Tras conocer el fallo del Consejo de Estado que frenó la venta de Isagén, la tercera compañía electrificadora de Colombia, y en la que la Nación tiene el 57,5% de sus acciones, el Gobierno pidió ayer que se resuelvan pronto las demandas a fin de que ese proceso se despeje.
Frente a ello, el presidente Juan Manuel Santos dijo: “Espero que el Ministro de Hacienda y el Vicepresidente hagan una labor de pedagogía, estoy seguro que los consejeros de Estado van a entender que la transacción es de altísima importancia para el país”.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que se presentará un recurso de súplica ante ese alto tribunal, pues “necesitamos que se resuelva de fondo esta situación a fin de reanudar el proceso, ya que esos recursos de esa venta son fundamentales para financiar las autopistas de cuarta generación”.
Adicionalmente aseguró que esos recursos de la enajenación de los títulos también es igualmente necesaria para generar empleo.
“Los recursos de Isagén son necesarios para los grandes proyectos de infraestructura, que generarán miles de empleos que nuestros compatriotas están pidiendo”, añadió.
La venta de Isagén estaba programada en una subasta para el próximo martes 19 de mayo en Bogotá. El Gobierno tasó el valor de ese activo en $5,2 billones, alrededor de US$2400 millones, lo que provocó una lluvia de críticas por parte de congresistas y dirigentes políticos.
Debido al fallo, la acción de la electrificadora se desplomó ayer 9,69% en la Bolsa de Valores de Colombia al cerrar en $3030, tras venir de $3355.
Desde el Consejo Gremial Nacional, en el que tienen asiento los principales empresarios del país, se consideró que “esta es una transacción conveniente para el país y confía en que la operación será exitosa y se traducirá en beneficios para todos los colombianos, fortaleciendo los niveles de competitividad. El desarrollo de una infraestructura moderna representa mayor desarrollo social y bienestar para la sociedad”.
Según los gremios, “la medida cautelar informada a la opinión pública por el Consejo de Estado debe demostrar la inexistencia de eventuales daños al interés público y se decrete la legalidad del Decreto 1609 de 2013”.
A su turno, el ministro de Minas y Energías, Tomas González, comunicó que respeta las decisiones judiciales con respecto a la polémica que se ha desatado con la venta de Isagén y la decisión de frenarla de manera preventiva.
Recalcó que frente a lo que muchos piensan, “la venta de Isagén no pondrá en riesgo las tarifas eléctricas, ni el sistema como tal”.
Guillermo Rodríguez, uno de los abogados de Álvaro Uribe Vélez que lleva la demanda que el exmandatario le puso al Estado por dicha enajenación, aseguró que “lo acordado por esa Alta Corte es lo mejor que pudo pasar”, a ese proceso.
“NO VENDER ES UN CONTRASENTIDO”
La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, consideró que la medida del Consejo de Estado no solo pone en riesgo la financiación de la tercera ola del programa de concesiones viales de Cuarta Generación, sino que es un contrasentido, justo cuando empieza a despegar la infraestructura en el país.
El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo Ferrer, dijo que con sorpresa y preocupación recibió el gremio ese anuncio cuando el desarrollo de la infraestructura empieza a despegar y a adquirir una dinámica significativa. Luego de 30 años de insistir en el tema, ahora se interponen talanqueras y cortapisas con la suspensión de la venta de Isagén.
Añadió: “Estamos tirando por la borda una oportunidad de oro para hacernos a los $5,2 billones que representaría la venta de Isagén. Con estos recursos sería posible fondear a la Financiera de Desarrollo Nacional y, en corto tiempo, esta entidad estaría en capacidad de multiplicar tan importantes recursos con un único propósito: garantizar el músculo financiero que permita ponernos al día en materia de vías”.
Según el dirigente, las utilidades de Isagén representan el 3% de los ingresos nacionales, cifra muy inferior al 18% que generaría un activo como el de la infraestructura en el mediano plazo. Es cambiar energía por modernidad en carreteras, puntualizó.
LO QUE VIENE
El Consejo de Estado deberá fallar de forma definitiva frente al proceso de venta de Isagén. Lo que existe ahora es una medida cautelar de la sección cuarta de ese alto tribunal.
El Gobierno deberá entonces poner en práctica otras estrategias, no solo para convencer a ese tribunal de que la venta no pone en riesgo las finanzas de la Nación, sino que esos recursos son claves para financiar la construcción de nuevas autopistas.
La subasta que estaba programada para el martes 19 de mayo queda suspendida indefinidamente.
Todo apunta a que los inversionistas que estaban interesados en Isagén descartaran su participación en una eventual puja hacia el futuro.
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