 7
ACTITUD FRENTE A LA CONVENIENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN
LA ECONOMÍA EN EL PERÚ (EN PORCENTAJE)
Total
Género
Nivel
socioeconómico
Edad
Mas.
Fem.
18-29
30-44
45 a +
A/B
C
D/E
Promover una mayor
participación del Estado
en la economía es la única
forma en que el Perú
puede desarrollarse
47
45
49
52
46
42
38
48
53
Promover la economía
privada de mercado es
la única forma en que el
Perú puede desarrollarse
45
47
44
43
49
44
56
43
38
8
8
8
5
5
15
6
8
9
100
100
100
100
100
100
100
100
100
No precisa
Total
Fuente: Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Informe a noviembre de 2008. Elaboración propia.
126
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
clasificado respecto a la aprobación de su gobierno, la confianza en
la conducción del país y en su propio gobierno, aunque en este caso,
la opinión pública puede estar influida notablemente por el hecho de
que el régimen actual representa un quiebre a un antiguo régimen que
se perennizó por décadas en dicho país42.
Resulta llamativo, sin embargo, que a pesar de la muy extendida
impresión de incapacidad gubernamental entre la opinión pública,
en un porcentaje altamente revelador, los peruanos consideran que
es conveniente incrementar la participación del Estado en uno de los
sistemas de relacionamiento Estado-sociedad más importantes, cual
es el económico. Efectivamente, como lo indica el cuadro 7, el 47%
de peruanos considera que el Estado debe ser el motor del desarrollo,
no obstante que el cambio de paradigma de modelo implementado a
inicios de la década de 1990, significó precisamente el rompimiento
con ese concepto, y fue ese mismo cambio de modelo el principal responsable, aunque no el único, de los nuevos patrones de crecimiento
que atraviesa el Perú43.
Es particularmente significativo que esta idea de que el Estado
debe incrementar su participación en la economía se hace más
intensa y pronunciada entre las mujeres, pero muy especialmente
entre los más jóvenes y los más pobres. Si se considera que los conflictos involucran, por lo general, a los segmentos socioeconómicos
menos pudientes, la aparente paradoja de por qué en estos sectores
se reclama más participación estatal en la economía a pesar de que
el mismo Estado, según la tesis del presente ensayo, es el causante
del mismo conflicto por su carácter mercantilista, en sentido amplio,
abre la puerta a la hipótesis de que estos segmentos no tienen claridad
de esa relación causa-efecto entre Estado mercantilista-lucha por la
autoridad estatal-conflicto, sino que es permeable a otro tipo de mensaje que utiliza categorías comunicacionales más elementales, como
las fundamentadas en la visión tradicional de la lucha de clases y del
concepto de que el desarrollo y el progreso configuran esquemas de
relacionamiento de “suma cero”44. Uno de los elementos que apuntala esta doble percepción es el anatema de la empresa privada, que
resulta de un sistema educativo más propenso a inculcar la desconfianza de lo privado45. Por antonomasia, lo público aparece como más
confiable o, cuanto menos, más fácil de ser “capturable”, en el sentido
de Stigler46.
127
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
7 Conjeturas finales: ¿Un Estado más funcional al
conflicto?
Aunque el análisis del conflicto en sus causas e implicancias en la percepción de la democracia abre un amplio terreno deliberativo para
proseguir una investigación profunda, el presente ensayo ha pretendido ubicar la génesis del mismo, en el caso del Perú y sin perjuicio de
otras explicaciones posibles desde otras aristas del análisis, en el tipo
de Estado que ha prevalecido desde los albores de la época republicana y en las relaciones Estado-sociedad prevalecientes tanto por el
contexto cultural de que las enmarca así como por la naturaleza misma
del aparato estatal que ha prevalecido.
Tomando como base principal el modelo de conflicto de Dahrendorf, pero calibrándolo a una interpretación de la problemática
Estado-sociedad, se puede concebir un análisis de los conflictos
sociales en el Perú, especialmente desde la década de 1960, que
muestre que sus detonantes han impactado en un creciente resentimiento de la relación de la sociedad con el estado, plasmado en una
consistente percepción desfavorable de la opinión pública hacia las
instituciones estatales, en una dimensión micro, y en una dimensión
macro, en un desencanto trasladado hacia el sistema democrático en
el que se insertan.
Este desencanto, sin embargo, no ha sido del todo decodificado
por la sociedad peruana, pues existen indicios muy fuertes de que
coexisten la frustración con un Estado que no funciona junto con la
sensación de que al Estado le cabe un rol fundamental en la economía.
Queda así abierta la posibilidad tanto de reformar al Estado en un
sentido de hacerlo converger con un modelo de democracia liberal, o
de transformarlo para intensificar su presencia en los asuntos sociales
y profundizar su naturaleza mercantilista tanto en lo económico como
en lo político para hacerlo convergente con modelos de democracia
verticales o autoritarismos abiertos. Estos son los términos de la pugna
política peruana desde finales de la década de 1980 porque, al mismo
tiempo, son los términos de referencia del conflicto social, pugna que
se ve sometida a escrutinio con cada elección presidencial desde 1980
y con especial énfasis, en la presente década47.
Dos procesos políticos, relativamente recientes, han llevado el
conflicto contemporáneo a los niveles actuales de complejidad. En un
128
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
comienzo, constituyeron los cambios estructurales impulsados desde
fines de la década de 1960 inspirados en una cosmovisión socialista.
Más adelante, los cambios estructurales de inicios de la década de
1990, inspirados en una cosmovisión liberal48. Ambos procesos han
impactado en importantes cambios sociales que, a su vez, han intensificado un nuevo nivel de conflicto entre las burocracias estatales y
segmentos diversos de la sociedad civil, reformulando el concepto de
conflicto basado exclusivamente en el concepto de clase. Conflicto que
se ha traducido, primero, en una incapacidad del Estado para generar
las condiciones de progreso y desarrollo de la sociedad peruana en
los segmentos que la componen, y, posteriormente, en una pugna por
acceder a porciones de la autoridad estatal, desde esos mismos segmentos, como la más efectiva forma, cuando no la única, de mejorar
posiciones en el “juego” del conflicto social.
Este conflicto se despliega, al parecer, en escenarios de captura
estatal, sobre áreas particularmente delicadas, en medio de un proceso
de crecimiento económico49 y de la globalización que ha impactado
en el ciudadano común, haciéndolo más consciente de sus derechos
e impulsándolo a pelear por ellos. Tales áreas de conflicto son los
impactos medioambientales, la descentralización, las reivindicaciones
salariales, pero, además, en la inseguridad jurídica y física y la colisión
multicultural y de modus vivendi y otras más. Estas áreas se despliegan
en los sistemas de relacionamiento Estado-sociedad y en todas ellas, el
papel del Estado se yergue como elemento fundamental que define la
naturaleza y las características de cada conflicto. Por consiguiente, estos
conflictos presionarían, por un lado, a una reformulación del papel de
Estado, pero a la vez, en particular por efecto de la actual crisis global,
a una revaloración de su papel como ente ordenador de las relaciones
sociales y económicas. El equilibrio entre estas dos fuerzas define la
fortaleza de la gobernabilidad en el Perú y es resultante de la capacidad de convencimiento de la opinión pública por parte de las élites
de gobierno, a todos sus niveles.
Tal escenario muestra a un Estado que señaliza que es preciso
“capturar” parte de él para mejorar posiciones en el juego del conflicto
social. Por tanto, se puede afirmar que es un Estado “mercantilista
ampliado”, es decir, no solo en lo económico, que se entendería como
un Estado al servicio de intereses particulares de grupos de alto poder
financiero, sino también en aspectos que abarcan los otros niveles de
las relaciones Estado-sociedad, como lo jurídico-protectivo, lo político
129
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
y la provisión de servicios públicos. En esta línea de ideas, el Estado
iría configurándose a base de elementos mercantilistas, cuando se deja
capturar masivamente por intereses de segmentos de la sociedad que
buscan aliarse con él o, mejor dicho, con segmentos de él, para fortalecer sus posiciones en el juego del conflicto, alineando sus objetivos
de grupo de interés a los del aparato estatal, a través de ciertos miembros de la burocracia pública.
Esas características mercantilistas del Estado, sin interrupción
desde hace décadas, que genera privilegios y alinea incentivos para
satisfacer demandas de grupos de interés, da lugar a una nueva dimensión de la exclusión: la exclusión de miembros de la sociedad de parte
de la autoridad capturada. Esta exclusión tiene diversas manifestaciones y efectos sobre el conflicto y el propio capital social. Segmentos
de la sociedad que no acceden a parte de la autoridad estatal porque
no tienen capacidad de captura, sea por su escasa capacidad de articulación, por cuestiones de autolimitación ética, por su bajo o nulo poder
económico o político o por su alta exposición al orden formal50, son
grupos excluidos en la lucha por capturar porciones de la autoridad
estatal. Tal exclusión genera conflicto, como ya se ha determinado,
pero además, en estos casos, produce un deterioro de la confianza en
las instituciones estatales y, por extensión, en el sistema político. La
sensación de que la política no sirve o que el Estado no favorece al ciudadano es empeorada con la percepción de que no se puede confiar en
la autoridad formal y, por ende, en el contexto de una sociedad política;
tampoco se puede confiar en otros miembros de la sociedad ni en el
sistema político sobre el que reposa dicho sistema de relacionamiento
Estado-sociedad.
La incapacidad del Estado actual para responder a las crecientes y
novedosas aristas del conflicto crea el caldo de cultivo para el desencanto social respecto a su funcionamiento, que se expresa en la opinión
pública. Lo más notorio de este desencanto se manifiesta en relación
con las instituciones de gobierno y el sistema político sobre el cual se
desenvuelven. En relación con las instituciones, su manifestación es la
pérdida de confianza en sus alcances y el escepticismo con respecto a
su eficacia y eficiencia técnica y su comportamiento ético. Respecto al
sistema político, el desencanto es contra la democracia, sin duda. De
hecho, acierta el Informe de la Corporación Latinobarómetro para el
año 2008 cuando afirma que “no está para nada claro que estas democracias vayan evolucionando hacia lo que son hoy las democracias occi130
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
dentales más desarrolladas”51, lo que significa, dicho en un lenguaje
más directo, que es dudoso, por lo menos, que el sentir de los latinoamericanos fluya hacia una preferencia por las democracias liberales52.
Las razones pueden ser muchas y materia de controversia, pues, como
continúa dicho informe, la idea de que las sociedades latinoamericanas
fluyan hacia modelos de democracias liberales “es un supuesto cada
día más contestado, en la medida que permanecen ciertos rasgos de
nuestras sociedades a lo largo del tiempo”, debido a la presencia de
una “cultura jerárquica de nuestra región, que es de alguna manera
contraria a la horizontalidad cultural que han alcanzado democracias
avanzadas“53. Lo controversial es explorar y analizar las causas de esa
verticalidad54. Algunas pueden estar en aspectos intrínsecos a las propias sociedades, pero otras pueden corresponder al tipo de relaciones
que se gestaron entre esas sociedades y sus Estados, lo que desplaza
parte del foco de discusión al papel y al talante que esos Estados asumieron en sus correspondientes sociedades y a la formación de esta
cultura que tanto se cuestiona. Es un análisis, sin embargo, fundamental porque permitiría comprender cómo se gestan los sentimientos
democráticos y se consolidan las democracias en la región, al propio
tiempo que posibilitaría la implementación de modelos democráticos
de sociedades más avanzadas una vez corregidas las disfunciones55 culturales de las sociedades latinoamericanas.
El conflicto social en el Perú hoy reviste una complejidad que
excede a las movilizaciones sociales por reivindicaciones de clase.
Algunos ejemplos muestran esta complejidad. Más allá de los consabidos conflictos medioambientales, que son los que registran el mayor
número en el conteo oficial de la Defensoría del Pueblo, se puede
considerar los casos de las disputas por el control y relajamiento del
Sistema Nacional de Inversión Pública, las disputas territoriales interdepartamentales por el derecho sobre recursos naturales, las presiones de empresarios al gobierno para que aumente el gasto en obras
públicas de los cuales puedan “colgar” sus inversiones, el juicio y condena al ex Presidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad,
los sangrientos enfrentamientos entre facciones del sindicato de construcción civil o las barras de equipos de fútbol y los terribles choques
entre policías y nativos amazónicos. Este pequeño recuento muestra
que los nuevos estatus de conflicto social que se vienen presentando
en la sociedad peruana en los últimos veinte años han trasladado el
foco del conflicto desde la lucha de clases a la confrontación entre
131
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
las burocracias estatales y segmentos diferenciados de la sociedad civil
peruana, derivada de nuevas problemáticas que han emergido en la
presente década, como el impacto ambiental, las disputas como resultado de la descentralización, la inseguridad jurídica y el límite permisible de la acción estatal en los diversos sistemas de relacionamiento
Estado-sociedad.
En todos los casos, el común denominador es que los conflictos
se perciben, por las partes que los protagonizan, como procesos que
pueden ser resueltos “capturando” para sí porciones de la autoridad
que deviene del Estado. Incluso los que detentan el poder económico,
hasta hace pocas décadas fuera de la política oficial, crecientemente
inciden desde afuera del sistema político con más fuerza. E incluso,
llegan a insertarse en el sistema participando por cargos congresales
o ministeriales, porque así comprenden que defienden solo así sus
intereses grupales. Y los que detentan otro tipo de poder, por su capacidad de organización, también buscan capturar parte de la autoridad
estatal por mecanismos de presión externa, que muchas veces incluye
la influencia mediática, para incidir en decisiones de determinados
poderes del Estado.
Estos nuevos elementos pueden presionar, por un lado, a una
reformulación del papel de Estado, pero a la vez56, a una revaloración
de su papel como ente ordenador de las relaciones sociales y económicas. El equilibrio entre estas dos fuerzas define la fortaleza de la
gobernabilidad en el Perú y es resultante de la capacidad de convencimiento ante la opinión pública por parte de las élites de gobierno,
a todos sus niveles. Un Estado funcional al conflicto social sería
entonces, al propio tiempo, uno que reformule sus relaciones con la
sociedad sobre la base de la construcción de confianza y la limitación
de sus acciones a lo que establezca estrictamente un marco legal que
sea conocido, estable y previsible. Y que a la vez, construya un marco
cultural consistente con ese modelo de Estado. Marco cultural que
haga propicio el rechazo a las prácticas mercantilistas, los privilegios
de toda índole y las acciones de captura estatal para fines de intereses
de grupos que no coinciden ni con intereses de país, ni, muchísimo
menos, con intereses clasistas.
132
CONFLICTO, ESTADO Y DEMOCRACIA
NOTAS
1 Coser, Lewis. Las funciones del conflicto social. Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1961.
2 En adelante, se considerará en el presente ensayo indistintamente “conflicto”
y “conflicto social” en el mismo sentido y similar significado.
3 No se pretende aquí hacer una revisión completa de las teorías del conflicto,
sino únicamente de las que, a juicio del autor, definen los términos relevantes
de la discusión que aquí se propone, a saber, relacionar el papel del Estado
en el trámite del conflicto y, eventualmente, en su génesis. Para una revisión
de otros autores que enfocan el tema del conflicto enfatizando otros aspectos, puede revisarse a Charles Tilly, Sidney Tarrow, Alberto Melucci y Alain
Touraine.
4 La diversidad social no implica que no pueda existir la denominada identidad
social, que, en el caso de las sociedades nacionales, se llama “identidad nacional”. Desde este punto de vista, es muy discutible que no exista identidad
nacional en el Perú. En todo caso, puede no existir compromiso con el país o
con el concepto de lo “nacional” –distinto del concepto del “nacionalismo”–,
que no es lo mismo que decir que el peruano no tenga identidad con su país.
5 No se hace referencia aquí a una idea “constructivista” de la sociedad, en
el sentido de que esta pueda ser sujeta de una elaboración planificada. La
construcción que se alude puede ser producto de un proceso de orden espontáneo, que es más el sentido que se le da aquí.
6 La teoría del caos acepta al mundo tal y como es: una imprevisible totalidad.
Surge de la renuncia a la ilusión del orden. La complejidad del mundo ha
llevado metodológicamente a simplificar la realidad, a abstraer la naturaleza
para hacerla cognoscible y a la dualidad. Pero la tendencia a ordenarlo todo
colisiona con la misma realidad que se busca explicar, cuya naturaleza es de
ser irregular, imprevisible y discontinua. La búsqueda de una explicación a
los fenómenos complejos e irresolubles mediante fórmulas, en un mundo con
tendencia general al desorden, pero que, al mismo tiempo, es un desorden
que no implica confusión, configuró la teoría del caos. Los sistemas caóticos
se caracterizan por su adaptación al cambio y, en consecuencia, por su estabilidad. Las leyes del caos ofrecen una explicación para la mayoría de los
fenómenos, desde el origen del universo a la propagación de un incendio o a
la evolución de una sociedad. ¿Por qué se insiste en el autoengaño del orden?
El problema parte del concepto clásico de ciencia, que exige la capacidad
133
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO
7
8
9
10
11
12
13
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15
16
134
para predecir de forma certera y precisa la evolución de un objeto dado, es
tan reduccionista como audaz y alejada de la realidad. Y llega al abuso de la
razón hasta provocar una verdadera actitud anticientífica, al postular que todo
es predecible y “racionalizable”.
Marx, Karl y Engel, Friedrich. El manifiesto comunista. Fondo de Cultura
Económica, México D. F., 2008.
Aunque la problemática del conflicto fue tratada previamente a Marx por
otros autores, a juicio nuestro, es claramente con Marx que empieza a tomar
un lugar preponderante en las ciencias sociales a partir de su doctrina de la
lucha de clases. Por eso, nuestro punto de partida y referente es el análisis
marxista.
Coser, Lewis. Ob. cit.
Véase Dahrendorf, Ralf. Sociedad y libertad: hacia un análisis sociológico de
la actualidad. Editorial Tecnos, Madrid, 1971. El conflicto social moderno:
ensayo sobre la política de la libertad. Editorial Mondadori, Madrid, 1990.
Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial. Editorial Rialp,
Madrid, 1970. Mientras se escribía la versión final de este ensayo, acaeció el
sensible fallecimiento de este importantísimo e influyente pensador el 18 de
junio de 2009.
Relativizamos esta concepción en la medida en que las reivindicaciones de
clase siempre se manifiestan en defensa de intereses de grupos identificables y cuyo peso demográfico al interior de las clases sociales típicas es muy
reducido. El caso típico es el de las luchas sindicales, que defienden intereses concretos y relacionados solamente a plataformas de reclamos de grupos
específicos de trabajadores, pero que no representan necesariamente –o casi
nunca– beneficios a los que pueda acceder la mayor parte de la clase –o las
clases– a las que pertenezcan dichos trabajadores.
Véase Weber, Max. Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica,
Mexico D. F., 1984.
Un ejemplo lo constituye el hecho de que las clases sociales más ricas debieran tener poder sobre las más pobres, sometiéndolos y dominándolos, en la
concepción marxista.
Los intereses latentes son los que orientan las conductas de los actores sin
que sean conscientes de ello, mientras que los manifiestos constituyen motivos conscientes en los que se inspira la acción de los actores.
A esto llama Dahrendorf una situación de “pluralismo” de oposiciones y de
conflictos, que produce la superposición de los grupos de interés.
Según John Locke, el principal fin que lleva a los hombres a la conformación
de las sociedades políticas es la preservación de la property, a través de la
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implantación de la ley fija y conocida, jueces públicos imparciales y un poder
que respalde y dé fuerza a las sentencias. Como el ser humano, en su estado
de naturaleza, hace lo que considera necesario para su propia supervivencia,
se siente con el poder de defenderse y, eventualmente, castigar a quien haya
cometido algo contra él, aunque eso devenga en anarquía y caos. Por ende,
se necesita de las leyes y de un poder político, no de un soberano que regula
a la sociedad a su antojo, sino que es la ley misma la que lo hace, en la concepción lockeana. Una sociedad tiene que estar marcada por la ley que los
propios hombres han dispuesto para ella y resguardada por un poder político
que genera, ineludiblemente, una estructura social basada en la autoridad.
Véase Locke, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Alianza Editorial,
Madrid, 1990.
Véase Rothbard, Murray. Hacia una nueva libertad. Grito Sagrado, Buenos
Aires, 2005.
Francis Fukuyama desarrolló un modelo de componentes de la capacidad del
Estado a base de las dos dimensiones de alcance y fortaleza. Véase Fukuyama, Francis. La construcción del Estado. Ediciones B, Barcelona, 2004.
Véase Mariátegui, José Carlos. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Biblioteca Amauta, Lima, 1928.
No es el presente ensayo el espacio apropiado para revisar exhaustivamente
el tratamiento del conflicto en la historia republicana del Perú. Tal análisis
justificaría una investigación histórica específica.
La Defensoría del Pueblo tiene una Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad (APCSG), creada el 30 de abril de 2009
mediante Resolución 019-2009-DP, sobre la base de la anterior Dirección de
la Unidad de Conflictos Sociales, que preparaba un reporte mensual sobre el
estado de los conflictos en el Perú desde 2004. A partir de mayo de 2009, esta
tarea es asumida por la APCSG (desde el Reporte 63).
Estas soluciones se refieren a la aplicación del Teorema de Coase, el cual establece que, en ciertas condiciones y en presencia de externalidades, las empresas privadas pueden encontrar soluciones eficaces sin que para ello sea
necesaria la intervención del gobierno. Las negociaciones privadas entre particulares conducirán a una eficiente resolución de las externalidades, sin importar quién tenga derechos de propiedad, siempre y cuando puedan definirse
los mencionados derechos de propiedad. En su aplicación legal, el teorema de
Coase postula que en un mercado en que los costos de transacción sean bajos
o inexistentes, donde se establezcan fallos judiciales sobre derechos de propiedad que no permitan una solución económica suficientemente satisfactoria, se
producirá necesariamente una reasignación de estos derechos hacia aquellos
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que los valoran más, independientemente que la justicia halla fallado en contra
de estos. En la realidad, cuando los costos de transacción son altos, no se produce espontáneamente tal reasignación de derechos, por lo que, en esos casos,
los tribunales deben buscar, dentro del marco de la ley, minimizar los costos
asociados a sus fallos. Véase Coase, Ronald. “The Problem of Social Cost”. En:
Journal of Law and Economics, volumen 3, octubre 1960, pp. 1-44.
Por ejemplo, en el caso de la actividad minera, no solamente se benefician
aquellos que trabajan en las compañías, sino los propietarios de negocios que
proveen servicios a quienes laboran en ellas o a los que mantienen relaciones
económicas.
En este caso, comunidades específicas.
Según algunos especialistas en el tema del terrorismo y el narcotráfico, como
el sociólogo Raúl Antezana, el fenómeno del narcoterrorismo que azota la
zona denominada como el valle del río Apurímac y Ene, mejor conocida como
el VRAE, es totalmente distinto del terrorismo de Sendero Luminoso y del
MRTA de las décadas de 1980 y 1990. Antezana explicó que este movimiento
incluso ha cambiado su denominación y no reconoce a líderes tradicionales
de Sendero como los denominados camaradas “Gonzalo” y “Feliciano”. Por
tanto, sostiene que no es un resurgimiento del terrorismo reciente, sino un
nuevo fenómeno terrorista. Lo distintivo es que el nuevo fenómeno no ataca a
la población civil, utiliza a los campesinos más pobres para reclutarlos e insertarlos en el circuito productivo de la droga y su motivación no es reivindicativa
de una plataforma ideológica, sino la defensa de un espacio de desarrollo
comercial ilegal. Estos conceptos fueron captados de la entrevista realizada
en el programa televisivo Qué tal raza de RBC Televisión en su emisión del
domingo 19 de abril de 2009.
Se han considerado especificado los conteos a diciembre de 2006, 2007 y
2008 y a mayo de 2009. Nótese que es información de stock, no de flujos
anuales.
Proceso iniciado en 2002.
Estas características se inspiran en el trabajo de Luque, Rolando. Los conflictos sociales y políticos en el Perú. Documento de la Biblioteca Virtual de la
Comisión Andina de Juristas. Lima, 2006.
Véase Montaner, Carlos Alberto. Las raíces torcidas de América Latina. Plaza
Janes, Barcelona, 2001.
El más reciente ejemplo lo constituye el manejo mediático de las protestas de
los nativos amazónicos de junio de 2009.
Los “friajes” con descensos dramáticos de la temperatura que afecta a los
departamentos del sur peruano periódicamente, donde coincidentemente se
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registran las zonas de mayor pobreza. El Niño es el fenómeno meteorológico
que se genera por el sobrecalentamiento de las aguas del Pacífico Sur y que
genera inundaciones en la zona norte peruana.
Según Robert Merton, la anomia ocurre cuando se pierde la conexión entre
tres elementos de la sociedad: i) los fines culturales como deseos y esperanzas
de los miembros de la sociedad, ii) las normas que determinen los medios
que permitan a los individuos acceder a esos fines, y iii) la asignación de estos
medios entre los individuos que conforman la sociedad. La anomia, por tanto,
es una disociación entre los objetivos culturales y el acceso de ciertos sectores
a los medios necesarios, cuando la relación entre los medios y los fines se debilitan. Véase Merton, Robert. Teoría y estructura social. Fondo de Cultura
Económica. México D. F., 1964.
Para un análisis de la distinción entre “coacción” y “violencia”, véase Hayek,
Friedrich. Los fundamentos de la libertad. Unión Editorial, séptima edición,
Madrid, 2006, pp. 177-194. De paso, nótese la distinción entre una visión liberal de ambos conceptos en contraposición con la visión anarcocapitalista que
sostiene que toda coacción es violenta y, por tanto, descalificadora. Para esta
última, véase Rothbard, ob. cit. Por cierto, Hayek distingue entre “autoritarismo” y “totalitarismo”, situando al primero como antagónico a la democracia y
al segundo como opuesto al liberalismo. Véase Hayek, ob. cit., p. 141.
En este caso, se emplea el término en su sentido de desorden y no se utiliza
el concepto como sinónimo de “acracia”. La acracia es un orden basado en
el axioma de no coacción, donde las reglas de convivencia son resultado de
pactos voluntarios. Los cultores de la acracia no aceptan la legitimidad de
ninguna imposición, desde su perspectiva, para que una acción tenga valor
moral debe emanar de la decisión libre de quien la emprende. Para ellos, las
personas no han nacido para obedecer, sino para decidir por sí mismas.
El concepto de democracia liberal supone un sistema con las siguientes características: i) sufragio universal, materializado en el derecho a elegir y ser
elegido en votaciones secretas y elecciones libres para una amplia mayoría de
la población, que respaldan el mandato de un poder orientado a satisfacer las
necesidades que prioriza la mayoría; ii) división de poderes del Estado y una
Constitución que limita estos poderes y controla el funcionamiento del gobierno; iii) protección de los derechos de propiedad de manera generalizada;
iv) existencia de diversidad de partidos políticos; v) libertad de expresión y
libertad de prensa, incluyendo el acceso a fuentes de información alternativa
a las propias del gobierno; vi) libertad de asociación; vii) libertad de modus
vivendi en el marco de la ley; viii) ciudadanos educados e informados acerca
de sus derechos y deberes, los cuales son sostenidos en su ejecución por un
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sistema judicial y coercitivo eficaz; y ix) un marco institucional de protección
a las minorías que reconozca la aplicación indivisible e inalienable de los derechos humanos.
Este concepto aparece muy desarrollado en Levitsky, Steven y Way, Lucan A.
“Elections
Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism”.
En: Journal of Democracy, vol. 13 (2), National Endowment for Democracy
y The Johns Hopkins University Press, abril de 2002, pp. 51-65.
Se suele escuchar en algunas personas, cuando padecen los efectos de un
conflicto, la expresión coloquial muy conocida de “necesitamos un Pinochet”,
manifestada por personas que posiblemente desconozcan las implicaciones
reales de una dictadura. Es un tema de muy amplias aristas y sumamente discutible el hecho de si en el Perú han existido auténticas dictaduras, como las
que se instalaron en países latinoamericanos como México, Argentina, Chile,
Uruguay, Brasil o Paraguay, especialmente atendiendo al criterio de la extremada violencia desplegada por esos regímenes desde el Estado en contra de
la población civil. Expresiones como la señalada parecen abonar en la idea de
que hay un profundo desconocimiento en la población peruana de los alcances de una dictatura, en todos sus extremos.
En adelante IOP-PUCP.
Como se verá, otros indicadores muestran que el nivel de satisfacción con la
democracia en el Perú podría ser muchísimo más bajo.
Considerando solamente a la población pobre, se estima que no menos del
45% de los peruanos califican como tal. De ese porcentaje, poco menos de la
mitad es extremadamente pobre.
De hecho, en este atributo, el Perú registra un índice de 5,0 en una escala de
0 a 10.
Cabe señalar que estas mediciones se realizaron antes de las muy recientes
denuncias de las que fue objeto el presidente de Paraguay por paternidades
no asumidas y que han desembocado en escándalos públicos por la aparición
de dos hijos no reconocidos, situación que se agrava por su peculiar situación
de ser un presidente que además es clérigo de la Iglesia católica.
La aparente contradicción tendría también explicación a partir del hecho de
que el patrón de respuestas pudiera haber sido afectado por la formulación
de las preguntas o el entendimiento de las personas respecto de ellas. Cabe la
posibilidad de que quienes contestaron que el Estado deba participar más en
la economía, lo que hayan tratado de expresar es que el Estado se preocupe
más porque la economía esté mejor y no se desentienda. Esto no necesariamente implicaría que se pide más participación directa del Estado en la
economía.
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44 La demostración de tal hipótesis, naturalmente, debe ser sujeta de una exploración específica que se halla fuera del alcance del presente ensayo. No deja
de llamar la atención, sin embargo, que en el mensaje “políticamente correcto” resalte normalmente la visión de la dialéctica de ricos-pobres que exacerba el conflicto y se incida en lugares comunes como que el modelo económico
aplicado desde inicios de la década de 1990 ha perjudicado principalmente a
los más pobres, ha sido regresivo en el ingreso, ha desindustrializado al país,
ha re-primarizado la economía o ha fortalecido la centralización capitalina.
Sin pretender profundizar en la validez o no validez de estas posiciones, en
el contexto del presente ensayo, vale la pena revisar enfoques alternativos al
respecto. Véase Althaus, Jaime de. La revolución capitalista en el Perú. Fondo de Cultura Económica, Lima, 2007.
45 Desde lo ideológico, en una línea a explorar en el curso de una investigación
más profunda del tema, sería interesante rastrear cómo la educación pública
escolar, por ejemplo, influye en esta percepción antiprivada.
46 En alusión a la teoría de la captura regulatoria cuyo impulsor seminal fue
George Stigler. Véase Stigler, George. “The Theory of Economic Regulation”. En: Bell Journal of Economics and Management Science, volumen 2,
número. 3, pp. 3-21.
47 En Chile, por ejemplo, estos no son los términos de la lucha política, pero sí
en el Perú. Los alineamientos insólitos y espontáneos del propio electorado
que se produjeron en la elección presidencial de 2006 ante la irrupción de la
fuerza política que representa el Partido Nacionalista, cuya plataforma política es congruente con la segunda opción, es una muestra clara de dicha polarización. A partir del discurso político actual y de las tendencias de opinión que
se vienen registrando acerca de las intenciones de voto, se entendería que es
altamente probable que similar fenómeno de realineamientos polarizados se
produzcan en las elecciones de 2011.
48 Al expresar que tenían “inspiración” socialista o liberal no necesariamente implica que fueron procesos socialistas o liberales, sino que tenían ese talante.
En el marco de un análisis más profundo se tendría que explicar qué rasgos
socialistas habían en el proceso que encabezó Velasco Alvarado y qué rasgos liberales en el que encabezó Fujimori, aunque ambos gobiernos tuvieran
otros aspectos claramente contrarios a dichos marcos ideológicos.
49 Para un análisis del conflicto actual y su relación al crecimiento económico
de los últimos años, véase el reciente trabajo de Grompone, Romero y Tanaka, Martín (editores). Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social. Las protestas sociales en el Perú actual. Instituto de Estudios Peruanos,
Lima, 2009.
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50 Con este concepto, se hace referencia al hecho de que mientras algunos ciudadanos “pueden” realizar acciones fuera de la legalidad sin recibir sanción
real, desde sindicalistas hasta pueblos nativos de la Amazonía, otros ciudadanos están impedidos de hacerlo porque la ley se les aplica. Estos últimos
son los que tienen “exposición al orden formal”. Considérese el caso de los
que pueden bloquear carreteras interurbanas por presionar por demandas
cualesquiera que sean, y compárese similar situación para una hipotética
toma de vías en cualquier avenida principal de la Lima central o tradicional.
Obviamente, en este caso hipotético, sería impensable que las personas que
optaran por dicha medida de fuerza no resulten arrestadas, situación que no
necesariamente se aplica a los bloqueadores de caminos interurbanos.
51 Véase Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2008. Santiago de Chile, 2009.
52 Guarda consistencia empírica con esta hipótesis el hecho de que, bajo regímenes democráticos como los que imperan en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, a los que se puede añadir a El Salvador y a Paraguay,
los presidentes conserven elevados índices de popularidad y aceptación (aunque también es alta la proporción de rechazo). También apoya esta hipótesis que candidaturas presidenciales en países que actualmente se rigen por
modelos democráticos distintos, como México o el Perú, que abiertamente
se adscriben a esos modelos de democracia alternativa, tengan importantes
masas de adeptos.
53 Ibíd.
54 Y materia de otro análisis que excede los alcances del presente ensayo.
55 Disfunciones relacionadas, claro está, a esos modelos de democracia considerados a prori como deseables. Desde luego, para quien no es deseable el
modelo de democracia liberal, no existe tal disfunción. Es importante entonces establecer qué tipo de democracia se pretende y diferenciarlas adecuadamente. Para algunos elementos de esta discusión, véase D’Medina Lora,
Eugenio. “Democracia y libertad: ¿amigos o enemigos?”. En Revista de Economía y Derecho, volumen 5, número 20. Sociedad de Economía y Derecho.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, primavera de 2008, pp. 43-74.
56 En particular, por otros elementos del entorno, como el efecto de la actual
crisis global.
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