En plena anemia institucional

La crisis de Cataluñanos ha pillado en mal momento, justo cuando las instituciones están más desgastadas y deslegitimadas. O igual, precisamente, por eso ha estallado la crisis con esta virulencia y ese resultado incierto.

Nos ha cogido con anemia institucional, con las defensas bajas como para reaccionar a una infección localizada en una zona concreta y, por eso, la crisis se ha extendido por todo el organismo y no ha quedado casi ninguna institución a salvo. Hay que aplicarse a hacer frente a los síntomas, pero también volcarse en estabilizar al débil enfermo y su estado general.

Nos ha cogido con un Gobierno en minoría y desgastado. Con casi todos sus miembros procedentes de un momento en el que su partido tenía mayoría absoluta para tomar decisiones sin contar con nadie, sin perder el tiempo en diálogo alguno. Cuando ha habido que dialogar para buscar una solución no había costumbre, no estaban entrenados para ello.

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Fernando Garea

Llegamos aquí con cuatro ministros reprobados por la mayoría del Congreso de los Diputados.

Con un presidente del Gobierno que acaba de declarar, aunque sea como testigo, en un juicio por corrupción y no vio nada malo en animar a quien tiene una cuenta opaca en Suiza. Y está pendiente de que le citen en otro porque su nombre aparece como receptor de sobresueldos ilegales en un listado que la Justicia da por bueno.

Ese Ejecutivo encabeza, como es su obligación, la reacción al independentismo, en unas circunstancias que hacen difícil asumir y diferenciar el apoyo al Estado y el respaldo a ese Gobierno. Por todo eso, resulta incómodo ese respaldo, aunque sea obligado.

Su apariencia de imparcialidad, tan importante en la Justicia, se vio quebrada por nombramientos que le mostraban como próximo al Gobierno

A ese desafío independentista responde también un fiscal general del Estado que fue reprobado por la gran mayoría del Congreso. Por esa reprobación no pierde la razón si la tuviera, pero sí debilita su autoridad, carga de argumentos a los críticos y hace incómodo el apoyo a sus tesis.

Su apariencia de imparcialidad, tan importante en la Justicia como la propia imparcialidad, se vio quebrada por una serie de nombramientos que le mostraban como próximo al Gobierno. Algunas grabaciones que escuchó toda España con conversaciones entre imputados le señalaban como parte de la estrategia y la política del Gobierno.

Su antecesora en el cargo se fue porque no quería hacer esos nombramientos que el Gobierno sí deseaba.

Y el documento que anuncia su querella lleva el título de “Más dura será la caída”. Un detalle que daña también esa apariencia.

Nos coge también con un Parlamento improductivo, que es incapaz de aprobar leyes. En la cuenta de resultados del Parlamento no hay casi trazas de la llegada de nuevos partidos.

Estamos con un Senado que toma una de las decisiones más trascendentes de la democracia, después de languidecer durante años, porque nadie ha querido modificar su funcionamiento y porque nadie ha querido usarlo con eficacia. Por ejemplo, su reglamento prevé un debate anual sobre el Estado autonómico y hace casi diez años que no se celebra ninguno.

Vamos camino de cumplir la tradición que dice que en España no se reforman las constituciones

En su sede se reunió una Conferencia de Presidentes que acordó hace meses aprobar con urgencia un nuevo modelo de financiación del que nunca más se supo.

Como sustancia aceleradora del incendio institucional se une también que la Constitución, 39 años después, solo ha sido modificada mínimamente en dos ocasiones y siempre de forma rápida e impuesta desde Europa. Vamos camino de cumplir la tradición que dice que en España no se reforman las constituciones, sino que solo se derogan.

Nos coge con un Tribunal Constitucional y un Poder Judicial que los principales partidos no han dudado en repartirse sin disimulo durante lustros. No disimularon cuando desde la Moncloa se daban los nombres de los presidentes que sus miembros debían elegir luego autónomamente. O cuando se conocían algunos manejos para situar o apartar a determinados jueces. O cuando no se trató desde el poder político a la Justicia como un servicio público, al igual que la Educación o la Sanidad, sino como un arma de poder. De nuevo la apariencia de imparcialidad que hace que, finalmente, se escruten en la opinión pública de diferente forma y distinta severidad el encarcelamiento por orden judicial de un expresidente de la Comunidad de Madrid que el de un expresidente de la Generalitat.

Se escrutan en la opinión pública de diferente forma el encarcelamiento de un expresidente de la Comunidad de Madrid que el de la Generalitat

El incendio debería apagarse con unas Fuerzas de Seguridad en cuyo seno un Gobierno creó la llamada “policía patriótica” que, desde el despacho de un ministro del Interior buscaba cómo construir acusaciones contra adversarios políticos, según certificó el Congreso hace bien poco en las conclusiones de una comisión parlamentaria de investigación, por cierto, obstaculizada en su funcionamiento. O que ha acogido a un poderoso policía, ahora detenido, sin control alguno y especializado en cañerías y cloacas, so pretexto de la razón de Estado.

Hasta el Tribunal de Cuentas, que ha intervenido para intentar apagar el fuego, está tocado de reparto partidario y de miopía crónica ante casos de corrupción.

La monarquía también se ha incorporado al auxilio del sistema inmunológico, hasta dejar en evidencia sus disfunciones y quedar afectada por el desgaste de materiales, que se produce cuando “piezas son sometidas a elevados esfuerzos, los cuales provocan la aparición y propagación de grietas bajo la acción repetitiva de estos”. Sin contar con que tiene en su entorno su propio caso de corrupción, pendiente aún de sentencia firme, demasiados años después de arrancar ante la Justicia.

Todo esto parece inocuo cuando se produce, pero a la larga tiene efectos devastadores. Maltratar las instituciones trae consecuencias que se pagan

De la debilidad no se escapan los medios de comunicación.

Todo esto parece inocuo cuando se produce, pero a la larga tiene efectos devastadores. Maltratar las instituciones y utilizarlas trae consecuencias que se pagan cuando se necesitan.

Y eso que al otro lado, en el de los causantes de la infección, también hay mucha corrupción y muchas vulneraciones de la ley que los antibióticos de la Justicia deben curar en las citadas condiciones.

“Con estos bueyes hay que arar”, dijo Aitor Esteban (PNV) en julio de 2016.