La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos profirió 22 órdenes de captura contra integrantes del Ejército, por dos casos de ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos' que se presentaron en los departamentos de Cesar y Antioquia.
La entidad aseguró que esta investigación es significativa para avanzar en el caso de las ejecuciones extrajudiciales; ya que se logró determinar que en total son 18 los campesinos que fueron presentados como muertos en combate.
En total se emitieron 24 órdenes de captura, de las cuales 22 hacen parte de las Fuerzas Armadas y dos más son de civiles.
VÍCTIMAS EN ANTIOQUIA
El primer caso se presentó el 29 de septiembre de 2004 en el municipio de La Ceja (Antioquia), donde resultaron dos víctimas identificadas como Julio César Molina Ríos y Diego León Montoya López.
En este caso son ocho militares, entre los que se encuentra el coronel Jair Arias Sánchez y el coronel en retiro William Roberto del Valle, quien actualmente se encuentra con medida de aseguramiento.
También se adelantan las capturas de un sargento segundo, tres soldados profesionales y un mayor quienes, junto a los dos coroneles, serán llamados a juicio como presuntos coautores del delito de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2004 cuando tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, aseguraron que fueron atacadas por integrantes de las Farc.
Como resultado del enfrentamiento abatieron dos subversivos NN, lo cual no era correcto, pues tras las denuncias de los familiares, los supuestos abatidos eran un obrero de construcción y una persona con problemas psiquiátricos que no pertenecían a ningún grupo al margen de la ley.
VÍCTIMAS EN CESAR
Por este caso caso se ordenó la captura de 14 militares: un coronel en retiro, un teniente coronel, cinco mayores, un capitán, un teniente retirado, un subteniente, un sargento viceprimero, dos sargento segundos y un cabo.
Estos integrantes de la fuerza pública deberán asistir a indagatoria y la Fiscalía los procesará por concierto para delinquir agravado para cometer delitos de homicidio. Según el ente acusador, habrían 16 campesinos como víctimas en los hechos que se presentaron en 2007.
La directora de articulación de fiscalías especializadas, Katerina Hyeck, señaló que la investigación inició después de la denuncia de varios miembros de la Fuerza Pública, en la que revelaron cómo se organizaron dentro del Batallón para el pago de las recompensas por abatimientos.
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