Las cifras macroeconómicas no pueden ser más desalentadoras. Tras casi dos años (desde mayo de 2010) de aplicación estricta de medidas de ajuste y de consolidación fiscal, el PIB mundial se resiente y el conjunto de la Unión Europea padece los estragos de la sangría. Los datos, que reproducen todos los servicios de estudios solventes sobre predicción económica, son demoledores. Sólo Alemania parece resistir con firmeza. Pero esa situación puede tener, también, los meses contados. Las políticas económicas que de forma obstinada se están aplicando en Europa, impregnadas de ese mantra de la austeridad a toda costa, se están revelando como ineficaces para resolver dos problemas centrales: la reducción del paro y el mantenimiento del bienestar social.
Las recomendaciones de la Comisión Europea, liderada por Angela Merkel, han supuesto entrar en un escenario que, a estas alturas de la película, se revela como irreal. En efecto, resulta a mi entender inviable cumplir con el déficit público estipulado para 2012. En el caso de España, esto va a ser así, también, en las comunidades autónomas. Vean el despropósito: las autonomías son presentadas como las causantes del desequilibrio por parte de Luis de Guindos, ministro de Economía. Falso. El porcentaje de déficit público generado por las regiones es poco, en relación a la Administración General del Estado: del 9,3% de 2011 de déficit sobre PIB, tres puntos (quizás cuatro) son asignables a las autonomías, pero no el grueso del desaguisado. El equipo del ministerio de Economía y Hacienda del PP, como en su momento el del PSOE, yerran con ese diagnóstico, y colocan la gestión autonómica a los pies de los caballos, de forma injusta. Y lo saben.
El gasto más rígido e inelástico, que compete a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, se halla transferido a los gobiernos regionales, de manera que son éstos los que deben bregar con tales partidas. Al mismo tiempo, no puede sostenerse que la gestión realizada en las regiones ha conducido a quiebras técnicas casi generalizadas: me parece de una irresponsabilidad absoluta y de una inexactitud brutal decir eso, tal y como se ha afirmado por parte de los nuevos gestores autonómicos, con locuacidades más propios del delirio político que del rigor económico (las declaraciones en Catalunya, Castilla y Balears han sido antológicas, y han generado una enorme desconfianza en los mercados de crédito). Debe entenderse de una vez por todas, para no escuchar más tonterías, que hemos asistido a un desplome monumental de los ingresos. Los datos son tan tozudos como desapacibles, y los tiene el ministerio de Hacienda. Y ello ha afectado las capacidades, mucho más limitadas, que tienen las comunidades autónomas, en todos los campos (ojo: en todos), en relación al Gobierno central.
Las políticas de austeridad tienen límites: los que acaban por afectar el bienestar de las personas. Si el dominio ideológico es ciego ante la realidad, en el sentido de que deben recortarse de forma significativa las asignaciones presupuestarias en protección social, al tiempo que el sector privado se encuentra anémico por falta de crédito y confianza, el desenlace parece evidente: se van a liquidar las "malas inversiones" (en terminología de Hayek); pero también se laminarán las actividades económicas y, por tanto, la formación de renta (según los preceptos de Keynes). En ese sentido, no hagan caso del último informe del Banco Mundial, digno de ser lanzado directamente a la basura, cuando señala que deben desprotegerse el trabajo estable y los servicios sociales en Europa, todo en aras del equilibrio presupuestario: seguro que lo ha redactado algún economista tras una parafernalia de regresiones matemáticas, y quizás se trate del mismo tipo que se ha equivocado reiteradamente en todas las predicciones del Banco Mundial. Todavía sorprende que siga ahí. Porque de hacerle caso todos acabaremos por ser demasiado pobres para poder ahorrar.
Otra derivada se presenta, al mismo tiempo: los recortes profundos agravarán el problema de la deuda pública. En efecto, la deuda de difícil resolución entrará en un bucle negativo, altamente peligroso, desde el momento en que las políticas de ajuste dislocan la capacidad de crecimiento económico. Menos crecimiento infiere menor recaudación, con el corolario de una inferior posibilidad de retornar préstamos. El estrangulamiento financiero puede ser cuestión de un tiempo difícil de predecir. Y los mercados lo saben. La conclusión: estamos asomados a un precipicio del que nadie parece retroceder, movidos por el vértigo que genera el peligro y éste su capacidad insensata de atracción. No vamos a ningún sitio así, y todo se está reduciendo a palabras huecas y retóricas. Bueno sí: con esta política económica nos encaminamos a una economía de depresión, alejada de posibilidades reales de repunte.
