Hasta el último gobierno del PP, la concertación social, el diálogo social y la negociación colectiva se convirtieron en un referente del sistema español de relaciones laborales e incluso del sistema del desarrollo económico y en un modelo identificativo del modelo democrático del país.
El Real Decreto de Reforma Laboral aprobado por el Gobierno PP comporta fundamentalmente un ataque directo al núcleo de las normas de negociación colectiva y su objetivo es llevar a los trabajadores hacia la negociación individual de sus condiciones de trabajo. Con este fin cabe destacar algunos aspectos de esta Contrarreforma como son: a) La limitación a la ultraactividad de los convenios; b) Situar al convenio de empresa como preferente frente al sectorial; y c) da más poder al empresario para modificar unilateralmente condiciones sustanciales de trabajo.
Esta Reforma Laboral no es una más ni significa un ataque a determinados derechos de los trabajadores. Significa un ataque a la línea de flotación de la negociación colectiva y por ende a la propia existencia del movimiento sindical. Si el objetivo básico del sindicato es la negociación colectiva, la destrucción de esa lleva determinada la destrucción del movimiento sindical. Su objetivo es debilitar la libertad sindical y la negociación colectiva con violación de los principios consagrados en los Convenios 87 y 98 de la OIT y vulnerando la Carta Social Europea. Significa, sin más, la ruptura del marco de relaciones laborales existentes y dinamitar y romper el tradicional dialogo social. Jamás hasta ahora se había atentado contra los derechos laborales y sindicales fundamentales como el de la negociación colectiva, socavando y vaciando de contenido los artículos 7, 28 y 35 de la Constitución.
El ataque del Gobierno de Rajoy al sindicalismo no tiene otro parangón en Europa que la actuación liquidadora llevada a término por Margaret Thatcher contra el movimiento sindical británico, y del que este no se ha recuperado hasta la fecha.
Cabe destacar que el objetivo de la Reforma Laboral es eliminar la intervención sindical. Por ello va aparejado con otro tipo de actuaciones, como limitaciones a las liberaciones sindicales, las Leyes que limitan los derechos de manifestación como la Ley Mordaza, una posible futura ley restrictiva del derecho de Huelga, o las instrucciones dadas a las fiscalías para actuar y criminalizar las actuaciones de los piquetes como hemos visto con posterioridad a la última Huelga General.
Podemos decir que Gobierno del PP en el campo de las relaciones laborales, de la misma forma que ha hecho en otros ámbitos, ha llevado a término de forma consciente un vaciado de contenido de los preceptos constitucionales vigentes en el ámbito de los derechos laborales y sindicales fundamentales.
Rajoy y el PP han aprovechado el momento oportuno y han realizado algo que ni el mismo Aznar se había atrevido a hacer. Ellos recuerdan que cuando Aznar presidía con poder absoluto el país, los sindicatos confederales le obligaron a retirar el “Decretazo” causándole la primera derrota al expresidente. Rajoy y el PP son muy conscientes de ello y han decidido descabezar, en ausencia de una oposición política fuerte, al sindicalismo de clase, la principal fuerza organizada del movimiento social. Y lo ha hecho en el momento de mayor debilidad para el movimiento sindical cuando la situación de fuerte crisis económica, con un paro en cotas increíbles, dificulta la respuesta sindical dada la situación de temor que la crisis despierta entre la clase trabajadora.
Es evidente que la situación es complicada para el movimiento sindical y para recuperar el nivel en la negociación colectiva anterior a la contrarreforma laboral.
El sindicalismo precisa comenzar a armarse para llevar a cabo una ofensiva, en el futuro cuando la crisis comience a amainar, que permita vislumbrar la posibilidad de cambiar los efectos de esta contrarreforma en la negociación colectiva y en los derechos sindicales. Ello debe elaborarse a partir de estrategias y propuestas que sean comprensibles y que permitan atraer y aglutinar a los trabajadores fijos, precarios y parados. Una estrategia global que conlleve aliados estratégicos, especialmente en el ámbito social pero también comprometiendo a aliados en el ámbito político. Es hora de buscar aliados y adhesiones a una propuesta común que signifique un ataque frontal a la política económica y laboral del PP. Se trataría de potenciar un cambio político promovido desde la perspectiva de la propia autonomía e independencia sindical.
Se trataría de plantear una propuesta que permita devolver la plena vigencia de los derechos laborales y sindicales a la vez que los actualiza. En una sociedad donde se habla de la necesidad de una segunda transición, en la que se plantea una Reforma Constitucional, el tema de los derechos colectivos de los trabajadores y de su representación, así como los derechos sociales deben tener un lugar de privilegio y prioridad.
Sin embargo y a tenor de la globalización de que hemos hablado anteriormente, es evidente que este es un problema que no tendrá una resolución favorable sólo a nivel de un estado. En la actualidad ningún país europeo en solitario tiene capacidad de enfrentarse al imperio de los mercados. Los mercados han saltado las normas que imponían las leyes nacionales y ahora navegan sin ningún control, Por tanto y de la misma forma que un cambio político en profundidad sólo será posible si se da también en el ámbito europeo, la defensa de las condiciones laborales y de los derechos sindicales del conjunto de los trabajadores deberá dirimirse en el campo europeo, Y a este nivel y lo mismo que también sucede en el campo de la política, los planteamientos alternativos a la situación actual llevan un atraso considerable, y por tanto en el caso del sindicalismo se debe priorizar la actuación común y el reforzamiento de la Confederación Europea de Sindicatos que debe ser realmente el Sindicato, en todos los sentidos y capacidades, en el marco de la UE.