Así se beneficiaba Joan Lluís Quer, el hombre de Artur Mas con la obra pública

El pasado 23 de octubre, el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, tuvo que comparecer ante la comisión permanente del Parlamento catalán para dar cuenta de las adjudicaciones de obras de su Gobierno, porque uno de sus altos cargos, Joan Antoni Rosell, había sido detenido por presunta corrupción en el denominado caso 3%, que investiga un juez de El Vendrell y que afecta a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Tanto que incluso su tesorero, Andreu Viloca, fue detenido durante la investigación.

En aquella ocasión, Mas aseguró ante el Parlamento que las adjudicaciones de la obra pública en Cataluña, de la que presuntamente se benefició su partido al cobrar ‘mordidas’ del 3%, son modélicas. Es más: afirmó (eso sí, sin aportar nada que lo sustentase) que “no puede haber habido donaciones a cambio de adjudicaciones. Y si no hay trato de favor por parte de la Administración, el resto cae por su propio peso”. Llegó incluso a calificar a Infrastructures, la empresa pública encargada de la obra pública, de modélica. ¡Y eso con su segundo responsable detenido!

Pero eso es poco para lo que falta por salir. Según pudo conocer El Confidencial de fuentes cercanas a la investigación, en la agenda de uno de los empresarios detenidos en la misma operación figuran periódicas reuniones con Rosell aproximadamente cada quince días. Ese empresario era Xavier Tauler, director general de Copisa, que mantenía una “intensísima” actividad de reuniones, incluso con altos cargos de empresas de la competencia- a espaldas de los propietarios de la compañía.

Mas aseguró que las adjudicaciones de obra pública en Cataluña, de las que presuntamente se benefició su partido al cobrar ‘mordidas’ del 3%, son modélicas

Por si fuera poco, Tauler es íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, a quien conoce desde adolescente y al que pagaba suculentas comisiones aparentemente por asesorarle (no se ha encontrado ningún contrato ni documentos de operaciones donde Pujol Ferrusola hubiese participado para justificar las ‘mordidas’). La pregunta del millón es, pues, qué hacía Tauler, íntimo de Pujol Ferrusola (le ayudó incluso a esconder su flotilla de coches de lujo), reuniéndose con asiduidad con uno de los hombres que adjudicaban los contratos públicos del Gobierno catalán hasta hace sólo unos meses.

Tauler, sin embargo, también se reunía con el presidente de Infraestructures, Joan Lluís Quer, cuyos oscuros intereses destapó este diario poco después de su nombramiento. Quer pasó a estar bajo el control directo de la Presidencia de la Generalitat y acumuló en su persona la presidencia no sólo de la gran empresa de la obra pública, sino de Ifercat, de Regsa y de Regsesa, compañías públicas que controlaban todas las grandes adjudicaciones del Gobierno. Quer había sido alto cargo con el último Gobierno de Jordi Pujol y, tras salir de él, hizo negocios poco claros con la Administración. Entre otras cosas, cobró más de 7,6 millones de euros en adjudicaciones de la Agencia Catalana del Agua, de la que había sido gerente, en 38 contratos que están siendo investigados judicialmente. Poco después, este organismo público estaba ya en quiebra técnica.

Las ‘razones personales’ de Quer

Quer dimitió por “razones personales” el pasado 26 de noviembre, pero su obra queda. Y, además, es puesta en entredicho por los propios organismos de la Generalitat, que le han dado un nuevo varapalo a Artur Mas en un informe oficial. Si algo le faltaba al ‘expresident’, que hizo oídos sordos a las informaciones de irregularidades y a las peticiones de transparencia de la oposición, es que ahora sea un organismo público que depende del Parlamento el que le saque los colores. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Quien vapulea al líder convergente ahora es nada menos que la Sindicatura de Cuentas, que ha fiscalizado el ejercicio de 2011 de la empresa Infraestructures. En el informe, los síndicos señalan que Quer fue nombrado el 10 de febrero de 2011, pero advierten que entre ese día y el 25 de marzo “podría existir la causa de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, lo que podría ser constitutivo de una infracción grave. Y eso porque hasta finales de marzo continuó teniendo, oficialmente, cargos en “empresas privadas de objetos sociales relacionados con el de GISA [el anterior nombre de Infraestructures]”.

Pero eso no era lo grave: durante el tiempo de compatibilidad de los cargos públicos y privados, Quer adjudicó contratos a la empresa en la que mantenía cargo, Auditorías e Ingenierías por valor de 691.775 euros (más de 837.000 euros con el IVA). “La Generalitat debería de revisar las actas y contratos que hayan sido adjudicados en situación de incompatibilidad y prohibición de contratar por las consecuencias que se podrían derivar”, advierten los técnicos. La obra más onerosa en ese periodo fue el contrato de coordinación de pruebas de la L9 del Metro de Barcelona, bajo supervisión del presidente de Infraestructures: la empresa afectada cobró 640.600 euros más IVA. Y es que quien reparte y bien reparte, para sí la mejor parte.

Según el informe de la Sindicatura la empresa de Quer obtuvo durante el 2011, su primer año como presidente de Infraestructures, 12 contratos públicos por valor de casi 850.000 euros, además de otros dos contratos en los que formaba una unión temporal de empresas que sumaban otros 1,8 millones de euros. La ‘transparencia’ de Artur Mas, por tanto, es desmentida ahora con un informe oficial de un organismo público y lleva camino de reconfirmarse como una mera cortina de humo coyuntural.