Por: Redacción.

Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos solicitaron al Senado de la República cite a comparecer a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, para que explique la postura del Estado mexicano en relación a las propuestas de reforma al Sistema Interamericano, la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyendo el traslado de la sede.

El embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba Góngora, expresó una serie de declaraciones en torno a la situación de la CIDH, que resultan “preocupantes” para las más de cien organizaciones civiles y de centros de derechos humanos.

Alba Góngora señaló la necesidad de reformar el Sistema Interamericano, que implica realizar un sistema de cuotas que sería obligatorio para los países firmantes del Pacto de San José, el cual no ha sido ratificado por Estados Unidos, siendo este el mayor contribuyente de la CIDH. Además, propone trasladar la CIDH a Costa Rica, medida que perjudicaría el funcionamiento del Sistema.

“Más preocupante”, señalan, es que el Embajador afirme que la CIDH ha perdido “legitimidad” y que “se ha alejado de los Estados”, aseverando que no se debe comportar como “una ONG”. Ello, consideran, podría interpretarse como una postura de rechazo frente a un órgano que ha emitido recomendaciones puntuales al Estado mexicano en los últimos años, como parte de su mandato.

Para las organizaciones firmante dichos señalamientos coinciden con las actividades de la CIDH en México, desde finales de 2014, fecha a partir de la cual el organismo internacional ha emitido informes en los que se ha cuestionado a México las constantes violaciones a los derechos humanos. Además en dicho periodo se llevaron a cabo los trabajos de colaboración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

“Nos preocupa que la postura expresada desde la cancillería refleje una actitud de rechazo ante las últimas actividades del GIEI y de la CIDH en nuestro país, incluyendo la visita in loco de la CIDH y la publicación del Informe de País correspondiente. El reciente tono de descalificación al Sistema Interamericano (de Derechos Humanos) no coincide con el apoyo públicamente expresado en años anteriores”.

En la misiva enviada a las comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores del Senado señalan que “el Estado mexicano corre el riesgo de quedar evidenciado ante la comunidad internacional como un país que en vez de buscar salir de una situación de crisis y construir una realidad de respeto y garantía de los derechos humanos, sea un país que ataca a órganos y expertos internacionales en represalia por la legítima labor que realizan”.

Por ello, resulta fundamental para la consolidación de una política exterior del Estado mexicano que mantenga como eje central a los derechos humanos, lo cual debe traducirse en una postura de apoyo y compromiso con el Sistema Interamericano, que ha fungido un papel indispensable en la búsqueda por consolidar el respeto y garantía de los derechos humanos en la región.

Algunas organizaciones firmantes son: Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa) (Chiapas); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan.