Estado asiste al 31% de la población

PILAR BESADA

Casi un tercio de la población uruguaya recibe algún tipo de transferencia monetaria por parte del gobierno. Según una investigación reciente, los planes de ayuda estatal aumentaron el apoyo de los beneficiarios al Frente Amplio.

Un estudio de la politóloga Rosario Queirolo para el Barómetro de las Américas, detectó que el 30,7% de la población uruguaya recibe algún tipo de transferencia monetaria, en base a una encuesta realizada en marzo.

En cuanto al tipo de ayuda, de la población que recibe asistencia monetaria el 85% cobra asignaciones familiares, el 15% pensiones a la vejez o la invalidez, 19,7% canastas alimenticias y otro 21,2% transferencias que identifican como "Plan de Emergencia". En algunos casos, las personas reciben más de un tipo de ayuda estatal.

En el panorama continental, Uruguay es el segundo país que más asiste a la población, después de Bolivia, donde el 60,4% de los hogares recibe transferencias monetarias. Los países con menos porcentaje de población asistida son Chile, con 11,2%,y Venezuela, con 10,5%.

Otro trabajo de Queirolo titulado "El rol de los programas de transferencias monetarias en la reelección del Frente Amplio en 2009", concluye que "entre los beneficiarios de los programas de apoyo del gobierno, el porcentaje que votó por la reelección del Frente Amplio es mayor que entre los no beneficiarios".

Queirolo señala que no todos los programas de asistencia tienen el mismo impacto político. "Mientras las asignaciones familiares, las pensiones a la vejez o invalidez, y las canastas alimenticias no producen un efecto significativo, sí lo tiene el recibir el Plan de Emergencia", afirmó. "Una posible explicación a esta diferencia radica en que tanto las asignaciones familiares, como las pensiones y las canastas familiares, son transferencias que existieron con anterioridad al gobierno frenteamplista y también fueron implementadas por gobiernos de otros partidos, mientras que el Plan de Emergencia fue el programa estrella del Frente Amplio", agregó.

A pesar de que el Plan de Emergencia como tal dejó de existir en 2007 para ser sustituido por el Plan de Equidad, Queirolo señala que "tanto parece ser su impacto (...) que los uruguayos siguen refiriéndose al Plan de Emergencia".

Queirolo descarta que el Plan haya sido creado para conseguir votos. "Existe evidencia que muestra que el Plan de Emergencia no fue asignado con criterio político o manipulado por el gobierno con fines clientelísticos", señala.

El estudio de Queirolo fue presentado en agosto en el Tercer Congreso Uruguayo de Ciencia Política, y será incluido en un libro sobre las elecciones de 2009 editado por Daniel Bouquet y Nikki Johnson.

Las conclusiones de la investigación son coherentes con los resultados de un estudio de 2009 de Andrea Vigorito, Marco Manacorda y Edward Miguel, que concluye que los beneficiarios del Panes "son significativamente más proclives a apoyar al gobierno que los no beneficiarios". Los hogares que reciben el Panes "son entre 21 y 28 puntos porcentuales más proclives a favorecer al gobierno del Frente Amplio" que los hogares que no recibieron asistencia estatal, señalan.

Crimen. El Barómetro de las Américas también investigó sobre el impacto de la inseguridad en el apoyo a la democracia. Uno de los resultados que sorprendió a los investigadores fue el poco apego al Estado de derecho que manifestaron los uruguayos cuando se refiere a la delincuencia. El 48,4% de la población estima que para capturar delincuentes, las autoridades pueden en ocasiones actuar al margen de la ley.

"Uruguay se encuentra entre los países con menores niveles de apoyo al estado de derecho", según el informe. Únicamente presentan niveles menores Pe-rú, Ecuador y El Salvador.

Otra de las preguntas del Barómetro refiere a las distintas visiones de temas morales de acuerdo a las simpatías políticas de los encuestados.

El llamado "índice de liberalismo social" mostró que los simpatizantes del FA son más "liberales" en cuestiones como el aborto, la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el consumo de marihuana (ver gráfico).

Mitchell Seligson, director de Lapop

"Policía tiene motivos para desinflar datos de delitos"

El estadounidense Mitchell Seligson es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Vanderbilt, y director del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop), que elabora el Barómetro de las Américas. Esta edición del Barómetro fue la más grande, con más de 40.000 encuestados en 26 países.

-El tema del Barómetro para las Américas 2010 fue la crisis económica. ¿Qué fortaleza mostraron las democracias regionales?

-Desde 1930, cuando cayeron un montón de democracias europeas, había una hipótesis de que frente a una crisis económica la gente comienza a rechazar la democracia. Y esto no pasó esta vez, más bien, con excepción del problema en Honduras -donde el golpe difícilmente puede vincularse a la cuestión económica-, no vimos ningún otro caso parecido, y no vimos que las actitudes y los valores democráticos bajaran, en algunos casos incluso aumentaron. América Latina ha tenido un montón de ciclos, democráticos y no democráticos. No es la primera vez que América Latina es democrática. Pero muchas veces duró poco. Esta vez no vimos ningún indicio de un quiebre de la democracia, lo que indica que la cuestión democrática es mucho más sólida que lo que fue en otras décadas. A la vez, el sistema económico en América Latina fue mucho más fuerte. Se implementaron políticas anticíclicas bien pensadas.

-El Barómetro mostró que una de cada cinco personas en Uruguay fue víctima de un delito en el último año. ¿Eso puede afectar el apoyo a la democracia?

-Depende de la solución. La encuesta indica que hay un problema. Y este país tiene la tradición de tratar de resolver los problemas. Yo soy de Nueva York. En los años `70 era una pesadilla vivir allí. Era imposible. Yo pensaba que nunca lo iban a resolver, pero sí, se ha resuelto. Hoy se puede caminar a las 3 de la mañana por la calle y no tener miedo. Lo mismo aquí, ustedes tienen que ver las cifras, desglosar los datos, ver dónde está el problema y cómo resolverlo. Personalmente, no estoy de acuerdo con la mano dura, porque lo que produce es más delincuencia. La cosa es prevenir.

-El índice de victimización por delincuencia es una de las particularidades del informe. ¿Por qué lo utilizan?

-Comenzamos con la idea de que la gente frente a problemas de delincuencia puede perder su grado de apoyo al sistema, porque está dejando a la gente desprotegida. El problema que tenemos en el mundo es la medición de delincuencia, porque si se usan únicamente los informes oficiales, se corre el riesgo de que las cifras estén infladas o desinfladas. Si la policía necesita más equipo reportan más robos, si quieren mostrar que son eficaces a veces subreportan. Eso no es una cosa de Uruguay, es un problema mundial que también afecta mi país. Entonces mundialmente se confía más en encuestas donde preguntamos directamente si la persona fue víctima de la delincuencia y dónde.

-El informe señala la sorpresa que les despertó el bajo nivel de apoyo al estado de derecho de los uruguayos con respecto a la delincuencia.

-Sí, porque hay áreas de América Latina, como Guatemala o Ecuador, donde diariamente se conocen casos terribles, y ese no es el caso de Uruguay. La declaración de que los ciudadanos deben tomar acción ante la delincuencia puede significar muchas cosas distintas. En Uruguay usualmente significa hacer una marcha de protesta, llamar a los medios, hacer una patrulla entre los vecinos; en otros países, significa directamente linchar a los que creen son culpables.

El mayor apoyo a la política

Según el Barómetro de las Américas 2010, Uruguay tiene el mayor apoyo al sistema político de las Américas, seguido por Costa Rica. Argentina se encuentra en el penúltimo lugar, seguido por Trinidad y Tobago.

La institución con más confianza en el país son las elecciones, con un promedio de 81,7 puntos en una escala del 0 al 100. La siguen el Gobierno (74 puntos), el Presidente (73,5), la Corte Electoral (72,3), los medios de comunicación (69,1), el Parlamento (66,3), la Suprema Corte (64,4), las Fuerzas Armadas (60,4), la Policía (55,6), los Partidos Políticos (50,4) y la Iglesia Católica (44,5).