stá en marcha una execrable campaña de calumnias contra Ángela María Buitrago. Su objetivo no es sólo difamarla en lo personal, sino desacreditar la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El GIEI fue formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los derechos humanos, en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Fue creado en noviembre de 2014.

Ángela María Buitrago forma parte del grupo de expertos. Es una reconocida abogada colombiana, con credenciales académicas y profesionales intachables. Tiene maestría en derecho penal, doctorado en derecho y diversas especializaciones. Trabajó en los juzgados ambulantes de su país natal, haciendo necropsias y levantamiento de cadáveres; litigó y dio clases. En 2005 entró a trabajar con la Fiscalía General. Tres años después fue nombrada fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La doctora Buitrago impartió justicia desafiando la impunidad de los poderosos colombianos, sin miedo a nada o a nadie. Trabajadora tesonera e incansable, resolvió los más difíciles casos que llegaron a sus manos con probidad, eficiencia y equidad. Implacablemente seria en las audiencias, fue llamada La fiscal de hierro.

A la fiscal nunca le tembló la mano para juzgar a los hombres del poder. No le importaron las consecuencias. Puso tras las rejas a buen número de políticos asociados con los paramilitares. Mandó a la cárcel a personajes como el gobernador Edilberto Castro y al ex director de la Fiscalía de Medellín Guillermo León Valencia Cossio.

Uno de los casos más fuertes que enfrentó fue el juicio a varios militares por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia por el Ejército en 1986. Ella lo desenterró después de más de 20 años de ominosa impunidad.

La historia se remonta al 6 de noviembre de ese año, cuando guerrilleros del M-19 ocuparon la sede del Poder Judicial y tomaron en rehenes a 350 personas, entre las que estaban magistrados y consejeros del Estado. Con la medida, buscaron denunciar que las fuerzas armadas habían roto un cese al fuego pactado y que el presidente Belisario Betancur había incumplido el acuerdo con ellos para buscar salidas políticas al conflicto.

Un día después, los uniformados asaltaron a sangre y fuego al Palacio de Justicia. El saldo fue de 98 muertos. Once personas más fueron consideradas desaparecidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó la acción militar de holocausto y masacre.

A contracorriente, la fiscal Buitrago emprendió una exhaustiva investigación de la masacre y llamó a rendir testimonio a decenas de protagonistas. Finalmente, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30 años por la desaparición forzada de dos personas. Sin embargo, el pasado 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia acordó dejarlo libre, después de pasar ocho años en prisión.

Quienes en México han organizado una campaña de injurias contra Ángela María Buitrago han retomado este caso para atacarla. Acusan falsamente a la ex fiscal de haber desechado y falseado testimonios que exculpaban al coronel. Señalan que ella no tiene autoridad para investigar lo sucedido en la noche de Iguala y que debe renunciar al GIEI.

En Colombia o en México, juzgar a altos oficiales del Ejército es una labor cuesta arriba. Según el abogado procesal colombiano Ramiro Bejarano, una de las primeras cosas que hizo el coronel Plaza Vega al salir de la cárcel fue visitar al procurador ante el cual Édgar Villamizar, el cabo del Ejército que fue testigo en el caso, se retractó de su testimonio inicial, en el que incriminaba a varios oficiales. Adicionalmente, la juez del caso, María Stella Jara, y su hijo, recibieron amenazas contra su vida mientras juzgaban al coronel, por lo que debieron exiliarse en Alemania.

La Corte reconoció que sí hubo desapariciones forzadas en la retoma del Palacio de Justicia. Sin embargo, decidió liberar al coronel. Lo hizo no porque hubiera encontrado pruebas de su inocencia, sino porque, ante la duda, debió aplicar la decisión en su favor. El acuerdo entre los togados no fue unánime: votaron a favor cinco magistrados y se opusieron tres. Uno cambió su voto en contra de liberarlo en el último momento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por esas desapariciones. No hizo ningún juicio respecto de alguien en lo particular, puesto que la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal.

Las calumnias en la prensa mexicana contra La fiscal de hierro buscan demeritar el excelente trabajo que el GIEI ha desarrollado para esclarecer el crimen de Iguala. Son una reacción desesperada de quienes en el Estado mexicano sostuvieron el relato de la verdad histórica, convertido en cenizas por los informes de los expertos. Quieren, como sea, golpear a quienes cuestionan su pésimo trabajo y sus complicidades.

Ni la independencia de Ángela María Buitrago ni su papel de experta están en entredicho por la resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Su profesionalismo y capacidad no están en duda. Los legisladores que se han sumado al cargada contra la ex fiscal (el líder del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Barbosa, y el secretario de la comisión especial para dar seguimiento al caso Iguala en la Cámara de Diputados, Arturo Álvarez) dan pena ajena. Contar con la ex fiscal de hierro en la comisión encargada de esclarecer lo sucedido el 26 de septiembre en Iguala es un lujo.

Twitter: @lhan55