El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, que establece una serie de derechos de los pacientes en situación terminal y sus familiares así como dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que les atienden.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior, destacando que con esta norma se pretende que todos los ciudadanos "afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible, con independencia del lugar donde residan".
El nombre oficial del anteproyecto no incluye la palabra muerte y la propia ministra hizo malabarismos para evitar la palabra: se trata, dijo Pajín, de una "ley reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida". "Hay pocas acciones más caritativas que mitigar el dolor de un ser humano", apuntó.
"Se pasa de un modelo asistencial a un sistema de derechos y garantías, al tiempo que da más seguridad jurídica a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha remarcado la ministra. Ha destacado que era una ley que venían "pidiendo desde hace tiempo" tanto los pacientes como los profesionales sanitarios.
Aseguró que la ley respeta la voluntad de los pacientes para que la etapa final de la vida pueda ser "afrontada con dignidad, calma y menor sufrimiento" y "no despenaliza la eutanasia ni el suicidio asistido", sino que "evita el ensañamiento terapéutico y mitiga el dolor". La norma, según la ministra, establece que toda persona mayor de edad pueda manifestar anticipadamente su voluntad y tomar decisiones sobre su tratamiento.
Tras el visto bueno del Ejecutivo, el anteproyecto de ley se remitirá al Consejo de Estado y resto de órganos consultivos, y se presentará a las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial. Tras esto, y ya en el mes de junio, se llevará nuevamente al Consejo de Ministros para que apruebe el proyecto de ley y pueda iniciarse la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Según las previsiones de Sanidad, podría entrar en vigor antes de que acabe el año.
La letra pequeña de la ley
La norma establece como derechos del paciente, el de la información asistencial -"recibir de forma clara y comprensible toda la información sobre su estado real de salud"-, a la toma de decisiones, y al tratamiento del dolor -derecho a "recibir la atención idónea para prevenirlo y aliviarlo".
También se recoge el derecho al acompañamiento en el momento de la muerte, punto en el que se incluye que los pacientes "podrán recibir también el auxilio espiritual que soliciten conforme a sus convicciones y creencias". Además, se establece el derecho "a la intimidad personal o familiar", lo que implica que cada paciente en agonía podrá disfrutar de una "habitación de uso individual durante su estancia". No se recoge partida económica alguna para garantizar este derecho.
El paciente será el que tome las decisiones, pero en situaciones de incapacidad tendrá que decidir la persona que él hubiera designado, su representante legal, el cónyuge o el familiar en grado más próximo. Será "el personal médico a cargo del paciente", con la ayuda de al menos otro profesional, quien determine que en efecto se da esa situación de incapacidad.
En cuanto a los médicos, se establece que "el cumplimiento de la voluntad del paciente excluirá cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios". No se habla de derecho a la objeción de conciencia. De hecho, se establece que los profesionales sanitarios "estarán obligados a respetar la voluntad y las convicciones y creencias manifestadas por el paciente sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir".