España 2022
La respuesta violenta de las autoridades a los intentos de cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla se saldó con muertes, tortura y expulsiones ilegítimas. Se empleó software espía contra figuras políticas catalanas y miembros de la sociedad civil. Persistía la violencia contra las mujeres. Se presentó al Parlamento un proyecto de ley para eliminar algunos obstáculos al aborto. También se presentó un proyecto de ley problemático que penalizaba algunos aspectos del trabajo sexual. El gobierno aprobó un histórico proyecto de ley sobre la autodeterminación de género. Las autoridades no protegieron adecuadamente los derechos a la salud y a la vivienda. Seguía suscitando preocupación el uso de dispositivos de electrochoque por la policía. Se usaron indebidamente delitos de formulación imprecisa para coartar la libertad de expresión y de reunión pacífica. Se promulgó nueva legislación que suponía un paso positivo en la lucha contra la impunidad por las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las medidas para abordar la crisis climática continuaron siendo inadecuadas.
Información general
Un agente de policía fue condenado a 12 meses de prisión por el delito de falso testimonio contra determinados políticos catalanes. Su sentencia condenatoria estaba relacionada con investigaciones penales en curso más amplias sobre una red secreta, denominada “policía patriótica”, sospechosa de falsificar pruebas para socavar al grupo político Podemos y a dirigentes del movimiento independentista catalán.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las autoridades cometieron violaciones graves de derechos de personas refugiadas y migrantes en las fronteras.
El 24 de junio, las autoridades españolas y marroquíes emplearon fuerza ilegítima y cometieron actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros malos tratos para reprimir el intento de un numeroso grupo de personas, conformado exclusivamente por hombres negros del África subsahariana, de entrar en Melilla, enclave español en el norte de Marruecos, y solicitar protección. Al menos 37 personas murieron y más de 470 fueron expulsadas ilegalmente. En octubre, varios expertos de la ONU condenaron la persistente ausencia de rendición de cuentas por las muertes y la deshumanización de personas migrantes africanas en las fronteras de Europa.1
En marzo, las autoridades devolvieron a un ciudadano argelino a Argelia sin evaluar si allí peligraba su seguridad. Mohamed Benhalina, exmilitar y denunciante de irregularidades, fue encarcelado a su llegada a Argelia e informó de que había sido condenado a muerte in absentia. Las autoridades españolas habían rechazado su solicitud de asilo por su presunta implicación en actividades “contrarias a la seguridad nacional o que [podían] perjudicar las relaciones de España con otros países”.
En virtud de la Directiva de Protección Temporal de la UE, las autoridades otorgaron protección temporal a 156.000 personas refugiadas ucranianas. El gobierno estableció centros de acogida específicos en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga para garantizar una respuesta coordinada y rápida a las necesidades de estas personas.
Derecho a la privacidad
Suscitó preocupación el uso en España del software espía Pegasus, de NSO Group, que se empleó en teléfonos móviles de destacadas figuras políticas catalanas, periodistas, profesionales de la abogacía, y de sus familias. En mayo, la directora del Centro Nacional de Inteligencia admitió que se había espiado a varios políticos independentistas catalanes. El gobierno también confirmó que los teléfonos oficiales del presidente del gobierno, del ministro del Interior y de la ministra de Defensa se habían infectado con el software espía Pegasus; en mayo, la Audiencia Nacional abrió una investigación al respecto. Continuaron estancadas las investigaciones que estaban realizando por su parte los tribunales de Cataluña sobre la utilización del software espía contra políticos catalanes y miembros de la sociedad civil.
Violencia sexual y de género
Persistía la violencia contra las mujeres; durante el año, 49 mujeres murieron a manos de su pareja o expareja. Desde 2013, año en que se comenzó a llevar un registro, 48 menores de edad habían muerto de manera violenta en el contexto de la violencia de género contra sus madres, incluidos un niño y una niña en 2022.
Una noticia positiva fue que el Ministerio de Igualdad comenzó a recopilar datos sobre la violencia contra las mujeres perpetrada por personas que no eran su pareja o expareja.
En octubre entró en vigor la Ley de garantía integral de la libertad sexual, que reformaba el Código Penal redefiniendo el delito de violencia sexual basándose en la falta de consentimiento.
Derechos sexuales y reproductivos
En diciembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley que modificaba la ley de salud sexual y reproductiva y eliminaba el requisito del consentimiento parental para someterse a un aborto con 16 o 17 años, además de otros obstáculos para acceder a un aborto oportuno, como el asesoramiento obligatorio y los periodos de reflexión.
Derechos laborales
Al finalizar el año, seguía pendiente en el Parlamento un proyecto de ley que modificaba el Código Penal para penalizar determinados aspectos del trabajo sexual, incluidos clientes y terceras partes, lo que iba a tener repercusiones en los derechos y la seguridad de las personas que ejercían este trabajo.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En junio, el gobierno aprobó un histórico proyecto de ley que reconocía el derecho a la autodeterminación de género, que permitía a las personas transgénero obtener el reconocimiento legal de su género y cambiar los indicadores de género en los documentos de identidad sin necesidad de someterse a un tratamiento hormonal ni de obtener un informe médico; la medida incluía a la población mayor de 12 años. El Congreso aprobó el proyecto de ley en diciembre, y se esperaba que el Senado lo hiciera a principios de 2023.
Derecho a la salud
Ni el gobierno nacional ni los gobiernos autonómicos destinaron fondos suficientes para proteger el derecho a la salud. El presupuesto nacional para la atención primaria de salud representaba el 14% del presupuesto total dedicado a sanidad pública, lejos del nivel de al menos el 25% recomendado por la OMS. El presupuesto total de las comunidades autónomas destinado a sanidad fue sólo un 4,5% superior al de 2021, menos de la mitad del aumento del gasto sanitario del periodo comprendido entre 2019 y 2020. De hecho, Aragón y Castilla-La Mancha redujeron su presupuesto de salud en comparación con el de 2021.
Comenzó a aplicarse la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, aprobada en diciembre de 2021 tras una larga interrupción de 15 años.
Personas mayores
Las autoridades no investigaron adecuadamente las muertes de personas mayores en residencias durante la pandemia de COVID-19. Aproximadamente el 90% de las investigaciones de la fiscalía fueron archivadas a pesar de que el Fiscal General del Estado reconocía que se habían cometido violaciones de derechos humanos en estos centros.
La mayoría de las comisiones de investigación de las comunidades autónomas encargadas de examinar el trato recibido por las personas mayores en las residencias se cerraron sin una explicación clara y las autoridades no establecieron ninguna comisión de investigación nacional para hacer rendir cuentas a los responsables de estas muertes.
Derecho a la vivienda
Se negaba a miles de familias el derecho a una vivienda adecuada. Entre enero y septiembre se llevaron a cabo 29.285 desahucios. En junio, el gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión de los desahucios de personas económicamente vulnerables. Aunque bien recibida, la medida fue insuficiente para proteger de la carencia de hogar a miles de personas no incluidas en esa categoría.
El aumento del precio de la energía afectó a miles de familias, y el 14,3% de la población no podía permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada, frente al 10,9% en 2020. En el barrio de la Cañada Real, en Madrid, 4.500 personas, entre las que había 1.800 menores de edad, seguían viviendo sin acceso a electricidad tras ser desconectadas de la red en 2020 a pesar de la recomendación del defensor del Pueblo de que se restableciera la conexión.
Uso excesivo de la fuerza
Continuaba suscitando preocupación la idoneidad de la formación de varias fuerzas policiales del país y de los protocolos para el uso por parte de éstas de armas “menos letales”. El Ministerio del Interior amplió la inclusión de dispositivos de electrochoque como equipo estándar de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de la policía autonómica del País Vasco y de Cataluña.
Al concluir el año, no se habían presentado cargos contra ningún sospechoso de la muerte, en noviembre de 2021, en Barcelona, de un hombre al que los Mossos d’Esquadra habían aplicado varias descargas eléctricas, incluso cuando ya estaba inmovilizado.
Personas con lesiones graves causadas por balas de foam disparadas por la policía en manifestaciones corrían el riesgo de no obtener justicia porque la fiscalía planeaba archivar las investigaciones penales debido a la falta de cooperación policial.
Al terminar el año, seguían abiertas las investigaciones penales sobre el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía en el contexto de las protestas de octubre de 2017 celebradas en Cataluña.
Libertad de expresión y de reunión
Las autoridades continuaron haciendo uso indebido de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para limitar la libertad de expresión de manifestantes y periodistas. Los datos sobre la aplicación de la Ley mostraban un aumento del número de multas impuestas por infracciones administrativas definidas de forma imprecisa, como “faltas de respeto y consideración a la autoridad” y “desobediencia o resistencia a la autoridad”.
El Parlamento inició la reforma del Código Penal para derogar los delitos de “injurias a la Corona” e “injurias a las instituciones del Estado”, que también se empleaban de manera indebida para limitar la libertad de expresión.
Impunidad
En octubre, entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, que sustituía a la Ley de Memoria Histórica de 2007. En virtud de la nueva ley, la búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y la dictadura era responsabilidad del Estado, y se anulaban las sentencias dictadas por tribunales militares, civiles y especiales por motivos políticos. Sin embargo, la Ley no permitía enjuiciar los crímenes de derecho internacional cometidos durante ese mismo periodo.
La Ley sobre Secretos Oficiales, de 1968, promulgada durante la dictadura, continuaba siendo un obstáculo para el acceso a la justicia.
Actuación deficiente contra la crisis climática
El Instituto de Salud Carlos III estimó que entre enero y octubre se habían producido 5.829 muertes atribuibles a las altas temperaturas. Durante el mismo periodo, los incendios destruyeron 259.491,42 hectáreas, 3 veces más que en el mismo periodo de 2021. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero estimó unas emisiones brutas de 288,6 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2021, lo que suponía un incremento del 5,1% respecto al año anterior.