Manifiesto Consejo Supremo, Consejo de Gobierno de Nurio y Educación Indígena Sección XVIII CNTE

Morelia, Mich, 11 de julio de 2016.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, movimiento indígena estatal, autónomo y apartidista, conformado por más de 30 comunidades originarias, el Consejo de Gobierno Comunal de Nurio y el Sector IX de Educación Indígena de la Sección XVIII de la CNTE que agrupa a más de 4,000 profesores bilingües, manifestamos conjuntamente lo siguiente:   

La mal llamada “reforma educativa”, ni es reforma ni es educativa, no es reforma porque es una contrarreforma al derecho histórico del pueblo mexicano de una educación pública, gratuita y laica, derecho conquistado durante la revolución, tampoco es educativa porque no propone nuevos planes ni programas, ni mucho menos un nuevo modelo pedagógico, es una reforma laboral y administrativa en contra de los trabajadores de la educación, misma que inicia un proceso de privatización de las escuelas.     

La “reforma educativa”, es ilegítima y discriminatoria, porque no consultaron a nadie, ni a los profesores, ni a los padres de familia, ni a los alumnos, ni a nuestras comunidades, a pesar de que internacional y constitucionalmente tenemos derecho a la consulta sobre cualquier medida legislativa que nos afecte.

Ante el contexto actual de movilización magisterial, popular, campesina e indígena contra la “reforma educativa” y bajo un entorno de criminalización y represión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, demandamos al gobierno federal, un diálogo permanente, democrático, sin represión, pero sobre todo, resolutivo para las demandas de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE.

Por otro lado, en el escenario estatal, demandamos enérgicamente al Congreso del Estado de Michoacán, que no continúe legislando a espaldas y sin las comunidades originarias, la “Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios”, aprobada ya en primera lectura y que generará más burocracia indígena, el unilateral proyecto de nueva “Ley Orgánica Municipal”, la “Ley del Consejo Consultivo Purépecha” que es discriminatoria porque no contempla otros pueblos indígenas, y la “Ley de Consulta a las Comunidades y Pueblos Originarios del Estado”, que no contempla consultar sobre el presupuesto que corresponde a las comunidades, no fueron informadas, ni consultadas con ninguna comunidad originaria.

Por lo anterior, exigimos nuestro derecho a la consulta libre, previa, informada y vinculatoria sobre estas medidas legislativas que nos conciernen. Así mismo, es preciso mencionar que por lo menos en dos ocasiones anteriores en los últimos seis meses, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, ha solicitado por escrito al Congreso del Estado, se consulte a nuestras comunidades, sin que hasta la fecha nos hayan atendido, por lo que no nos dejan más camino que el derecho de manifestación y presentación de recursos legales en su contra.   

De igual forma, denunciamos al diputado Ángel Cedillo Hernández “Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas” de la LXXIII, como traidor a los maestros mexicanos, por aprobar la “reforma educativa”, y en Michoacán, declaramos que no representa a las comunidades originarias, por no ser ni michoacano, ni mucho menos indígena, además de fomentar la división en nuestras comunidades, desde aquí le exigimos que no promueva los intereses de los partidos políticos.

Así mismo, desconocemos al “Secretario de los Pueblos Indígenas”, Ángel Alonso Molina, y lo declaramos incompetente, por no conocer las condiciones reales de la educación indígena en el estado, y llamar a los profesores bilingües a la evaluación estandarizada y punitiva, así como por representar a una institución que totalmente es un elefante blanco, que en nada beneficia a las comunidades originarias, por el contrario, sus “asesores”, fomentan la desunión y desinformación en nuestros pueblos. Exigimos total respeto a nuestra libre determinación y autonomía como pueblos originarios.

Finalmente, exigimos la renuncia de la “Secretaria de Educación”, Silvia Figueroa Zamudio, por imponer la evaluación punitiva en el estado, descontar arbitraria e indiscriminadamente el salario a los profesores y no solucionar las demandas del magisterio michoacano.  Comunidades y maestros indígenas continuaremos marchando juntos.