Luego de ser capturado el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aceptó cargos la noche de este viernes, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado y cohecho, los cuales se cometieron durante el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.
El exgobernador aceptó haber entregado 800 millones de pesos a los concejales Orlando Parada, Andrés Camacho e Hipólito Moreno, y al entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández Daza, para que su firma ICM ganara la adjudicación de millonarios contratos para el suministro de asfalto en Bogotá en 2009.
En la tarde del mismo viernes la juez 71 de control de garantías legalizó la captura de Cruz, y del procurador Hernán Jovel Muñoz, dentro del proceso que cursa por la presunta participación en el carrusel de la contratación y el pago de dinero para favorecer las investigaciones.
Además la Fiscalía del caso dio a conocer que el abogado Augusto Ramírez Cuéllar, amigo del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, habría sido contactado por Muñoz para favorecer al exgobernador en la investigación sobre el carrusel de la contratación.
El exmadatario regional se entregó en la noche del jueves en las instalaciones del Bunker de la Fiscalía, luego de conocer que las autoridades lo solicitaban, tras el giro que dio la investigación que se le sigue por su presunta participación en el carrusel de la contratación.
Hasta hace unos días Álvaro Cruz solo tenía que asistir ante la justicia por su participación en el 'Carrusel de la contratación', sin embargo, en las últimas horas el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, denunció un hecho que cambió el rumbo de la investigación que se le adelanta.
Por dichos nuevos actos, que fueron denunciados directamente por el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, la Fiscalía decidió hacer inmediata la orden de captura contra Cruz por su proceso en el carrusel, y contra Muñoz por el presunto recibimiento de la millonaria suma.
Ante la solicitud de la Fiscalía, el juzgado consideró que la detención del exmandatario departamental cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley, al manifestar “buen trato”. Además, se le practicó un examen médico, según la juez.
Por otra parte, el procurador Hernán Jovel Muñoz no aceptó los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía lo señala de haber recibido dos mil millones de pesos para sobornar a varios fiscales con el fin de que retardaran la investigación por el carrusel que se adelanta contra el exgobernador.
La Fiscalía solicitará a la juez, que se cobije con medida de aseguramiento a los dos procesados.
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