Las negociaciones para resolver la crisis petrolera en la Patagonia registraron un avance este lunes, durante una nueva reunión en el Ministerio de Interior, donde las partes se mostraron dispuestas a implementar un esquema temporal de subsidios al barril de exportación de Chubut, a cambio de inversiones privadas y un recorte masivo de horas extras.

De ese modo, el Gobierno logró despejar por ahora el panorama de conflictividad, luego de que el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de la provincia, Jorge Avila, amenazara la semana pasada en una asamblea masiva con dejar al país "sin gas y sin petróleo" si no había una solución para los 10.000 trabajadores de la provincia que no tienen tareas por la baja de 56 equipos.

"Nos vamos más contentos que en otras reuniones y con la posibilidad concreta de una solución en el corto plazo", reconoció el gobernador de Chubut, Mario das Neves, tras concluir el encuentro encabezado por el titular de Interior, Rogelio Frigerio y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el que también participó Avila, y titular del sindicato de petroleros jerárquicos, José Lludgar.

En la reunión, que no estuvo exenta de momentos de tensión, se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. No obstante, el mandatario chubutense, los sindicatos y las operadoras dieron el visto bueno para avanzar en la senda planteada con anterioridad por el titular de Energía, José Aranguren, para quien el conflicto por la caída del precio del petróleo "se resuelve cediendo todos un poco".

El funcionario advirtió la semana pasada que la solución debería articular "una mejora de la productividad de la fuerza laboral, probablemente cobrando menos horas extras; que la provincia resigne regalías por la parte que se exporta; y que la Nación probablemente acerque algún tipo de subsidio directo para aguantar esta situación".

En sintonía con el Gobierno, el empresario Carlos Bulgheroni, presidente de Pan American Energy (PAE), afirmó este lunes que el conflicto que atraviesa la actividad en Chubut "es un tema complejo" pero reconoció que se está en "camino a solucionarlo". "Creo que en los próximos días la solución va a estar al alcance de las manos; acá es la perinola, acá ponen todos, nosotros ponemos plata, inversión", sostuvo.

Según pudo saber iProfesional, el equipo de Mauricio Macri acercó una propuesta por la cual Nación se compromete a subsidiar durante seis meses el barril de exportación del Escalante en la Cuenca Golfo San Jorge -hoy en 30 dólares-, para alcanzar el precio interno de 54,90 dólares. Ese es el valor que perseguían la provincia, los gremios y las operadoras, en momentos que el precio internacional sigue en declive desde mediados de 2015, cuando cotizaba a 155 dólares.

"Prácticamente se resolvió empezar a trabajar con las operadoras para implementar un mecanismo (de subsidios) para igualar el precio de exportación con el del crudo interno y que la actividad vuelva a la normalidad", confirmó a este medio Hector Millar, segundo de Avila y secretario de Turismo.

La medida beneficiará a PAE, Sitpetrol y Tecpetrol (Techint), que concentran la exportación del crudo pesado. En una provincia que destina el 40% de su producción al exterior, las petroleras recibirán unos 25 dólares adicionales al precio externo por barril que hasta ahora sólo recibían por el petróleo que comercializan para consumo interno.

Así, pese a la voluntad oficial de recortar subsidios para reducir el déficit primario, el Ejecutivo deberá aportar u$s300 millones en subsidios hasta que YPF amplíe su planta deshidratadora de refinación y esté en condiciones de absorber un 20% de las exportaciones petroleras de Chubut, las cuales hoy se refinan en el exterior ya que la capacidad interna está al límite.

En otras palabras, cuando en un futuro el Gobierno elimine los subsidios temporarios, las operadoras podrían colocar igualmente la mitad de sus ventas externas a valor local, ya que las mismas irían a parar al mercado interno a través de la petrolera nacionalizada.

A cambio de los subsidios, el Gobierno exige fuertes inversiones a las empresas privadas para retomar el nivel anterior de actividad. De acuerdo con el esquema, PAE deberá invertir u$s1.200 millones, debido a que es la operadora con mayor volumen de producción y tiene 51 equipos paralizados, Tecpetrol tendrá que hacer lo propio para reactivar sus operaciones e YPF aportará u$s1.000 millones.

La tercera pata del acuerdo contempla un cambio en el régimen de trabajo, que implica un recorte de las horas extra a más de 5.000 trabajadores de la actividad, entre los cuales se encuentran aquellos que pagan el Impuesto a las Ganancias, que verían su jornada reducida de 17 a 13 horas.

"Nosotros estaríamos reviendo el diagrama de trabajo para que se reduzca la jornada laboral y las operadoras se ahorren de pagar las horas extra", adelantó Millar.

Actualmente, existen tres categorías de trabajadores en la industria petrolera. Un sector que cumple con una jornada de 8 horas por un salario básico de $15.000, una segunda franja cuya jornada se extiende hasta 17 horas, contando 4 horas extra y 5 horas de viaje, que percibe $35.000, y los de servicios especiales, con salarios superiores, que realizan hasta 300 horas extra por mes. El acuerdo afectaría a los dos últimos escalafones.

Desde el Gobierno se informó que de acá al lunes, los funcionarios mantendrán reuniones privadas con las operadoras privadas para avanzar posiciones, y luego definir con las autoridades provinciales y el sindicato de petroleros, en base a una propuesta para "todos los sectores aporten".

Es que todavía restan detalles por resolver que podrían trabar la negociación. Así lo dio a entender Avila, quien calificó el encuentro como "muy duro, muy tenso", y señaló que todavía "soluciones no hay", ya que "hay un sector que es duro y que no quiere ceder", en relación al ministro de Energía, aunque descartó la posibilidad de lanzar un paro.

Pese a su balance optimista de la reunión, Das Neves también dejó abierta la posibilidad de rechazar el nuevo esquema. "Nosotros queremos darle tranquilidad a los trabajadores. Y si no hay respuestas iremos al Congreso", advirtió en su cuenta de Twitter.

Más temprano, Lludgar advirtió que el conflicto afecta a toda la Patagonia. "Hemos relegado muchísimas cosas desde el 2014, despidos encubiertos, horas extras y jornada reducida, y hasta estamos haciendo el trabajo de dos personas por cada operario". Por ello, Llugdar indicó que "siempre el factor de ajuste recae por el lado del trabajador"

A raíz de la baja de equipos, las empresas dejaron sin tareas a un cuarto de los 40.000 trabajadores de la actividad petrolera, que en cambio fueron reubicados en un plan vacacional y ahora temen perder su empleo. 8.000 son petroleros, mientras que 2.000 pertenecen a la construcción y al gremio de los camioneros, que lidera a nivel nacional Hugo Moyano.

"No me voy a subir a una tribuna para decir que vamos a prender fuego todo o que es la Patagonia rebelde. Yo tengo la responsabilidad de mantener los puestos de trabajo y no quiero despidos en mi provincia", dijo Pereyra ante la asamblea, en referencia a las advertencias lanzadas la semana pasada su par de Chubut, Avila, frente a 12.000 petroleros.

Según un comunicado del sindicato, Pereyra aceptó conducir por un nuevo periodo la entidad gremial y los delegados votaron otorgarle al dirigente facultades especiales para negociar con las empresas, ante la grave crisis internacional que atraviesa la industria y la novedad de que la propia YPF dio de baja 21 equipos de perforación y workover.

El petrolero, que además es senador nacional, miembro del oficialista Movimiento Popular Neuquino y dirigente de la CGT moyanista, recordó que cuenta con el apoyo incondicional del gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, y exhibió sus credenciales para acceder a los despachos del Gobierno.

"Sabemos lo que es quedarse sin trabajo, así que en esto vamos a trabajar hasta que tengamos la última gota de sudor. Por eso vengo a decirles clarito lo que está pasando: tenemos teléfono directo con los ministros de Trabajo (y Seguridad Social, Jorge Triaca) y Energia (Juan José Aranguren) de la Nación, vamos a poner todo para llegar a buen puerto y que no tengamos despidos", aseguró.

La semana pasada unas 40 empresas de servicios especiales, entre ellas pesos pesados del sector como Schlumberger, Halliburton o Weatherford, presentaron un preventivo de crisis ante del Ministerio de Trabajo de la Nación. La medida le permitiría a estas compañías suspender personal o directamente despedir con un recorte en las indemnizaciones.

Esta noticia, sumado a la crisis de Chubut y Santa Cruz, puso en alerta al sindicato, que advirtió que no tolerará despidos aunque admitió que se prepara para un ajuste y advirtió que habrá una "purga" de aquellos trabajadores con mayor tasa de ausentismo.