Luego de que La Procuraduría General de la Nación modificó la sanción de destitución proferida en contra del actual superintendente Financiero, Gerardo Hernández, el Gobierno aseguró mediante un comunicado que acata pero no comparte dicha decisión. Por lo que, el Ministerio de Hacienda nombrará en los próximos días un reemplazo.
El fallo redujo de 12 años a 10 meses, la suspensión del Superintendente que obedece, según indica la entidad, a la omisión de funciones en el caso Interbolsa.
El Gobierno indicó, en el informe, que entregará su apoyo y respaldo categórico al actual superintendente Financiero, Gerardo Hernández.
“El doctor Hernández ejercerá su derecho legítimo a la defensa para demostrar que actuó de manera diligente y profesional en defensa de la estabilidad y el buen funcionamiento del mercado de capitales colombiano” dice.
El Gobierno dejó en claro que designará un Superintendente encargado mientras dure la suspensión de Hernández, quien será reintegrado a su cargo tan pronto concluya el encargo.
Por su parte, el Consejo Directivo de Asofondos manifestó su solidaridad con el Superintendente y con todos los miembros de su equipo.
“El superintendente Hernández ha demostrado una comprensión plena de los retos y dificultades que suponen la labor de inspección, vigilancia y control. Él y los funcionarios que lo acompañan actuaron con seriedad y compromiso en el ejercicio oportuno de sus funciones públicas” puntualizó la Asociación Colombiana de Fondos y Cesantías.
“La entidad que lidera Hernández ha gozado de un reconocimiento nacional e internacional por sus altos estándares de eficacia y por la efectiva garantía para la estabilidad del sistema financiero” manifestaron los directivos de Asofondos.
Por su parte Stella Villegas, presidenta de Asofiduciarias, dijo que “La Asociación, al conocer la decisión de la Procuraduría, lamenta lo ocurrido, dado el respeto y la consideración que merece el Dr. Gerardo Hernández, funcionario que ha demostrado la mayor trasparencia en sus decisiones”.
La sanción también va dirigida, pero por el término de ocho meses, a Diego Mauricio Herrera Falla, en su condición de superintendente delegado para Supervisión de Riesgo de Mercado e Integridad; y a Rosita Esther Barrios Figueroa, superintendente delegada para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado. Para Alejandro Ordóñez “fue una situación que podía haberse superado con un ejercicio juicioso y diligente con los que contaba la entidad”.
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